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Ficha de esta disposición

Título :
REAL DECRETO 1769/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de las clases pasivas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
1769/1994
Boletín Oficial :
BOE 198/1994
Fecha Disposición :
05/08/1994
Fecha Publicación :
19/08/1994
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pretende,
entre otros fines, consolidar las garantías de los ciudadanos en sus relaciones
con la Administración, impulsar la colaboración entre las distintas
Administraciones Públicas, así como unificar y agilizar la diversidad de
procedimientos administrativos existentes, introduciendo destacadas reformas en
los principios que deben inspirar los mismos.
A tal fin la disposición adicional tercera de la mencionada Ley, según la
redacción dada por el Real Decreto-ley 14/1993, de 4 de agosto, establece que,
reglamentariamente, en el plazo de dieciocho meses a partir de su entrada en
vigor, se lleve a efecto la adecuación a la misma de las normas reguladoras de
los distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con
específica mención de los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de
resolución expresa produzca.
El presente Real Decreto, en consecuencia, tiene por objeto adaptar a la citada
Ley 30/1992 las normas reguladoras de los procedimientos de reconocimiento de
derechos pasivos y los de abono de las prestaciones que son de la competencia de
las Direcciones Generales de Costes de Personal y Pensiones Públicas y del
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, así como de
las Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda.
En primer lugar, habida cuenta de las peculiaridades existentes en el ámbito de
Clases Pasivas y dado que existen procedimientos distintos para el
reconocimiento de derechos y para su posterior liquidación e inclusión en nómina, ha sido preciso regular plazos de resolución independientes para cada uno de
ellos.
Se establece, asimismo, que los efectos de la falta de resolución expresa,
respecto de los procedimientos de Clases Pasivas sean estimatorios, si bien
tales efectos habrán de entenderse desestimatorios en determinados supuestos,
impidiendo así la posibilidad de que pueda producirse el reconocimiento de
derechos cuando no se reúnan los requisitos exigidos para ello.
Por último, en virtud de la regulación del sistema de recursos administrativos
que se ha producido en la Ley 30/1992, y dada la subsistencia de la vía
económico-administrativa en materia de Clases Pasivas, ha sido necesario
suprimir el recurso de alzada previsto en el artículo 14.3.a) del Texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
legislativo 670/1987, de 30 de abril.
En consecuencia, quedaría una única vía de recurso previa a la
contencioso-administrativa, tanto contra las resoluciones de las Direcciones
Generales de Costes de Personal y Pensiones Públicas y del Tesoro y Política
Financiera en materia de Clases Pasivas que sean de su competencia, como contra
los acuerdos en dicha materia de las Delegaciones Provinciales de Economía y
Hacienda.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, con la
aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 5 de agosto de 1994,
D I S P O N G O :
Artículo 1. Ambito de aplicación.
Las disposiciones de este Real Decreto serán de aplicación a los procedimientos
seguidos en materia de pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado,
cualquiera que sea su legislación reguladora, así como a los referidos a las
pensiones causadas al amparo de la normativa especial dictada para paliar los
efectos derivados de la pasada guerra civil 1936-1939 y, en general, a los de
gestión de las prestaciones cuya competencia tiene atribuida la Dirección
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y las Delegaciones
Provinciales de Economía y Hacienda.
Lo establecido en materia de recursos en el presente Real Decreto será,
igualmente, de aplicación a los acuerdos de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera relativos al pago material de las prestaciones abonadas con
cargo a créditos de Clases Pasivas.
Artículo 2. Plazo para resolver.
1. El plazo máximo de resolución de las solicitudes formuladas por los
interesados será de cuatro meses para los procedimientos de reconocimiento,
rehabilitación y acumulación de derechos pasivos, computándose el mismo a partir
del día en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros
del órgano administrativo competente.
No obstante lo anterior, cuando para resolver una solicitud sea requisito
previo inexcusable la realización de otro procedimiento que corresponda a un
órgano administrativo distinto del competente para resolver aquélla, el plazo
máximo de resolución será de ocho meses.
2. Asimismo, en los procedimientos de liquidación y alta en nómina el plazo
máximo para resolver será de cuatro meses a partir del momento en que la
solicitud de cobro presentada por el interesado haya tenido entrada en
cualquiera de los registros del órgano administrativo competente.
Artículo 3. Ampliación de plazos.
1. Los plazos máximos para resolver establecidos en el precepto anterior podrán
ampliarse conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
.
2. La ampliación prevista en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, para los
supuestos en que el número de solicitudes formuladas impidan razonablemente el
cumplimiento de los plazos previstos, será acordada por:
a) El Director general de Costes de Personal y Pensiones Públicas respecto de
los procedimientos cuya resolución corresponda a las Delegaciones Provinciales
de Economía y Hacienda.
b) El Secretario general de Planificación y Presupuestos del Ministerio de
Economía y Hacienda en los procedimientos que tengan que resolverse por la
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
La resolución por la que se acuerde esta ampliación deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado>.
3. Cuando en un procedimiento singular se considere conveniente la ampliación
de los plazos establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 49.1 de la
citada Ley, aquélla se acordará por el órgano competente para resolver el
procedimiento. En este caso será suficiente la comunicación al interesado.
Artículo 4. Actos presuntos.
1. Podrán entenderse estimadas, cuando no recaiga resolución expresa en los
plazos establecidos al efecto en el presente Real Decreto, las solicitudes
formuladas por los interesados en las siguientes materias:
a) Reconocimiento de complementos económicos de pensión.
b) Procedimientos de alta en nómina y pago de derechos pasivos reconocidos.
c) Procedimientos de acumulación de importes de pensión.
d) Procedimientos de rehabilitación en el percibo de pensiones suspendidas por
causa de incompatibilidad o de incomparecencia, bien al cobro o al requerimiento
de la Administración en los términos legalmente establecidos.
e) Reconocimiento de derechos pasivos, excepto en los siguientes supuestos, en
los que los actos presuntos podrán entenderse desestimatorios: pensiones
ordinarias de jubilación en favor del personal que hubiera perdido la condición
de funcionario, pensiones extraordinarias de jubilación, solicitudes de revisión
de derechos pasivos, pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo
reguladas en el Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, pensiones
familiares de Clases Pasivas, pensiones causadas al amparo de la legislación
especial derivada de la pasada guerra civil 1936-1939 e indemnizaciones
reguladas en la disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de
junio.
2. Para la eficacia de las resoluciones presuntas a que se refiere este
precepto se requiere la certificación prevista en el artículo 44 de la Ley
30/1992, emitida, en el ámbito de sus respectivas competencias, por el Director
general de Costes de Personal y Pensiones Públicas y los Delegados provinciales
de Economía y Hacienda, salvo que durante el transcurso del plazo de veinte días, señalado para la emisión de dicha certificación, se dicte resolución expresa de
acuerdo con la normativa reguladora de Clases Pasivas, en cuyo caso sus efectos
no quedarán condicionados a los atribuidos a las resoluciones presuntas.
Artículo 5. Recursos administrativos.
1. Las resoluciones expresas o presuntas de las Direcciones Generales de Costes
de Personal y Pensiones Públicas y del Tesoro y Política Financiera en materia
de Clases Pasivas que sean de su competencia serán recurribles por los
interesados ante el Tribunal Económico Administrativo Central, con carácter
previo a la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo.
2. Las resoluciones expresas o presuntas de las Delegaciones Provinciales de
Economía y Hacienda en materia de rehabilitación o acumulación de derechos
pasivos, de liquidación y alta en nómina, así como de pago material y
revalorización de las prestaciones de Clases Pasivas, serán recurribles por los
interesados ante el Tribunal Económico Administrativo Regional o Local
territorialmente competente, con carácter previo a la interposición del
correspondiente recurso contencioso-administrativo.
3. Los actos reclamables en vía económico-administrativa serán susceptibles de
ser impugnados previamente en reposición ante el mismo órgano que dictó el acto,
conforme al Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre.
4. Lo regulado en los apartados anteriores no será de aplicación a las
resoluciones, expresas o presuntas, de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas, relativas a prestaciones de Clases Pasivas
susceptibles de ser impugnadas mediante recurso ordinario ante el Ministro de
Economía y Hacienda, que se regirán por las disposiciones de la Ley 30/1992, en
materia de recursos.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los procedimientos.
1. A los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación de este Real
Decreto, iniciados antes de su entrada en vigor, no les será de aplicación lo
dispuesto en el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.
2. A las resoluciones de los procedimientos incluidos en el ámbito de
aplicación de este Real Decreto, adoptadas con posterioridad a su entrada en
vigor, se les aplicará el régimen de recursos establecido en el mismo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones, cualquiera que sea su rango, en
lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposición final primera. Habilitación para disposiciones de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias en orden a la aplicación y desarrollo de lo
dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el .
Dado en Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1994.
Juan Carlos Rey de España
El Ministro de Economía y Hacienda,
PEDRO SOLBES MIRA