Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra auto dictado por Juez Encargado del Registro Civil en expediente sobre declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 107/2007
Fecha Disposición :
05/03/2007
Fecha Publicación :
04/05/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE JUSTICIA
En el expediente sobre declaraci?n de la nacionalidad espa?ola con valor de simple presunci?n remitido a este Centro en tr?mite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra el auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de X.

Hechos

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de X. el 23 de febrero de 2005, Don A., nacido el 12 de mayo de 1962 en V. (Sahara Occidental), solicitaba la nacionalidad espa?ola con valor de simple presunci?n, ya que no pudo acogerse al Real Decreto de 10 de agosto de 1976. Adjuntaba la siguiente documentaci?n: tarjeta de pensionista, ficha familiar, y DNI, correspondiente a sus padres; certificado de que es de origen saharaui, de parentesco, y de que estuvo residiendo en los campamentos de refugiados saharauis desde 1975, expedidos por Delegaciones Saharauis; tarjeta de residencia, documento de identidad de la Rep?blica ?rabe Saharaui Democr?tica, pasaporte espa?ol, Recibo de la Misi?n de las Naciones Unidas para el Refer?ndum del Sahara Occidental, y certificado de empadronamiento, correspondiente al promotor.

2. Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal se opuso a lo interesado, ya que no era aplicable el art?culo 18 del C?digo Civil cuando no se acreditaba que el interesado hubiera resididito en el Sahara durante el plazo de vigencia del Decreto 2258/1976, ni haber pose?do y utilizado la nacionalidad espa?ola durante diez a?os.

3. La Encargada del Registro Civil dict? auto con fecha 13 de mayo de 2005 denegando la solicitud de declaraci?n de la nacionalidad espa?ola con valor de simple presunci?n, ya que en el presente caso no era aplicable la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de octubre de 1998, ya que faltaba el requisito del plazo de diez a?os de posesi?n de la nacionalidad, dada la edad del solicitante a la fecha en que se produce la descolonizaci?n, siendo posible la adquisici?n de la nacionalidad espa?ola por residencia de un a?o para los que no hubieran ejercitado oportunamente la facultad de optar.

4. Notificada la resoluci?n al Ministerio Fiscal y al interesado, ?ste interpuso recurso ante la Direcci?n General de los Registros y del Notariado solicitando se le conceda la nacionalidad espa?ola, a la vista de la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998.

5. De la interposici?n del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interes? la desestimaci?n del mismo. El Juez Encargado del Registro Civil remiti? el expediente a la Direcci?n General de los Registros y del Notariado, para la resoluci?n del recurso interpuesto.

Fundamentos de Derecho

I. Vistos los art?culos 18 del C?digo civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 1-2.? y 3.?, 5-2.?, 23-3.? de junio; 13-2.?, 14-1.?, 15-2.? de julio; 16-1.?, 21-3.? de septiembre; 15-2.?, 16-1.? de octubre; 11-1.? y 2.?, 12-4.?, 16-3.? de noviembre y 3-2.?, 7-3.?, 23-2 y 28-2.? de diciembre de 2004; 21-1.? de enero, 3-1.?; 4-4.? de febrero, 2-4.?, 4-3.?, 5 y 14-3.? de marzo, 15-3.? de abril, 28 de mayo, 27-3.? de septiembre y 3-1.? de octubre de 2005; y 1-2.? de marzo de 2006.

II. El interesado, por escrito presentado en el Registro Civil de J?tiva el 23 de febrero de 2005, solicit? la declaraci?n con valor de simple presunci?n de su nacionalidad espa?ola, al haber nacido en D., Sahara Occidental y cumplir los requisitos establecidos. La Juez Encargada dict? auto denegando la nacionalidad espa?ola del promotor.

III. Seg?n el art?culo 18 del C?digo civil la nacionalidad espa?ola puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez a?os, con buena fe y sobre la base de un t?tulo inscrito en el Registro Civil que despu?s es anulado. La v?a registral para comprobar esta consolidaci?n es el expediente de declaraci?n de la nacionalidad espa?ola con valor de simple presunci?n (cfr. art. 96-2.? L.R.C. y 338 R.R.C.), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 R.R.C.).

IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando ?ste era posesi?n espa?ola, no eran propiamente nacionales espa?oles, sino s?lo s?bditos de Espa?a que se beneficiaban de la nacionalidad espa?ola, por m?s que de algunas disposiciones anteriores al abandono por Espa?a de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque s?lo as? cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad espa?ola en el plazo de un a?o a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/1976.

V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jur?dicas relacionadas con la situaci?n de ciertos naturales del Sahara en relaci?n con el reconocimiento de su eventual nacionalidad espa?ola se encuentra en las confusiones creadas por la legislaci?n interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara espa?ol, en el per?odo hist?rico precedente a la ?descolonizaci?n? llevada en su d?a por Espa?a, y ello al margen de la calificaci?n objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relaci?n con el territorio metropolitano, seg?n el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la v?a del ?ius soli? tiene el nacimiento en Espa?a a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad espa?ola, se ha planteado la cuesti?n primordial de decidir si aquella antigua posesi?n espa?ola entra o no en el concepto de ?territorio nacional? o ?territorio espa?ol?.

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuesti?n es compleja, ya que una de las cuestiones m?s debatidas y oscuras de la teor?a general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina cient?fica una explicaci?n sobre la distinci?n entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se a?ade la actitud cambiante de la pol?tica colonial como consecuencia de lo mutable tambi?n de las relaciones internacionales, caracterizaci?n a la que no ha podido sustraerse la posici?n espa?ola en ?frica ecuatorial y occidental, y que se hace patente a trav?s de una legislaci?n que sigue, como ha se?alado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincializaci?n durante la que se intenta su asimilaci?n a la metr?poli; c) por ?ltimo, se entra en la fase de descolonizaci?n, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesi?n o retrocesi?n en Ifni, y de autodeterminaci?n en el Sahara.

Pues bien, la etapa de la ?provincializaci?n? se caracteriz? por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una ?provincia? espa?ola, y, por ello, se lleg? a considerarlo como una extensi?n del territorio metropolitano, equiparaci?n que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la poblaci?n saharaui de su condici?n de nacionales espa?oles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableci? ?las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jur?dico de la Provincia del Sahara en sus reg?menes municipal y provincial?. Con esta norma se pretend?a hacer manifiesta la equiparaci?n de los ?stati? entre ?espa?oles peninsulares? y ?espa?oles nativos?. Es importante destacar que como manifestaci?n de esta posici?n Espa?a neg? inicialmente al Secretariado General de la ONU informaci?n sobre ?los territorios no aut?nomos? (1958 y 1959).

No obstante, el acatamiento de las exigencias que impon?a el orden jur?dico p?blico internacional y, especialmente, la doctrina sobre ?descolonizaci?n? de la ONU (incorporada a la Resoluci?n 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonizaci?n), condujeron al reconocimiento por el Gobierno espa?ol del ?hecho colonial? y, por tanto, a la diferenciaci?n de ?territorios?, puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de ?descolonizaci?n? del Sahara cuyo pre?mbulo expresa ?que el Estado Espa?ol ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no aut?nomo del Sahara, que durante algunos a?os ha estado sometido en ciertos aspectos de su administraci?n a un r?gimen peculiar con analog?as al provincial y que nunca -recalcaba- ha formado parte del territorio nacional?.

VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidi? que el actor hab?a consolidado la nacionalidad espa?ola. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicaci?n al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente, el interesado no acredita en el expediente que cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, las personas que, por raz?n de su menor edad, ten?an su representaci?n legal, o ?l mismo se se hallaba emancipado, estuvieron imposibilitadas ?de facto? para optar a la nacionalidad espa?ola, por lo que no es posible acceder a lo solicitado, puesto que no permanecieron en el territorio ocupado por Marruecos, sino que se exiliaron a los campamentos de refugiados. Tampoco resultan acreditados los dem?s requisitos que, legalmente han de concurrir (cfr. art. 18 Cc).

VII. A todo lo anterior se ha de a?adir una referencia a las consideraciones vertidas por el Encargado del Registro en su Auto al argumentar en favor de la aplicaci?n anal?gica en el presente caso de lo dispuesto en el art. 22 n.? 2 b) del C?digo civil relativo a la reducci?n del plazo de residencia en Espa?a para adquirir la nacionalidad espa?ola a un a?o en favor de ?el que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar?. Pues bien, no puede confirmarse el Auto en este extremo, no s?lo por exigencias del principio de congruencia (cfr. art. 358 R.R.C.) al tratarse de una materia ajena a la que constituye el objeto propio de la solicitud en su momento deducida por el promotor, sino tambi?n porque aquella analog?a defendida en el auto impugnado se contradice con la doctrina del Tribunal Supremo que en sentencia de 18 de mayo de 1999, Sala de lo Contencioso-Administrativo, expresamente rechaz? tal interpretaci?n, al entender que la recta y adecuada hermen?utica del citado art. 22 n.? 2 b) del C?digo civil no puede conducirnos sino a la conclusi?n de que la adquisici?n de la nacionalidad por la mera residencia de un a?o, por quien no ha ejercitado oportunamente la facultad de optar ?s?lo puede ser conectada con la especialmente prevista en los anteriores art?culos 19 y 20, pues las normas han de ser interpretadas las unas por las otras, en cuanto integrantes de un mismo texto legal, sin que tal conclusi?n pueda ser alterada en base a lo establecido en el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opci?n por la nacionalidad espa?ola de los naturales del Sahara?.

Esta Direcci?n General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado, salvo en el extremo a que se refiere el fundamento jur?dico VII de esta resoluci?n.

Madrid, 5 de marzo de 2007.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.