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Ficha de esta disposición

Título :
REAL DECRETO-LEY 5/1979, de 26 de enero, sobre creación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
5/1979
Boletín Oficial :
BOE 32/1979
Fecha Disposición :
26/01/1979
Fecha Publicación :
06/02/1979
Órgano Emisor :
JEFATURA DEL ESTADO
Los conflictos laborales, por su propia naturaleza y por los intereses que en los mismos se enjuician, necesitan una rápida solución, teniendo en
cuenta que tanto para el trabajador como para el empresario la prolongación de
situaciones de incertidumbre constituyen una grave lesión y a veces un perjuicio
difícilmente reparable. No es admisible, en un orden social que se quiere justo,
que la decisión sobre las situaciones muchas veces vitales se prolongue durante
largos periodos de tiempo.
Por otra parte, la conflictividad laboral presenta una estructura muy compleja
y unas peculiaridades muy acusadas que aconsejan ofrecer a los interesados un
conjunto de Institutos jurídicos diferenciados que, haciendo frente a la
pluralidad de situaciones conflictivas, constituyan un sistema de decisiones
rápido y justo.
La mediación es una figura conveniente; su eficacia está demostrada en la
realidad diaria, haciéndose aconsejable su institucionalización, sobre los
presupuestos de imparcialidad del mediador y la libre aceptación de su actuación
por los interesados.
La creación de tribunales arbitrales laborables viene avalada por la fructífera
experiencia en otros países y por la propia organización internacional del
trabajo (OIT), que, en su recomendación número noventa y dos, propugna el
establecimiento de arbitrajes voluntarios. Estos órganos que se crean unen a la
garantía de la necesaria formación jurídica de su presidente, la presencia en
los mismos de vocales designados por trabajadores y empresarios.
La conciliación es igualmente una institución que se ha revelado siempre eficaz
y si se limita a las materias donde la transacción es posible no merma en
absoluto los derechos y garantías de los interesados, proporciona, en ocasiones,
soluciones inmediatas y aunque no las consiga, organizada debidamente, no supone
ningún retraso apreciable en el proceso laboral.
Por cuanto antecede, la necesidad de contar de inmediato con los cauces que este real decreto-ley constituye, y el dar respuesta a las aspiraciones de
sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, justifican la urgencia
de esta disposición.
En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintiséis de enero de mil novecientos setenta y nueve, en uso de la
autorización contenida en el Artículo ochenta y seis uno de la Constitución,
dispongo:

Artículo Primero.-Creación Y Funciones.
Se crea el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, con el carácter de
organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo. Se regirá por la Ley de
veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, sobre Régimen
jurídico de las entidades estatales autónomas, la Ley General Presupuestaria, de
cuatro de enero de mil novecientos setenta y siete, disposiciones de general
aplicación a los organismos autónomos y las contenidas en el presente real
decreto-ley y normas que lo desarrollen.
El Instituto tendrá las funciones de mediación, arbitraje y conciliación a que
se refieren los Artículos siguientes.
Serán asimismo funciones del Instituto:
a)El depósito de estatutos de los sindicatos de trabajadores y de las
asociaciones empresariales.
b)El depósito de las actas relativas a elecciones de órganos de representación
de trabajadores en la empresa y de los datos relativos a representatividad de
las asociaciones empresariales.
c)El depósito de los convenios y demás acuerdos colectivos concluidos entre
empresarios y trabajadores o entre sindicatos y asociaciones empresariales.
d)Las inherentes a la expedición de certificaciones de la documentación en
depósito.
Artículo Segundo.-Órganos.
Los Órganos directivos colegiados estarán integrados paritariamente por
representantes de la Administración pública, de los sindicatos de trabajadores y
de las asociaciones empresariales.
Artículo Tercero.-Principios de Actuación.
El Instituto sujetará su actuación a los siguientes principios:
a)Libertad.-La actuación del Instituto no limitará ni interferirá el libre
ejercicio de los derechos laborales o sindicales.
b)Rogación.-El Instituto actuará a solicitud de las partes, trabajadores y
empresarios, sus sindicatos y asociaciones.
El Instituto podrá actuar a iniciativa propia en los casos de carácter general
o grave trascendencia.
c)Neutralidad.- La actuación del Instituto tendrá siempre un carácter
profesional, técnico e imparcial.
d)Gratuidad.-Los servicios prestados por el Instituto serán gratuitos, salvo
los expresamente exceptuados.
Artículo Cuatro.-Creación de Tribunales Arbitrales Laborales.
Con sede en las capitales de provincia y localidades donde haya Magistratura de
Trabajo, se crean, dentro del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
tribunales de arbitraje laboral, integrados por un presidente y dos vocales.
Todos ellos actuarán conjuntamente. El presidente será un funcionario público,
licenciado en derecho, y los vocales serán designados, uno, por los sindicatos
de trabajadores, y otro, por las asociaciones de empresarios.
Será designado secretario un funcionario público, que actuará sin voto.
Los empresarios y trabajadores podrán someter a los tribunales arbitrales
laborales todas las controversias, tanto individuales como colectivas de trabajo, que surjan entre ellos, sin otras limitaciones que las que se establezcan reglamentariamente.
En los casos y por los motivos que reglamentariamente se determinen, contra el
laudo que dicten los árbitros, cabrá recurso en los conflictos individuales ante
la Magistratura de Trabajo de la localidad, cuya sentencia será firme, y ante el
Tribunal Central de Trabajo en los conflictos colectivos.
Firme la decisión arbitral, podrá ejecutarse ante la Magistratura de Trabajo
del lugar donde se haya efectuado el arbitraje. Esta ejecución se llevará a
efecto del modo que la Ley de Procedimiento Laboral establece para las sentencias.
El Gobierno aprobará el procedimiento de actuación de los tribunales arbitrales
que se ajustará, en todo caso, a los principios de rogación, oralidad,
concentración, celeridad y gratuidad. Asimismo regulará el régimen de recursos.
Podrán crearse tribunales a los que se refiere este Artículo, en localidades
donde no exista Magistratura de Trabajo, cuando el volumen de asuntos lo
aconseje.
Artículo Quinto.-Conciliación Obligatoria.
Será requisito previo para la tramitación de cualquier procedimiento laboral
ante la Magistratura de Trabajo el intento de celebración del acto de
conciliación en el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación ante un
funcionario licenciado en derecho. La asistencia al mismo es obligatoria para
ambas partes litigantes. Para su régimen, efectos y excepciones se estará a lo
que preceptúan los Artículos cincuenta, siguientes y concordantes de la Ley de
Procedimiento Laboral, en lo que resulten aplicables.
Artículo Sexto.-Mediación.
Los trabajadores y empresarios podrán solicitar del Instituto la designación de
un mediador imparcial en cualquier momento de una negociación o de una
controversia colectiva.
La administración laboral podrá exigir al Instituto la designación de un
mediador, cuando las circunstancias lo demanden y previa audiencia de los
interesados.
Todo ello sin perjuicio de las facultades que en materia de mediación tiene
atribuidas la Inspección de Trabajo.

Disposiciones Finales
Primera. Queda derogado el Artículo treinta y cinco del real decreto-ley de
cuatro de marzo de mil novecientos setenta y siete, en lo que se refiere a la
supresión de la conciliación obligatoria.
Segunda. El Gobierno y el Ministerio de Trabajo, en el ámbito de sus
respectivas competencias, dictarán las normas de aplicación y desarrollo del
presente real decreto-ley, que entrará en vigor en el siguiente día al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, excepto en cuanto a la
conciliación obligatoria y tribunales arbitrales laborales hasta que se dicten
las normas reglamentarias. Asimismo determinarán la organización, régimen de
actuación y del personal del Instituto y sus órganos.
Tercera. El ministro de trabajo someterá a la aprobación del Gobierno en el
plazo de seis meses, previo dictamen del Consejo de Estado, un nuevo texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, en que se contengan las
modificaciones derivadas de la legislación posterior a la misma, se establezcan
las condiciones adecuadas en orden a una perfecta y eficaz regulación del
procedimiento laboral y se eleven las cuantías de los depósitos y sanciones que
en dicho texto se prevén, regularizando, armonizando y aclarando los textos
legales que han de ser refundidos.

Dado en Madrid, a veintiséis de enero de mil novecientos setenta y nueve.-
Juan Carlos.-El Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez González.

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