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Ficha de esta disposición

Título :
REAL DECRETO 2308/1994, DE 2 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN Y DESTINO DEL PATRIMONIO Y PERSONAL DE LAS CAMARAS OFICIALES DE LA PROPIEDAD URBANA Y SU CONSEJO SUPERIOR
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
2308/1994
Boletín Oficial :
BOE 305/1994
Fecha Disposición :
02/12/1994
Fecha Publicación :
22/12/1994
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
La disposición final décima de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, suprimió las Cámaras Oficiales de
la Propiedad Urbana y su Consejo Superior como corporaciones de derecho público,
facultando al Gobierno para que, mediante Real Decreto, estableciera el régimen
y destino del patrimonio y del personal que estuviera prestando servicios el día
1 de junio de 1990 en las Cámaras sometidas a la tutela estatal.
El Tribunal Constitucional, en sentencia de 20 de junio de 1994, adoptada por
mayoría de los miembros del Tribunal, ha declarado la inconstitucionalidad y
consiguiente nulidad de dicha disposición final décima por vulneración del
artículo 134.2 de la Constitución, estimando que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado no es el marco adecuado para introducir una normativa del
tenor de la cuestionada por los recurrentes.
En estas circunstancias, el Consejo de Ministros, valorando la situación de
transitoriedad que abrió en su momento la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1990 en lo que se refiere al régimen jurídico tanto del personal
como del patrimonio de las Cámaras Oficiales de la Propiedad, así como la
urgencia en evitar un mayor deterioro de dichas entidades y en concretar las
expectativas creadas a su personal, y considerando válidas y subsistentes las
razones de fondo que justificaron la decisión de suprimir las Cámaras Oficiales
de la Propiedad como corporaciones de derecho público, aprobó el Real
Decreto-ley 8/1994, de 5 de agosto, cuyo contenido es sustancialmente
coincidente con el de la disposición final décima de la Ley de Presupuestos
Generales de 1990, pero constituye un soporte legal adecuado y conforme con el
criterio fijado por el Tribunal Constitucional.
Promulgado el citado Real Decreto-ley, subsiste, no obstante, la necesidad de
que el Gobierno proceda a cumplimentar el mandato contenido en el mismo, en lo
que se refiere al patrimonio y personal de las Cámaras Oficiales de la Propiedad
por él contempladas, mediante la aprobación y promulgación del correspondiente
Real Decreto. En lo que concierne al personal, se establece para aquel que
prestaba sus servicios el día 1 de junio de 1990 en las Cámaras Oficiales de la
Propiedad sujetas a la tutela estatal y en el Consejo Superior de Cámaras su
integración como personal laboral en la Administración del Estado, sin perjuicio
de la posibilidad que se le ofrece de renunciar a la misma en las condiciones
que la propia norma fija.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, Economía y Hacienda, para las Administraciones Públicas y de la
Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 1994,
D I S P O N G O :
Artículo 1. Inventario de bienes.
La Administración del Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, elaborará un inventario de todos los bienes,
derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de todas las Cámaras
Oficiales de la Propiedad Urbana sometidas a la tutela estatal y de su Consejo
Superior. A este fin, los servicios de la Dirección General del Patrimonio del
Estado prestarán la asistencia técnica que sea necesaria.
Dicho inventario contendrá una descripción de todos los bienes, derechos y
obligaciones de cada una de las Cámaras y del Consejo Superior de las mismas,
con indicación de su valor o importe, el cual será establecido de acuerdo con
las normas de contabilidad vigentes y los principios de contabilidad
generalmente aceptados. A tal efecto, el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente podrá apoyarse en los informes contables y
resultados de auditoría. La elaboración del inventario podrá realizarse
directamente por los servicios de la Administración mencionados o mediante
contrato con terceros, con cargo a la masa patrimonial de las Cámaras y de su
Consejo Superior.
Artículo 2. Bienes y derechos de las Cámaras.
Elaborado el inventario, se determinará qué bienes y derechos se consideran
generados directa o indirectamente con cargo a la cuota obligatoria u otras
actuaciones derivadas de obligaciones legales y cuáles otros con ingresos
diferentes a los anteriores, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) En todo caso, de los bienes y derechos existentes en las Cámaras y en el
Consejo Superior de éstas, a la fecha de cierre del inventario, tendrán la
consideración de no generados con cargo a la cuota obligatoria u otras
actuaciones derivadas de obligaciones legales, aquéllos cuya adquisición o
generación se hubiera realizado con anterioridad a la entrada en vigor del Real
Decreto-ley de 6 de mayo de 1927, que aprobó el Reglamento definitivo para la
organización y funcionamiento de las Cámaras de la Propiedad Urbana y estableció
la cuota obligatoria.
Se considerará que tienen el mismo carácter los adquiridos con posterioridad a
la citada fecha y respecto de los cuales conste fehacientemente que han sido
obtenidos con los rendimientos o por reinversión neta de los existentes con
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley mencionado.
b) Del total de bienes y derechos que, de acuerdo con el inventario, hayan sido
generados y adquiridos por cada Cámara y su Consejo Superior entre la fecha de
entrada en vigor del Real Decreto-ley de 6 de mayo de 1927 y el de 1 de enero de
1989, fecha en la que queda suprimida la incorporación obligatoria a las Cámaras, por Ley 37/1988, de 28 de diciembre, y una vez deducidos los que, en su caso,
se hayan obtenido en virtud de lo señalado en el segundo párrafo del apartado
anterior, se considerará como generado con cargo a la cuota obligatoria u otras
actuaciones derivadas de obligaciones legales, la parte que, teniendo en cuenta
la valoración económica total de tales bienes y derechos según inventario,
corresponda y sea igual al porcentaje medio o tanto por ciento que, tomando como
referencia los años 1983 a 1987, ambos inclusive, represente el presupuesto
ordinario aprobado para cada Cámara y su Consejo Superior, en relación con el
Presupuesto de Servicios Especiales, igualmente aprobado por el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes.
La parte de los bienes y derechos correspondientes o igual al resto del
porcentaje señalado en el párrafo anterior tendrá la consideración de no
generada con cargo a la cuota obligatoria u otras actuaciones derivadas de
obligaciones legales.
c) Respecto de los bienes y derechos que, según el inventario, hayan sido
obtenidos o generados por las Cámaras y el Consejo Superior de éstas con
posterioridad al 1 de enero de 1989 se estará al origen de los fondos con los
que hayan sido obtenidos.
d) Los bienes o derechos transmitidos a título gratuito a las Cámaras o a su
Consejo Superior, los adquiridos por reinversión del importe de la enajenación
de aquéllos, así como los frutos de unos y otros, tendrán la consideración de
ingresos no generados con cargo a la cuota obligatoria ni a otras obligaciones
legales.
Artículo 3. Imputación de cargas.
1. Las cargas o gravámenes derivados de adquisiciones a título gratuito de
bienes o derechos por parte de las Cámaras de la Propiedad Urbana o de su
Consejo Superior minorarán la parte del patrimonio de estas entidades no
generado con cargo a la cuota obligatoria ni a las demás obligaciones legales.
2. Para determinar a qué parte de las dos en que se divida el patrimonio de las
Cámaras y de su Consejo Superior corresponde imputar cada una de las restantes
obligaciones, cargas o gravámenes, se atenderá a las reglas siguientes:
a) Las nacidas antes del día 12 de mayo de 1927 o después del 31 de diciembre
de 1988 que subsistan en el momento del cierre del inventario minorarán la parte
no generada a cargo de la cuota y demás obligaciones legales.
b) Las nacidas entre las fechas indicadas en el párrafo anterior, si aún no se
hubieran extinguido, minorarán ambas partes del patrimonio. Para determinar la
proporción en que deberán distribuirse entre las dos partes se atenderá a los
porcentajes contemplados en el párrafo b) del artículo anterior.
Artículo 4. Cancelación de obligaciones.
Una vez finalizado el inventario de los bienes y derechos y de las obligaciones, cargas y gravámenes, de acuerdo con lo prevenido en los artículos anteriores,
se procederá, con carácter previo a la inscripción, titulación o ingreso de los
mismos, a la cancelación con cargo a los bienes de cada parte de la totalidad de
las deudas u obligaciones que le afecten.
En los casos en que para alguna Cámara el inventario realizado ponga de
manifiesto un balance negativo, en una o ambas partes por pérdidas o deudas
superiores al activo de la entidad, la cancelación de ellas se efectuará con
cargo a los bienes de la parte correspondiente al Consejo Superior, y, en su
defecto, de otra Cámara.
La resolución del Subsecretario de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
que apruebe el inventario y la delimitación patrimonial será título suficiente
para la inscripción, titulación o ingreso a favor de la Administración del
Estado de los bienes correspondientes. Las resoluciones que den lugar a
inscripciones en el Registro de la Propiedad deberán ajustarse a lo establecido
en el artículo 303 del Reglamento Hipotecario.
Artículo 5. Régimen del personal.
El personal que el día 1 de enero de 1990 tuviera la condición de empleado fijo, o con derecho a reserva de plaza, del Consejo Superior de Cámaras o de las
Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana sometidas en la referida fecha a la
tutela estatal, así como los Secretarios de las Cámaras, se integrarán y
obtendrán destino en la Administración del Estado. Dicha integración se
realizará conforme a las siguientes reglas:
1.ª Se integrará como personal laboral fijo de la Administración del Estado,
destinado inicialmente en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, en plazas «a extinguir», que se consignarán con este carácter en el
catálogo de personal laboral de dicho Ministerio, en los términos que se
concretan en las reglas siguientes y sin perjuicio de lo dispuesto en la regla 5.
ª
A tal efecto se procederá a efectuar una asimilación de categorías
profesionales entre las que ostenta el citado personal y las existentes en el
convenio colectivo del personal laboral procedente del antiguo Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo.
2.ª Sus condiciones de trabajo serán las establecidas en el convenio colectivo
del personal laboral procedente del antiguo Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
3.ª Las personas que se integren en la Administración del Estado desarrollarán
las funciones que se les asigne dentro del mencionado Ministerio, las cuales, en
todo caso, se adecuarán a las categorías profesionales a que resulten asimiladas. En particular, se les podrá encomendar la colaboración en el inventario a que
se refiere el artículo 1, mientras dure su elaboración.
4.ª En cuanto a sus retribuciones, les serán respetadas las consolidadas en
nómina que vinieran percibiendo a 1 de junio de 1990 más los incrementos
posteriores que no excedan de las medias interanuales aplicadas en el sector.
A tal efecto se les reconocerán los salarios correspondientes a la categoría
profesional a la que sean equiparados dentro del convenio colectivo del personal
laboral procedente del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y se
abonará la diferencia por las retribuciones a que se refiere el párrafo anterior
como un complemento personal transitorio, absorbible por futuros incrementos
retributivos en los términos especificados en el convenio del antiguo Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo.
5.ª A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, la
Administración del Estado procederá a ofertar, de acuerdo con las necesidades
del servicio, puestos de trabajo en cualquiera de sus órganos, que estarán
preferentemente ubicados en la localidad en que estuvieran desarrollando su
actividad laboral.
El personal que, a resultas de dicha oferta, pase a desempeñar sus funciones en
otro Departamento se integrará automáticamente en el convenio colectivo del
personal laboral del mismo en las condiciones señaladas para la integración
inicial.
6.ª El personal con derecho a la integración que renuncie a la misma percibirá
una indemnización cuya cuantía será de veinte días de salario por año de
servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año,
con un máximo de doce mensualidades.
La renuncia al derecho de integración deberá manifestarse en el plazo de un mes, a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto.
7.ª Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla 5.ª, los Secretarios de las
Cámaras tendrán derecho a optar, en el plazo de un mes, entre su integración en
la Administración del Estado o en la Administración de la Comunidad Autónoma a
la que hubieran sido traspasadas las funciones de tutela sobre la Cámara Oficial
de la Propiedad en que vinieran prestando sus servicios, cuando así se encuentre
previsto en el correspondiente Real Decreto de traspasos en la materia.
De incorporarse a la Administración del Estado, tendrán derecho, en el mismo
plazo y por una sola vez, a solicitar que su adscripción inicial se produzca en
una localidad distinta a aquella en que se encuentren actualmente desarrollando
su actividad.
8.ª La fecha de la incorporación efectiva del personal de las Cámaras Oficiales
de la Propiedad Urbana, y de su Consejo Superior, en la Administración del
Estado se fijará en una resolución del Subsecretario de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.
Artículo 6. Adscripción de bienes.
La adscripción a que se refiere el párrafo a) de la disposición adicional única
del Real Decreto-ley 8/1994, de 5 de agosto, se ajustará a los requisitos y
procedimientos siguientes:
a) La adscripción solamente podrá efectuarse en favor de asociaciones
legalmente constituidas, sin ánimo de lucro y que tengan como finalidad
principal la defensa, promoción e información de los propietarios y usuarios de
viviendas urbanas.
b) La solicitud de adscripción, que deberá efectuarse en el plazo de un año, a
partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la
resolución a que se refiere el artículo 4, se dirigirá a la Dirección General
del Patrimonio del Estado e irá acompañada de la documentación que acredite la
constitución de la asociación, sus fines y objetivos, los medios personales y
materiales con que cuente, sus recursos económicos y una memoria que describa
los bienes cuya adscripción solicita y el uso que pretende darles. Transcurrido
el mencionado plazo de un año desaparecerá la posibilidad de solicitud de
adscripción prevista en la citada disposición adicional única, quedando los
bienes a que se refiere sometidos al régimen general establecido para los del
Patrimonio del Estado.
La relación de bienes de posible adscripción, con los datos para su
identificación, podrá ser consultada en la citada Dirección General por las
asociaciones interesadas, así como en la Dirección General de Administración y
Servicios del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
c) La adscripción, que será acordada por Orden del Ministro de Economía y
Hacienda a propuesta de la Dirección General del Patrimonio y previo informe
preceptivo del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
fijará el tiempo de duración de la misma, los derechos y deberes asumidos por la
asociación a la que el bien se adscribe y cuantos extremos se consideren
necesarios o de interés por la Administración que otorgue la adscripción. En
todo caso, la adscripción, que podrá efectuarse por plazos prorrogables, pero
nunca superiores a noventa y nueve años, no generará derecho alguno, salvo el de
su uso en las condiciones fijadas, a favor de la asociación, y podrá ser
cancelada por la Administración cuando, previo el correspondiente expediente,
considere que la asociación ha incumplido el fin aducido y justificativo de la
adscripción, o el uso indicado en la solicitud.
Disposición adicional primera. Imputación y cancelación de las obligaciones de
naturaleza patrimonial.
Las obligaciones de naturaleza patrimonial que se generen con posterioridad a
la fecha de cierre de inventario y antes de la inscripción, titulación o ingreso
de los bienes, serán imputadas y canceladas de acuerdo con las normas
establecidas en este Real Decreto.
En el caso de que existiesen obligaciones cuya cancelación no fuese posible o
conveniente con anterioridad a la inscripción, titulación o ingreso de los
bienes a nombre de la Administración del Estado, su abono y pago será asumido
por ésta, estableciendo las oportunas compensaciones si la obligación recayese
sobre la parte del patrimonio no generado con cargo a la cuota obligatoria.
De igual manera, cuando a la fecha de inscripción, titulación o ingreso de los
bienes existiesen derechos pendientes de cobro, la titularidad de los mismos
pasará a la Administración del Estado, que los imputará a la parte del
patrimonio que corresponda.
Disposición adicional segunda. Referencia normativa.
Las referencias contenidas en el presente Real Decreto a la Administración del
Estado deben entenderse realizadas a las Comunidades Autónomas que hayan
recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de Cámaras de la
Propiedad Urbana con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/1990, de 29
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
Disposición transitoria única. Disolución de los órganos de gobierno.
Los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y de su
Consejo Superior se disolverán tan pronto como todos sus bienes o derechos hayan
sido inscritos, titulados o ingresados a favor de la Administración de tutela.
El plazo máximo para la finalización de estas operaciones será de un año, a
contar desde la entrada en vigor de esta disposición.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si, concluidas las operaciones
de inscripción, titulación e ingreso, no se hubiese producido la incorporación
efectiva del personal de las Cámaras mencionadas y de su Consejo Superior en la
Administración del Estado, la disolución de sus órganos de gobierno se retrasará
hasta que tal incorporación tenga lugar.
Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que
contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones, sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado siguiente:
Real Decreto de 16 de junio de 1907, por el que se concede el carácter de
Cámaras de la Propiedad, oficialmente organizadas, a las asociaciones que se
funden para la defensa y fomento de la propiedad urbana.
Decreto 477/1960, de 25 de febrero (modificado por el artículo 2 del Real
Decreto-ley 26/1977, de 24 de marzo), por el que se convalida la exacción
denominada «cuota de las Cámaras de la Propiedad Urbana».
Real Decreto 1649/1977, de 2 de junio (modificado por el Real Decreto 2619/1986, de 24 de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de las Cámaras
Oficiales de la Propiedad Urbana.
Real Decreto 789/1980, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Cuerpo Nacional de Secretarios de las Cámaras de la Propiedad Urbana.
Real Decreto 3587/1983, de 28 de diciembre, por el que se regula el ejercicio
del control financiero de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y de su
Consejo Superior por la Intervención General de la Administración del Estado.
3. Las disposiciones recogidas en el apartado anterior se aplicarán, no
obstante, con carácter transitorio, en tanto no se haya completado el proceso de
liquidación que se regula en el presente Real Decreto.
Disposición final única. Facultad de aplicación.
Se autoriza a los Ministros de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de
Economía y Hacienda, para las Administraciones Públicas y de la Presidencia,
dentro de sus respectivas competencias, a dictar las disposiciones y acordar las
medidas precisas para la aplicación del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1994.
Juan Carlos Rey de España
El Ministro de la Presidencia,
ALFREDO PEREZ RUBALCABA