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Ficha de esta disposición

Título :
ORDEN JUS/2544/2006, de 28 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en los cuerpos y escalas de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
JUS/2544/2006
Boletín Oficial :
BOE 184/2006
Fecha Disposición :
28/07/2006
Fecha Publicación :
03/08/2006
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE JUSTICIA
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 121/2005 por el que se aprobó la Oferta de Empleo de 2005, el Ministerio de Administraciones Públicas dictó Orden APU/423/2005 por la que se establecen las bases comunes que rigen las pruebas selectivas para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración del Estado.

El establecimiento de bases comunes permite homogeneizar los procesos selectivos y contribuye de una manera eficaz a la claridad de los mismos, razón por la cual procede también su aprobación para los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia que se regulan en el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción profesional del Personal Funcionario al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre.

En las presentes bases se incluyen las normas comunes, sin perjuicio de las normas específicas de cada convocatoria que serán reguladas en las correspondientes bases específicas. Estas bases específicas, deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado y antes de su publicación habrán de ser informadas por la Dirección de la Función Pública.

En virtud de todo lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.2 del Real Decreto 121/2005, de 4 de febrero, por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público para el año 2005, dispongo:

Primera. Finalidad y normativa aplicable.

1. El objeto de la presente Orden es el establecimiento de las bases comunes que regirán los procesos selectivos para acceso a los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, incluidos en el Libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, a excepción de los aspectos específicos que vendrán recogidos en la correspondiente convocatoria para cada uno de ellos.

2. A las presentes bases le serán de aplicación la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción profesional del Personal Funcionario al servicio de la Administración de Justicia; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero, y el resto de la normativa vigente en la materia.

Con carácter supletorio, en lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Las convocatorias tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 y lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado.

3. A las convocatorias de los procesos selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, derivadas de la Oferta de Empleo Público, les serán de aplicación el Real Decreto que apruebe dicha Oferta de Empleo Público, las presentes bases comunes, así como lo dispuesto en la propia convocatoria, además de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial; el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción profesional del Personal Funcionario al servicio de la Administración de Justicia; la Ley 30/1992, de 26 noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero, y el resto de la normativa vigente en la materia.

Con carácter supletorio, en lo no previsto en dichas convocatorias se estará a lo dispuesto en la normativa del Estado sobre Función Pública.

Segunda. Descripción y Reserva de las plazas.-La descripción de las plazas se realizará en cada convocatoria específica que se publique, derivada del correspondiente Real Decreto de Oferta de Empleo Público.

Las plazas ubicadas en el territorio de una comunidad autónoma con traspasos recibidos se ofertarán por el ámbito territorial de la comunidad autónoma de que se trate, salvo renuncia expresa de la misma, en cuyo caso serán objeto de agrupación.

Las plazas ofertadas por un ámbito territorial que pudieran quedar sin cubrir no podrán acumularse a las de otro ámbito territorial diferente.

De las plazas ofertadas en cada ámbito territorial, se reservarán para su provisión por promoción interna un cincuenta por ciento de las plazas vacantes incluidas para cada cuerpo en la Oferta de Empleo Público. Las plazas que no se cubran por promoción interna, acrecerán al turno libre.

Asimismo, en las Ofertas de Empleo Público se reservará un cupo, no inferior al cinco por ciento de las vacantes, para ser cubiertas entre personas con discapacidad, cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33 por ciento. Las plazas reservadas no cubiertas se acumularán al cupo del cinco por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del diez por ciento.

Tercera. Fases del proceso selectivo.-Los procesos selectivos podrán llevarse a cabo a través de los sistemas de oposición o concurso oposición. La promoción interna se efectuará siempre mediante el sistema de concurso-oposición.

Ambos sistemas contarán con una fase de oposición, que será eliminatoria y se desarrollará en primer lugar, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo I de cada convocatoria.

Los procesos de selección incluirán, una vez superada la fase de oposición o el concurso-oposición, la realización de un curso teórico práctico, o de un período de prácticas, de carácter selectivo, cuya modalidad, contenido, duración y sistema de calificación se detallará en la convocatoria de que se trate.

Durante la realización del curso o período de prácticas, los aspirantes tendrán la consideración de funcionarios en prácticas.

El curso selectivo o, en su caso, el período de prácticas, podrá desarrollarse en los centros, institutos o servicios de formación dependientes del Ministerio de Justicia, o de las Comunidades Autónomas, o en los centros de destino indicados en el artículo 39 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, situados en el ámbito territorial por el que participó el aspirante.

Quienes no pudieran realizar o concluir el curso selectivo o periodo de prácticas por causa de fuerza mayor, cesarán en su condición de funcionarios en prácticas, pudiendo volver a ser nombrados como tales en el curso inmediatamente posterior que se convoque de la misma clase, conservando la puntuación obtenida en la oposición o concurso-oposición previos.

Cuarta. Temarios.-Los Temarios que han de regir las pruebas de la fase de oposición, tanto para el turno libre como para la promoción interna, serán elaborados y aprobados por la Comisión de Selección de Personal y se detallarán en Orden del Ministerio de Justicia que se publicará antes de las convocatorias, indicándose en cada convocatoria la fecha del Boletín Oficial del Estado en el que ha sido publicada. Los Temarios de la fase de oposición de la promoción interna serán en todo caso inferior en número y/o extensión a los exigidos para el turno libre.

Quinta. Calendario de la fase de oposición.-Las pruebas selectivas se desarrollarán de acuerdo con el calendario que se establezca en cada convocatoria, debiendo concluir la fase de oposición, en cualquier caso, antes de finalizar el año a que haga referencia la correspondiente Oferta de Empleo Público, salvo que concurran causas objetivas que justifiquen la ampliación de este plazo, apreciadas por la Secretaría de Estado de Justicia.

Sexta. Nombramiento de funcionarios de carrera.-Concluido el proceso selectivo e incorporada la calificación que corresponda al curso selectivo o periodo de prácticas, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán nombrados funcionarios de carrera mediante resolución de la Secretaría de Estado de Justicia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», y en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, con indicación del destino adjudicado.

Séptima. Requisitos de los candidatos.

1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera, además de los requisitos específicos, contenidos en las correspondientes convocatorias, los siguientes requisitos de participación:

1.1 Nacionalidad: Ser español.

1.2 Edad: Tener dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

1.3 Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título exigido para el ingreso en cada Cuerpo, de acuerdo con lo que se establecerá en las bases específicas de cada convocatoria. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

1.4 Capacidad: No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.

1.5 Habilitación:

a) No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación.

b) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado, ni pertenecer al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenten.

2. Para participar en las pruebas de promoción interna, los funcionarios deberán poseer la titulación académica requerida para el acceso a los cuerpos o especialidades de que se trate, tener una antigüedad como funcionario de carrera de al menos dos años en el cuerpo de titulación inmediatamente inferior al que se pretende acceder el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, y reunir a esa fecha los requisitos establecidos con carácter general para el acceso al cuerpo, manteniéndolos hasta la fecha de toma de posesión.

3. Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de personas con discapacidad, en el caso de que la correspondiente convocatoria contemple esta reserva, habrán de tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y acreditar la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas del Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenten, mediante certificado expedido al efecto por los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma competente, que deberá presentarse junto con la instancia de participación.

Octava. Solicitudes.

1. Para participar en los correspondientes procesos selectivos se deberá cumplimentar el modelo oficial, de solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración de Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen (modelo 790) [ejemplar autocopiativo en cuya parte superior figura «Ministerio de Justicia, solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración de Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen»], que se facilitará en castellano y en las demás lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Este modelo podrá descargarse de la página web del Ministerio de Justicia, (www.justicia.es) y, de las páginas de las Comunidades Autónomas que oferten plazas. Asimismo, el modelo será facilitado gratuitamente en el Ministerio de Justicia, los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, Órganos competentes de las Comunidades Autónomas donde se convoquen plazas, en el Centro de información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

2. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día que se fije en la convocatoria, o en su defecto, a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado»: La solicitud se dirigirá al Secretario de Estado de Justicia.

La presentación, previo pago de la correspondiente tasa, se realizará alternativamente por cualquiera de los medios siguientes:

a) En el Registro General del Ministerio de Justicia, C/ de la Manzana, n. º 2, 28015 Madrid.

b) Igualmente, y si así lo prevé la correspondiente convocatoria, los interesados podrán presentar solicitudes ante el Registro Telemático del Ministerio de Justicia a través de la dirección de internet www.justicia.es.

La presentación de solicitudes por esta vía conllevará igualmente el pago telemático de la tasa de derechos de examen, según las instrucciones de la página web correspondiente.

c) Asimismo, podrán presentarse en los registros de cualquiera de los órganos u oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los opositores discapacitados o que deseen acogerse a la exención de tasas y que de acuerdo con lo que se indica en el punto 4 de esta base deban presentar documentación adicional junto con su solicitud de participación, deberán aportar ésta, junto con la documentación precisa, presencialmente en los registros administrativos y oficinas de correos, sin poder hacer uso del sistema de presentación por vía telemática.

En el supuesto de remitirse las solicitudes a través de las Oficinas de Correos, éstas deberán presentarse en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

En el supuesto de que las plazas se oferten por ámbitos territoriales, los aspirantes sólo podrán solicitar su participación por uno de dichos ámbitos territoriales expresados en la convocatoria y de resultar aprobados serán destinados obligatoriamente, a algunas de las vacantes radicadas en el mismo.

3. La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones que figuran al dorso de la misma y que se reproducirán en Anexo de cada convocatoria.

4. Únicamente los aspirantes con derecho a exención de tasas o discapacitados acompañarán con la presentación de la solicitud de participación a las pruebas selectivas la documentación siguiente:

Los aspirantes que figuren como demandantes de empleo y deseen acogerse a la exención de pago de la tasa:

La declaración jurada y la certificación que se señalan en el punto 10 de esta base octava.

Los aspirantes discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33%:

El certificado acreditativo de su condición de discapacidad a que se refiere el punto 9 a) de esta base.

El certificado acreditativo de la compatibilidad funcional a que se refiere el punto 13 de esta base.

Si además, solicitan adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas, incluido el curso selectivo teórico-práctico: El dictamen técnico facultativo acerca de la procedencia de dicha adaptación, emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de discapacidad.

El resto de los aspirantes, en esta fase de presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo, no acompañarán documentación alguna acreditativa, ni de los requisitos de participación, ni de los méritos a valorar en la fase de concurso.

5. La tasa por derechos de examen se indicará en cada convocatoria.

6. La liquidación de la tasa se podrá realizar utilizando medios telemáticos, cuando así esté previsto en la correspondiente convocatoria.

7. Cuando se vaya a realizar la presentación de la solicitud en soporte papel el ingreso del importe correspondiente a los derechos de examen se efectuará mediante la presentación de la solicitud debidamente cumplimentada, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación mecánica, o en su defecto, sello, firma autorizada y fecha de la misma en el espacio reservado a estos efectos. Una vez efectuado el pago, el interesado retirará de la entidad colaboradora el ejemplar para la Administración y para el interesado del papel autocopiativo de la solicitud de participación, en los que figurará la validación de la entidad colaboradora, acreditativa del pago efectuado para su presentación posterior conforme a lo establecido en la base octava, punto 2.

8. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta corriente que se especificará en cada convocatoria.

9. Estarán exentas del pago de esta tasa:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.

b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la publicación de la Orden de convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

10. La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, que deberá también acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados, se solicitará en las oficinas de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la acreditación de las rentas se realizarán mediante una declaración jurada o promesa escrita del solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud.

11. La falta de justificación del abono de los derechos de examen dentro del plazo fijado para la presentación de instancias, o en su caso, de encontrarse exento, determinará la exclusión del aspirante.

12. En ningún caso la presentación y pago de la tasa de examen en las entidades colaboradoras a que se hace referencia supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación, conforme se indica en el punto 2 de la base octava.

13. Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva para personas con discapacidad habrán de formular esta opción en la solicitud de participación con declaración expresa de que tienen reconocida la condición legal de persona con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, y acreditar la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas inherentes al Cuerpo correspondiente, mediante certificado expedido al efecto por los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma competente. Podrán asimismo solicitar las necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren necesarias para participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad.

Con el fin de que el Tribunal pueda resolver con objetividad sobre esa solicitud, el interesado deberá adjuntar dictamen técnico facultativo acerca de la procedencia de la adaptación, emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de discapacidad.

14. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud, podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.

Novena. Admisión de aspirantes.

1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Secretaría de Estado de Justicia, dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha resolución que deberá publicarse de forma simultánea en el «Boletín Oficial del Estado» y en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas, contendrá la relación provisional de aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión, e indicará los lugares en que se encuentren expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Estado, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.

Todos los términos y plazos establecidos en la convocatoria se contarán en todo caso, a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, cuando no sea posible su publicación simultánea en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas.

2. Las listas deberán ponerse de manifiesto en todo caso, en la página web del Ministerio de Justicia (www.justicia.es), y en las páginas web de la Comunidades Autónomas que convoquen plazas, en la Oficina Central de Información y atención al Ciudadano del Ministerio, Calle de la Manzana, n.º 2, en las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia, en las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, en los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas donde se convoquen plazas y en la Oficina Central de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas

3. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos.

En la lista constará, en todo caso, número de registro, DNI, apellidos y nombre, además de las causas de exclusión.

Los aspirantes deberán comprobar, no sólo que no figuran en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres y demás datos constan correctamente en la relación de admitidos.

4. Concluido el plazo para la subsanación de defectos y presentación de reclamaciones, el Ministerio de Justicia adoptará Resolución por la que se eleve a definitivas las relaciones de admitidos y excluidos con las modificaciones que en su caso hubieran procedido. Dicha Resolución, que determinará también el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición, se publicará en el Boletín Oficial del Estado, en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas donde se convoquen plazas y se expondrá en los mismos lugares en que se expusieron las listas completas de excluidos y admitidos.

5. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa imputable a los aspirantes.

Décima. Tribunales.

1. Los Tribunales calificadores de cada proceso selectivo serán nombrados por el Ministerio de Justicia y su nombramiento será publicado en el Boletín Oficial del Estado y diarios oficiales de las Comunidades Autónomas que convoquen plazas en la misma convocatoria o dentro del plazo que transcurra entre la publicación de ésta y los quince días siguientes de la finalización del plazo de subsanación de las listas provisionales de admitidos y excluidos.

2. Para cada uno de los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos Generales al Servicio de la Administración de Justicia, se nombrará un Tribunal Calificador Único que efectuará el proceso selectivo en todos los ámbitos territoriales fijados en la convocatoria.

En cada ámbito territorial de Comunidad Autónoma, donde se convoquen plazas, el Ministerio de Justicia, a propuesta de los órganos correspondientes de la comunidad autónoma, nombrará un Tribunal Delegado.

En las sedes de examen donde no radique el Tribunal Calificador Único o Tribunal Delegado, por la Secretaría de Estado de Justicia podrá nombrarse a funcionarios de la Administración Civil del Estado, de la Administración Autonómica (en ambos casos que presten servicios en el Ministerio de Justicia u Órgano competente de la Comunidad Autónoma) o de la Administración de Justicia, para colaborar en el desarrollo de dichas pruebas bajo la dirección del Tribunal Calificador Único o Tribunal Delegado, al que representarán, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva se les atribuya.

3. Corresponde a los Tribunales Calificadores Únicos la elaboración de las pruebas que habrán de desarrollarse, la determinación del calendario de realización de estas y de los criterios de valoración, así como la resolución de cuantas consultas puedan plantearse por los distintos Tribunales Delegados.

Los Tribunales Delegados actuarán, en su ámbito territorial, por delegación del Tribunal Calificador Único, bajo su dependencia y dirección, a fin de garantizar la igualdad entre todos los aspirantes a lo largo del proceso selectivo.

El procedimiento de actuación de los Tribunales y su constitución se ajustará en todo momento a lo dispuesto en el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puesto de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones vigentes.

4. Los Tribunales Calificadores Únicos estarán compuestos por un número impar de vocales, no inferior a cinco, de los cuales uno será un magistrado-juez, fiscal, secretario judicial, o médico forense, en su caso, que asumirá la presidencia, y otro un funcionario de carrera del Ministerio de Justicia que actuará como Secretario. El resto de los vocales, que serán igualmente funcionarios de carrera, se nombrarán atendiendo al principio de especialidad y de tal modo que la totalidad de los miembros del tribunal posean un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo de que se trate. Los Tribunales Delegados tendrán idéntica composición, salvo por lo que se refiere a los funcionarios del Ministerio de Justicia, que, en este caso, serán funcionarios de la comunidad autónoma propuestos directamente por el órgano competente de ésta. En todo caso, dos de cada cinco vocales serán propuestos por el órgano competente de la comunidad autónoma.

En la composición de los tribunales de pruebas selectivas, se promoverá la paridad entre mujeres y hombres.

Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. Por los mismos motivos podrán ser recusados por los opositores en el plazo de quince días desde su constitución o, por causas sobrevenidas, en cualquier momento de la tramitación del proceso selectivo.

5. No podrán formar parte de los tribunales quienes ostenten la condición de alto cargo, según su respectiva regulación, ni aquellos que hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

Cuando así se prevea en las correspondientes convocatorias, los tribunales podrán disponer la incorporación de asesores especialistas, que les asistan para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con los tribunales exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, y les será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior de este artículo.

6. El Tribunal adoptará las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones que el resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para las personas con discapacidad que así lo hagan constar en su solicitud, se establecerán las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su realización.

A tal efecto el Tribunal atenderá a lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad y podrá requerir informe, y en su caso colaboración, de los Órganos Técnicos de la Administración laboral, sanitaria o de los Órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o de los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

7. A efectos de comunicación y demás incidencias, la sede del Tribunal Calificador Único y de los Tribunales Delegados se determinará en cada convocatoria.

8. En cada una de las convocatorias, el Tribunal tendrá la categoría que corresponda al grupo del Cuerpo que se convoque, de acuerdo con lo recogido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio.

Undécima. Desarrollo del proceso selectivo. Fase de Oposición.

1. El orden de actuación de los opositores será el que resulte del sorteo a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado que se reflejará en cada convocatoria.

2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan.

3. Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de los restantes ejercicios se harán públicos con doce horas de antelación, al menos, a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se efectuarán, en los mismos lugares especificados en la base novena, punto 2. y en todo caso en la página web del Ministerio de Justicia (www.justicia.es) y en su caso, de las Comunidades Autónomas.

4. El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no deban ser leídos ante el órgano de selección, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los mismos.

5. El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia al interesado, deberá proponer su exclusión a la Secretaría de Estado de Justicia.

6. Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, los Tribunales harán públicas en los mismos lugares especificados en la base novena, punto 2, y en todo caso en la página web del Ministerio de Justicia (www.justicia.es) y en las páginas de las Comunidades Autónomas, las listas de opositores que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida en cada ámbito territorial y emplazarán a los incluidos en las mismas para la realización del siguiente ejercicio.

Los opositores que no se hallen incluidos en las respectivas relaciones tendrán la consideración de no aptos, quedando eliminados del proceso selectivo.

Finalizados todos los ejercicios de la oposición, la relación resultante de aprobados por ámbitos, clasificados de mayor a menor puntuación total, constituirá la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición en cada ámbito territorial.

Duodécima. Desarrollo del proceso selectivo. Valoración de Méritos en la fase de concurso.

1. En el caso de que la convocatoria sea por el sistema de concurso oposición, finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la hubieran superado dispondrán de un plazo de veinte días naturales para presentar en el Registro General del Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, C/ de la Manzana n.º 2, 28015 Madrid, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso, de acuerdo con lo que se establezca en cada convocatoria. La no presentación de la documentación en el plazo señalado supondrá la no valoración al aspirante de la fase de concurso. Los opositores que concurran por Comunidades Autónomas con lengua oficial propia distinta del castellano, tanto si concurren por el turno libre como de promoción interna, que opten por acreditar documentalmente su conocimiento de la misma aportarán también en este momento la certificación acreditativa correspondiente. En el caso en que la convocatoria establezca la valoración del conocimiento del derecho civil, foral o especial de las Comunidades Autónomas se aportará en este momento la certificación acreditativa de estos conocimientos

La acreditación del tiempo de servicios prestados en la Administración de Justicia se aportará de oficio por la Administración responsable.

2. El temario al que se ajustará la fase de oposición de la promoción interna, así como los méritos que han de ser valorados en la fase de concurso para cada cuerpo de acceso y su puntuación, se detallarán en Orden del Ministerio de Justicia que se publicará con anterioridad a la convocatoria. En todo caso en la fase de concurso se valorarán los siguientes aspectos:

a) Historial académico relacionado con las materias o especialidades propias de los cuerpos.

b) Historial profesional, que comprenderá los méritos relacionados con los puestos de trabajo, diplomas, conocimientos informáticos y cursos relacionados con las materias o especialidades propias de los cuerpos.

c) Antigüedad.

d) Conocimiento de idiomas extranjeros.

e) En los ámbitos territoriales correspondientes a comunidades autónomas con lengua oficial o derecho propio, se puntuará asimismo el conocimiento de éstos. La evaluación de estos méritos se ajustará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 8.2 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia.

3. El baremo correspondiente para la valoración de los méritos de la fase de concurso, será aprobado por el Ministerio de Justicia, en los términos establecidos en el artículo 10.3 del Reglamento anteriormente citado, y será publicado antes de la convocatoria.

4. El Tribunal calificador publicará en el lugar o lugares indicados en la base novena punto 2. y en la sede del Tribunal Único y Delegados, la relación de aspirantes con la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntación obtenida en cada mérito y la total. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes. Finalizado dicho plazo el Tribunal publicará la relación con la valoración definitiva de la fase de concurso.

Decimotercera. Valoración del conocimiento de las lenguas oficiales, distintas al castellano, de las Comunidades Autónomas y valoración del conocimiento del derecho civil, foral o especial propio de las Comunidades Autónomas que lo tengan.-Concluidos los ejercicios obligatorios de cada proceso selectivo y en su caso, la fase de concurso, los aspirantes comprendidos en la relación de aprobados que concurran por ámbito territorial con lengua autonómica propia, distinta del castellano, serán emplazados para la realización del ejercicio de carácter optativo, no eliminatorio, que acredite el conocimiento de dicha lengua, si así lo hubieran solicitado en su instancia. En ese mismo momento, el Tribunal Delegado correspondiente procederá a la valoración de la documentación acreditativa del conocimiento del idioma, que se hubiere presentado oportunamente por los opositores que hayan optado por acreditar documentalmente el conocimiento del mismo.

La puntuación obtenida, tanto del examen como de la documentación acreditativa, se ajustará según el baremo contenido en cada convocatoria y sólo surtirá efectos para la adjudicación de destinos en la Comunidad Autónoma correspondiente.

Del mismo modo, y con los mismos efectos, se procederá para la valoración de los conocimientos del derecho civil foral o especial propio de las Comunidades Autónomas, en el caso en que esta valoración estuviese prevista en la convocatoria correspondiente.

Decimocuarta. Nombramiento en prácticas y curso selectivo.

1. Una vez terminada la fase de oposición o concurso-oposición, los Tribunales elevarán al Ministerio de Justicia la relación de aprobados, cuyo número no podrá superar el de plazas convocadas y que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas donde se convoquen plazas, con indicación del número obtenido en cada ámbito, DNI, puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios, y total de todos los ejercicios obligatorios, y, en su caso, de la fase de concurso; junto con esta nota total pero separada de ella y sin sumarse a la misma figurará, en su caso, la obtenida en la lengua oficial, distinta al castellano de la Comunidad Autónoma por cuyo ámbito territorial concurre, y en su caso la obtenida por el conocimiento del derecho civil, foral o especial de esa Comunidad.

2. En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el cupo de reserva de personas con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida por los aspirantes del sistema general (libre o promoción interna) será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.

3. La relación de aprobados se elevará a la Secretaría de Estado de Justicia, que la publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y diarios oficiales de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas, disponiendo los aspirantes propuestos de un plazo de veinte días naturales, desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado, para la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria, para su nombramiento como funcionarios en prácticas.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar, únicamente, certificación del ministerio u organismo del que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias requeridas para su nombramiento.

4. No se podrá declarar superado el proceso selectivo en cada ámbito a un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho las propuestas de aprobados que contravengan esta limitación.

Los aspirantes que no superen el curso, o en su caso, período de prácticas, de carácter selectivo que se indique en cada convocatoria, en los términos legalmente previstos, perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante resolución motivada de la autoridad convocante.

Corresponde a los centros, institutos, servicios o responsables de la unidad o centro de destino correspondientes en los que se desarrolle el curso selectivo o, en su caso, el período de prácticas, la evaluación del aprovechamiento de los aspirantes, que se graduará según se establezca en la respectiva convocatoria.

Decimoquinta. Superación del proceso selectivo.-Las plazas, para ser cubiertas por los aspirantes que superen el proceso selectivo serán ofertadas por la Administración competente en cada caso.

La adjudicación de los destinos habrá de realizarse necesariamente dentro del ámbito territorial por el que el aspirante concurrió, de acuerdo con el orden de puntuación obtenida en dicho ámbito, a cuyos efectos se habrá tenido en cuenta, en su caso, la puntuación obtenida por el aspirante en los ejercicios optativos de conformidad con el baremo y demás requisitos establecidos en la convocatoria, y la preferencia de los opositores, excepto lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Los funcionarios que accedan por promoción interna tendrán preferencia en la elección de las plazas ofertadas sobre los aspirantes que procedan del turno libre.

Los puestos de trabajo no ocupados por los funcionarios de promoción interna, en virtud de su opción por continuar en activo en el cuerpo de procedencia, declarándoseles en la situación de excedencia voluntaria, prevista en el articulo 506 d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder Judicial, serán ofertadas también a los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por el turno libre.

Decimosexta. Términos y plazos.-Todos los términos y plazos establecidos en las convocatorias se contarán en todo caso, a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, cuando no sea posible su publicación simultánea con los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Madrid, 28 de julio de 2006.-El Ministro de Justicia, P. D. (Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra.



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