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Ficha de esta disposición

Título :
REAL DECRETO 2090/1982, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACIA
Estado :
Derogada
Nº de Disposición :
2090/1982
Boletín Oficial :
BOE 210/1982
Fecha Disposición :
24/07/1982
Fecha Publicación :
02/09/1982
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE JUSTICIA
A partir de la Constitución de mil novecientos setenta y ocho la figura del Abogado y el papel que debe cumplir en defensa de los intereses y derechos
de los ciudadanos y como colaborador del Poder Judicial a quien corresponde la
tutela de tales intereses y derechos, ha obligado a la puesta al día del
Estatuto General de la Abogacía, teniendo en cuenta además, la larga vigencia
del anterior, haciéndose necesario el que nuevas experiencias y figuras se
incorporen a la regulación de tan trascendental profesión.
Por parte del Consejo General de la Abogacía y de conformidad con el artículo
sexto, dos, de la Ley de Colegios Profesionales se ha, elaborado un Proyecto de
Estatuto General que a través del Ministerio de Justicia ha sido sometido a la
aprobación del Gobierno.
En su virtud, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, a propuesta
del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y dos,
Artículo único.- Se aprueba el Estatuto General de la Abogacía, cuyo texto se
inserta a continuación.
Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta y dos.- JUAN
CARLOS R.- El Ministro de Justicia, Pío Cabanillas Gallas.
ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA
TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
De los Organismos rectores de la Abogacía
Artículo 1. Los Colegios de Abogados que este Estatuto reconoce y regula son los
órganos rectores de la Abogacía. Los respectivos Decanos, constituidos en
Asamblea General, integran su supremo órgano rector.
El Consejo General de la Abogacía es el Organismo ejecutivo, coordinador y
representativo de los Colegios de Abogados, en cuanto a las funciones que le son
propias.
Art. 2. 1. Existirá un Colegio de Abogados en cada provincia, con competencia en
su ámbito territorial y sede en su capital. No se podrá ejercer la profesión sin
previa incorporación al mismo. Ello se entenderá sin perjuicio de la
subsistencia y atribuciones de los Colegios de partido que ya existen legalmente
constituidos, con ámbito de competencia exclusiva y excluyente limitada al
partido judicial correspondiente.
2. Los Colegios de Abogados de partido no podrán subsistir si diez, por lo menos, de los profesionales que lo constituyen, no residen en el territorio del
partido judicial correspondiente.
3. Excepcionalmente, se podrán crear nuevos Colegios de partido en los supuestos
de:
- Que en el territorio del partido judicial en que se pretenda constituir
hubiese igual o superior número de Abogados ejercientes residentes que en el
territorio del partido de la capital de la provincia.
- Que votare favorablemente su posible creación la Junta General extraordinaria
del Colegio provincial afectado, con el quórum especial que se establece en el
artículo 92.
Concurriendo cualquiera de dichos supuestos podrá tramitarse el expediente para
la creación del nuevo Colegio.
4. Los Colegios, para el mejor cumplimiento de sus fines y una mayor eficacia de
sus funciones, podrán establecer, por acuerdo de sus Juntas de Gobierno,
delegaciones en aquellas comarcas en que así lo requieran los intereses
profesionales.
Tales delegaciones ostentarán la representación colegial delegada en el ámbito
de su demarcación, con las facultades y competencias que se determinen en el
acuerdo de su creación.
5. Los Colegios de Abogados se regirán por este Estatuto los suyos particulares,
los Reglamentos de Régimen Interior y por los acuerdos del Consejo General de la
Abogacía y de la Asamblea de Decanos dictados en materia de su competencia.
TITULO II
CAPITULO PRIMERO
De los Colegios de Abogados
Art. 3. 1. Los Colegios Profesionales de Abogados son Corporaciones de derecho
público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
2. Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de la
profesión, la representación exclusiva de la misma la defensa de los intereses
profesionales de los colegiados, el cumplimiento de la función social que a la
Abogacía corresponde, y la colaboración en la promoción y administración de la
Justicia.
Art. 4. Son funciones de los Colegios de Abogados:
a) Colaborar con el Poder Judicial y con la Administración mediante la
realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y
otras actividades relacionadas con sus fines, que le sean solicitadas o acuerden
por propia iniciativa.
b) Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de
sus fines.
c) Participar, en materias de la profesión, en los Consejos u órganos
consultivos de la Administración.
d) Tomar parte en los Patronatos Universitarios.
e) Participar en la elaboración de los planes de estudios informar las normas de
organización de los Centros docentes correspondientes a la profesión mantener
permanente contacto con los mismos, proponer la creación de Escuelas de Práctica
Jurídica y otros medios para facilitar el acceso a la vida profesionalde los
nuevos titulados, y organizar cursos para la formación y perfeccionamiento
profesional.
f) Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante la
Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con
legitimación para ser parte en cuantos litigios y causas afecten a los intereses
profesionales y fines de la Abogacía y ejercitar el derecho de petición conforme
a Ley.
g) Ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los
colegiados, velando por la ética y la dignidad profesional y por el respeto
debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en
el orden profesional y colegial.
h) Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los
colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de
previsión y otros análogos.
i) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados impidiendo la
competencia desleal entre los mismos.
j) Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo
profesional.
k) Intervenir, previa solicitud, en vía de conciliación o arbitraje en las
cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados.
Ejercer también funciones de arbitraje en materia de Derecho privado en los
asuntos que le sean sometidos.
l) Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación
profesional de los colegiados y la percepción de sus honorarios, mediante laudo
al que, previamente, se sometan las partes interesadas.
ll) Regular los honorarios mínimos u orientadores de los colegiados.
m) Informar y dictaminar sobre honorarios profesionales en los procedimientos
judiciales o administrativos.
n) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes en cuanto afecten a la
profesión: y los Estatutos, normas y decisiones adoptadas por los órganos
colegiados en materia de su competencia.
h) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la
profesión y de los colegiados y demás fines de la Abogacía.
o) Las demás que vengan dispuestas por la legislación.
Art. 5. 1. Los Colegios elaborarán sus Estatutos particulares para regular su
funcionamiento. Deberán ser aprobados por el Consejo General, cuya aprobación se
otorgará siempre que estén de acuerdo con la Ley sobre Colegios Profesionales y
con este Estatuto General.
2. Para la modificación de este Estatuto General y de los particulares de los
Colegios se observarán los mismos requisitos que para su aprobación.
Art 6. 1. Los Colegios de Abogados tendrán el tradicional tratamiento de
ilustres y sus Decanos el de ilustrísimo señor. Los Decanos de Colegios con
Dichos tratamientos se ostentarán con carácter vitalicio.
2. Los Decanos de Colegios cuya sede radique en capital de provincia tendrán la
consideración honorífica de Presidente de Sala de la respectiva Audiencia.
3. Los Decanos de los demás Colegios tendrán la consideración honorífica de
Magistrado o Juez de Primera Instancia respectivamente del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de la localidad en que el Colegio se halle constituido.
Art. 7. Los Colegios de Abogados podrán colocarse bajo advocaciones de carácter
general o particular.
CAPITULO II
De los Abogados
SECCION PRIMERA
Disposiciones Generales
Art. 8. La Abogacía es una profesión libre e independiente e institución
consagrada, en orden a la Justicia, al consejo, a la concordia y a la defensa de
derechos e intereses públicos y privados mediante la aplicación de la ciencia y
técnica jurídicas.
Es distinta de las categorías académicas, cualquiera que sea su significación, y
diferente también de las demás que no requieran la aplicación de técnica
jurídica reservada a los Abogados.
Art. 9. Corresponde a la Abogacía de forma exclusiva y excluyente la protección
de todos los intereses que sean susceptibles de defensa jurídica.
El Consejo General de la Abogacía en todo caso, y los Colegios de Abogados
dentro de su ámbito, velarán por los medios legales a su alcance por que las
leyes y disposiciones administrativas remuevan los impedimentos que en cualquier
clase de asuntos se opongan a la intervención en derecho de los Abogados, y por
que se reconozca la exclusividad de su actuación.
Art 10. 1. Son Abogados quienes, incorporados a un Colegio de Abogados en
calidad de ejercientes, se dedican, con despacho profesional, a la defensa de
intereses jurídicos ajenos.
2. Sólo pueden utilizar la denominación de Abogados quienes lo sean de acuerdo
con la precedente definición.
3. Sin perjuicio de lo anterior, podrá pertenecerse también a los Colegios en
calidad de no ejerciente con los derechos reconocidos en el presente Estatuto.
Art 11. 1. La Abogacía podrá ejercerse ante cualquier clase de Tribunales,
incluso los correspondientes a jurisdicciones especializadas.
2. La intervención profesional del Abogado es preceptiva en toda clase de
procesos g procedimientos, ante cualquier jurisdicción, salvo los casos
exceptuados por precepto expreso de una disposición legal.
Art. 12. Podrán ser colegiados de honor aquellas personas que reciban este
nombramiento por acuerdo de la Junta general a propuesta de la de Gobierno, y en
atención a méritos o servicios relevantes prestados en favor de la profesión o
de la Abogacía en general.
Art. 13. No podrá limitarse el número de los componentes de los Colegios de
Abogados, ni cerrarse éstos temporal o definitivamente a la admisión de nuevos
aspirantes.
SECCION SEGUNDA
Capacidad
Art. 14. Para el ingreso en la Abogacía se exige la incorporación al Colegio de
Abogados respectivo.
Art. 15. Para la incorporación a un Colegio de Abogados se requiere acreditar
como condiciones generales de aptitud:
1) Ser de nacionalidad española.
2) Ser mayor de edad.
3) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho.
4) Carecer de antecedentes penales que le inhabiliten para el ejercicio
profesional.
5) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente.
6) Formalizar el ingreso en la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía, a
cuyo fin deberá acompañarse la pertinente solicitud suscrita por el interesado.
7) El alta en la licencia fiscal en los casos en que legalmente proceda.
Art. 13. Las condiciones generales de aptitud enumeradas en el artículo anterior
no se dispensarán en ningún caso, salvo la del apartado 1., de producirse
dispensa legal.
Art. 17. Son circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la
Abogacía:
1. Los impedimentos físicos o mentales que, por su naturaleza o intensidad,
imposibiliten el cumplimiento de la misión de defensa de los intereses ajenos
que a los Abogados se encomienda.
2. La inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la Abogacía, en
virtud de sentencia o resolución firme.
3. Las sanciones disciplinarias que lleven consigo la suspensión del ejercicio
profesional o la expulsión del Colegio de Abogados correspondiente.
Todas las incapacidades desaparecerán cuando cesen las causas que las hubieren
motivado.
SECCION TERCERA
Incorporaciones y bajas
Art. 18. 1. Los Colegios de Abogados no podrán denegar el ingreso en la
Corporación a quienes reúnan las condiciones de aptitud y no estén incursos en
ningún impedimento de los enumerados en el presente Estatuto.
2. No obstante, podrá denegarse dicha incorporación cuando el solicitante
hubiere incurrido en conducta que de haber estado incorporado constituyere falta
muy grave que llevare aparejada la expulsión o suspensión en el ejercicio
profesional, y así estuviere declarado por resolución firme.
En caso de tramitarse expediente en el sentido dicho, en que no hubiere recaído
resolución firme declaratoria de conducta irregular, podrá suspenderse la
incorporación a resultas de la resolución firme correspondiente.
Art. 19. Corresponde a la Junta de Gobierno de cada Colegio resolver sobre las
solicitudes de incorporación a los mismos.
Las solicitudes de incorporación serán admitidas, suspendidas o denegadas. En
los últimos supuestos, la Junta de Gobierno fundamentará su resolución.
La Junta de Gobierno practicará las diligencias y recibirá los informes que, en
su caso, considere oportunos y dictará la resolución en el plazo máximo de dos
meses, pasado el cual se considerará admitida. Si fuere denegada o suspendida se
notificará en el plazo de cinco días al interesado que podrá utilizar el recurso
de reposición en el plazo de quince días. La Junta de Gobierno lo resolverá en
igual período.
Contra el acuerdo definitivo se dará el recurso de alzada, interpuesto en el
plazo de quince días, al Consejo General de la Abogacía, que decidirá en el
término previsto en el artículo 96.
Art. 20. No se necesitará incorporación para la defensa de asuntos propios o de
parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre
que el interesado tenga capacidad legal para el ejercicio de la profesión. Los
que se hallen en este caso serán habilitados por el Decano del Colegio de
Abogados para la intervención que se solicite. Tal habilitación supone para
quien la recibe, aunque sólo con relación al asunto o asuntos a que alcanza, el
disfrute de todos los derechos concedidos en general a los Abogados y la
asunción de las correlativas obligaciones.
Art. 21. La incorporación o habilitación,justificada mediante la certificación
correspondiente del Colegio, acredita al Abogado como tal, sin que sea necesaria
ninguna designación o nombramiento a tal efecto por el Poder Judicial o por la
Administración Pública.
Art. 22. Todo Letrado Incorporado a cualquier Colegio de Abogados de España
podrá actuar en todos los recursos de que sean susceptibles los asuntos que
dirigió en cualquier Instancia ante cualesquiera Tribunales o Juzgados, incluso
ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, sin que para ello tenga
necesidad de incorporarse a los Colegios donde radiquen los Tribunales ante los
que dichos recursos, acciones o reclamaciones se sustancien. Para las
actuaciones antedichas, el Letrado, previa acreditación de su pertenencia al
Colegio de origen y de su intervención en el proceso, deberá comunicarlo al
Decano del Colegio receptor, que le habilitará para actuar como colegiado a
todos los efectos en el asunto concreto y, en consecuencia, quedará acogido a la
protección y sujeto a la disciplina del Colegio, que llevará un registro de
estas habilitaciones. No necesitará abonar cuota de incorporación y solamente
podrá ejercitar derechos políticos en el Colegio de origen.
Art. 23. Los Abogados vendrán obligados a presentar en la Secretaria del Colegio, cuando así proceda legalmente, los documentos acreditativos de sus altas o
bajas en la licencia fiscal, lo que deberán hacer dentro de los cinco días
siguientes a la fecha en que se produzcan.
Art. 24. 1. El Secretario del Colegio remitirá, al principio de cada año a todos
los Jueces y Tribunales de su territorio, así como a los Jefes de Prisión y
Centros de Detención, una relación comprensiva de los Abogados legalmente
habilitados para el ejercicio de la profesión. La lista será adicionada
mensualmente con las modificaciones por nuevas altas y bajas.
A los Abogados que en aquélla estuviesen incluidos no puede exigírseles otro
comprobante para el ejercicio de la profesión.
2. A los Abogados que no figuren en tal lista, se les exigirá por las
Secretarías respectivas de los Juzgados y Tribunales que exhiban certificación
de hallarse incorporados al Colegio y, cuando proceda, el recibo corriente de la
cuota de licencia fiscal si no los presentaren se les impedirá el ejercicio por
el Juzgado o Tribunal ante el cual pretendiesen actuar, comunicandose
rápidamente al Colegio de Abogados.
Art. 25. 1. La condición de colegiado se perderá:
a) Por dejar de satisfacer, dentro de los plazos señalados, tanto las cuotas
ordinarias o extraordinarias acordadas, como las demás cargas colegiales a que
viniere obligado, entre ellas las de la Mutualidad General de Previsión de la
Abogacía.
b) Por condena firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el
ejercicio de la profesión.
c) Por expulsión del Colegio, acordada en expediente disciplinarlo.
d) Por baja voluntaria.
2. En todo caso, la perdida de la condición de colegiado por las causas
expresadas en los apartados a), b) y c) del número anterior, deberán ser
comunicadas por escrito al interesado, momento en que surtirá efectos.
3. Las bajas por dichas causas serán comunicadas al Consejo General.
4. En el caso del apartado a), los colegiados podrán rehabilitar sus derechos
pagando lo adeudado y la cantidad que correspondiere como nueva incorporación.
5. Los Jueces y Tribunales remitirán al Consejo General de la Abogacía Española
y al Colegio de Abogados respectivo copia autorizada de los autos de
procesamiento sentencias condenatorias, y, en general cualquier resolución que
lleve implícita inhabilitación o suspensión profesional de Abogado.
6. Las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados acordarán el pase a la
situación de no ejerciente de aquellos colegiados en quienes concurra alguna de
las circunstancias determinantes de incapacidad o incompatibilidad para el
ejercicio mientras aquélla subsista, sin perjuicio de que, si a ello hubiere
lugar, resuelvan o que proceda en vía disciplinaria.
Art. 25. Todo Abogado podrá estar incorporado a cuantos Colegios desee, mediante
el cumplimiento de los requisitos señalados y el abono de las cuotas colegiales
correspondientes.
A la solicitud en que formalice su petición de incorporación a otro Colegio
deberá acompañar las dos siguientes certificaciones:
a) Del Colegio de procedencia, acreditativa de encontrarse inscrito en el mismo
y estar al corriente en el levantamiento de las cargas colegiales.
b) Del Consejo General de la Abogacía acreditativa de no figurar como dado de
baja por falta de pago en cualquier Colegio de Abogados de España, y de no haber
sido objeto de corrección disciplinaria; o bien, caso de haberlo sido,
especificación de cuál fuera ésta.
SECCION CUARTA
Incompatibilidades
Art. 27. El ejercicio de la Abogacía es absolutamente incompatible:
1. Con los cargos de Presidente del Gobierno, Ministro, Secretario de Estado,
Subsecretario, Director general, y asimilados de la Administración Pública.
2. Con los cargos judiciales o fiscales, cualesquiera que sea su denominación y
grado, con los pertenecientes al Secretariado de los Juzgados y Tribunales y con
los de oficiales, auxiliares y subalternos de los mismos.
3. Con los cargos de Secretario del Consejo General del Poder Judicial y los de
los servicios de personal, gestión, inspección y Gabinete Técnico de dicho
Consejo General.
4. Con las restantes funciones y empleos públicos en cuyas leyes reguladoras se
establezca expresamente tal incompatibilidad.
5. Con el ejercicio de la profesión de Procurador, Agente de negocios o Gestor
Administrativo.
Art. 28. El Abogado a quien afecte alguna de las causas de incompatibilidad
establecidas en el artículo anterior deberá comunicarlo sin excusa a la Junta de
Gobierno del Colegio, cesando automáticamente en el ejercicio de la profesión.
La infracción de dicho deber de cese en el ejercicio profesional, así como la
infracción de las incompatibilidades establecidas en el artículo anterior,
directamente o por persona interpuesta, constituirá falta muy grave, sancionable
en la forma prevista en el artículo 113, número 1., párrafo b), de este Estatuto.
Art. 29. 1. El ejercicio de la Abogacía es también incompatible con la
intervención cerca de aquellos Organismos jurisdiccionales en que figuren como
miembros el cónyuge o los parientes del Abogado dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad.
El Abogado a quien afecte tal incompatibilidad deberá abstenerse de la defensa
que en tales asuntos le haya podido ser encomendada. Dicha obligación de
abstención se entiende sin perjuicio del derecho de recusación del Juez o
Magistrado que pueda asistir al litigante contrario.
2. La condición de funcionario o empleado público es en todo caso incompatible
con el ejercicio de la Abogacía ante los Organismos y Tribunales, en los asuntos
relacionados con su Ministerio.
Art. 30. 1. Los colegiados no ejercientes, así como los Licenciados en Derecho
no incorporados a Colegios de Abogados según lo previsto antecedentemente, solo
podrán utilizar la expresión de para indicar la
categoría académica que, en cada caso, les corresponda.
2. El incumplimiento de lo anterior, podrá dar lugar a la correspondiente acción
penal por intrusismo profesional.
SECCION QUINTA
Prohibiciones
Art. 31. Se prohíbe a los Abogados:
a) El anuncio o difusión de sus servicios, directamente o a través de medios
publicitarios, así como firmar escritos en asuntos confiados a Agencias de
Negocios, Gestorías o Consultorios, o emitir dictámenes gratuitos en revistas
profesionales, periódicos o medios de difusión, sin autorización de la Junta de
Gobierno.
b) Firmar escritos o intervenir en asuntos cuya dirección jurídica esté
atribuida a otro Letrado, no inscrito en el Colegio en cuya jurisdicción se
tramiten, caso incompatible con el ejercicio de la Abogacía ante los Or.
Art 32. 1. Los Abogados únicamente podrán prestar servicios profesionales a las
Compañías o Sociedades que cubren el denominado cuando se
asegure el pago de honorarios y/o el de costas en procedimientos judiciales de
cualquier clase o jurisdicción.
2. En todo caso habrán de cumplirse los requisitos siguientes:
a) Libre elección de Abogado por el asegurado.
b) Que en las guías, pólizas e instrucciones no exista lista alguna de Abogados.
c) Absoluta libertad del Letrado en la dirección del asunto.
d) Libertad en la cuantía de los honorarios si se ajustan a las normas de los
respectivos Colegios o de los que para esta clase de seguros pueda fijar el
Consejo General de la Abogacía.
e) Examen y aprobación de la póliza por el Consejo General de la Abogacía para
determinar si se cumplen los requisitos indicados.
3. La prestación de servicios profesionales a las Compañías que incumplan los
requisitos especificados se considerará falta muy grave.
4. Se exceptúa de lo anteriormente previsto lo referente al seguro voluntario u
obligatorio de vehículos a motor, responsabilidad civil en su conductor o dueño
por daños causados con motivo de su uso y circulación y a la defensa en los
procedimientos penales y civiles.
Art 33. 1. Queda prohibido a los Abogados encargarse de la dirección de asunto
profesional encomendado anteriormente a otro compañero, sin haber obtenido la
venia, como regla de consideración.
No podrá el Abogado entrante asumir la defensa del cliente sin que éste acredite
haber satisfecho los honorarios del compañero que antes le defendía. Si no se
hubiesen satisfecho los honorarios por considerarlos excesivos, el nuevo Letrado
lo comunicará a la Junta de Gobierno dentro de las veinticuatro horas de hacerse
cargo del asunto.
En este caso, el Decano podrá autorizar al Letrado para que actúe, pero
señalando la cantidad que el cliente debe consignar en la Tesorería de la Junta,
para que ésta, a su criterio, atienda el pago del Letrado anterior,
apercibiéndole de que si no se consigna la cantidad en el plazo que se señale
deberá cesar en la defensa. Todo ello sin perjuicio de la facultad de
reclamación o impugnación que a las partes y Letrados correspondiere.
En caso de urgencia o por causa grave, el Decano podrá autorizar la intervención
del nuevo Letrado en el asunto de que se trate.
2. Cuando se trate de sustitución en asesoramiento a empresas individuales o
colectivas, el Letrado designado deberá cerciorarse de que al compañero
sustituido no se le adeudan honorarios; en otro caso se estará a lo dispuesto en
el apartado 1.
3. El incumplimiento de las anteriores normas será motivo de corrección
disciplinaria.
SECCION SEXTA
Despachos colectivos
Art. 34. Los Abogados inscritos en un mismo Colegio podrán agruparse para el
ejercicio profesional en despachos colectivos. La constitución y funcionamiento
del despacho colectivo requerirá:
a) Un número de socios no superior a veinte. Todo Abogado adscrito a un despacho
colectivo habrá de ser colegiado residente del Colegio a que corresponda aquel
despacho y no podrá tener despacho independiente del colectivo.
b) La inscripción del despacho en el Colegio previa autorización de los pactos
reguladores de su organización y funcionamiento, en libro o registro que a tal
efecto se lleve, en el que deberán figurar, siempre al día, los nombres y
circunstancias de los Letrados integrantes.
Art 35. No existirá despacho colectivo en tanto no se cumplan los requisitos
para su constitución.
No tendrá la consideración de despacho colectivo:
a) La coexistencia con un Abogado en el mismo despacho de colaboradores o
pasantes; ni tampoco la concurrencia de ascendientes y descendientes, tanto por
consanguinidad como afinidad o hermanos, del Abogado titular.
b) La coexistencia en un local de Letrados con bufetes independientes y sin
solidaridad alguna entre ellos.
Art. 36. La condición de despacho colectivo se dará a conocer por medio que no
induzca a confusión y se advertirá en todo caso al cliente que requiera los
servicios del Abogado.
Art. 87. El despacho colectivo comprenderá la colaboración recíproca y la
intervención profesional en su total ámbito.
Art. 38. El despacho colectivo tendrá un solo domicilio dentro del territorio
del Colegio, con sede independiente de cualquier otra actividad.
TITULO III
CAPITULO UNICO
Derechos y deberes de los Abogados
SECCION PRIMERA
De carácter general
Art. 39. El deber fundamental del Abogado, como participe en la función pública
de la Administración de Justicia, es cooperar a ella defendiendo en derecho los
intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses
puede justificar la desviación del fin supremo de justicia a que la Abogacía se
halla vinculada.
La defensa jurídica es una obligación profesional tanto para la Abogacía, como
para los Abogados, que se cumplirá ajustándose a normas deontológicas.
El Abogado sólo podrá rehusar su intervención en turno de oficio por causa
justificada.
Art 40. Son también deberes del Abogado:
a) Cumplir lo dispuesto en estos Estatutos, así como las decisiones de los
Colegios, del Consejo General y de la Asamblea de Decanos.
b) Residir y mantener estudio profesional en el lugar donde habitualmente ejerza
su profesión.
No obstante, podrá ejercerse la profesión en lugar distinto del de residencia,
previo cumplimiento de los correspondientes requisitos legales e incorporación
al Colegio respectivo, con designación de domicilio.
c) Comunicar al Colegio los cambios de domicilio, traslados de vecindad y
ausencias que hayan de prolongarse por más de dos meses consecutivos.
Art. 41. 1. El Abogado tiene el deber y el derecho de guardar secreto
profesional.
El secreto profesional constituye al Abogado en la obligación y en el derecho de
no revelar ningún hecho ni dar a conocer ningún documento que afecten a su
cliente, de los que hubiera tenido noticia por el mismo en razón del ejercicio
profesional.
2. En el caso de que el Decano de un Colegio o quien estatutariamente le
sustituya fuere avisado por la Autoridad judicial, o en su caso gubernativa,
competente de la práctica de un registro en el despacho profesional de un
Abogado, deberá personarse en dicho despacho y asistir a las diligencias que en
el mismo se practiquen velando por la salvaguarda del secreto profesional.
Art. 42. El Abogado, en cumplimiento de su misión, actuará con toda libertad e
independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la Ley y por las
normas de la moral y deontológicas.
Art 43. El deber de defensa jurídica que a los Abogados se confía es también un
derecho para los mismos.
En consecuencia, podrán reclamar tanto de las Autoridades, como de los
particulares todas las medidas de ayuda en su función que les sean legalmente
debidas.
Art. 44. El Abogado tiene derecho a todas las consideraciones honoríficas
debidas a su profesión y tradicionalmente reconocidas.
Art. 45. 1. Para la protección de los derechos, los Abogados podrán hacer uso de
cuantos remedios o recursos establece la vigente legislación, sujetándose al
régimen jurídico presente para cada uno de ellos.
2. Si el Letrado entendiere que no se le guarda el respeto debido por el Fiscal,
compañero contradictor u otra persona, podrá intervenir haciéndoselo presente al
Juez o Tribunal para que por éste se ponga el remedio adecuado.
SECCION SEGUNDA
En relación con el Colegio y con los demás colegiados
Art. 46. Son deberes del Abogado:
a) Estar al corriente en el pago de sus cuotas colegiales y soportar todas las
contribuciones económicas de carácter fiscal, corporativo o de cualquier otra
índole a que la profesión se halle sujeta, levantando las cargas comunes en la
forma y tiempo que legal o estatutariamente se fije cualquiera que sea su
naturaleza.
A tales efectos, se considerarán cargas corporativas todas las impuestas por el
Colegio cualquiera que sea su clase, así como también las del Consejo General y
Mutualidad General de Previsión de la Abogacía.
b) Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento,
así como los casos de ejercicio ilegal, tanto por no colegiación como por
hallarse suspendido o inhabilitado el denunciado.
c) Guardar, respecto a los compañeros de profesión, las obligaciones que se
deriven del espíritu de hermandad que entre ellos debe existir, evitando
competencias ilícitas y cumpliendo los deberes corporativos.
d) Denunciar al Colegio a que pertenezca, o por el que esté habilitado para una
actuación concreta, los agravios que surjan en el ejercicio profesional, o los
que presencie que afecten a cualquier otro colegiado.
Art. 47. Son derechos de los Abogados:
a) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer el derecho de
petición, el de voto y el de acceso a los puestos y cargos directivos.
El voto de los colegiados ejercientes tendrá doble valor que el de los no
ejercientes.
b) Aquellos otros que le confieran los Estatutos de cada Colegio.
c) Recabar y obtener del Colegio y, en su caso, del Consejo General, la
protección de su lícita libertad de actuación.
SECCION TERCERA
En relación con los Tribunales
Art. 48. Son obligaciones del Abogado para con los órganos jurisdiccionales, la
probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o
manifestaciones y el respeto en cuanto a la forma de su intervención.
Art. 49. Los Abogados comparecerán ante los Tribunales con traje, corbata y
zapatos negros, camisa blanca y vistiendo toga y, potestativamente, birrete, sin
distintivos de ninguna clase.
En la apertura de Tribunales, tomas de posesión, recepciones y demás actos
oficiales solemnes, así como ante cualquier Tribunal o Autoridad en que haya de
hacer valer su condición el Decano llevará vuelillos en su toga, si le
correspondiere, así como la medalla con el emblema del Colegio, que también
podrán ostentar los demás miembros de la Junta de Gobierno.
Los Abogados no estarán obligados a descubrirse más que a la entrada y salida de
las Salas a que concurran para las vistas y en el momento de tomar la venia para
informar.
Art. 50. 1. Los Abogados informarán sentados ante los Tribunales de cualquier
jurisdicción, teniendo delante de sí una mesa.
Los asientos se colocarán dentro del estrado, al mismo nivel en que se hallen
instalados los del Tribunal ante quien informan, situándolos a ambos lados de la
mesa que el Tribunal ocupe, de modo que no den la espalda al público.
2. El Letrado actuante podrá designar un compañero en ejercicio que le auxilie o
sustituya en el acto de la vista o juicio en cualquier otra diligencia judicial.
3. Los Abogados que se hallen procesados o encartados y se defiendan a sí mismos
o colaboren con su defensor usarán el traje profesional y ocuparán el sitio
establecido para los Letrados.
Art. 51. En los Tribunales se designará un sitio, separado del público, con las
mismas condiciones del señalado para los Abogados actuantes, a fin de que puedan
ocuparlo los demás Letrados que, vistiendo el traje profesional, quieran
presenciar los juicios y vistas públicas.
Art. 52. Si el Abogado actuante considerase que la Autoridad, Tribunal o Juzgado
coartase la independencia y libertad necesaria para cumplir sus deberes
profesionales, o que no se le guardase la consideración debida al prestigio de
su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio Juzgado o Tribunal y dar
cuenta a la Junta de Gobierno. Dicha Junta, si estima fundada la queja, remitirá
los antecedentes de lo actuado al Consejo General de la Abogacía, para que este
Organismo adopte los acuerdos precisos al debido amparo del prestigio de la
profesión.
SECCION CUARTA
En relación con las partes
Art. 53. Son obligaciones del Abogado para con la parte por él defendida, además
de las que se deriven de la relación contractual que entre ellos existe, la del
cumplimiento, con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional, de la misión de defensa que le sea encomendada.
En el desempeño de esta función se atendrá el Abogado a las exigencias técnicas,
deontológicas y morales adecuadas a la tutela jurídica de cada asunto.
Art. 54. El Abogado realizará diligentemente las actividades que le imponga la
defensa del asunto confiado. Podrá auxiliarse en la practica de tales
actividades de sus colaboradores u otros compañeros.
Art. 55. Son obligaciones del Abogado para con la parte contraria la abstención
de cualquier acto u omisión que determine una lesión injusta y el trato
considerado y cortés en cada caso.
SECCION QUINTA
En relación a honorarios profesionales
Art. 56. 1. El Abogado tiene derecho a una compensación económica por los
servicios prestados.
Esta compensación podrá asumir la forma de retribución periódica en caso de
desempeño permanente de la función. Queda expresamente prohibido el pacto de
cuota litis.
La retribución económica de los Abogados se fijará en concepto de honorarios,
sin estar, por tanto, sometida a arancel.
Los Colegios de Abogados y el Consejo General podrán publicar normas
orientadoras.
2. La Junta podrá adoptar medidas, incluso disciplinarias, contra los Letrados
que habitual o temerariamente impugnen las minutas de sus compañeros.
SECCION SEXTA
En relación al turno de oficio
Art. 57. 1. La Abogacía asume la obligación de defender de oficio a los que lo
solicitaren, acreditando haber obtenido o al menos promovido la concesión del
beneficio de pobreza, así como también para solicitar este beneficio.
2. En la jurisdicción penal los Abogados vendrán, además obligados a la defensa,
si el interesado solicita el nombramiento de oficio o no designa Abogado.
Asimismo, vendrán obligados los Letrados a prestar el servicio de asistencia a
detenidos en los términos establecidos en la Ley y en las normas a que se
refiere el párrafo siguiente.
3. Los Abogados incluidos en los turnos de oficio tendrán que atenerse a las
normas que para ello señalen los respectivos Colegios y su infracción dará lugar
a expediente disciplinario, si así lo estima la Junta de Gobierno dada la
entidad de la falta.
Art. 58. 1. La defensa en turno de oficio de los declarados pobres no conferirá
a la parte obligación de satisfacer honorarios al Abogado que la ejercite, salvo
en los supuestos autorizados por la Ley.
2. En los casos de no declaración de pobreza y en el turno de oficio de no
insolventes en la jurisdicción penal, el Letrado tendrá derecho a cobrar sus
honorarios desde el momento en que realice alguna actuación profesional.
3. Para las causas graves habrá un turno especial entre los Letrados que lleven
más de cinco años en ejercicio de la profesión.
Se reputarán causas graves aquellas en que la petición de pena fuera superior a
seis años.
Art 59. La defensa profesional de oficio y la de asistencia al detenido no podrá
excusarse sino por causa justificada, que apreciará la Junta de Gobierno.
Art. 60. 1. Corresponde a la Junta de Gobierno dictar las reglas para el
repartimiento del turno de oficio, así como del de asistencia al detenido.
2. Ninguna otra autoridad podrá efectuar estos nombramientos, sea cualquiera la
jurisdicción de que se trate, salvo en los supuestos contemplados por la Ley.
TITULO IV
De los Organos de Gobierno de los Colegios.
Estructuras y funciones
CAPITULO PRIMERO
De la Junta de Gobierno
SECCION PRIMERA
De su composición y funciones
Art. 61. 1. El Gobierno de los Colegios se establece sobre la base de una amplia
autonomía con sujeción a lo dispuesto en el artículo 2., apartado tercero.
2. Cada Colegio de Abogados será regido por una Junta de Gobierno que estará
constituida por un Decano, un Tesorero, un Bibliotecario-Contador, un Secretario
y el número de Vocales, que se designarán con el nombre de Diputados, que los
Estatutos del mismo determinen, en número no inferior a dos podrá, asimismo,
desdoblarse el cargo de Bibliotecario-Contador por un Bibliotecario y un
Contador.
En todo caso el número de Diputados no excederá de doce; pudiendo
alternativamente optar los Colegios por tener un Diputado por cada trescientos y
fracción final de colegiados ejercientes y residentes, sin que obste que el
número total rebase el máximo antes consignado.
Art. 62. Son atribuciones de la Junta de Gobierno:
A) Con relación al ejercicio profesional:
1. Someter a referéndum, por sufragio secreto, asuntos concretos de interés
colegial.
2. Resolver sobre la admisión de los Licenciados o Doctores en Derecho que
soliciten incorporarse al Colegio, pudiendo delegar esta facultad en el Decano,
para casos de urgencia, que serán sometidos a la ratificación de aquélla.
3. Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a los
Tribunales, a sus compañeros, a sus clientes, y en el desempeño de su función
desplieguen competencia profesional.
4. Impedir el ejercicio de la profesión a quienes, siendo colegiados o no, la
ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias al orden legal establecido.
5. Perseguir a los infractores de lo regulado en el número anterior, así como a
las personas, naturales o jurídicas, que faciliten dicho irregular ejercicio
profesional, ejercitando frente a éstas cuantas acciones jurisdiccionales fuesen
necesarias o convenientes.
6. Adoptar los acuerdos que estime procedentes en cuanto a la cantidad que deba
satisfacer cada colegiado por derechos de incorporación.
7. Determinar las cuotas que deben pagar los colegiados ejercientes. y las de
los no ejercientes, para sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.
8. Acordar, si lo estima necesario, la imposición de cuotas extraordinarias a
sus colegiados, con aprobación de la Junta General.
9. Recaudar el importe de las cuotas y de las pólizas establecidas para el
sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo General y de la Mutualidad
General de Previsión de la Abogacía.
10. Regular los honorarios de los Abogados en los casos previstos por estos
Estatutos, e informar cuando los Tribunales pidan su dictamen con sujeción a lo
dispuesto en las Leyes.
11. Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno.
12. Convocar Juntas ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del día
para cada una.
13. Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados.
14. Dictar los Reglamentos de orden interior que juzgue convenientes, cuyos
Reglamentos para su vigencia, precisarán la aprobación de la Junta general.
15. Nombrar las Comisiones o Secciones de colegiados que fueren necesarias al
estudio de las materias que puedan interesar a los fines de la Corporación y a
la defensa y promoción de la Abogacía.
16. Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de
dignidad y prestigio que corresponden al Abogado, proveyendo lo necesario al
amparo de aquéllas.
17. Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones puedan
afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural, de
las que la Junta de Gobierno tenga noticias en el ejercicio de su función o en
el de alguno de sus miembros o representantes de ellos.
B) Con relación a los Tribunales de Justicia:
Fomentar y estrechar las relaciones de respetuosa cordialidad entre el Colegio y
sus colegiados y la Magistratura.
C) Con relación a los Organismos oficiales:
1. Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los colegiados en el
desempeño de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas.
2. Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere
beneficioso para el interés común y para la recta y pronta administración de
justicia.
3. Informar de palabra o por escrito, en nombre del Colegio en cuantos proyectos
o iniciativas de las Cortes, del Gobierno u otros Organismos lo requieran.
D) Con relación a los recursos económicos del Colegio:
1. Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio.
2. Redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales.
3. Proponer a la Junta General la inversión o disposición del patrimonio
colegial, si se tratare de inmuebles.
Art. 63. La Junta de Gobierno queda facultada para emitir consultas y dictámenes, así como para dictar arbitrajes y laudos.
Art. 64. 1. La Junta de Gobierno se reunirá ordinariamente una vez al menos cada
mes, sin perjuicio de poderlo hacer con mayor frecuencia cuando la importancia
de los asuntos lo requieran, o lo solicite una cuarta parte de los vocales.
La convocatoria para las reuniones se hará por la Secretaria, previo mandato del
Decano, con tres días de antelación, por lo menos. Se formularán por escrito e
irán acompañadas de; orden del día correspondiente. Fuera de éste no podrán
tratarse otros asuntos, salvo ls que el Decano considere de urgencia. Los
acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. El Decano tendrá
voto de calidad.
2. La Junta podrá crear las comisiones que estime convenientes que deberán en
todo caso ser presididas por el Decano o miembro de la Junta en quien el mismo
delegue.
La Junta podrá acordar la delegación de la firma del Secretario en cuestiones no
sustancia)es, bien en otro componente de la Junta o en funcionario, Letrado no
ejerciente, del personal del Colegio.
En los Estatutos particulares se podrán establecer otras delegaciones de firma
que se estimen pertinentes, salvo lo previsto en el número 3 del artículo 125.
3. Las Agrupaciones de Abogados Jóvenes donde estén constituidas o se
constituyan actuaran subordinadas a las Juntas de Gobierno, a las que
corresponde autorizar sus Estatutos o las modificaciones de los mismos. Las
actuaciones o comunicaciones destinadas a trascender fuera del Colegio pasarán a
través de las Juntas de Gobierno, que decidirán previamente sobre su pertinencia.
Art. 65. 1. No podrán formar parte de las Juntas de Gobierno:
a) Los colegiados que hayan sido condenados por sentencia firme, que lleve
aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos.
b) Los colegiados a quienes se haya impuesto sanción disciplinaria, ya sea en el
Colegio donde pretende acceder a cargos directivos, o en cualquier otro donde
estuvieren, o hubieren estado dados de alta.
2. En el caso de sanciones disciplinarias impuestas por Tribunal, Juzgados y
órganos que no sean Colegios de Abogados, la Junta de Gobierno, con total
libertad de criterio. decidirá si constituyen o no impedimento para el acceso a
los cargos directivos.
Art. 66. El Decano impedirá, bajo su responsabilidad, que entre a desempeñar un
cargo en la Junta de Gobierno o que continúe desempeñándolo el colegiado en
quien no concurran los requisitos estatutarios.
Art. 67. Corresponderá al Decano la representación oficial del Colegio en todas
las relaciones del mismo con los poderes públicos, Entidades, Corporaciones y
personalidades de cualquier orden; ejercerá las funciones de vigilancia y
corrección que los Estatutos reservan a su autoridad; presidirá las Juntas de
Gobierno y las generales y todas las comisiones y comités especiales a que
asista, dirigiendo las discusiones con voto de calidad en caso de empate.
Expedirá, además, los libramientos para la inversión de los fondos del Colegio y
propondrá los Abogados que deban formar parte de los Tribunales de oposición,
entre los que reúnan las circunstancias necesarias al efecto.
Designará los turnos de oficio, cuya función podrá delegar en el Secretario de
la Junta de Gobierno.
Además de todas estas atenciones, se esforzará principalmente en mantener con
todos los compañeros una relación asidua de protección y consejo, procurando que
su celo constituya una alta tutela moral que ampare a los débiles y desatendidos, asesore a los inexpertos, encauce a los extraviados y corrija a los contumaces,
de tal suerte que su rectitud, su severidad y su afecto sea ejemplo para todos y
encarnación de la dignidad sustancial en quienes realicen funciones de justicia.
Art 68. El Diputado primero o Vicedecano llevará a cabo todas aquellas funciones
que le confiera el Decano, asumiendo las de éste en caso de ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante.
En su defecto se seguirá el orden del artículo 72, párrafo segundo.
Art. 69. Corresponden al Secretario las funciones siguientes:
1. Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio,
según las instrucciones que reciba del Decano y con la anticipación debida.
2. Redactar las actas de las Juntas generales y las que celebre la Junta de
Gobierno.
3. Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio, debiendo
exigir obligatoriamente aquél en el que se anoten las correcciones que se
impongan a los colegiados, así como el libro registro de títulos.
4. Recibir y dar cuenta al Decano de todas las solicitudes y comunicaciones que
se remitan al Colegio.
5. Expedir con el visto bueno del Decano las certificaciones que se soliciten
por los interesados.
6. Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la Jefatura de Personal.
7. Llevar un registro en el que, por orden alfabético de los apellidos de los
colegiados, se consigne el historial de los mismos dentro del Colegio.
8. Revisar cada año las listas de los Abogados del Colegio, expresando su antigü
edad y domicilio.
9. Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.
Art. 70. Corresponderá al Tesorero:
1. Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.
2. Pagar los libramientos que expida el Decano.
3. Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y
gastos y marcha del presupuesto; y formalizar anualmente las cuentas del
ejercicio económico vencido.
4. Redactar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno haya de presentar
a la aprobación de la Junta general.
5. Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias, conjuntamente con el
Decano.
6. Llevar inventario minucioso de los bienes del Colegio, de los que será
administrador.
7. Controlar la contabilidad y verificar la Caja.
8. Cobrar los intereses y rentas del capital del Colegio.
Art. 71. El Bibliotecario-Contador tendrá las obligaciones siguientes:
1. Cuidar la Biblioteca.
2. Formar y llevar catálogos de obras.
3. Proponer la adquisición de las que considere procedentes a los fines
corporativos.
4. Intervenir las operaciones de Tesorería.
En el caso de que los Estatutos prevean el nombramiento de un Bibliotecario y un
Contador corresponden al Bibliotecario las funciones previstas en los apartados
1, 2 y 3, y al Contador la prevista en el apartado 4.
Art. 72. Los Diputados actuarán como vocales de las Juntas, desempeñando las
funciones de éstas que los Estatutos y las leyes les encomienden.
Sus cargos estarán numerados, a fin de sustituir por Orden de categoría al
Decano en caso de enfermedad, ausencia o vacante.
Cuando por cualquier motivo, vacara, definitiva o temporalmente, el cargo de
Secretario, Tesorero o Bibliotecario-Contador, serán sustituidos por Diputados,
empezando por el último salvo regulación distinta por el Estatuto de cada
Colegio.
SECCION SEGUNDA
De la elección
Art. 73. Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección en la que
podrán participar todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, con
arreglo al procedimiento que en estos Estatutos se consigna.
Art. 74. El Decano y los demás cargos de la Junta de Gobierno se proveerán entre
Colegiados ejercientes de nacionalidad española, residentes en la demarcación
del Colegio y que posean la condición de elector. Serán elegidos por tiempo de
cinco años y podrán ser reelegidos.
Para el Decano del Colegio, cualquiera que fuese el censo colegial, no serán
necesarios otros requisitos especiales.
Para los demás cargos, y en función del número de colegiados residentes dentro
de la demarcación de cada Colegio se exigirán los siguientes años mínimos de
ejercicio profesional.
Colegios con censo de más de doscientos residentes:
Para Diputados 1., 2. y 3., diez años.
Para Secretario, cinco años.
Para los restantes miembros de la Junta, dos años.
Colegios cuyo censo de residentes no exceda de doscientos:
Para Diputado 1., diez años.
Para los restantes miembros de la Junta dos años.
El Consejo General, a petición razonada y objetiva de las Juntas de Gobierno de
Colegios de menos de cincuenta colegiados residentes, podrá en casos concretos
rebajar las antigüedades consignadas.
Art. 75. 1. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno será por
votación directa y secreta de los colegiados, estándose en cuanto al cómputo del
valor de los votos a lo establecido en el artículo 47, a), 2.
2. Los Colegios en sus Estatutos podrán regular el voto por correo. En este caso
se garantizara la autenticidad y el secreto del voto.
Art. 76. 1. La elección para cargos vacantes de la Junta de Gobierno tendrá
lugar en la segunda Junta general ordinaria del Colegio, la que se celebrará
cualquier día del último trimestre de cada año.
2. Tendrán derecho de sufragio activo los colegiados en ejercicio, a partir de
los dos meses siguientes a su incorporación al Colegio y los Letrados no
ejercientes que lleven al menos un año inscritos.
3. La convocatoria de las elecciones se hará por la Junta de Gobierno, como
punto del orden del día de la Junta general ordinaria antes referida.
La Junta de Gobierno podrá convocar las elecciones como acto separado de dicha
Junta.
Art. 77. 1. Cuando por cualquier causa la totalidad de los cargos de la Junta de
Gobierno de un Colegio queden vacantes, el Consejo General designará una Junta
provisional que convocará, en el plazo de treinta días, elecciones para la
provisión de Los cargos vacantes. Estas elecciones deberán celebrarse dentro de
los treinta días siguientes, contados a partir de la convocatoria.
Si quedasen vacantes la mayoría de los cargos de la Junta de Gobierno, el
Consejo General la completará, en forma también provisional actuándose para su
provisión definitiva en la misma forma antes consignada.
2. En el caso previsto en el párrafo primero del apartado anterior, la mitad de
los elegidos, que se concretarán por sorteo, ostentarán el mandato recibido por
un período de tres años, efectuándose la renovación de la otra mitad y las
sucesivas del modo que se previene con carácter general en esta sección.
Art. 78. 1. Los trámites a seguir hasta la celebración del acto electoral serán
los siguientes:
1. La convocatoria se anunciará con treinta días de antelación como mínimo a la
fecha de celebración de la elección.
2. Dentro de los cinco días, siguientes a la fecha de la convocatoria, por
Secretaría se cumplimentarán los siguientes particulares:
A) Se insertará en el tablón de anuncios la convocatoria electoral, en la que
deberán constar los siguientes extremos:
a) Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos tanto de antigüedad
como de situación colegial exigidos para poder aspirar a cada uno de ellos.
b) Día y hora de celebración de la Junta y hora a la que se cerrarán las urnas
para comienzo del escrutinio, según lo dispuesto sobre el particular en el
presente Estatuto.
B) Asimismo, se expondrán en el tablón de anuncios del Colegio las listas
separadas de colegiados ejercientes y no ejercientes con derecho a voto.
3. Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio con, al
menos, quince días de antelación a la fecha señalada para el acto electoral.
Dichas candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos, o individuales para
cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios
candidatos.
Ningún colegiado podrá presentarse candidato a más de un cargo.
2. a) Los colegiados que quisieren formular reclamación contra las listas de
electores habrán de verificarla dentro del plazo de cinco días siguientes a la
exposición de las mismas.
b) La Junta de Gobierno caso de haber reclamaciones contra las listas, resolverá
sobre ellas dentro de los tres días siguientes a la expiración del plazo para
formularlas; notificándose su resolución a cada reclamante dentro de los dos
días siguientes.
3. La Junta de Gobierno, al siguiente día de la finalización del plazo de
presentación de candidaturas proclamará candidatos a quienes reúnan los
requisitos legales exigibles, considerando electos a los que no tengan oponentes.
Seguidamente lo publicará en el tablón de anuncios y lo comunicará a los
interesados; sin perjuicio de que los Colegios puedan remitir también
comunicaciones individuales a sus miembros.
4. Todos los plazos señalados en este artículo y en el precedente, se computarán
por días naturales.
Art. 79. 1. Para la celebración de la elección y tras el cumplimiento de los
párrafos primero y segundo del orden del día, se constituirá la Mesa electoral a
los fines establecidos en el punto tercero del mismo orden. Esta Mesa quedará
integrada por el Decano, como Presidente, o por un miembro de la Junta que le
sustituya en dicho acto auxiliado, como mínimo, por dos miembros más de la
propia Junta, como vocales; actuando el más moderno de éstos como Secretario, de
no formar el titular parte de la Mesa.
Cada candidato podrá, por su parte, designar entre los colegiados uno o varios
interventores que lo represente en las operaciones de la elección.
2. En la Mesa electoral deberá haber urnas separadas para el depósito de los
votos de los colegiados ejercientes y no ejercientes. Las urnas deberán estar
cerradas, dejando únicamente una ranura para depositar los votos.
3. Constituida la Mesa electoral, el Presidente indicará el comienzo de la
votación y, a la hora prevista para su finalización, se cerrarán las puertas y
sólo podrán votar los colegiados que ya estuvieren en la sala. La Mesa votará en
ultimo lugar.
4. La elección tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de cuatro horas y
máximo de seis, salvo que la Junta al convocar la elección señale un plazo mayor.
5. Las papeletas de voto deberán ser blancas, del mismo tamaño, que cada
Colegio deberá editar, debiendo llevar impresos por una sola cara,
correlativamente, los cargos a cuya elección se procede.
6. Los candidatos podrán por su parte confeccionar papeletas las que deberán ser
exactamente iguales a las editadas por la Junta.
En la sede en que se celebre la elección deberá disponer la Junta de suficiente
número de papeletas con los nombres de los candidatos en blanco.
Art. 80. Los votantes deberán acreditar a la Mesa electoral su personalidad. La
Mesa comprobará su inclusión en el censo elaborado para las elecciones; su
Presidente pronunciará en voz alta el nombre y apellidos del votante indicando
que vota, tras lo cual el propio Presidente introducirá la papeleta doblada en
la urna correspondiente.
Art. 81. 1. Finalizada la votación se procederá al escrutinio, leyéndose en voz
alta todas las papeletas.
2. Deberán ser declarados nulos totalmente aquellos votos que contengan
expresiones ajenas al estricto contenido de la votación o que contengan
tachaduras o raspaduras; y, parcialmente, en cuanto al cargo a que afectare, las
que indiquen más de un candidato para un mismo cargo, o nombres de personas que
no concurran a la elección.
Aquellas papeletas que se hallen solo parcialmente rellenadas en cuanto al
número de candidatos, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez,
lo serán para los cargos y personas correctamente expresados.
3. Finalizado el escrutinio, la Presidencia anunciará su resultado;
proclamándose seguidamente electos los candidatos que hubieren obtenido para
cada cargo el mayor número de votos.
En caso de empate se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el
propio Colegio.
4. En el plazo de cinco días desde la constitución de los órganos de gobierno,
deberá comunicarse ésta al Consejo General y, a través de éste, al Ministerio de
Justicia, participando su composición y el cumplimiento de los requisitos
legales.
SECCION TERCERA
De los ceses
Art. 82. Los miembros de la Junta de Gobierno de los Colegios de Abogados
cesarán por las causas siguientes:
a) Falta de concurrencia de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.
b) Expiración del término o plazo para el que fueren elegidos o designados.
c) Renuncia del interesado.
d) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco
alternas en el término de un año.
e) Aprobación de moción de censura, según lo regulado en el siguiente capítulo
CAPITULO II
De las Juntas generales ordinarias y extraordinarias
Art. 83. Todos los colegiados podrán asistir con voz y voto, salvo las
excepciones que en estos Estatutos se determinan, a las Juntas generales
ordinarias y extraordinarias que se celebren.
Art 84. 1. Las Juntas generales deberán convocarse con antelación mínima de
quince días, salvo los casos de urgencia en que a juicio del Decano deba el
plazo reducirse.
Dicha convocatoria se insertará en el tablón de anuncios del Colegio, con
señalamiento del orden del día.
2. Sin perjuicio de lo anterior, se citará también a los colegiados por
comunicación escrita en la que igualmente se insertará el orden del día, y cuya
citación podrá hacerse por el Decano o Secretario indistintamente; citación
personal que, en caso de convocatoria urgente, podrá ser sustituida por
publicación de la misma en los medios locales de comunicación.
3. En la Secretaría del Colegio durante las horas de despacho, estarán a
disposición de los colegiados lo antecedentes de los asuntos a deliberar en la
Junta convocada.
Art. 85. 1. En la segunda quincena de mes de enero será celebrada la primera
Junta general ordinaria de cada año, precisamente con arreglo al siguiente orden
del día:
1) Reseña que hará el Decano de los acontecimientos más importantes que durante
el año hayan tenido lugar, con relación al Colegio.
2) Lectura discusión y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del
año anterior.
3) Lectura discusión y votación de los dictámenes y proposiciones que se
consignen en la convocatoria.
4) Ruegos y preguntas.
5) Toma de posesión, en su caso, de sus cargos respectivos, por los miembros de
la Junta de Gobierno elegidos, cesando aquellos a quienes corresponda salir.
2. El Consejo General, a petición razonada, podrá autorizar a los Colegios la
celebración anticipada, dentro del mismo mes, de esta primera Junta.
3. Treinta días antes de la celebración de la Junta general ordinaria del mes de
enero los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a la
deliberación y acuerdo del Colegio, y que serán incluidas por la Junta de
Gobierno en la sección del orden del día denominada .
Dichas proposiciones deberán aparecer suscritas por un número de colegiados no
inferior al 7 por 100 del total del censo, con un mínimo en cualquier caso de
diez.
Al darse lectura de estas proposiciones, la Junta General acordará si procede o
no abrir la discusión sobre ellas.
Art. 86. La segunda Junta general ordinaria de cada año se celebrará en el
último trimestre, con arreglo al siguiente orden del día: 1. Lectura y
aprobación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el año
siguiente.
2. Elección para cargos vacantes de la Junta de Gobierno, cuando proceda.
Los que fueren designados en esta elección, para sustituir a aquellos que no
hubieren agotado el término de su mandato. ocuparán los cargos durante el tiempo
legal que faltase a los sustituidos, pero podrán ser reelegidos en la renovación
ordinaria de cargos.
Art. 87. 1. Las Juntas generales extraordinarias se celebrarán a iniciativa del
Decano, de la Junta de Gobierno o a solicitud del 10 por 100 de los colegiados
ejercientes, con expresión de los asuntos concretos que hayan de tratarse en
ellas.
2. Si lo que se pretendiese fuere un voto de censura contra la Junta o alguno de
sus miembros la petición deberá ser suscrita al menos por el 20 por 100 de los
Letrados ejercientes, expresando con claridad las razones en que se funde.
3. La Junta habrá de celebrarse en el plazo de treinta días naturales contados
desde el acuerdo del Decano o de la Junta de Gobierno, en el primer caso, o
después de la presentación de la solicitud, en el segundo, y nunca podrán ser
tratados en la misma más asuntos que los expresados en la convocatoria.
4. Sólo por resolución motivada y en el caso de que la proposición sea ajena a
los fines atribuidos a la Corporación, podrá denegarse la celebración de Junta
extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los
peticionarios
Art. 88. 1. Las Juntas generales se celebrarán en el día y hora
señalados, cualquiera que sea el número de colegiados concurrentes a ellas,
salvo en los casos en que se exija un quórum de asistencia determinado. Sus
acuerdos se tomarán por mayoría de votos emitidos, salvo en los casos en que se
exija por este Estatuto quórum especial. En ningún caso el voto será delegable.
2. Dichos acuerdos serán obligatorios para todos los colegiados, sin perjuicio
de lo que se establece en el artículo 97.
Art. 89. Las Juntas generales extraordinarias serán competentes para proponer la
aprobación o modificación de los Estatutos del Colegio respectivo, autorizar a
la Junta de Gobierno la enajenación de bienes inmuebles de la Corporación,
aprobar o censurar la actuación de la Junta de Gobierno o de sus miembros;
formular peticiones a los poderes públicos conforme a las Leyes y formular
cualquier otro tipo de proposición dentro del marco de la legalidad vigente.
Art. 90. 1. Presidirá la Junta el Decano o quien estatutariamente le sustituya.
2. Los acuerdos serán adoptados por votación secreta cuando así lo solicite el
10 por 100 de los colegiados asistentes. En cualquier caso, será secreto el voto
cuando afecte a cuestiones relativas al decoro de los colegiados.
3. No obstante, los Estatutos de cada Colegio podrán establecer las normas que
consideren más convenientes para el sistema de votación en las Juntas generales.
No se podrán adoptar acuerdos sobre asuntos no comprendidos en el orden del día.
Art. 91. 1. La moción de censura solo podrá plantearse en Junta general
extraordinaria convocada al efecto con los requisitos especiales exigidos en el
artículo 87. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno del censo de
colegiados ejercientes.
2. Existiendo este quórum, para que prospere será necesario el voto favorable,
directo y personal, de la mitad mas uno del censo de los colegiados ejercientes.
3. En esta clase de Juntas no será admisible el voto por correo.
Art. 92. Para la modificación de Estatutos se exigirá un acuerdo de Junta
general extraordinaria y en el caso de que la Junta que lo acuerde no reúna un
quórum de asistencia mínimo del 50 por 100 de colegiados ejercientes, el tema
deberá ser tratado en otra Junta, también de carácter extraordinario, que podrá
adoptar acuerdo por mayoría simple y sin exigencia de quórum especial de
asistencia.
CAPITULO III
Intercolegiación
Art. 93. Los distintos Colegios de Abogados pertenecientes a un mismo territorio
jurisdiccional, sin perjuicio de sus propias competencias y personalidad y de
las del Consejo General, podrán crear vínculos de intercolegiación y mutua
colaboración.
CAPITULO IV
De la ejecución de los acuerdos y libros de actas
Art. 94. Tanto los acuerdos de la Junta general como de la Junta de Gobierno
serán inmediatamente ejecutivos, salvo acuerdo motivado en contrario por la
propia Junta.
Art. 95. En cada Colegio se llevarán obligatoriamente dos libros de actas, donde
se transcribirán separadamente las correspondientes a la Junta general y a la
Junta de Gobierno.
Dichas actas deberán ser firmadas por el Decano o por quien en sus funciones
hubiere presidido la Junta y por el Secretario o quien hubiere desempeñado
funciones de tal en ella.
TITULO V
CAPITULO UNICO
Del régimen jurídico de los actos y de su impugnación
Art. 96. 1. Los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno podrán ser objeto de
recurso ante el Consejo General, dentro del plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente a aquel en que se hubiesen adoptado o, en su
caso, notificado, a los colegiados o personas a quienes afecten.
2. El recurso será presentado ante la Junta de Gobierno que dictó el acuerdo, el
cual deberá elevarse, con sus antecedentes e informe que proceda, al Consejo
General, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación.
El Consejo General, previos los informes que estime pertinentes, deberá dictar
resolución expresa dentro de los dos meses siguientes.
3. Aquellos acuerdos que afectaren a situaciones personales deberán ser
notificados a los interesados.
4. Al plantearse el recurso el recurrente podrá solicitar y la Mesa del Consejo
podrá discrecionalmente acordar, si no lo hubiera hecho la Junta de Gobierno, la
suspensión de la ejecución del acuerdo recurrido.
Art. 97. 1. Los acuerdos de las Juntas generales serán recurribles por la Junta
de Gobierno, o por cualquier colegiado a quien afecte personalmente, ante el
Consejo General, en el plazo de quince días desde su adopción.
2. Si la Junta de Gobierno entendiese que dicho acuerdo es gravemente
perjudicial para los intereses del Colegio o contrario al ordenamiento jurídico,
podrá, al tiempo de formular el recurso previsto en el párrafo anterior,
suspender inmediatamente la ejecución de aquél.
Art. 98. 1. Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en
que se den algunos de los siguientes supuestos:
Los manifiestamente contrarios a la Ley, los adoptados con notoria incompetencia; aquellos cuyo contenido sea imposible o sea constitutivo de delito; los
dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para
la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
2. La Junta de Gobierno deberá en todo caso suspender y formular recurso contra
los actos nulos de pleno derecho.
Art. 99. Los actos emanados de las Juntas de los Colegios y del Consejo General,
en cuanto estén sujetos al Derecho administrativo, una vez agotados los recursos
corporativos, serán directamente recurribles ante la Jurisdicción
contencioso-administrativa.
TITULO VI
Del régimen de responsabilidad de los Colegios
CAPITULO UNICO
De las responsabilidades de los colegiados
SECCION PRIMERA
Responsabilidad penal
Art. 100. Los Abogados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y
faltas que cometan en el ejercicio de su profesión.
Art. 101. 1. Por los Colegios de Abogados o, en su caso, por el Consejo General,
se ejercitarán las acciones legales que fueren procedentes por presuntos delitos
de intrusismo.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de estimular la
adopción de cualquier otra medida legal, gubernativa o corporativa que tienda a
combatir el intrusismo profesional, el cual será reprimido en todas sus formas,
ya se haga directamente o por intermedio de Abogado, bien proceda de una persona
natural o jurídica.
SECCION SEGUNDA
Responsabilidad civil
Art. 102. Los Abogados en su ejercicio profesional están sujetos a
responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya
defensa les ha sido confiada.
Art. 103. La responsabilidad civil a que se refiere el artículo anterior, cuando
no vaya unida a la criminal que sea objeto de acción Interpuesta por el
Ministerio Fiscal o por querellante particular, sólo podrá ser reclamada por el
perjudicado o por quienes le sucedan o sustituyan, según las normas generales
del Derecho privado.
Art. 104. La reclamación de la responsabilidad civil se ajustará a las
disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. salvo el caso de que se exija
en unión de la penal por razón de delito o falta.
Art. 105. La responsabilidad civil consistirá en la indemnización, a cargo del
Abogado, de los daños y perjuicios causados.
Art. 106. El Abogado que reciba el encargo de promover actuaciones de cualquier
clase contra otro sobre responsabilidades relacionadas con el ejercicio
profesional, deberá acudir previamente al Decano del Colegio por si el mismo
considera oportuno realizar una labor de mediación.
SECCION TERCERA
Responsabilidad disciplinaria
Subsección primera.- Facultades disciplinarias de los Tribunales y Colegios
Art. 107. Los Abogados están además sujetos a responsabilidad disciplinaria en
el caso de infracción de sus deberes profesionales.
Art. 108. 1. Las facultades disciplinarias de la Autoridad judicial sobre los
Abogados se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes procesales.
2. Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los Tribunales al
Abogado, se harán constar en el expediente personal de éste, salvo en el caso de
que la Junta de Gobierno no lo estime procedente.
3. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el
expediente personal del colegiado.
Art 109. El Decano y la Junta de Gobierno son competentes para el ejercicio de
la jurisdicción disciplinaria, ateniendose a las siguientes normas:
1. Se extenderá a la sanción de infracción de deberes profesionales o normas
éticas de conducta en cuanto afecten a la profesión.
2. Se declarará previa la formación del expediente seguido por los trámites que
se especifiquen en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario; salvo por las
faltas leves.
3. Comprenderá como correcciones las siguientes:
a) Apercibimiento por escrito.
b) Reprensión privada.
c) Suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a dos años.
d) Expulsión del Colegio.
Art. 110. 1. El acuerdo de suspensión por más de seis meses o expulsión, deberá
ser tomado exclusivamente por la Junta de Gobierno, mediante votación secreta y
con la conformidad de las dos terceras partes de los miembros componentes de
aquélla.
2. A esta sesión están obligados a asistir todos los componentes de la Junta. El
que, sin causa justificada, no concurriese, dejará de pertenecer al órgano
rector del Colegio, sin que pueda ser de nuevo nombrado Vocal de la Junta en la
elección en que se cubra su vacante.
Art. 111. Si el acuerdo se refiere a alguno de los miembros de la Junta,
conocerá del expediente el Consejo General de la Abogacía.
Subsección segunda.- De las faltas y sanciones
Art. 112. Las faltas que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se
clasifican en muy graves, graves y leves.
Art. 113. Faltas muy graves.- Son faltas muy graves:
a) La infracción de las prohibiciones contenidas en el párrafo 2. del artículo
28 y artículo 29 del presente Estatuto.
b) La prestación de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos
especificados en el artículo 32. y cualquier otra infracción que en los
presentes Estatutos tuvieren la calificación de falta muy grave.
c) Los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la
profesión o a las reglas éticas que la gobiernan.
d) El atentado contra la dignidad y honor de las personas que constituyen la
Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, y contra los
demás compañeros con ocasión del ejercicio profesional.
e) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación como
consecuencia del ejercicio de la profesión.
f) La embriaguez o toxicomanía habitual que afecte gravemente al ejercicio de la
profesión.
g) La realización de actividades. constitución de asociaciones o pertenencia a
éstas cuando tengan como fines o realicen funciones que sean propias de los
Colegios o los interfieran en algún modo.
h) La reiteración en falta grave.
i) El intrusismo profesional y su encubrimiento.
j) Cuando sobre el colegiado recayere condena en sentencia firme por hecho
gravemente afrentoso.
k) La comisión de infracciones que por su número o gravedad resulten moralmente
incompatibles con el ejercicio de la Abogacía.
Art. 114. Faltas graves.- Son faltas graves:
a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos
adoptados por el Consejo General o por el Colegio, salvo que constituya falta de
superior entidad.
b) La falta de respeto, por acción y omisión, a los componentes de la Junta de
Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.
c) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio
de la actividad profesional.
d) La competencia desleal.
e) Los actos y omisiones descritos en los apartados a), b), c), y d) del
artículo anterior, cuando no tuvieran entidad suficiente para ser considerados
como muy graves.
f) La embriaguez con ocasión del ejercicio profesional.
Art. 115. Faltas leves.- Son faltas leves:
a) La falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno en el ejercicio de
sus funciones, cuando no constituya falta muy grave o grave.
b) La negligencia en el cumplimiento de normas estatutarias.
c) Las infracciones leves de los deberes que la profesión impone.
d) Los actos enumerados en el artículo anterior, cuando no tuviesen entidad
suficiente para ser considerados como graves.
Art. 116. Sanciones.- Las sanciones que pueden imponerse son.
1. Por faltas muy graves:
a) Para las de los apartados b), c), d), e), f), g), h) e i), del artículo 113,
suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo superior a tres meses sin
exceder de dos años.
b) Para las de los apartados a), j) y k) expulsión del Colegio.
2. Por faltas graves: Suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no
superior a tres meses.
3. Por faltas leves:
a) Apercibimiento por escrito.
b) Reprensión privada.
Art. 117. Las faltas leves se sancionarán por la Junta de Gobierno y, en su
nombre, por el Decano del Colegio, sin necesidad de previo expediente y tras la
audiencia o descargo del inculpado.
Art. 118. 1. Las faltas graves y muy graves se sancionarán por la Junta de
Gobierno tras la apertura de expediente disciplinario, tramitado conforme al
Reglamento de Procedimiento Disciplinario.
En defecto de dicho Reglamento se estará a lo dispuesto en las normas de
procedimiento sancionador contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo.
2. La Junta de Gobierno y el Decano podrán delegar sus facultades de instrucción
de expediente disciplinario y de propuesta de resolución en órgano que se pueda
crear a tal fin. El acuerdo de imposición de sanción corresponderá en todo caso
a la Junta de Gobierno.
Art. 119. Las Juntas de Gobierno respectivas de los Colegios remitirán al
Consejo General de la Abogacía testimonio de sus acuerdos de condena en los
expedientes sobre responsabilidad disciplinaria de los Abogados, por faltas
graves o muy graves.
Art. 120. Las sanciones llevarán consigo el efecto correspondiente a cada
corrección; su imposición se notificará por la Secretaria y contra la misma se
podrá recurrir en la forma y con los efectos previstos en el artículo 96.
Art. 121. Las faltas determinantes de sanción disciplinaria corporativa
prescribirán, si son leves, a los tres meses; si graves, al año; y si son muy
graves, a los dos años, de los hechos que las motivaran.
Art. 122. 1. Los sancionados podrán pedir su rehabilitación, con la consiguiente
cancelación de la nota de su expediente personal, en los siguientes plazos,
contados desde el cumplimiento de la sanción:
a) Si fuere por falta leve, a los seis meses.
b) Si fuere por falta grave, a los dos años.
c) Si lo hubiere sido por falta muy grave, a los cuatro años.
d) Si hubiere consistido en expulsión, el plazo será de cinco años.
2. La rehabilitación se solicitará a la Junta de Gobierno del Colegio que la
acordó. En el caso de expulsión deberán aportarse pruebas de la rectificación de
conducta, que serán apreciadas ponderadamente por los que hayan de juzgar en el
ámbito corporativo, en cualquiera de sus trámites.
3. Los trámites de la rehabilitación se llevarán a cabo de la propia manera que
para el enjuiciamiento y sanción de las faltas y con iguales recursos.
4. Las respectivas Juntas de Gobierno remitirán al Consejo General de la
Abogacía testimonio de sus resoluciones en los expedientes de rehabilitación de
que conozcan.
TITULO VII
De los recursos económicos de los Colegios
CAPITULO PRIMERO
Clase de recursos
SECCION PRIMERA
Recursos ordinarios
Art. 123. Constituyen recursos ordinarios de los Colegios de Abogados:
a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes o derechos
que integran el patrimonio del Colegio.
b) Los derechos de incorporación al Colegio.
c) Los derechos por los informes que evacúe la Junta y en las regulaciones de
honorarios tanto judiciales como extrajudiciales y por los dictámenes o
resoluciones que se le soliciten.
d) El importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias, derramas y pólizas
colegiales, establecidas por cada Colegio.
e) Los derechos por bastanteos de poderes, por aceptación de defensa de causas
criminales, por intervención profesional en asuntos donde no hubiese bastanteos
de poder y en jurisdicciones donde no sea preceptiva la intervención del
Procurador.
f) La participación que al Colegio corresponda en las ventas de pólizas
sustitutivas del papel profesional de la Mutualidad General de Previsión de la
Abogacía, para sus fines específicos.
g) Los derechos por expedición de certificaciones.
h) Cualquier otro concepto que Legalmente procediere.
SECCION SEGUNDA
Recursos extraordinarios
Art. 124. Constituirán los recursos extraordinarios del Colegio de Abogados:
a) Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por el Estado o
Corporaciones oficiales, Entidades o particulares.
b) Los bienes muebles de toda clase que por herencia o por otro título pasen a
formar parte del patrimonio del Colegio.
c) Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio
cuando administre en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, cultural
o benéfico, determinados bienes o rentas.
d) Cualquier otro que legalmente procediere.
CAPITULO II
De la custodia, inversión y administración
SECCION PRIMERA
De la custodia e inversión
Art. 125. 1. El capital del Colegio se invertirá preferentemente en valores de
toda garantía salvo que, en casos especiales, a juicio de la Junta de Gobierno
se acordare su inversión en inmuebles o en otros bienes.
2. Los valores se depositarán en la Entidad que la Junta de Gobierno acuerde y
los resguardos del depósito se custodiarán en la Caja del Colegio, bajo la
personal e inmediata responsabilidad del Tesorero.
3. Los Colegios no podrán delegar en otra persona que no sea el Tesorero la
administración y cobros de sus fuentes de ingresos.
SECCION SEGUNDA
De la administración del patrimonio del Colegio
Art. 126. El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno.
El Decano ejercitará las funciones de ordenador de pagos, cuyas órdenes serán
ejecutadas por el Tesorero e intervenidas por el Contador.
Art. 127. 1. Los colegiados en número superior al 5 por 100 del censo, podrán
formular petición concreta y precisa sobre cualquier dato relativo al ejercicio
económico.
2. Las cuentas del Colegio podrán ser examinadas en el período que medie entre
la convocatoria y cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la celebración
de la primera Junta general ordinaria de enero.
TITULO VIII
CAPITULO UNICO
De los empleados del Colegio
Art. 128. La Junta de Gobierno procederá a la designación de los empleados
administrativos auxiliares y subalternos necesarios Jara la buena marcha de la
Corporación.
TITULO IX
CAPITULO UNICO
Del Consejo General de la Abogacía y de la Asamblea de señores Decanos
Art. 129. 1. El Consejo General de la Abogacía Española es el órgano
representativo, coordinador y ejecutivo superior de los ilustres Colegios de
Abogados de España y tiene a todos los efectos la condición de Corporación de
derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
2. El Consejo General se regirá por la Ley y sus normas especificas.
3. El Presidente del Consejo General tendrá la consideración honorífica y
tratamiento de Presidente de Sala del Tribunal Supremo de Justicia.
Art 130. 1. La Asamblea de Decanos de todos los Colegios de España es el supremo
órgano rector de la Abogacía.
Serán también miembros de la Asamblea los Consejeros generales aun cuando no
sean Decanos.
2. La Asamblea se reunirá cuando sea convocada por iniciativa del Consejo
General o a petición del 20 por 100 de los Decanos. Necesariamente celebrará
sesión, al menos, una vez al año.
3. El orden del día de las reuniones deberá ser fijado por el Consejo General y
comunicado con veinte días de antelación. como mínimo. Dicho temario será
adicionado con las proposiciones que envíen los Decanos, dentro de los plazos
que el Consejo señale al hacer la convocatoria.
Art. 131. El Consejo General podrá convocar Congresos Nacionales por propio
acuerdo; y deberá hacerlo por excitación de la Asamblea de Decanos, con acuerdo
adoptado por la mayoría absoluta de sus componentes.
DISPOSICION TRANSITORIA
Unica.- Las situaciones creadas y los derechos adquiridos con arreglo al régimen
anteriormente en vigor serán respetados.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- El presente Estatuto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado>.
Segunda.- Las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados, que aplicarán las
presentes normas desde su publicación, deberán adaptar sus correspondientes
Estatutos a las mismas, en el plazo de seis meses, y una vez aprobados por Junta
general serán remitidos para su sanción al Consejo General de la Abogacía
Española.
Tercera.- Lo estatuido en los anteriores preceptos se entiende sin perjuicio de
lo que sobre esta materia, de acuerdo con la Constitución y los respectivos
Estatutos de Autonomía, establecieren legítimamente los órganos de las
comunidades autónomas, con referencia a lo dispuesto en las leyes generales del
Estado allí aplicables y a las válidamente emanadas de sus órganos autonómicos
legislativos en las materias de su respectiva competencia.