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Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la sentencia número 71/2001, de fecha 12 de julio de 2001, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, sobre impugnación del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada, sostenidas total o parcialmente con Fondos Públicos
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 255/2001
Fecha Disposición :
09/10/2001
Fecha Publicación :
24/10/2001
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2001, de la Dirección, General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción, en el Registro y publicación de la sentencia número 71/2001, de fecha 12 de julio de 2001, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, sobre impugnación del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada, sostenidas total o parcialmente con Fondos Públicos.

Visto el fallo de la sentencia número 71/2001, de fecha 12 de julio de 2001, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, recaída en el procedimiento número 00044/2001, sobre impugnación de Convenio colectivo.

Antecedente de hecho

Que en el "Boletín Oficial del Estado" de fecha 17 de octubre de 2000 se publicó la Resolución de la Dirección General de Trabajo, de fecha 2 de octubre de 2000, en la que se ordenaba la inscripción en el Registro Oficial de Convenios Colectivos y la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada, sostenidas total o parcialmente con Fondos Públicos.

Fundamento de Derecho

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164.3 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, cuando la sentencia sea anulatoria en todo o en parte del Convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado, también se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" en el que aquel se hubiere insertado, y en el artículo 2 e) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.
Por lo expuesto, esta Dirección General resuelve:
Primero.-Ordenar la inscripción de la citada sentencia, de fecha 12 de julio de 2001, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, recaída en el procedimiento número 00044/2001, en el correspondiente Registro de Convenios Colectivos de este centro directivo, con notificación a las partes firmantes del Convenio.
Segundo. Disponer su publicación en el "Boletín Oficial del Estado,
Madrid, 9 de octubre de 2001.-La Directora general, Soledad Córdova Garrido.

AUDIENCIA NACIONAL

Sala de lo Social
Sentencia número 71/2001

Excelentísimo señor Presidente: Don Eustasio de la Fuente González.
Ilustrísimos señores Magistrados:
Don Pablo Burgos de Andrés.
Don José Ramón Fernández Otero.
Madrid a 12 de julio de 2001.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los señores Magistrados citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente sentencia:
En el procedimiento 00044/2001 seguido por demanda de Confederación Intersindical Colega-ENSINO contra Conf. Centros Educación y Gestión (EG), CECE, Asc. Prof. Serveis Educatis de Catalunya, FSIE, Fed. Enseñanza USO, Conf. Sind. CC 00, FETE UGT y Ministerio Fiscal, sobre impugnación de Convenio. Ha sido Ponente el ilustrísimo señor don José Ramón Fernández Otero.
Antecedentes de hecho

Primero.-Según consta en autos, el día 15 de marzo de 2001 se presentó demanda por Confederación Intersindical talega-ENSINO contra Conf. Centros Educación y Gestión (EG), CECE, Asc. Prof. Serveis Educatis de Catalunya, FSIE, Fed. Enseñanza USO, Conf. Sind. CC 00, FETE UGT y Ministerio Fiscal, sobre impugnación de Convenio.
Segundo. La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló el día 28 de junio de 2001 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado en los otrosíes de prueba.
Tercero. Llegado el día y la hora señalados, tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto.

Resultando, y así se declaran, los siguientes

Hechos probados

Primero. La Confederación Intersindical talega (CIG) ostenta la condición de sindicato más representativo de Galicia al haber superado el porcentaje del 15 por 100 de los delegados de personal y representantes de los trabajadores en las últimas elecciones sindicales y no hallarse federado o confederado con organizaciones sindicales de ámbito estatal. Y en Junta extraordinaria, celebrada el 6 de noviembre de 2000 la Confederación Intersindical Colega-ENSINO (CIG-ENSINO) acordó interponer demanda jurisdiccional de impugnación de los artículos 18,40, apartado segundo, y 45,1.°, del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada, sostenidas total o parcialmente con Fondos Públicos, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 17 de octubre de 2000 y cuyo ámbito de aplicación comprende, conforme a su artículo 1, "todo el territorio del Estado Española.
Segundo.-Se intentó la conciliación el 19 de febrero de 2001 en la Dirección General de Trabajo sin lograrse la misma.
Se han cumplido las previsiones legales.

Fundamentos de Derecho

Primero. El artículo 18 del Convenio, objeto de la primera impugnación de la parte actora, dice así:
"Podrán formalizarse contratos para obra o servicio determinados, con trabajadores con la titulación requerida porla legislación educativa vigente, para la realización de las tareas docentes que deja vacantes momentáneamente un profesor con derecho a reserva de puesto de trabajo, por situación de PP, excedencia y cualquier otra, exclusivamente cuando no se pueda formalizar el contrato de interinidad regulado en el apartado l.c) del artículo 15 del ET y en el Real Decreto 2720/ 1998 y mientras permanezca en vigor la prohibición actualmente regulada en el número 2 del artículo 5 del mencionado Real Decreto,

La ilegalidad se fundamenta en que tal precepto no sólo contradice el régimen legal de los contratos para obra o servicio determinado -artículo 15,1, a), del ET-, sino además que su propio texto evidencia un fraude de ley (artículo 6.4 del C. Civil). Esta última denuncia parece evidente. El precepto en efecto puede sintetizarse así: "Puede formalizarse como obra o servicio determinado, Informa de interinidad que prohibe el número 2 del artículo 5 del Real Decreto 2720/1998". Más que un fraude de norma es más bien una norma fraudulenta, pues en su propio texto nos indica la norma de cobertura -contratación por obra o servicio- y la norma eludible-contratación de interinaje.
Es además manifiesto que la sustitución de un profesor con derecho de reserva depuesto de trabajo es subsumible en la causa temporal prevista en el apartado c) del artículo 15 y por tanto insubsumible en el apartado a) del mismo precepto, puesto que lo que la ley diferencia no debe confundirlo el intérprete.
Ante estas obviedades jurídicas los demandados han alegado que, por exigencias de titulación académica, en el supuesto de que el trabajador a sustituir, trabaje a jornada completa pero en diversos puestos de trabajo o asignaturas, cuya docencia demande títulos distintos, la imposibilidad de encontrar un trabajador sustituto con idéntica diversidad de títulos, puede exigir la contratación de dos o más profesores para suplirlo, en función de cada titulación y que esto no se adecua al precepto reglamentario que cita el Convenio que parece vedar que se supla el trabajo a jornada completa con trabajo a jornada parcial.
Es obvio que esta argumentación es jurídicamente intranscendente. Si la ley prohibe, el fraude de ley no es la solución. Desde luego la norma convencional debe atender a la ley formal, pues en materia laboral las disposiciones reglamentarias no podrán establecer condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar" (artículo 3.2 del ET) de modo que la prohibición, de existir, estaría en el ET y sólo en base a éste, la limitación del artículo 5,2 del Real Decreto 2720/1998, valdría. La suplencia parcial, de hecho, es una posibilidad del contracto de relevo. Pero no debemos extendernos en esta materia, en cuanto el precepto impugnado, no establece una peculiaridad de la contratación interina-artículo 15,c) del ET-, sino una peculiaridad de la contratación por obra o servicio determinado que es patentemente contraria al artículo 15,1,a), del ET, lo que aboca a la nulidad del precepto convencional por infracción de norma imperativa de rango legal (artículo 85,1, del ET en relación con el 6,3, y 6,4, del Código Civil).
Segundo. La segunda impugnación hace referencia al artículo 40 que regula el derecho a la reducción de jornada el artículo 37.5 del ET, y que en el último inciso de su párrafo 2.° establece: "cuando este permiso sea solicitado por personal docente, en aras a una mejor organización del centro y salvo que las condiciones para su concesión hayan cambiado sustancialmente, su finalización coincidirá con el comienzo del curso escolar,
Se entiende que la restricción temporal que establece la frase final de la oración, pugna con el número 6 del artículo 37 del ET a cuyo tenor ""la concreción horaria y la determinación del período de disfrute... de la reducción de jornada ... correspondería al trabajador dentro de su jornada ordinaria,
Es patente desde luego la ilegalidad. La ley establece como un derecho del trabajador, la concreción del período de disfrute. La norma convencional le desapodera de tal derecho, imponiendo la finalización del disfrute al comienzo del curso escolar, y ello apelando a razones organizativas.
Es claro que es la Ley la que puede determinar la organización de los centros y no al revés. Procede pues, estimar también esta impugnación.
Tercero. Finalmente se impugna la limitación temporal que contiene la última oración del artículo 45,1.8, relativo a la excedencia familiar por cuidado de familiar, párrafo 2.° del artículo 46,3, del ET, que dice así: ""En caso de personal docente, en aras a una mejor organización del centro y salvo que las condiciones para su concesión hayan cambiado sustancialmente, la finalización de la excedencia coincidirá con el comienzo de curso escolar,
Aquí, a contrario que en el caso anterior, no encontramos un precepto legal cuyo texto sea manifiestamente incompatible con la previsión convencional. El impugnante se basa en la previsión legal que configura esta excedencia como ""un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres", argumentando que no es bastante en cuanto tal individualidad se resalta precisamente para habilitar la limitación por el empresario de su ejercicio simultáneo por dos o más trabajadores -caso de identidad de sujeto causante o necesitado- ""por razones justificadas de funcionamiento de la empresa,
La cuestión es si la norma convencional puede imponer una restricción temporal para su ejercicio que no contempla expresamente la ley.
El párrafo 2.° del artículo 46,3, estatutario, contempla la negociación colectiva como instrumento de ampliación temporal del derecho; de hecho así lo efectúa el artículo impugnado que amplía el número legal de un año, a un trienio.
El tiempo como instrumento cuantificador durativo de un derecho tiene dos dimensiones: La extensiva que fija el período de vigencia como un continuo, como un tracto sucesivo y que coincide con lo que regula expresamente la norma estatutaria al prever un período anual mínimo, y la intensiva que atiende a una tracto único, inicial o final, en el que se señala el ""dies a quo" o ""ad quem" de su disfrute.
Pues bien, al tratarse de un derecho causalizado -de una excedencia causalizada-parece claro que es la aparición o el cese del hecho causante el que debe determinar el nacimiento o la extinción del derecho. Y el hecho causante, contemplado en la Ley no es sino la necesidad de atender al cuidado de un familiar que no puede valerse por sí mismo. Es manifiesto que la satisfacción de esta necesidad tienen una dinámica variable al ser función de cada caso concreto, de cada particularidad existencial, no ahormándose pues a genéricas previsiones rígidas como la fecha de comienzo del curso escolar.
Exigir pues al personal docente lo que establece el Convenio es cercenarle el derecho a satisfacer una necesidad asistencial familiar reconocida, sin tal limitación, por el legislador y hacer pues de la docencia, un título discriminatorio, doble en cuanto el docente tendría limitada, respecto a los no docentes, su capacidad de ayuda a sus familiares y estos tendrían en sus familiares docentes menores expectativas de cuidado. En definitiva, algo tan básico como las exigencias de solidaridad familiar se vería perjudicado por el hecho de dedicarse el trabajador a la función docente. Y como tal conclusión es absurda, el precepto impugnado ha de anularse. El comienzo del curso escolar no puede ser causa de extinción de la excedencia si la necesidad persiste y no ha transcurrido el plazo legal.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda de Confederación Intersindical GalegaENSINO contra Conf. Centros Educación y Gestión (EG), CECE, Asc. Prof. Serveis Educatis de Catalunya, FSIE, Fed. Enseñanza USO, Conf. Sind. CC 00, FETE UGT y Ministerio Fiscal, declaramos nulos, por contrarios a la Ley el artículo S, la última oración del párrafo segundo del artículo 40, relativo a la exigencia de que la finalización del permiso coincida con el comienzo del curso escolar y la tercera oración del artículo 45,1.' relativa a la exigencia de que la finalización de la excedencia coincida con el comienzo del curso escolar, condenando a los demandados a estar y pasar por ello.
Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá anunciarse ante esta Sala en el plazo de diez días hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo antes señalado.
A1 tiempo de personarse ante la Sala del Tribunal Supremo, el recurrente, si no goza del beneficio de justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el depósito de 50.000 pesetas previsto en el artículo 227 de la Ley de Procedimiento Laboral, en la cuenta corriente número 011.2410 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina de la calle Génova, 17, de Madrid, a disposición de la Sala IV del Tribunal Supremo.
Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.
Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.