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Ficha de esta disposición

Título :
Resolución de 11-03-2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se ordena la publicación de la Resolución de la Consejera de Trabajo y Empleo, de fecha 14-02-2008, de desestimando el recurso de alzada interpuesto por don Ismael Bayo en nombre y representación de Bidjagos, S.L
Nº de Disposición :
11-03-2008
Boletín Oficial :
DOCM 59
Fecha Disposición :
19/03/2008
Fecha Publicación :
19/03/2008
Órgano Emisor :
CONSEJERIA DE TRABAJO Y EMPLEO
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se procede a dar publicidad a la Resolución adoptada por la Consejera de Trabajo y Empleo el 14 de febrero de 2008, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Madrid, con los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, antedicha:

En cumplimiento del art. 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, para su conocimiento y efectos oportunos, se transcribe a continuación Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Trabajo y Empleo de fecha 14/02/2008, por la que se resuelve el recurso administrativo de alzada interpuesto por Ud.: "Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Visto el recurso de alzada interpuesto el día 11/06/2007 por don Ismael Bayo, en nombre y representación de la empresa Bidjagos, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/General García Escamez, 2 - 4° D, Madrid contra la Resolución adoptada por la Delegación Provincial de Albacete, de fecha 02/04/2007, por la que se impone a la empresa citada una sanción de 6.000 euros (seis mil euros), en base a los siguientes:

Antedecentes de hecho

Primero.- Que en fecha 12 de julio de 2006 se efectúa visita de inspección a la obra consistente en la construcción del centro de salud de Chinchilla, constatándose que en el momento de la visita se encuentran cuatro trabajadores pertenecientes a la mercantil Ferrallas Albacete, S.A. Junto a las mencionados trabajadores y realizando los mismos trabajos se encuentran otros dos que manifiestan pertenecer a la empresa Bidjagos S.L. y que han comenzado a trabajar el 10 de julio de 2006 en la citada obra. El responsable de la obra don Pedro Ortega, perteneciente a Acciona Infraestructuras S.A. manifiesta desconocer quienes son estos trabajadores, aunque supone que son de Ferrallas Albacete, pues nadie les ha comunicado la realización de una subcontrata. Se procede a citar a las distintas empresas que trabajan en la obra a fin de que aporten determinada documentación. El día de la visita se constata el mero préstamo de trabajadores para el montaje de ferralla por la empresa Bidjagos S.L., hechos que suponen que esta mercantil ha cedido ilegalmente dos trabajadores a la empresa Ferrallas Albacete S.A. al menos para la obra del centro de salud de Chinchilla, careciendo de la autorización como empresa de trabajo temporal, sin ni siquiera recurrir a un contrato de prestación de servicios.

De la mencionada visita y diferente documentación aportada se llega por parte de la inspección a la conclusión de que los hechos mencionadas constituyen infracción de la normativa laboral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, al vulnerarse lo preceptuado en el art. 43 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

La citada infracción se encuentra tipificada y calificada preceptivamente como muy grave, a tenor del artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, apreciándose en su grado mínimo y aunque no en su tramo inferior en atención al volumen de trabajadores cedidos.

Segundo.- Que tras seguirse los trámites legales y reglamentarios previstos a lo largo del expediente, al que nos remitimos por economía procesal, se dictó Resolución por la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo y Empleo de Albacete de fecha 12 de abril de 2007 por la que se impuso a la empresa con carácter solidario una sanción de 6.000 euros. Resolución frente a la que se ha interpuesto Recurso administrativo de Alzada.

Tercero.- Antes de proceder a su Resolución y dada que existe responsabilidad solidaria con la empresa Ferrallas Albacete, conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le da traslado del Recurso por plazo de 10 días a fin de que pueda alegar lo procedente. Que habiendo transcurrido el plazo concedido, la empresa mencionada no ha presentado escrito alguno por lo que se procede a resolver el Recurso interpuesto.

En relación con los anteriores antecedentes de hecho resultan de aplicación los siguientes:

Fundamentos de Derecho.

Primero.- Que esta Consejería de Trabajo y Emplea es competente para conocer del recurso de alzada interpuesto, en virtud de las competencias que en la materia sobre la que versa tiene asumidas por el Decreto 92/2004, de 11 de mayo, por el que se establece su estructura orgánica y competencias.

Que la Resolución del mismo corresponde a su titular por estar así previsto en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y el Procedimiento Administrativo Común.

Que el recurso se ha interpuesto dentro del plazo y forma legalmente establecida por quién dice ser titular de un derecho que le confiere legitimación activa, extremo que pasamos a valorar seguidamente.

Segundo.- Las alegaciones realizadas son las siguientes: 1) Que los hechos descritos en el acta son del todo inciertos, puesto que los trabajadores don Sanossi Cassama y don Ricardo Jorge Martins Damia prestaban sus servicios para Bidjagos S.L. en calidad de subcontratista de Ferrallas Albacete, siendo la empresa principal de la obra Acciona Infraestructuras, S.L. Que los trabajos que estaban realizando en la obra, lo eran en virtud del contrato de montaje de ferraba suscrito en fecha 15 de junio de 2006. Que las órdenes a estos trabajadores se hacían por el encargado de la obra perteneciente a la empresa Bidjagos S.L., si bien, dichas órdenes eran siempre efectuadas en compenetración y supervisión tanto dei encargado de Ferrallas Albacete, S.A. como de Acciona Infraestructuras, S.L.

2) Manifiesta que Bídjagos, S.L. nunca ha procedido a ceder trabajadores a la mercantil Ferrallas Albacete S.A. para la obra del centro de salud de Chinchilla, sino que procedió a efectuar los trabajos de montaje de ferralla en virtud del contrato mercantil suscrito con Ferrallas Albacete, S.A. en fecha 15 de junio de 2006.

3) Solicita que se deje sin efecto el acta de infracción, pues la recurrente es una empresa seria y perfectamente estructurada, que cumple con sus obligaciones en materia laboral, siendo este el primer incidente en el que se ve implicada.

4) Por último solicita que se tenga por aportada la prueba documental que acompaña con el presente Recurso y que se reciba declaración a los testigos don Sanossi Cassama y don Ricardo Jorge Martins Damia.

Tercero.- Manifiesta en primer lugar el recurrente que los hechos relatados en el acta no son ciertos, sin embargo con lo manifestado por el recurrente, no queda desvirtuada la presunción de veracidad que se otorga a las actas levantadas por la Inspección. Los hechos fueron comprobados como consecuencia de la visita inspectora realizada al lugar donde se estaba realizando el edificio en construcción, y por tanto están amparados por la presunción de veracidad que establece el apartado segundo de la disposición adicional cuarta de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que establece que "los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación observando los requisitos legales pertinentes tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados."

Respecto a la veracidad de los hechos descritos por la Inspección, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en sentido análogo a lo señalado en el artículo 15 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el Orden Social, y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Rea! Decreto 928/1998, de 14 de mayo, establece que las actas extendidas por la Inspección de Trabajo tienen naturaleza de documentos públicos, y una vez formalizadas con arreglo a los requisitos legales pertinentes, gozan de una presunción de certeza de los hechos y circunstancias que hayan sido constatados por el funcionario actuante y reflejados en las mismas, salvo prueba en contrario o "iuris tantumn, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional cuarta dos, de la ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La presunción de veracidad se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al inspector actuante (STS de 18 de enero y 18 de marzo de 1991), presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia. Como ha señalado el Tribunal Supremo la presunción de veracidad versa sobre los hechos apreciados o constatados materialmente por el funcionario interviniente como resultado de su propia y personal observación o comprobación, y constituye una concreción, en el ámbito sancionador, del principio de presunción de legalidad de los actos administrativos. El valor de la presunción se refiere a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el inspector o los inmediatamente deducibles de aquellos acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma. (Sentencias del TS de 24 de junio de 1991; 14 de diciembre de 1999 y 8 de mayo de 2000). En este caso los hechos son el resultado de la visita inspectora, así como del estudio de la documentación aportada por las empresas implicadas.

La presunción de veracidad de las actas no supone estrictamente que se invierta la carga de la prueba, sino la necesidad de actuar contra el medio de prueba aportado por la Administración (SSTS de 29 de junio de 1998 y 27 de abril de 1998).

Cuarto.- Quiere en segundo lugar el recurrente hacer ver que en el presente caso no ha existido ninguna cesión ilegal, sino que se ha recurrido a una figura que aparece legalmente recogida en el articulo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que no es otra que la subcontratación de obras o servicios.

No es el supuesto que nos ocupa el típico de la subcontratación, pues como consta en el acta, el día de la visita a la obra del centro de salud de Chinchilla, había solo dos trabajadores de Bidjagos S.L. que realizaban junto con los trabajadores de Ferrallas Albacete S.A., titular de la contrata de la ferralla de la obra, el mismo trabajo, sin que pudiera diferenciarse según lo realizaran los trabajadores de una u otra empresa. de hecho la contratista principal, Acciona Infraestructura S.A. desconocía la presencia de estos trabajadores en la obra en la creencia de que eran de Ferrallas Albacete S.A. El propio contrato que alega la empresa, expresa como objeto del mismo la prestación de servicios consistentes en el montaje de ferralla, es decir, la mano de obra únicamente, pues solo había dos trabajadores que prestaban servicios, siendo dirigidos por el oficial de Ferrallas Albacete.

Podemos mencionar llegados a este punto, a fin de que sirva de criterio aclaratorio, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictada por la Sala de lo Social en fecha 29 de julio de 2005, en el Recurso de Suplicación n° 258/2005, cuando dice "...al delimitarse doctrinal y legalmente la contrata se hace una delimitación positiva y otra negativa del objetivo de la contrata, señalando desde un punto de vista positivo como objeto las obras y los servicios, y al hacer la delimitación negativa se señala que las contratas deben tener por objetivo obras o servicios, ejecutadas con una organización empresarial y asunción del riesgo, lo que impide que los contratos se puedan concertar con el simple objeto de proporcionar mano de obra.

Ello sitúa la cuestión en el ámbito de marcar la frontera entre la contrata y la cesión ilegal, regulada esta última en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.

La doctrina y la jurisprudencia han señalado como indicios y criterios de interés para efectuar dicha delimitación o deslinde los siguientes:

La existencia de una verdadera organización empresarial que actúe y funcione como tal....."

.....El problema mas importante de delimitación del supuesto del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores se produce en relación con las contratas, cuya licitud reconoce el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.... Por ello, la doctrina judicial ha recurrido a la aplicación ponderada de diversos criterios de valoración que no sean excluyentes, sino complementarios, y que tienen un valor indicativo u orientador, pudiendo citarse, entre ellos, la justificación técnica de la contrata, la autonomia de su objeto, la aportación de medios de producción propios, el ejercicio de poderes empresariales, y la realidad empresarial del contratista, que se pone de manifiesto en relación con datos de carácter económico..."

El contrato que se aporta es un documento privado que, como tal, no hace prueba plena en un proceso cuando la parte contraria lo niega (a tenor del artículo 326 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Es reiterada la jurisprudencia que establece que, para su toma en consideración, se pondere su grado de credibilidad, atendidas las circunstancias del debate (STS de 2 de abril de 1994). Teniendo en cuenta todo lo argumentado en los anteriores fundamentos de derecho, el documento presentado no hace prueba de lo que pretende.

Lo que se sanciona es la cesión de trabajadores en los términos que la legislación vigente prohibe, el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece que °1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de la siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario».

Quinto.- En cuanto a las pruebas propuestas, hemos de decir que los documentos que al recurso se acompañan, ya lo fueron también con el escrito de alegaciones presentado por la recurrente en fecha 17 de noviembre de 2006 y que en su momento fueron valorados.

Por lo que se refiere a la valoración de la prueba testifical solicitada, hay que señalar que el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone que "los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados". El artículo 53.2 del Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, establece que "los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legalmente establecidas, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados." Como ha señalado el Tribunal Supremo, la presunción de veracidad versa sobre los hechos apreciados a constatados materialmente por el funcionario interviniente como resultado de su propia y personal observación o comprobación, y constituye una concreción, en el ámbito sancionador, del principio de presunción de legalidad de los actos administrativos, que es quien debe acreditar con las pruebas precisas que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por las actuaciones de la autoridad, representando dichas actuaciones fehacientes la necesaria prueba de cargo por parte de [a Administración.

Es reiterada jurisprudencia que establece que queda desvirtuada la prueba testifical como criterio de valoración en el caso de tratarse de testigos incursos en alguna de las causas de tacha legal, y en concreto cuando se es dependiente o se tiene relación de interés o dependencia, incluso en el pasado, con el empresario sancionado, en atención al interés de las personas que deponen.

En virtud de lo expuesto, se entiende que no procede la práctica de la prueba testifical solicitada, por entender que, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con lo anteriormente dicho, es improcedente e innecesaria por ser el testimonio solicitado objeto de tacha legal, ya que los testigos propuestas tienen una relación de dependencia laboral con el empresario sancionado por ser trabajadores de la empresa, y haber sido los hechos denunciados resultado de una comprobación inmediata y directa de los funcionarios expresados a los que se les atribuye condición de autoridad, por lo que la prueba solicitada por su relación con los hechos, no puede alterar la resolución final a favor del presunto responsable, razones todas ellas que justifican la inadmisión de la práctica de las pruebas testificales solicitadas.

La infracción está tipificada preceptivamente como muy grave en el articulo 8.2 del Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que se refiere a "la cesión de trabajadores en los términos prohibidos por la legislación vigente".

Se aprecia la sanción en su grado mínimo y según los criterios establecidos en el acta y en la resolución sancionadora.

Las infracciones muy graves en su grado mínimo se sancionan con multa de 3.005,07 euros a 12.020,24 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 c) del citado Texto Legal, habiéndose impuesto por un importe de 6.000 euros.

Por ello se considera adecuada la tipificación y calificación de la infracción así como la sanción impuesta en la Resolución recurrida, siendo la misma ajustada a derecho ya que se establece en el grado adecuado a las circunstancias concurrentes.

Vistos: El Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 agosto; el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; El Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Procedimientos para la imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social; la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; El Real Decreto 138/2000 de 4 febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Inspección de Trabajo; el Decreto 107/1998, de 3 de noviembre, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se modifica el Decreto 91/1997, de 15 de julio, por el que se atribuyen competencias en materia de trabajo a distintos órganos de la Consejería de Industria y Trabajo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero; el Decreto 92/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejeria de Trabajo y Empleo; la Ley 3/1984, de 25 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás legislación concordantes de aplicación, así como el informe emitido por el Servicio Jurídico:

Resuelvo

Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por dan Israel Araque Rodríguez, en nombre de la empresa "Bidjagos, S.L." contra la Resolución de la Delegación Provincial de Trabajo y Empleo de Toledo de 2 de abril de 2007 de Albacete, por la que se impone una sanción a las empresas "Bidjagos, S.L." y "Ferrallas Albacete, S.A." de 6.000 euros con carácter solidario, en materia de relaciones laborales, confirmando la misma en todos sus extremos".

Asimismo se le comunica que:

Primero: El importe de la referida sanción seis mil euros (6.000,00 euros), deberá hacerlo efectivo, en caso de no haberlo realizarlo hasta la fecha, mediante el ingreso en la cuenta abierta en la Entidad Bancaria, Caja Castilla-La Mancha (CCM), n° de cuenta 2105 1000 23 1252000317, en periodo voluntario, dentro del plazo de los 15 días siguientes a la recepción de la presente notificación de acuerdo con el artículo 25.11) de Real-Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social.

Segundo: de no abonar el importe de la sanción dentro del periodo voluntario señalado, se procedería a su exacción por la vía de apremio, conforme se establece en los artículos 24 y siguientes de Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

Tercero: Al efectuar el ingreso deberá indicar: sanción por infracción laboral, expediente n° 206/2006, Acta n° 503/2006 - Consejería de Trabajo y EmpleoDelegación Provincial de Albacete.

Cuarto: La carta o documento acreditativo del abono de la sanción deberá ser presentado o enviado para su anotación en el oportuno expediente al Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo y Empleo en C/Teodoro Camino, n° 2 - Entraptanta 02071Albacete.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 109 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y contra la misma podrá interponerse Recurso ContenciosoAdministrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, de conformidad con lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

Toledo, 11 de marzo de 2008

La Secretaria General Técnica NIEVES ORTIZ ORTEGA