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Ficha de esta disposición

Título :
REAL DECRETO 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado
Estado :
Derogada
Nº de Disposición :
1488/1998
Boletín Oficial :
BOE 170/1998
Fecha Disposición :
10/07/1998
Fecha Publicación :
17/07/1998
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus disposiciones de desarrollo tienen una vocación de universalidad e
integración, lo que en el ámbito de las Administraciones públicas supone
considerar la prevención frente a los riesgos laborales como una actuación única, indiferenciada y coordinada que debe llegar a todos los empleados públicos sin
distinción del régimen jurídico que rija su relación de servicio, y se traduce
en una planificación de la actividad preventiva integral e integrada en el
conjunto de actividades y decisiones de la Administración General del Estado que
se realizará con la participación de los representantes legales de los empleados
públicos, entendiéndose, por otra parte, que las medidas que de esta norma se
derivan recaen en beneficio de los ciudadanos usuarios de las dependencias
públicas en sus relaciones con la Administración General del Estado.

No obstante, existen diversas peculiaridades en las Administraciones públicas
por lo que la Ley 31/1995, fundamentalmente sus artículos 31.1, 34.3 y 35.4, y
la disposición adicional cuarta del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, prevén la
regulación en una normativa específica para las Administraciones públicas de los
derechos de participación y representación, la organización de los recursos
necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, la definición de
las funciones y niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo y el
establecimiento de adecuados instrumentos de control que sustituyan a las
obligaciones en materia de auditorías contenidas en el capítulo V del Reglamento
de los Servicios de Prevención que no son de aplicación a las Administraciones
públicas.

Al cumplimiento de este mandato en la Administración General del Estado,
partiendo de la potenciación de sus recursos propios y salvaguardando el derecho
de los empleados públicos a la participación en la determinación de sus
condiciones de trabajo, responde el presente Real Decreto.

En su virtud, consultadas las organizaciones sindicales más representativas, a
propuesta de los Ministros de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos
Sociales, consultada la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 10 de julio de 1998, DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

El objeto del presente Real Decreto es la adaptación a la Administración General
del Estado de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, y del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, partiendo de la integración de la
prevención en el conjunto de sus actividades y decisiones y la potenciación de
sus recursos propios, y adecuando su contenido a sus peculiaridades
organizativas y de participación del personal a su servicio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente disposición será de aplicación en la Administración General del
Estado y en los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella que tengan
personal funcionario o estatutario a su servicio.

2. En los establecimientos penitenciarios, las actividades cuyas características
justifiquen una regulación especial serán objeto de adaptación de conformidad
con el artículo 3.3 de la Ley 31/1995.

3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 3.3 de la Ley 31/1995 y en la normativa prevista en la
disposición adicional novena de la citada Ley.

4. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 31/1995 para
aquellas actividades cuyas particularidades así lo determinen en el ámbito de
las funciones públicas de:

a) Policía, seguridad y resguardo aduanero.

b) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de
grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.

Artículo 3. Participación y representación.

1. A las Juntas de Personal, Comités de Empresa, delegados de personal y
representantes sindicales, les corresponden las funciones a las que se refiere
el artículo 34.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Corresponden a los delegados de prevención las competencias y facultades
establecidas en el artículo 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales.

3. Los Comités de Seguridad y Salud tienen las competencias y facultades
establecidos en el artículo 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales.

4. En los términos previstos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones públicas, se podrá acordar la
creación de un órgano específico de participación de las organizaciones
sindicales representativas en el ámbito de aplicación de este Real Decreto en
todo lo relacionado con la aplicación de la legislación en materia de prevención
de riesgos laborales en el ámbito citado, con las competencias, funciones y
composición que en el acuerdo se determinen.

Artículo 4. Delegados de prevención.

1. Los delegados de prevención serán designados por los representantes del
personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del
personal y entre, por una parte, aquellos funcionarios que sean miembros de la
Junta de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal
laboral miembros del Comité de Empresa o delegados de personal, pudiendo
acordarse otro sistema de designación conforme a lo previsto en el artículo 35.4
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

2. El número de los delegados de prevención que podrán ser designados para cada
uno de ambos colectivos de personal se ajustará a la escala establecida en el
artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

3. Los delegados de prevención que sean representantes del personal contarán en
el ejercicio de sus funciones con las garantías inherentes a su condición
representativa.

El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las
funciones previstas en el artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales será considerado como de ejercicio de funciones de representación, a
efectos de utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en el
párrafo e) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, y en el párrafo d)
del artículo 11 de la Ley 9/1987, de Órganos de representación, determinación de
las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las
Administraciones públicas, y artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical.

Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación
al crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y
Salud y a cualesquiera otras convocadas por la Administración en materia de
prevención de riesgos laborales, así como el destinado a las visitas previstas
en los párrafos a) y c) del artículo 36.2 de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales.

4. Los órganos competentes proporcionarán a los delegados de prevención los
medios y formación en materia preventiva que resulten necesarios para el
ejercicio de sus funciones, una vez consultados los representantes del personal.

5. La formación se deberá facilitar por la Administración por sus propios medios
o mediante concierto con organismos, entidades especializadas en la materia u
organizaciones sindicales acreditadas.

6. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a
todos los efectos.

Artículo 5. Comité de Seguridad y Salud.

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de
participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de
la Administración General del Estado y de los Organismos públicos vinculados o
dependientes de ella que tengan personal funcionario o estatutario a su servicio
señalados en el artículo 2.1, en materia de prevención de riesgos laborales.

2. Con carácter general, en cada provincia se constituirá un Comité de Seguridad
y Salud, que dependerá de la Subdelegación del Gobierno, debiendo los titulares
de los servicios no integrados prestar toda la colaboración que precisen los
Subdelegados del Gobierno para facilitar su constitución. El citado Comité
estará formado por los delegados de prevención designados conforme al artículo 4
del presente Real Decreto y por representantes de la Administración en número no
superior al de delegados.

Sin embargo, en aquellos casos en que la complejidad y dispersión de la
estructura organizativa, y el tiempo de actividad así lo aconsejen, se podrá
constituir un Comité de Seguridad y Salud en un Departamento ministerial u
Organismo público, cuando cuente con 50 o más empleados públicos en la provincia, de conformidad con los artículos 34.3 y 38.2 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre
, de Prevención de Riesgos Laborales.

3. En aquellas provincias en que existan edificios de servicios múltiples podrá
constituirse un único Comité de Seguridad y Salud por edificio.

4. Los representantes de los empleados públicos en el Comité de Seguridad y
Salud serán la totalidad de delegados de prevención del personal funcionario y
laboral existentes en el ámbito correspondiente.

5. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz, pero
sin voto, los delegados sindicales, los asesores sindicales, en su caso, y los
responsables técnicos de prevención en el ámbito correspondiente. En las mismas
condiciones podrán participar el personal que cuente con una especial
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en
este órgano y técnicos en prevención ajenos a la Administración General del
Estado, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones del Comité.

6. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo
solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité de Seguridad y
Salud adoptará sus propias normas de funcionamiento.

7. Los Departamentos ministeriales y Organismos públicos que cuenten con varios
centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con su
personal la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo
le atribuya.

Artículo 6. Servicios de prevención.

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, los órganos
competentes determinarán, previa consulta con los representantes del personal y
en función de la estructura organizativa y territorial de sus organismos, así
como del tipo de riesgos presentes en el sector y la incidencia de los mismos en
los empleados públicos, la modalidad de organización de los recursos necesarios
para el desarrollo de las actividades preventivas más ajustado a sus
características, potenciando la utilización de los recursos propios existentes
en la Administración General del Estado y en los Organismos públicos vinculados
o dependientes de ella, que tengan personal funcionario o estatutario a su
servicio, señalados en el artículo 2.1 de la presente disposición.

2. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades preventivas se realizará por los órganos competentes con arreglo a
alguna de las modalidades siguientes:

a) Constituyendo un servicio de prevención propio.

b) Designando a uno o varios empleados públicos para llevarla a cabo.

c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

3. Se deberá crear un servicio de prevención propio, con posibilidad de asunción
parcial de la actividad preventiva por un servicio de prevención ajeno, cuando
concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) En los Departamentos ministeriales y Organismos públicos que cuenten en una
provincia con centros de trabajo con más de 500 empleados públicos, y en
aquéllos que tengan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de
las actividades incluidas en el anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

No obstante, también se podrá constituir un servicio de prevención propio para
más de una provincia en los Departamentos ministeriales y Organismos públicos,
cuando cuenten, en el conjunto de ellas, con más de 500 empleados públicos, o
tengan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de las
actividades incluidas en el anexo I del Reglamento de los Servicios de
Prevención, previo informe de las organizaciones sindicales representativas en
el ámbito de aplicación del presente Real Decreto y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3.4 del mismo.

b) Y cuando así se considere necesario en los Departamentos ministeriales,
Organismos públicos y centros de trabajo, en función de la peligrosidad de la
actividad desarrollada o de la frecuencia y gravedad de la siniestralidad o del
volumen de efectivos de los centros de trabajo.

Dicho servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las
especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del
Reglamento de los Servicios de Prevención, desarrolladas por expertos con la
capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido en
el capítulo VI del citado Reglamento.

4. En los demás casos, se deberá designar a uno o varios empleados públicos para
ocuparse de la actividad preventiva, que podrían completar al Servicio de
Prevención en un ámbito determinado.

Cuando se opte por la designación de empleados públicos para la realización de
actividades de prevención, ésta deberá ser consultada con los órganos de
representación del personal.

5. En aquellos casos en que las peculiaridades de la organización lo requieran,
de acuerdo con los representantes de personal, se podrá recurrir a uno o varios
servicios de prevención ajenos, que colaborarán entre sí cuando sea necesario,
debiendo cumplir con lo establecido en los artículos 17 a 19 del Reglamento de
los Servicios de Prevención y realizarse el concierto según su artículo 20,
previo informe de las organizaciones sindicales representativas en el ámbito de
aplicación del presente Real Decreto y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3.4 del mismo.

6. Podrá acordarse la constitución de servicios de prevención mancomunados entre
aquellos Departamentos ministeriales y Organismos públicos que desarrollen
simultáneamente actividades en un mismo edificio o en un área geográfica
limitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de
los Servicios de Prevención.

Asimismo, cuando en un mismo edificio desarrollen actividades trabajadores de
otra u otras Administraciones públicas o de otra u otras empresas o autónomos,
se deberán adoptar los instrumentos necesarios para que tales Administraciones o
empresarios reciban la información y las instrucciones adecuadas en relación con
los riesgos existentes en ese centro de trabajo, las medidas de protección y
prevención correspondientes, y de emergencia a utilizar, para su traslado a sus
respectivos trabajadores, y establecer los medios de coordinación que sean
necesarios en cuanto a todo ello.

Artículo 7. Funciones y niveles de cualificación.

1. Las funciones y niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las
tareas de prevención de riesgos laborales se ajustarán a lo dispuesto en el
capítulo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención, clasificándose a
estos efectos las funciones en los siguientes grupos:

a) Funciones de nivel básico.

b) Funciones de nivel intermedio.

c) Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y
disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo,
higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada.

2. Los proyectos y programas formativos deberán ajustarse a los criterios
generales y contenidos mínimos que se establecen para cada nivel en los anexos
III a VI del Reglamento de los Servicios de Prevención.

3. Las organizaciones sindicales participarán en la elaboración y ejecución de
los proyectos y programas formativos.

4. En los Departamentos ministeriales y Organismos públicos se realizarán las
actuaciones que se consideren necesarias para adaptar las estructuras y el
personal disponible a las funciones y niveles de cualificación del personal que
lleve a cabo las tareas de prevención de riesgos laborales.

Artículo 8. Instrumentos de control.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado cada sistema de
prevención deberá someterse al control periódico mediante auditorías o
evaluaciones, y en cualquier caso, una vez finalizado el proceso de evaluación
de riesgos. Su realización corresponderá al Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, como Organismo científico técnico especializado de la
Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y
apoyo a la mejora de las mismas. Esta competencia se entenderá sin perjuicio de
las que corresponden al Consejo de Seguridad Nuclear de acuerdo con su
legislación específica.

2. La auditoría, como instrumento de gestión que ha de incluir una evaluación
sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de prevención,
deberá ser realizada de acuerdo con las normas técnicas establecidas o que
puedan establecerse y teniendo en cuenta la información recibida de los
empleados públicos, y tendrá como objetivos:

a) Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los
riesgos, analizar sus resultados y verificarlos, en caso de duda.

b) Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se
ajusta a lo dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre
riesgos específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de
la evaluación.

c) Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para
realizar las actividades preventivas y los recursos de que dispone el Organismo
público, propios o concertados, teniendo en cuenta, además, el modo en que están
organizados o coordinados, en su caso.

3. Los resultados de la auditoría se reflejarán en un informe en el que se
incluirán propuestas tendentes a la mejora de los servicios de prevención.

Dicho informe se mantendrá a disposición de la autoridad laboral competente y
una copia del mismo se entregará a los representantes de los trabajadores.

4. Para el desarrollo de esta función de control, el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo contará con la colaboración de la Inspección
General de Servicios de la Administración Pública y de las Inspecciones de
Servicios de cada Departamento ministerial u Organismo público. En las
instituciones sanitarias públicas, dicha colaboración podrá ser realizada por la
Inspección Sanitaria.

Artículo 9. Funciones de la Dirección General de la Función Pública en materia
de prevención de riesgos laborales.


La Dirección General de la Función Pública realizará funciones de coordinación
en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración General del
Estado y asumirá la interlocución con las organizaciones sindicales
representativas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto a los
efectos de lo previsto en el artículo 3.4 del mismo.

Para el desarrollo de esta función, los órganos competentes de la prevención de
riesgos en cada Departamento u Organismo público informarán periódicamente a la
Dirección General de la Función Pública del estado de situación en cuanto a la
prevención de riesgos laborales y, en particular, de los planes y programas de
prevención que se elaboren, el sistema de organización de los recursos y, en su
caso, de las medidas correctoras que se vayan introduciendo tras la revisión de
dichos planes y programas.

Disposición adicional primera. Servicios médicos de Departamentos y Organismos
públicos.


Los servicios médicos de los Departamentos ministeriales y Organismos públicos
colaborarán en los servicios de prevención de los correspondientes Departamentos
ministeriales y Organismos públicos, cuando éstos se consituyan, sin perjuicio
de que continúen efectuando aquellas funciones que tuvieran atribuidas,
distintas de las propias del servicio de prevención.

A estos efectos se llevarán a cabo las acciones de formación y perfeccionamiento
necesarias.

Disposición adicional segunda. Representaciones de España en el exterior.

A los efectos de la aplicación del presente Real Decreto, en las
representaciones de España en el exterior se tendrán en cuenta las
peculiaridades derivadas de su organización, dispersión geográfica y
simultaneidad de personal sometido al Derecho español y local extranjero.

Disposición adicional tercera. Adaptaciones presupuestarias y de relaciones de
puestos de trabajo y catálogos de personal laboral.


Los gastos que se deriven de la ejecución de las medidas previstas en el
presente Real Decreto deberán ser realizados por cada Departamento ministerial y
Organismo público con cargo a su presupuesto.

En el supuesto en que para la aplicación del presente Real Decreto fuera
necesario adaptar las relaciones de puestos de trabajo o, en su caso, los
catálogos de personal laboral de los Departamentos ministeriales y Organismos
públicos afectados, tales adaptaciones no podrán generar en ningún caso
incremento de los gastos de personal de dichos Departamentos u Organismos.

Disposición transitoria primera. Servicios de prevención de los hospitales y
centros sanitarios.


Los servicios de prevención de los hospitales y centros sanitarios que se creen
podrán incorporar a los profesionales sanitarios que en la actualidad prestan
sus servicios en las unidades de medicina preventiva, con titulación oficial de
medicina preventiva y salud pública o de ATS/DUE, que acrediten en la actualidad
o puedan acreditar en el plazo máximo de cinco años desde su incorporación la
formación que habilite para el desempeño de las funciones de nivel superior a
que se refieren los artículos 34 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Las nuevas incorporaciones que sea necesario realizar en virtud de la aplicación
de los criterios oficialmente aprobados por la autoridad competente para
determinar el número mínimo de profesionales sanitarios de que debe constar cada
uno de los servicios de prevención, se efectuarán con facultativos especialistas
en Medicina del Trabajo, diplomados en Medicina de Empresa o ATS de empresa. El
mismo criterio se aplicará a las incorporaciones que se produzcan en el futuro,
con motivo de la cobertura de vacantes de personal sanitario en los servicios de
prevención.

Disposición transitoria segunda. Servicios de prevención de determinados
Departamentos y Organismos públicos.


Sin perjuicio de la realización de las actividades preventivas establecidas en
la legislación vigente, deberán estar constituidos en el plazo máximo de un año,
a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, los servicios de
prevención propios de aquellas provincias en las que un Departamento ministerial
u Organismo público con estructura periférica cuente con más de 50 centros de
trabajo.

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente Real Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 10 de julio de 1998.

Juan Carlos Rey de España

El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, FRANCISCO
ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ