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Ficha de esta disposición

Título :
REAL DECRETO 1112/1992, DE 18 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE EL REGLAMENTO GENERAL PARA DESARROLLO Y EJECUCION DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1471/1989, DE 1 DE DICIEMBRE
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
1112/1992
Boletín Oficial :
BOE 240/1992
Fecha Disposición :
18/09/1992
Fecha Publicación :
06/10/1992
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
El Tribunal Constitucional ha dictado las sentencias 149/1991, de 4 de julio, y 198/1991, de 17 de octubre, en los recursos de inconstitucionalidad
interpuestos contra determinados preceptos de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas
, y en los conflictos positivos de competencia planteados en relación con
otros del Reglamento General para su desarrollo y ejecución, aprobado por el
Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, respectivamente.
El presente Real Decreto tiene por objeto la modificación del citado Reglamento
General para adecuarlo al régimen de competencias que corresponden a la
Administración del Estado y a las Comunidades Autónomas en el espacio litoral,
de conformidad con las citadas sentencias. Al propio tiempo, se modifican otros
preceptos no afectados directamente por las mismas, pero cuya matización parece
conveniente para lograr una mayor coherencia del conjunto de la norma.
En ambos casos, las modificaciones que se introducen tienen como finalidad la
articulación y armonización de las competencias de las diferentes
Administraciones Públicas cuando éstas concurren sobre el mismo espacio físico
litoral de forma que se haga posible tanto el desarrollo de las facultades del
Estado derivadas de su titularidad del dominio público marítimo-terrestre, como
de las que ostentan las Comunidades Autónomas sobre la ordenación del territorio
y, en particular, del litoral, la gestión en materia de protección del medio
ambiente y otras actividades de su competencia.
Con las modificaciones que se introducen se refuerzan los mecanismos de
coordinación de las actuaciones de las diferentes Administraciones y se
garantizan las de colaboración entre las mismas, de forma que las actividades a
desarrollar sobre el espacio litoral se adecúen a los diferentes instrumentos de
ordenación del territorio, del litoral y del urbanismo.
En ese sentido, el presente Real Decreto contempla el desarrollo del ejercicio
de las competencias que corresponden a la Administración del Estado, sin
perjuicio de su necesaria armonización con la ordenación autonómica y local y
del respeto que esta ordenación debe mantener con el régimen del demanio costero
establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. A dichos efectos, en
la elaboración de esta disposición se han formulado consultas a las Comunidades
Autónomas y se han tenido en cuenta sus propuestas y sugerencias en materias de
su competencia.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 18 de septiembre de 1992,
DISPONGO:
Artículo único.
Los preceptos que a continuación se relacionan del Reglamento General para
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado
por el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, quedan modificados en los
términos siguientes:
1. El apartado 3 del artículo 9 queda redactado de la forma siguiente:
emplazarse en terrenos privados y del título administrativo correspondiente
cuando las mismas hayan de ocupar el dominio público.>
2. El artículo 47 tendrá la siguiente redacción:
se refieren las letras b) y d) del apartado 1 del artículo 45 de este Reglamento. En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la
letra a) y las instalaciones industriales en las que no concurran los requisitos
de los artículos 25.2 de la Ley de Costas y 46.1 de este Reglamento, que sean de
excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea
conveniente su ubicación en el litoral, siempre que en ambos casos se localicen
en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de costa que no constituyan
playa ni zonas húmedas u otros ámbitos de especial protección. Las actuaciones
que se autoricen conforme a lo previsto en este artículo deberán acomodarse al
planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones competentes (
artículo 25.3 de la Ley de Costas).
2. En aquellos casos en que la autorización por el Consejo de Ministros de las
actividades o instalaciones a que se refiere el apartado anterior se ampare en
una competencia exclusiva del Estado o en los que el Consejo de Ministros haga
uso de la facultad que le confiere el artículo 244 del texto refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto
legislativo 1/1992, de 26 de junio, el acuerdo otorgando la autorización será
título suficiente para iniciar la actuación de que se trate, sin perjuicio de la
tramitación del expediente de modificación o revisión del planeamiento, que se
iniciará simultáneamente.>
3. El apartado 1 del artículo 48 queda redactado de la forma siguiente:
a autorización de la Comunidad Autónoma correspondiente, que se otorgará con
sujeción a lo dispuesto en la Ley de Costas y en las normas que se dicten, en su
caso, de conformidad con lo previsto en los artículos 22 de la citada Ley y 41 y
42 de este Reglamento, pudiéndose establecer las condiciones que se estimen
necesarias para la protección del dominio público.>
4. El artículo 49 tendrá la siguiente redacción:
de autorización a que se refiere el artículo anterior solicitará, con carácter
previo a su resolución, informe del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
en cuanto a la delimitación del límite interior de la ribera del mar, línea de
deslinde, mantenimiento de las servidumbres de tránsito y acceso al mar e
incidencia de las construcciones y de las actividades que las mismas generen
sobre la integridad del dominio público.
2. El informe a que se refiere el apartado anterior se emitirá por el Servicio
Periférico de Costas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el plazo
de un mes, a cuyos efectos se le remitirá documentación consistente en el
proyecto básico de las obras e instalaciones. Transcurrido dicho plazo sin
haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente.
3. En el caso de que las obras, instalaciones o actividades objeto de la
solicitud de autorización incidan además sobre terrenos sometidos a la
servidumbre de tránsito, se dictará una resolución única por parte del órgano
competente de la Comunidad Autónoma, que deberá recoger preceptivamente las
observaciones que, a dichos efectos y en su caso, haya formulado el Servicio
Periférico de Costas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes al emitir el
informe a que se refiere el apartado 1.
4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma deberá dar traslado de la
resolución adoptada al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la forma
establecida en el artículo 209 de este Reglamento.
5. De conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley de Costas, las
autorizaciones deberán ejercitarse en el plazo señalado para ello, que no podrá
exceder de dos años, transcurrido el cual quedarán sin efecto, salvo cuando la
falta de ejercicio sea imputable a la Administración.
6. No podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad las obras y
construcciones realizadas en la zona de servidumbre de protección sin que se
acredite la autorización a que se refiere este artículo. Para determinar si la
finca está o no incluida en la zona, se aplicarán, con las variaciones
pertinentes, las reglas establecidas en relación con las inmatriculaciones de
fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre.>
5. El artículo 50 tendrá la siguiente redacción:
25.3 de la Ley de Costas y 47 de este Reglamento, se observará el siguiente
procedimiento:
a) Presentación en el Servicio Periférico de Costas de tres ejemplares del
proyecto básico de las obras o instalaciones, acompañados de la declaración
motivada de su utilidad pública, realizada por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma o, en su caso, por el Departamento de la Administración del
Estado competente por razón de la materia.
b) El expediente deberá incluir, en todo caso, los informes de la Comunidad
Autónoma y Ayuntamiento respectivos. Dichos informes deberán emitirse en el
plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse formulado, se entenderán
favorables.
c) Elevación del expediente, con su informe, al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes para su tramitación.
d) Elevación del expediente al Consejo de Ministros para su resolución a
propuesta del Ministerio de obras Públicas y Transportes, que, previamente y a
estos efectos, podrá recabar cuantos datos e informes considere oportunos. En el
supuesto de que la solicitud proceda de otro Departamento de la Administración
del Estado, la propuesta deberá ser realizada conjuntamente por ambos
Departamentos.
2. Salvo en los casos a que se refiere el artículo 47.2 de este Reglamento, las
actuaciones a autorizar habrán de sujetarse al planeamiento vigente.>
6. El apartado 4 del artículo 51 queda redactado de la forma siguiente:
de tránsito o autorizar su ocupación con paseos marítimos, en los supuestos a
que se refieren los apartados 2 y 3, corresponden al Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, previo informe de la Comunidad Autónoma. Dicho informe
deberá emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente.
En el supuesto a que se refiere el apartado 3, se instruirá un solo expediente
y dictará una resolución única para la ocupación del dominio público, en su caso, y para la sustitución de la servidumbre de tránsito.
La ampliación se llevará a cabo, en su caso, de conformidad con lo previsto en
las normas de protección o, en su defecto, en el planeamiento territorial o
urbanístico. La localización alternativa se ubicará fuera del dominio público
marítimo-terrestre y preferentemente dentro de la zona de servidumbre de
protección de forma que se garantice la continuidad del tránsito.>
7. El apartado 2 del artículo 59 queda redactado de la forma siguiente:
rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones, sólo
podrán ampararse en la existencia de reserva, adscripción, autorización y
concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley de Costas, y en otras especiales, en su caso, sin que pueda invocarse derecho alguno en virtud de usucapión,
cualquiera que sea el tiempo transcurrido (art. 31 de la Ley de Costas).>
8. El artículo 67 tendrá la siguiente redacción:
las correspondientes a servicios de temporada, no podrá exceder, en conjunto, de
la mitad de la superficie de aquélla en pleamar (art. 33.4 de la Ley de Costas).
2. La distribución de tales instalaciones se establecerá por la Administración
autonómica competente en materia de ordenación del litoral o, en su defecto, se
realizará de forma homogénea a lo largo de la playa.>
9. El artículo 70 tendrá la siguiente redacción:
cualquier tipo, incluso las correspondientes a servicios de temporada, deberá
observar, además de lo indicado en los artículos anteriores, las siguientes
determinaciones:
a) Se dejará libre permanentemente una franja de seis metros, como mínimo,
desde la orilla en pleamar.
b) Las longitudes de los tramos libres de ocupación deberán ser, como mínimo,
equivalentes a las que se prevé en explotación, sin que estas últimas puedan
superar los 100 metros, salvo que la configuración de la playa aconseje otra
distribución.
c) Las zonas de lanzamiento y varada se situarán preferentemente en los
extremos de la playa o en otras zonas donde se minimice su interferencia con los
usos comunes a que se refiere el artículo 59.1 y en conexión con accesos rodados
y canales balizados.>
10. Los artículos 71, 72, 73 y 74 quedan sin contenido.
11. El artículo 77 tendrá la siguiente redacción:
dominio público marítimo-terrestre que se soliciten con arreglo a las
determinaciones del plan o normas aprobadas, pudiendo ser denegadas por razones
de interés público debidamente motivadas (art. 35.2 de la Ley de Costas).>
12. El apartado 2 del artículo 79 queda redactado de la forma siguiente:
tutela y policía sobre el dominio público afectado, quedando obligado el titular
de la ocupación o actividad a informar a aquélla de las incidencias que se
produzcan en relación con dichos bienes y a cumplir las instrucciones que le
dicte.
Todo ello sin perjuicio de las facultades de gestión de las Comunidades
Autónomas respecto a aquellas actividades que correspondan a materias de su
competencia que se desarrollen sobre el dominio público.>
13. Los apartados 3 y 6 del artículo 101 quedan redactados de la forma
siguiente:
Ministros. Prevalecerá frente a cualquier otra utilización y llevará implícita
la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, a efectos
expropiatorios de los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella (art. 47 de la Ley de Costas).>
ministerial a cuyo favor se realice la reserva.>
14. El artículo 103 tendrá la siguiente redacción:
Comunidades Autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de
transporte de titularidad de aquéllas, o de ampliación o modificación de los
existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La porción de
dominio público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a
la Comunidad Autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su
finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo
de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no podrá ser superior
a treinta años (art. 49.1, de la Ley de Costas).
2. La adscripción se limitará a la superficie de dominio público
marítimo-terrestre ocupada por la zona de servicio portuaria o por la vía de
transporte.>
15. El apartado 3 del artículo 104 queda redactado de la forma siguiente:
Comunidades Autónomas no devengará canon a favor de la Administración del Estado. Las concesiones o autorizaciones que las Comunidades Autónomas otorguen en el
dominio público marítimo-terrestre adscrito devengarán el correspondiente canon
de ocupación en favor de la Administración del Estado, sin perjuicio de los que
sean exigibles por aquellas.>
16. El párrafo a) del artículo 105 queda redactado de la forma siguiente:
Obras Públicas y Transportes para su informe, con anterioridad a su aprobación
definitiva.
El informe deberá emitirse en el plazo de dos meses, contados a partir del
momento en que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes disponga de la
documentación necesaria. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, éste se
entenderá favorable.>
17. El apartado 2 del artículo 107 queda redactado de la forma siguiente:
adscripción, la reversión se ajustará al siguiente procedimiento: a) El
Ministerio de Obras Públicas y Transportes solicitará el preceptivo informe de
la Comunidad Autónoma, que se emitirá en el plazo de un mes, sobre la
utilización o no de los terrenos para el cumplimiento de los fines para los que
fueron adscritos.
b) Si la Comunidad Autónoma manifestara su conformidad con la continuación del
procedimiento, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes propondrá al
Consejo de Ministros la reversión de los terrenos adscritos.
c) Si la Comunidad Autónoma manifestara su discrepancia, se procederá a abrir
un período de consulta entre ambas Administraciones para resolver de común
acuerdo las diferencias.>
18. Los apartados 1 y 5 del artículo 109 quedan redactados de la forma
siguiente:
actividades previstas en el artículo 32, apartados 1 y 2, de la Ley de Costas.>
establecidos con carácter general en este Reglamento para cada tipo de
instalaciones o actividades y de acuerdo con el planeamiento aplicable.>
19. El apartado 1 del artículo 110 queda redactado de la forma siguiente:
Administración del Estado en cualquier momento, sin derecho a indemnización,
cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad,
produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades
de mayor interés público o menoscaben el uso público.
Si la revocación se produce en base a normativa aprobada con posterioridad que
deba ser ejecutada por la Comunidad Autónoma o cuando corresponda a la
competencia de la misma apreciar las razones de mayor interés público de otras
actividades, el expediente se incoará a iniciativa de ésta.>
20. El apartado 1 del artículo 111 queda redactado de la forma siguiente:
en las playas, que sólo requieran instalaciones desmontables, serán otorgadas a
los Ayuntamientos que lo soliciten, en la forma que se determina en los
apartados siguientes.>
21. El apartado 9 del artículo 111 queda sin contenido.
22. El apartado 2 del artículo 114 queda redactado de la forma siguiente:
justifique previamente la imposibilidad o dificultad de aplicar una solución
alternativa para la eliminación o tratamiento de dichos vertidos. No podrán
verterse sustancias ni introducirse formas de energía que puedan comportar un
peligro o perjuicio superior al admisible para la salud pública y el medio
natural, con arreglo a la normativa vigente.>
23. El apartado 1 del artículo 133 queda redactado de la forma siguiente:
información pública y oferta de condiciones de la Administración del Estado al
peticionario, sin cuya aceptación no será otorgada. Cumplidos estos trámites, la
resolución correspondiente será dictada, discrecionalmente, por el Departamento
ministerial competente y deberá hacerse pública. Si el concesionario impugna las
cláusulas que fueron aceptadas por él, la Administración estará facultada para
declarar extinguido el título, salvo cuando aquellas fueren ilegales (art. 67 de
la ley de Costas).
En los supuestos en que la concesión se solicite para un proyecto relativo a
una materia de competencia autonómica y que cuente con el pronunciamiento
favorable de la Comunidad Autónoma, la Administración del Estado sólo podrá
denegar la concesión por razones de degradación o de explotación del dominio
público o que se encuadren en materias en las que el Estado ostente una
competencia propia.>
24. El apartado 1 del artículo 134 queda redactado de la forma siguiente:
apartados siguientes, la declaración de utilidad pública por el Departamento
ministerial o Comunidad Autónoma competente, a efectos de la ocupación temporal
o expropiación forzosa de los bienes o derechos afectados por el objeto de
aquélla (art. 68 de la Ley de Costas).>
25. El apartado 2 del artículo 140 queda redactado de la forma siguiente:
incluso con declaración de urgencia, en su caso, corresponderá al Departamento
ministerial concedente (art. 71.2 y 3, de la Ley de Costas).
Si se trata de una concesión otorgada para llevar a cabo un proyecto de
competencia de una Comunidad Autónoma y aprobado por ésta, la declaración de
utilidad pública, a efectos del rescate de la concesión, se realizará por
iniciativa de aquélla, salvo en los casos en los que tal declaración se haga
para atender fines de competencia estatal o para preservar el dominio público.>
26. El apartado 1 del artículo 141 queda redactado de la forma siguiente:
Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su
levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de
protección por el interesado y a sus expensas. Dicha decisión se adoptará de
oficio o a instancia de aquél, a partir del momento anterior al vencimiento que
se determina en el apartado siguiente en caso de extinción normal por
cumplimiento del plazo y en los demás supuestos de extinción en el momento de la
resolución del correspondiente expediente (art. 72.1, de la Ley de Costas).
Si se trata de una concesión otorgada para llevar a cabo un proyecto de
competencia de una Comunidad Autónoma y aprobado por ésta, se solicitará informe
a la misma, relativo al mantenimiento o levantamiento de las obras e
instalaciones, con carácter previo a la adopción de la decisión a que se refiere
el párrafo anterior. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de un mes,
transcurrido el cual sin haberse evacuado, se entenderá que no formula
observaciones al respecto.>
27. El párrafo primero del apartado 6 del artículo 146 queda redactado de la
forma siguiente:
a) Ayuntamientos en cuyo término se pretenda desarrollar el objeto de la
autorización.
b) Comunidad Autónoma.>
28. El apartado 1 del artículo 149 queda redactado de la forma siguiente:
utilidad pública. Sólo en caso de identidad entre varias solicitudes se tendrá
en cuenta la prioridad en la presentación (art. 74.3, de la Ley de Costas).>
29. Los párrafos b), f) y l) del apartado 1 del artículo 203 quedan redactados
de la forma siguiente:
otorgamiento de adscripciones, concesiones y autorizaciones para su ocupación y
aprovechamiento, la declaración de zonas de reserva, las autorizaciones en las
zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar y, en todo caso, las
concesiones de obras fijas en el mar, así como las de instalaciones marítimas
menores, tales como embarcaderos, pantalanes, varaderos y otras análogas que no
formen parte de un puerto o estén adscritas al mismo.>
artículo 22 de la Ley de Costas y 41 de este Reglamento.>
su competencia.>
30. El párrafo h) del apartado 1 del artículo 203 queda sin contenido.
31. El apartado 5 del artículo 203 queda redactado de la forma siguiente:
ejercicio por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se dirigirá a la
persecución de las conductas infractoras que atenten contra la integridad del
dominio público o el mantenimiento de las servidumbres de tránsito y acceso al
mar, sin perjuicio de las competencias que las Comunidades Autónomas ostenten
por razón de la materia, tanto en el dominio público como en las zonas de
servidumbre.>
32. El párrafo d) del apartado 1 del artículo 204 queda redactado de la forma
siguiente:
competencias de las Comunidades Autónomas, en su caso.>
33. El artículo 205 tendrá la siguiente redacción:
siguientes supuestos:
a) Planes y normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o
revisión, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Costas, de
este Reglamento y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación.
b) Planes y autorizaciones de vertidos al mar desde tierra, a efectos del
cumplimiento de la legislación estatal y de la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre.
c) Proyectos de construcción de nuevos puertos y vías de transporte de
competencia de las Comunidades Autónomas, ampliación de los existentes o de su
zona de servicio y modificación de su configuración exterior, conforme a lo
previsto en el artículo 49 de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento.
d) Declaraciones de zonas de interés para cultivos marinos, concesiones y
autorizaciones, de acuerdo con la legislación específica.
2. El planeamiento a que se refiere el apartado 1, a), comprende todos los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística, incluyendo los Proyectos
de Delimitación de Suelo Urbano y los Estudios de Detalle u otros de similar
contenido, que incidan sobre el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas
de servidumbre.
3. Los informes indicados en el apartado 1, que se limitarán a los aspectos
relacionados con la gestión y protección del dominio público marítimo-terrestre
basados en el ejercicio de competencias propias, serán emitidos por el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en la forma y plazo establecidos en
los artículos correspondientes de este Reglamento.
En el caso de que se solicite documentación o información complementaria se
interrumpirá el cómputo de dichos plazos.
Cuando el informe se refiera al supuesto contemplado en la letra d) del
apartado 1 informará además el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en lo referente a la pesca marítima y conservación de recursos pesqueros.
4. El informe del Ministerio de Obras Públicas y Transportes será vinculante en
los siguientes aspectos:
a) En los supuestos de las letras a) y d) del apartado 1, cuando el informe
proponga objeciones basadas en el ejercicio de facultades propias, bien
derivadas de la titularidad demanial, como son las orientadas por la necesidad
de asegurar la protección de la integridad del dominio público y su libre
utilización, o bien derivadas de otras competencias sectoriales de la
Administración del Estado.
b) En los supuestos de la letra b) del apartado 1, cuando el informe contenga
objeciones determinadas por la necesidad de preservar la integridad física de
los bienes de dominio público afectados.
c) En los supuestos de la letra c) del apartado 1, cuando el contenido del
informe se circunscriba a los aspectos a que se refiere el artículo 104.1, de
este Reglamento.
5. En el caso de las concesiones y autorizaciones a que se refieren las letras
b) y d) del apartado 1, cuando no se den los supuestos previstos en el artículo
129, el informe favorable del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
supondrá el otorgamiento de la autorización necesaria para la ocupación del
dominio público marítimo-terrestre.>
34. El apartado 5 del artículo 206 queda redactado de la forma siguiente:
contra la contaminación del medio marino se prestará por la Administración del
Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como por
las restantes Administraciones competentes, de acuerdo con el principio de
coordinación, que se instrumentará a través de los planes y programas
correspondientes.>
35. El artículo 211 queda sin contenido.
36. Se añade una disposición adicional tercera, nueva, con la siguiente
redacción:
Comunidades Autónomas otorguen en los puertos e instalaciones portuarias
estatales que les fueron transferidos y figuran expresamente relacionados en los
correspondientes Reales Decretos de traspasos en materia de puertos no
devengarán el canon de ocupación en favor de la Administración del Estado a que
se refiere el artículo 104.3, de este Reglamento.>
37. El apartado 3 de la disposición transitoria sexta queda redactado de la
forma siguiente:
exclusivamente a concesiones en las que las cláusulas concesionales recogen
expresamente la previsión de entrega en propiedad de los terrenos afectados. En
el caso de las concesiones a perpetuidad será de aplicación lo dispuesto en la
disposición transitoria decimocuarta, apartado 3, de este Reglamento.>
38. La disposición transitoria décima tendrá la siguiente redacción:
territorial y urbanística del litoral existente a la entrada en vigor de la Ley
de Costas, deberá adecuarse a las normas que se aprueben conforme a lo previsto
en los artículos 22 de la citada Ley y 41 y 42 de este Reglamento (disposición
transitoria tercera, 4, de la Ley de Costas).>
39. El apartado 3 de la disposición transitoria duodécima queda redactado de la
forma siguiente:
en la franja comprendida entre los 20 y 100 metros de la zona de protección, el
procedimiento de legalización se tramitará por la Corporación o autoridad
correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación urbanística y se
iniciará de oficio o a instancia del órgano competente de la Comunidad Autónoma
o del Servicio Periférico de Costas.>
40. El párrafo c) del apartado 1 de la disposición transitoria decimotercera
queda redactado de la forma siguiente:
que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo
establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas y
concordantes de este Reglamento, podrán realizarse, previa autorización de la
Comunidad Autónoma correspondiente, tramitada conforme a lo establecido en el
artículo 49 de este Reglamento, obras de reparación y mejora siempre que no
implique aumento de volumen de las construcciones existentes y sin que el
incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos
expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones
deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de la Ley de Costas (
disposición transitoria cuarta, 2, de la Ley de Costas).>
41. El apartado 3 de la disposición transitoria decimotercera queda redactado
de la forma siguiente:
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con sujeción al procedimiento
establecido en este Reglamento.>
42. El apartado 1 de la disposición transitoria decimocuarta queda redactado de
la forma siguiente:
Registro a que se refieren los artículos 37.3 de la Ley de Costas y 79.3 de este
Reglamento, las Comunidades Autónomas adoptarán las resoluciones administrativas
correspondientes para que se adecúen a lo establecido en el apartado 2 del
artículo 114 de este Reglamento las autorizaciones o concesiones de vertidos
directos contaminantes al mar desde tierra, de forma que se culmine el proceso
de adaptación en el plazo máximo de cuatro años.>
43. La disposición transitoria decimoctava tendrá la siguiente redacción:
servidumbre de protección en tramos de costa no deslindados conforme a lo
previsto en la Ley de Costas, la Comunidad Autónoma correspondiente exigirá la
autorización a que se refiere el artículo 48 de este Reglamento, a cuyo efecto
solicitará, previamente, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que
facilite, en el plazo de un mes, la definición provisional de la línea probable
de deslinde y la extensión de la zona de servidumbre. No obstante, en caso de
discrepancia, el otorgamiento de la autorización quedará condicionado a la
aprobación previa o simultánea del deslinde, que se tramitará con carácter
preferente (disposición transitoria séptima, 1, de la Ley de Costas).
2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, el Servicio Periférico de
Costas anunciará en el de la provincia, en un diario de los de
mayor circulación y en su propio tablón de anuncios, que el plano de definición
provisional de la línea probable de deslinde, correspondiente al expediente de
autorización incoado por la Comunidad Autónoma, se encuentra a disposición de
cualquier persona que quiera consultarlo y formular alegaciones durante un
período de quince días. Cuando el promotor de la actuación no sea el propietario
del terreno, se dará audiencia a éste por el mismo plazo. Todo ello sin
perjuicio de lo que pueda resultar en el correspondiente expediente de deslinde.
3. Simultáneamente con las actuaciones previstas en el apartado anterior, el
Servicio Periférico de Costas informará sobre los otros extremos a que se
refiere el artículo 49.1 de este Reglamento.>
Disposición adicional única.
Las menciones que en el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la
Ley de Costas se hacen al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y al de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, deben entenderse hechas al Ministerio de
Obras Públicas y Transportes.
Disposición final única.
Este Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado>.
Dado en Madrid a 18 de septiembre de 1992.
Juan Carlos Rey de España
El Ministro de Obras Públicas y Transportes,
JOSE BORRELL FONTELLES