Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
REAL DECRETO 1547/1982, de 9 de julio, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 34/1980 de reforma del Procedimiento Tributario
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
1547/1982
Boletín Oficial :
BOE 169/1982
Fecha Disposición :
09/07/1982
Fecha Publicación :
16/07/1982
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE HACIENDA
El artículo primero de la Ley treinta y cuatro/mil novecientos ochenta, de veintiuno de junio, de Reforma del Procedimiento Tributario, establece que
las funciones y competencias atribuidas actualmente a los Jurados Tributarios y
Juntas Arbitrales de Aduanas, que se suprimen, se asignan a los Tribunales
Económico-Administrativos y a los Organos gestores de la Administración
Tributaria. A su vez, el artículo segundo previene que los Tribunales
Económico-Administrativos, al conocer de las reclamaciones contra actos dictados
por la Administración, resolverán tanto sobre las cuestiones de hecho como sobre
las de derecho, y el artículo tercero precisa que las funciones que desempeñaban
los Jurados Tributarios distintas de las atribuidas por aquél a los Tribunales
Económico-Administrativos, se encomiendan a los Organos gestores de la
Administración Tributaria, en la forma en que reglamentariamente se determine.
Para hacer efectivo el mandato legislativo, es necesaria una reglamentación
adecuada, capaz de resolver las diversas hipótesis a que la supresión de los
Jurados pueda dar lugar, a cuyo efecto la disposición final de la Ley citada
determina que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda, en el ámbito de sus
respectivas competencias dictarán las disposiciones reglamentarias para la
ejecución de la misma. Se han tenido en cuenta criterios temporales, regulando
en el articulado las cuestiones relacionadas con los impuestos vigentes y en las
disposiciones transitorias, situaciones de duración limitada tanto por impuestos
vigentes como por los extinguidos.
Se contemplan especialmente las innovaciones relativas al régimen de estimación
indirecta de bases imponibles reguladas en el artículo cuarto dos de la Ley
treinta y cuatro/mil novecientos ochenta y desarrolladas en parte por el
artículo ciento veinticuatro del Real Decreto mil novecientos noventa y
nueve/mil novecientos ochenta y uno, de veinte de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, y
por los artículos octavo y noveno del Real Decreto cuatrocientos doce/mil
novecientos ochenta y dos, de doce de febrero, sobre régimen de determinadas
liquidaciones tributarias, para aquellos casos en que la Administración se vea
imposibilitada para conocer los datos necesarios que permitan la estimación de
la base imponible en régimen de estimación directa y objetiva singular.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros de nueve de
julio de mil novecientos ochenta y dos, dispongo:
CAPITULO PRIMERO
Normas generales
Artículo primero.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley treinta y
cuatro/mil novecientos ochenta, de veintiuno de junio, de Reforma del
Procedimiento Tributario, las funciones y competencias atribuidas a los Jurados
Tributarios a la fecha de su entrada en vigor que no supongan el conocimiento y
resolución de reclamaciones contra los actos dictados en vía de gestión por la
Administración Tributaria, se asignan a los Organos gestores de esta última en
los términos previstos en la citada Ley y que desarrolla la presente norma.
Artículo segundo.- Dichos Organos gestores, en el ejercicio de las competencias
y funciones que tienen atribuidas, dictarán los actos administrativos
procedentes, resolviendo cuantas cuestiones de hecho o de derecho ofrezcan los
expedientes, conforme al procedimiento en cada caso establecido para ello.
Artículo tercero.- En los supuestos de aplicación del régimen de estimación
indirecta de bases se estará a lo previsto en los artículos cuarto a diecinueve
siguientes.
CAPITULO II
Aplicación del régimen de estimación indirecta de bases o rendimientos
Artículo cuarto.- El régimen de estimación indirecta de bases imponibles o
rendimientos, a que se refiere el artículo cuatro punto dos de la Ley treinta y
cuatro/mil novecientos ochenta, será subsidiario de los de estimación directa y
estimación objetiva singular, y se aplicará cuando a la Administración le
resulte imposible conocer los datos necesarios para la determinación de dichas
bases o rendimientos, por alguna de las siguientes causas:
a) Que el sujeto pasivo haya incumplido sustancialmente sus obligaciones
contables.
b) Que el sujeto pasivo no haya presentado sus declaraciones.
c) Que el sujeto pasivo ofrezca resistencia, excusa o negativa a la actuación
inspectora de comprobación o investigación.
Artículo quinto.- En particular se entenderá que existe incumplimiento
sustancial de las obligaciones contables cuando aplicando las técnicas y
criterios generalmente aceptados a la documentación facilitada por el
contribuyente, resulte imposible verificar la declaración o determinar con
exactitud las bases o rendimientos objeto de comprobación.
Artículo sexto.- El incumplimiento de la obligación de presentación de
declaraciones sólo dará lugar a la aplicación del régimen de estimación
indirecta, cuando el sujeto pasivo no atendiere en plazo el requerimiento que le
hubiese sido formulado por la Administración para subsanarlo.
CAPITULO III
Procedimiento en la estimación indirecta de bases o rendimientos
Artículo séptimo.- Cuando en relación con los tributos cuya gestión está
atribuida a la Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes o a la Sección
de Patrimonio del Estado de las Delegaciones de Hacienda, se dé alguno de los
supuestos previstos en el artículo cuarto, el Inspector actuario propondrá la
aplicación del régimen de estimación indirecta, en informe razonado, al que se
acompañarán las diligencias y toda la documentación de la que resulte que se han
practicado las actuaciones normalmente necesarias para la fijación de la base o
rendimiento por el régimen en cada caso aplicable, sin posibilidad de conocer
los datos necesarios para ello.
Artículo octavo.- El Inspector actuario formulará simultáneamente, pero en
documento independiente, informe razonado por el que se cifrarán las bases o
rendimientos que resulten por aplicación de cualquiera de los medios previstos
en el artículo dieciséis, y la propuesta de regularización de la situación
tributaria del contribuyente, con la debida separación por hechos imponibles y
períodos impositivos, y determinación concreta de las bases imponibles o
rendimientos, tipos, cuotas, recargos, intereses de demora y sanciones cuando
fueren del caso.
Artículo noveno.- Los antecedentes a que se refiere el artículo anterior serán
remitidos, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la
formalización de la última diligencia extendida, al Inspector Jefe. En dicha
diligencia o en comunicación debidamente notificada, se advertirá al interesado
de su derecho a conocer y alegar dentro de los quince días siguientes a los diez
señalados, lo que estime conveniente a su derecho, en orden a la procedencia o
improcedencia de la aplicación del régimen, de estimación indirecta. Dentro de
los quince días siguientes a la fecha en que se formulen las alegaciones y
pruebas o, si no se formularen, a la fecha en que finalice el plazo concedido
para ello, el Inspector Jefe, a propuesta motivada de la Oficina Técnica de
Inspección, elevará al Delegado de Hacienda las actuaciones para que resuelva
sobre la procedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta.
Artículo diez.- Respecto a los tributos cuya gestión no esté atribuida a la
Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes o a la Sección del Patrimonio
del Estado de las Delegaciones de Hacienda, corresponderá al Organo territorial
competente para la práctica de las liquidaciones la propuesta al Delegado de
Hacienda dentro de los plazos anteriormente señalados, del acuerdo motivado
sobre la procedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta.
Artículo once.- Los acuerdos del Delegado de Hacienda serán impugnables en vía
económico-administrativa, sin perjuicio del recurso de reposición.
CAPITULO IV
Liquidaciones cautelares
Artículo doce.- Si el acto administrativo declarativo de la procedencia de
aplicación del régimen de estimación indirecta fuese impugnado se practicará de
oficio, con carácter provisional, liquidación cautelar en la forma regulada por
el artículo ciento veinticuatro punto dos del Real Decreto mil novecientos
noventa y nueve/mil novecientos ochenta y uno, de veinte de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones
Económico-Administrativas.
Artículo trece.- De no existir bases declaradas por el propio sujeto pasivo, o
reconocidas por él en sus manifestaciones, documentos o escritos, ni
liquidaciones definitivas en los ejercicios económicos anteriores no prescritos,
la liquidación cautelar se practicará sobre el cincuenta por ciento de la base
propuesta por el Inspector actuario en el informe mencionado en el artículo
octavo anterior. En los tributos de tarifa progresiva la liquidación cautelar se
cifrará en el cincuenta por ciento de la cuota líquida resultante de aplicar a
la base imponible propuesta por la Inspección los tipos y deducciones que según
la Ley del tributo determinan la deuda tributaria.
Artículo catorce.- La liquidación cautelar será notificada reglamentariamente de
acuerdo con lo previsto en el artículo ciento veinticuatro de la Ley General
Tributaria.
CAPITULO V
Fijación de bases o rendimientos y regularización de la situación tributaria
Artículo quince.- Firme el acto a que se refiere el artículo noveno, la Oficina
Técnica de la Inspección pondrá de manifiesto al interesado el expediente por
plazo de diez días. Durante el indicado plazo el sujeto pasivo podrá alegar y
probar cuanto estime conveniente a su derecho tanto en orden a la cuantía de las
bases o rendimientos como a la regularización de la situación tributaria.
A la vista de la documentación que integra el expediente y de las alegaciones,
si las hubo, la Oficina Técnica de la Inspección propondrá en unidad de acto,
dentro de los quince días siguientes a la finalización del plazo para
alegaciones, la base imponible o rendimiento neto y la liquidación tributaria,
si procediere, en la que se deducirá la liquidación cautelar practicada.
Artículo dieciséis.- La base imponible se podrá fijar por cualquiera de los
siguientes medios:
a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles y que sean relevantes a tal
efecto.
b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de
los bienes y las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos
que sean normales en el respectivo sector económico atendidas las dimensiones de
las unidades productivas familiares, a comparar en términos tributarios.
c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos
contribuyentes, según los datos o antecedentes que se posean de supuestos
similares o equivalentes.
d) Mediante la aplicación de las presunciones previstas en el artículo ciento
dieciocho punto dos de la Ley General Tributaria.
Artículo diecisiete.- La base o rendimiento y la liquidación tributaria si
procediere, propuesta por la Oficina Técnica de la Inspección, serán elevadas al
Inspector Jefe para su aprobación, en el plazo de diez días siguientes a su
recepción. El correspondiente acto administrativo se notificará
reglamentariamente al interesado.
Artículo dieciocho.- Tratándose de tributos cuya gestión no esté atribuida a la
Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes o a la Sección de Patrimonio
del Estado de las Delegaciones de Hacienda, el Organo gestor territorial
competente por razón del tributo dictará acto administrativo de fijación de la
base imponible y liquidación tributaria, siguiendo el procedimiento señalado en
los artículos anteriores.
CAPITULO VI
Impugnaciones
Artículo diecinueve.- Tanto las bases o rendimientos como las liquidaciones
podrán ser impugnadas conforme al régimen general de reclamaciones. Los órganos
llamados a resolverlas se pronunciarán, cuando proceda, simultáneamente sobre
ambos extremos, sin que las reclamaciones presentadas puedan extenderse a la
revisión de las circunstancias que determinen la aplicación del régimen.
CAPITULO VII
Atribución de competencias de los extinguidos Jurados Tributarios a Organos de
gestión por impuestos vigentes
Artículo veinte.- Corresponderán a las Direcciones Generales competentes las
siguientes funciones atribuidas a los Jurados Tributarios en la fecha de
promulgación de la Ley treinta y cuatro/mil novecientos ochenta:
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria
Controversias sobre el carácter independiente de la ganadería (texto refundido
aprobado por Decreto de veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y seis,
artículo quince punto tres).
Renta de Aduanas
Discrepancias que se produzcan en expedientes tramitados por la Dirección
General de Aduanas e Impuestos Especiales, en cuestiones de hecho a efectos de
fijación de ajustes en materia de valor en Aduana (texto refundido aprobado por
Real Decreto de dieciocho de febrero de mil novecientos setenta y siete,
artículo diez).
Discrepancias en expedientes tramitados por la Dirección General de Aduanas e
Impuestos Especiales sobre los precios declarados a la exportación (texto
refundido, artículo treinta y cuatro).
Artículo veintiuno.- Las restantes funciones que en relación con la Contribución
Territorial Rústica y Renta de Aduanas estuviesen atribuidas a los Jurados en la
fecha de promulgación de la Ley treinta y cuatro/mil novecientos ochenta
respecto a supuestos de hecho distintos de los señalados en el capítulo II y en
el artículo anterior, que no comporten resolución de reclamaciones contra actos
dictados por Organos de gestión tributaria, se asignan a los Delegados de
Hacienda competentes por razón del territorio.
Artículo veintidós.- Asimismo corresponderán a los Delegados de Hacienda
competentes por razón del territorio, las funciones atribuidas a los Jurados
Tributarios en la fecha de promulgación de la Ley treinta y cuatro/mil
novecientos ochenta, respecto a supuestos de hecho distintos de los señalados en
el capítulo II del presente Real Decreto, que no comporten resolución de
reclamaciones contra actos dictados por Organos de gestión tributaria en
relación con las tasas fiscales y los siguientes impuestos: Contribución
Territorial Urbana, Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas
Físicas e Impuesto sobre las Sucesiones.
CAPITULO VIII
Impugnaciones
Artículo veintitrés.- Los acuerdos dictados en el ejercicio de las funciones a
que se refiere el capítulo anterior serán motivados y susceptibles de
impugnación, conforme al régimen general de reclamaciones de los actos de
gestión tributaria. Una vez que los mismos sean firmes se remitirán, con los
oportunos expedientes, a la Oficina Gestora u órgano competente, a fin de que se
practiquen las correspondientes liquidaciones tributarias o se dicten los actos
definitivos que pongan fin al procedimiento.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Atribución de competencias de los extinguidos Jurados Tributarios a
órganos de gestión por el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas e
Impuesto sobre el Lujo, en relación con hechos imponibles anteriores a la
entrada en vigor de la Ley seis/mil novecientos setenta y nueve, de veinticinco
de septiembre, sobre régimen transitorio de la imposición indirecta.
Corresponderán a la Dirección General de Tributos las siguientes funciones:
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas (texto refundido aprobado por
Decreto de veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y seis).
Uno. Distribución de bases y cuotas individuales en régimen de estimación
objetiva de ámbito nacional cuando, habiendo transcurrido el plazo y, en su caso, la prórroga para la recepción en forma de la relación de contribuyentes y
documentos complementarios, lo proponga el Director general de Tributos (Orden
de veintiocho de julio de mil novecientos setenta y dos por la que se regula el
régimen de Convenios Fiscales con Agrupaciones de Contribuyentes, artículo
quince punto seis).
Dos. Estimación subsidiaria de bases en materia de transportes (texto refundido,
artículo veintisiete, párrafo final).
Tres. Controversias sobre cuestiones de hecho en general relativas a beneficios
fiscales concedidos para fomento de la minería (Ley seis/mil novecientos setenta
y siete, de cuatro de enero, disposición final tercera, dos).
Cuatro. Discrepancias sobre cuestiones de hecho en general, relativas al régimen
tributario de las Empresas de arrendamiento financiero (Real Decreto-ley de
veinticinco de febrero de mil novecientos setenta y siete, artículo treinta).
Impuesto sobre el Lujo (texto refundido aprobado por Decreto de veintidós de
diciembre de mil novecientos sesenta y seis).
Distribución de bases y cuotas individuales en régimen de estimación objetiva de
ámbito nacional cuando, habiendo transcurrido el plazo y, en su caso, la
prórroga para la recepción en forma de la relación de contribuyentes y
documentos complementarios, lo proponga el Director general de Tributos (Orden
de veintiocho de julio de mil novecientos setenta y dos, por la que se regula el
régimen de Convenios Fiscales con Agrupaciones de Contribuyentes, artículo
quince punto seis).
Segunda.- Atribución de competencias de los extinguidos Jurados Tributarios a
Organos de gestión por Impuestos suprimidos.
Corresponderán a la Dirección General de Tributos las siguientes funciones
relativas a los Impuestos extinguidos que a continuación se relacionan:
Impuesto sobre los Rendimientos de Trabajo Personal (texto refundido aprobado
por Decreto de dos de marzo de mil novecientos sesenta y siete).
Uno. Discrepancias sobre interpretación de dudas que puedan plantearse sobre el
domicilio o residencia habitual de los contribuyentes o sus representantes
tributarios (artículo noventa y uno, cuarto).
Impuesto sobre las Rentas del Capital (texto refundido aprobado por Decreto de
veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y siete).
Uno. Determinación de la cuantía de las rentas provenientes de beneficios
obtenidos en Ceuta y Melilla, a efectos de la bonificación establecida en el
artículo veintiocho (artículo treinta y siete punto B).
Dos. Controversias derivadas de la deducción de gravámenes extranjeros a efectos
de la deducción de impuestos de naturaleza idéntica o análoga (artículo treinta
y ocho punto D) en relación con el treinta y cuatro punto dos).
Tres. Controversias sobre cuestiones de hecho en relación con los beneficios
fiscales concedidos para <Fomento de la Minería> (Ley seis/mil novecientos
setenta y siete, de cuatro de enero, disposición final tercera, punto dos).
Cuatro. Discrepancias sobre cuestiones de hecho en general, relativas a
inversiones intersocietarias, Empresas de arrendamiento financiero y sociedades
inmobiliarias protegidas (Real Decreto-ley quince/mil novecientos setenta y
siete, de veinticinco de febrero, artículo treinta).
Impuestos sobre actividades y Beneficios Comerciales e Industriales (texto
refundido aprobado por Decreto de veintinueve de diciembre de mil novecientos
sesenta y seis).
Uno. Competencias del Jurado Central Tributario (por asunción de funciones del
Jurado de Utilidades que no supongan resolución de reclamaciones contra actos
dictados por Organos de gestión tributaria), en evaluaciones globales de ámbito
nacional (Orden de once de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho, apartado
primero, norma primera).
Dos. Controversias sobre cuestiones de hecho en general, relativas a beneficios
fiscales concedidos por la Ley de Fomento de la Minería (Ley seis/mil
novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, disposición final, tercera).
Tres. Controversias sobre la bonificación del cincuenta por ciento otorgada para
el caso de actividades de producción de películas cinematográficas y de discos
gramofónicos (disposición transitoria tercera b) del texto refundido).
Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades jurídicas (texto
refundido aprobado por Decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos
sesenta y siete).
Uno. Controversias que sobre las siguientes cuestiones de hecho se planteen
entre la Administración y los contribuyentes (artículo sesenta y nueve):
a) Estimación de los gastos de dirección y los generales de administración,
racionalmente imputables a los establecimientos permanentes en España de las
entidades residentes en el extranjero.
b) Determinación de las partidas que impliquen transferencia de beneficios al
extranjero.
c) Fijación de los rendimientos relativos a operaciones realizadas en territorio
español que no cierren un ciclo mercantil completo.
d) Apreciación del ejercicio de funciones determinantes del poder de decisión de
una entidad sobre otra, a efectos de la calificación tributaria de matrices y
filiales.
e) Consideración sobre las circunstancias necesarias para la admisión como gasto
deducible de las cantidades e intereses exigidos por las empresas matrices
extranjeras a sus filiales españolas.
f) Deducción de los gravámenes extranjeros para evitar la doble imposición.
g) Funcionamiento en territorio nacional de entidades residentes en el
extranjero, como organización especial de ventas o centralización de pedidos.
h) Pérdida de la exención tributaria de las entidades dedicadas exclusivamente a
la adquisición o construcción de fincas urbanas para su explotación en forma de
arriendo.
Dos. Fijación en el importe de los rendimientos que correspondan a actividades o
negocios realizados efectiva y materialmente en Ceuta y Melilla, cuando las
entidades operen, además en otros territorios nacionales o extranjeros y
decisión, en cada caso, sobre si es aplicable el régimen de bonificaciones de
cuotas (artículo setenta b) del texto refundido).
Tres. Señalamiento en régimen transitorio de cifras relativas de negocios (
Decreto tres mil seiscientos sesenta y nueve/mil novecientos sesenta y cinco, de
nueve de diciembre, disposición transitoria).
Cuatro. Discrepancias sobre cuestiones de hecho en general, relativas a
inversiones intersocietarias, empresas de arrendamiento financiero y sociedades
inmobiliarias protegidas (Real Decreto-ley quince/mil novecientos setenta y
siete, de veinticinco de febrero, artículo treinta).
Cinco. Determinación subsidiaria de la base imponible consolidada de grupos de
sociedades (Real Decreto mil cuatrocientos catorce/mil novecientos setenta y
siete, de diecisiete de junio, artículo dieciocho punto uno).
Seis. Controversias sobre cuestiones de hecho en general, relativas a beneficios
fiscales concedidos por la Ley de Fomento de la Minería (Ley seis/mil
novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, disposición final tercera).
Siete. Fijación de coeficientes de capital y beneficios a efectos de
desgravación de las empresas españolas de energía eléctrica y productos
nitrogenados (Ley de quince de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco,
artículo tercero).
Ocho. Decisión de las discrepancias que se planteen entre la Administración y
los contribuyentes sobre cuestiones de hecho que se susciten en relación con la
naturaleza de los elementos que puedan ser objeto de las operaciones de
regularización (artículo quince punto a) del texto refundido de la Ley sobre
regularización de Balances, aprobado por Decreto mil novecientos ochenta y
cinco/mil novecientos sesenta y cuatro, de dos de julio).
Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas (texto refundido
aprobado por Decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y
siete).
Uno. Resolución de controversias que sobre las siguientes cuestiones de hecho se
planteen entre la Administración y los contribuyentes:
a) Fijación o variación del domicilio fiscal y apreciación de las circunstancias
que determinen la residencia habitual, a efectos de la obligación personal de
contribuir (artículo cuarenta y cuatro punto a)).
b) La no sujeción por obligación personal de los representantes extranjeros
acreditados en España, habida cuenta de la condición de reciprocidad
internacional y de la naturaleza de los impuestos extranjeros (artículo cuarenta
y cuatro punto b)).
c) Determinación, a efectos de la integración en la base imponible, de los
rendimientos que procedan de países extranjeros o territorios con regímenes
tributarios especiales, conforme a las normas reguladoras de los impuestos a
cuenta (artículo cuarenta y cuatro punto f)).
Dos. Apreciación de la periodicidad de las estancias en hoteles o
establecimientos análogos, así como la determinación de si las fiestas,
recepciones y otras manifestaciones suntuarias deben interpretarlas como tales
para fijar, en este caso, el gasto a estimar como valoración del signo externo (
artículo cuarenta y cinco punto d)).
Tres. Estimación de ingresos procedentes de trabajo personal de los
contribuyentes domiciliados en el extranjero por razón del cargo o empleo, al
servicio del Estado español, a instancias de los mismos (artículo cuarenta y
cinco punto f)en relación con el octavo punto dos)).
Tercera.- Otros supuestos de atribución de competencia de los extinguidos
Jurados Tributarios a Organos de gestión.
Las restantes funciones que en relación con el Impuesto sobre los Rendimientos
del Trabajo Personal, Impuesto sobre las Rentas del Capital; Impuesto sobre
Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales; Impuesto General sobre la
Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas; Impuesto General sobre la Renta
de las Personas Físicas; Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, e
Impuesto sobre el Lujo, estuviesen atribuidas a los Jurados en la fecha de
promulgación de la Ley treinta y cuatro/mil novecientos ochenta, de veintiuno de
junio respecto a supuestos de hecho distintos de los señalados en el capítulo II
y en las disposiciones transitorias anteriores, que no comporten resolución de
reclamaciones contra actos dictados por órganos de gestión tributaria, se
asignan a los Delegados de Hacienda competentes por razón del territorio.
Asimismo corresponderán a los Delegados de Hacienda competentes por razón del
territorio las funciones que en dicha fecha ejerciesen los Jurados Tributarios,
respecto a supuestos de hecho distintos de los señalados en el capítulo II, que
no comporten resolución de reclamaciones contra actos dictados por órganos de
gestión tributaria, por el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales (
texto refundido aprobado por Decreto de seis de abril de mil novecientos sesenta
y siete) y los Impuestos Especiales (texto refundido aprobado por Decreto de dos
de marzo de mil novecientos sesenta y siete).
Cuarta.- Impugnaciones.
Los acuerdos dictados en el ejercicio de las funciones a que se refieren las
disposiciones anteriores serán motivados y susceptibles de impugnación conforme
al régimen general de reclamaciones de los actos de gestión tributaria. Una vez
que los mismos sean firmes se remitirán, con los oportunos expedientes, a la
Oficina Gestora u Organo competente a fin de que se practiquen las
correspondientes liquidaciones tributarias o se dicten los actos definitivos que
pongan fin al procedimiento.
Quinta.- Declaraciones de competencia de Jurados que no hubieran ganado firmeza
en vía económico-administrativa.
Los Tribunales Económico-Administrativos que a la entrada en vigor de la
presente norma tuvieran pendientes recursos contra actos declaratorios de
competencia de Jurados, al resolver sobre dichas reclamaciones, y en el supuesto
de que conforme a la legislación vigente el día dieciséis de julio de mil
novecientos ochenta resultare procedente la competencia impugnada, determinarán
los órganos de gestión que, de acuerdo con el presente Real Decreto, han de
adoptar los acuerdos procedentes. Si la declaración de competencia impugnada
derivase de reclamación contra acto dictado en vía de gestión por la
Administración Tributaria, la resolución de la cuestión sometida en su día a los
Jurados corresponderá al propio Tribunal, salvo que por la cuantía o naturaleza
de la misma se hubieran de atribuir al Tribunal inferior.
Sexta.- Expedientes no resueltos por los Jurados en diecisiete de julio de mil
novecientos ochenta y uno.
Uno. Los expedientes que en diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y uno
pendieran en el Jurado Central Tributario serán resueltos por las Direcciones
Generales competentes por razón del tributo, salvo que por aplicación del Real
Decreto mil novecientos noventa y nueve/mil novecientos ochenta y uno, su
conocimiento y resolución corresponda a los Tribunales Económico-Administrativos.
Dos. Los expedientes pendientes de resolución en los Jurados Territoriales
Tributarios serán resueltos por los órganos gestores o Tribunales
Económico-Administrativos, según proceda, de acuerdo con lo establecido en los
capítulos III, V y VII y disposiciones transitorias primera, segunda y tercera
de este Real Decreto o Real Decreto mil novecientos noventa y nueve/mil
novecientos ochenta y uno.
Tres. Las Delegaciones de Hacienda de la provincia en que tuvieren su sede los
Jurados Territoriales se harán cargo de los archivos y antecedentes de éstos, y
las Direcciones Generales competentes, por razón del tributo, se harán asimismo
cargo de los archivos y antecedentes del Jurado Central. Dichas Delegaciones o
Direcciones Generales remitirán los expedientes pendientes de resolución a los
Tribunales Económico-Administrativos o a los órganos de gestión que, de acuerdo
con la presente norma, deban resolverlo.
DISPOSICION ADICIONAL
Las Oficinas Técnicas de Inspección a que se refiere el artículo décimo del Real
Decreto cuatrocientos doce/mil novecientos ochenta y dos, de doce de febrero,
sobre el régimen de determinadas liquidaciones tributarias, se constituirán y
pondrán en funcionamiento dentro del plazo de un mes a partir de la publicación
de la presente disposición y ejercerán, una vez constituidas, las funciones que
les atribuye la indicada disposición y la presente norma.
DISPOSICION FINAL
Se autoriza al Ministro de Hacienda para desarrollar el presente Real Decreto y
adoptar cuantas medidas requiera la ejecución de lo que en él se dispone.
Dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos ochenta y dos.- Juan Carlos Rey de Espa&#241;a
- El Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros.