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Ficha de esta disposición

Título :
ORDEN de 9 de marzo de 2000 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización y la convocatoria para las solicitudes de dichas ayudas
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 71/2000
Fecha Disposición :
09/03/2000
Fecha Publicación :
23/03/2000
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
ORDEN de 9 de marzo de 2000 por la que se establecen, Las bases reguladoras de La concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización y la convocatoria para las solicitudes de dichas ayudas.

La necesidad de adaptar la estructura productiva de las empresas públicas que operan en sectores en declive a las condiciones actuales de la demanda y los mercados internacionales requiere con frecuencia, entre otras medidas, llevar a cabo disminuciones de su capacidad productiva y ajustes de carácter laboral que afectan fuertemente a la base industrial de las zonas en la que se hallan ubicadas y, en consecuencia, a su empleo.
Con objeto de atenuar los efectos que provocan estos procesos de racionalización y modernización del sector público empresarial, el Ministerio de Industria y Energía, en el ámbito de sus políticas de reindustrialización, pretende crear en las zonas donde se están produciendo estos ajustes unas condiciones básicas que faciliten el desarrollo de un sector industrial alternativo con mayor proyección futura.
Por este motivo, con cargo al programa presupuestario de Reconversión y Reindustrialización del Ministerio de Industria y Energía, y dentro de los límites que la normativa comunitaria permite, se inició en 1997 una acción de apoyo a la reindustrialización de estas zonas, estableciéndose las bases reguladoras de la concesión de ayudas y la convocatoria para su solicitud por Orden de este Ministerio de 19 de mayo de 1997, que tuvo su continuidad en el ejercicio siguiente a través de la Orden de 24 de marzo de 1998, y posteriormente con la Orden de 30 de abril de 1999.
La favorable acogida que han tenido estas convocatorias tanto en el ámbito empresarial como en el institucional, así como el importante volumen de inversiones y empleo que se prevé movilizar a través de las mismas y la plena vigencia de las condiciones que dieron lugar a su promulgación, inducen a continuar durante el año 2000 con las ayudas establecidas para actuaciones de reindustrialización que desarrollen en zonas donde se produzcan tales procesos.
No obstante, la experiencia adquirida durante los tres años de aplicación de esta iniciativa y el resultado de la gestión de las ayudas que la instrumentan, aconsejan hacer en este preámbulo algunas matizaciones a determinados aspectos de esta Orden relacionadas con el objeto de las ayudas y con el ámbito geográfico de aplicación.
A1 igual que la Orden del pasado año, el objeto de las ayudas se establece partiendo de un concepto amplio de la actividad industrial que configura la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, considerando no sólo la actividad mediante la cual se obtienen los productos industriales, sino también todas las actividades y servicios conexos de la misma. De tal forma se contempla el impulso a la capacitación profesional y técnica de la oferta de recursos humanos, la creación de una infraestructura técnica e industrial básica, el fortalecimiento de los mecanismos de financiación industrial y el arranque de iniciativas empresariales inversoras.
Por su parte, no es posible delimitar previamente con exactitud las zonas de aplicación, puesto que no existe una catalogación de los lugares donde se produzcan las condiciones indicadas, ni existe una definición, a priori, de las características e intensidad de los procesos de ajuste o reestructuración de las empresas del sector público estatal con incidencia relevante en el empleo que serán necesarios en cada situación, dada la coyunturalidad derivada de las concretas circunstancias sociales y laborales.
A estos factores de imprecisión se suma el carácter compensatorio de las ayudas establecidas en la presente Orden, orientando y asignando las mismas en función de los efectos producidos por los citados ajustes o reestructuraciones que se vayan realizando y de la demanda de proyectos capaces de movilizar el mayor volumen de inversiones y empleo sustitutivos, sin que anticipadamente puedan establecerse criterios de distribución.
La gestión de las ayudas se efectúa como se establece en la presente Orden, de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, entre otras, en la sentencia 13/1994. No obstante, para contribuir a una mejor coordinación del apoyo regional institucional se cooperará con las Comunidades Autónomas y entes locales, como se ha efectuado durante los años anteriores, a través de los oportunos Convenios de colaboración.
Por lo expuesto, en uso de las competencias que establece el artículo 3.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y una vez cumplimentadas las disposiciones estatales y comunitarias sobre la materia, dispongo:
Primero. Ámbito geográfico de aplicación.-A los efectos de aplicación de esta Orden, serán zonas geográficas elegibles aquellas en las que, teniendo un tejido industrial relevante en sectores sometidos a procesos de adaptación, se produzcan operaciones de ajuste o reestructuración de empresas del sector público estatal que afecten sensiblemente al empleo, circunscribiéndose al entorno de las localidades donde sean más acusados sus efectos.
Segundo. Objeto y prioridades de las ayudas.
1. Podrán recibir ayudas las iniciativas que tengan por finalidad contribuir a la reindustrialización de las zonas a que se refiere el punto primero de esta Orden, a través de alguna de las siguientes áreas y actuaciones:
a) Área de formación: Creación o potenciación de centros de formación y el desarrollo de proyectos que tengan como objetivo mejorar la capacitación profesional y técnica de los recursos humanos de la zona. Se priorizarán las actuaciones de los centros que a través de programas concretos se dirijan a:
Adaptar profesionalmente la oferta de recursos laborales a las nuevas demandas originadas por los cambios técnicos.
Cualificar técnica y comercialmente, así como en prácticas de gestión, a cuadros directivos y técnicos de pequeñas y medianas empresas.
Preparar nuevos empresarios para la iniciación de actividades industriales.
Perfeccionar formadores y desarrollar metodologías didácticas para que las empresas puedan implantar sus propios planes de formación.
b) Área de infraestructura:
1) Infraestructura básica: Realización de inversiones en infraestructuras técnicas e industriales de uso común o compartido que tengan por finalidad mejorar el nivel de servicios de apoyo a la actividad industrial tales como parques tecnológicos, suelo industrial, accesos a redes de transporte y de telecomunicación, etc.
2) Infraestructura tecnológica: Creación o potenciación de centros tecnológicos y el desarrollo de actividades que tengan como objetivo colaborar con las empresas de la zona en el desarrollo de proyectos innovadores, aportándoles asistencia técnica y servicios tecnológicos especializados.
3) Infraestructura de dinamización: Creación y potenciación de unidades de dinamización y el desarrollo de proyectos y estudios que tengan por finalidad proporcionar al sector industrial servicios de difusión, información, asesoramiento y gestión sobre necesidades y oportunidades de negocio e inversión, tecnológicas, industriales y de internacionalización.
c) Área de financiación: Potenciación de instrumentos y mecanismo financieros, así como el desarrollo de programas que lleven asociados, que tengan como objetivo el impulso de la actividad productiva, tecnológica e industrial de las zonas de aplicación de la presente Orden. Se priorizarán las actuaciones de aquellos instrumentos financieros que se dirijan a:
Apoyar inversiones productivas, especialmente de pequeñas y medianas empresas, constitutivas de la base del tejido industrial.
Favorecer las inversiones de carácter tecnológico e innovador de manera que se incremente el nivel de competitividad del sector industrial.
Afianzar la fabricación de bienes que tengan un largo período de desarrollo y, por tanto, un elevado riesgo y unos altos requerimientos de financiación.
Capitalizar y mejorar la estructura financiera de las empresas, contribuyendo a la consolidación de su actividad empresarial.
d) Área de industria: Arranque y ejecución de iniciativas industriales que actúen como fuerza motriz del desarrollo del sector productivo empresarial, priorizándose los proyectos que se dirijan a:
Crear nuevas actividades industriales que, además de generar empleo, supongan un fortalecimiento y diversificación de la estructura industrial de las zonas de aplicación de esta Orden.
Integrar esfuerzos de varias empresas con un objetivo industrial común que, aprovechando las capacidades y potencialidades de la zona, produzcan una dinamización de la economía local.
2. En las actuaciones correspondientes a las áreas de formación e infraestructura del apartado anterior, podrán ser objeto de ayuda y constituirán la base sobre la que se calcule ésta, tanto las inversiones en activos fijos como el resto de los costes necesarios para el desarrollo de la actuación: Gastos de personal, materiales, colaboraciones externas y otros gastos imputables a la iniciativa objeto de la ayuda.
En las actuaciones del área de financiación serán objeto de ayuda las inversiones en inmovilizados financieros que realice el peticionario, así como los gastos necesarios para el desarrollo del programa, proyecto o actuación.
En las actuaciones del área de industria serán objeto de ayuda las inversiones que realicen en activos fijos. No obstante, siempre que se res pete el límite máximo fijado en el mapa español de ayudas, éstas podrán concederse a favor de otros gastos de inversión imputables a la actuación.
3. Las inversiones en activos fijos que hayan sido objeto de ayuda deberán mantenerse y dedicarse a los fines previstos en la actuación durante un período, como mínimo, de cinco años.
Tercero. Destinatarios. Podrán acogerse a las ayudas contempladas en esta Orden las personas físicas o jurídicas siguientes:
a) Para el área de formación: Entidades públicas o privadas, instituciones sin ánimo de lucro y asociaciones de empresas que tengan por finalidad la formación de recursos humanos.
b) Para el área de infraestructura: Entidades públicas o privadas, instituciones sin ánimo de lucro y asociaciones de empresas que tengan por finalidad proporcionar servicios al sector empresarial de carácter técnico conexos a la actividad industrial.
c) Para el área de financiación: Entidades públicas y privadas e instituciones sin ánimo de lucro que tengan por finalidad dar al sector empresarial un soporte financiero para impulsar actividades industriales.
d) Para el área de industria: Empresas públicas y privadas que posean una actividad productiva de carácter industrial.

Cuarto. Modalidades y cuantía de las ayudas.
1. Las actividades objeto de apoyo descritas en el apartado segundo podrán acceder, en concurrencia entre ellas y con otras ayudas financieras públicas nacionales o internacionales, a las siguientes modalidades y cuantías máximas de ayudas:
a) Para las áreas deformación, infraestructura y financiación:
Subvenciones a fondo perdido hasta un montante máximo del 70 por 100 del coste de la actuación.
Préstamos reembolsables sin intereses hasta un montante máximo, en términos de subvención neta equivalente, del 70 por 100 del coste de la actuación.
b) Para el área de industria: Préstamos reembolsables sin intereses hasta un montante máximo del 70 por 100 del coste de la actuación.
2. En cualquier caso, la cuantía de las ayudas que perciban los destinatarios por actuaciones comprendidas en el área de industria, así como los beneficiarios últimos de las actuaciones financiadas en las áreas de formación, infraestructura y financiación, no podrán sobrepasarlos límites de intensidad de ayudas establecidos en las diferentes directrices comunitarias sobre ayudas de Estado y, en especial, en su caso, los límites de intensidad del mapa español de ayudas con finalidad regional, debiendo además aportar el beneficiario, como mínimo, la financiación del 25 por 100 de la inversión.
3. Las ayudas se concederán con cargo a las dotaciones y disponibilidades de los créditos consignados al Servicio 20.04, Dirección General de Industria y Tecnología, destinados al Programa 723 B, Reconversión y reindustrialización bajo la denominación de "Políticas de Reindustrialización" del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria y Energía para el año 2000, para los capítulos, conceptos y subconceptos siguientes:
Transferencias de capital (capítulo 7), 744, 764, 774 y 784.
Activos financieros (capítulo S), 821.14 y 831.14.
Quinto. Colaboración en la gestión, de las ayudas. La evaluación de las solicitudes, la entrega y distribución de las ayudas y el seguimiento técnico y económico de las actuaciones y proyectos se podrán encomendar a Comunidades Autónomas o entidades colaboradoras, que asumirán las obligaciones que establece el artículo 81.5 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, actuando a todos los efectos en nombre y por cuenta del Ministerio de Industria y Energía.
Sexto. Solicitudes.
1. Los interesados presentarán su solicitud, en ejemplar duplicado, dirigida al Director general de Industria y Tecnología, según modelo que figura como anexo I a esta Orden, en el Registro General del Ministerio de Industria y Energía, en el paseo de la Castellana, 160, de Madrid; o por cualquier otro de los sistemas establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Alas solicitudes se acompañará la documentación siguiente:
a) Cuestionario, en ejemplar duplicado, según el anexo B de esta Orden, cumplimentado con todos los datos que figuran, que se proporcionará en la Dirección General de Industria y Tecnología y en las áreas funcionales y dependencias provinciales del Ministerio de Industria y Energía.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad, si el solicitante es persona física, o de la tarjeta de personas jurídicas y entidades en general, establecida en el Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre, si el solicitante es persona jurídica.
c) Acreditación de la representación del firmante de la solicitud, cuando actúe como representante, de acuerdo con el previsto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Declaración del solicitante en la que se haga constar las ayudas obtenidas, las solicitadas y las que se prevén solicitar de cualquier Administración, nacional o internacional, en relación con la actuación objeto de la solicitud de apoyo.
3. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación anexa referida en el punto anterior será de un mes, comenzando el día de entrada en vigor de la presente Orden.
4. Previo al estudio y evaluación de las solicitudes, se examinará la documentación presentada, requiriendo al interesado para que, en su caso, subsane o acompañe nueva documentación en el plazo de diez días. Si así no lo hiciera, se tendrá por desistido de su petición, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Séptimo. Evaluación de las solicitudes.
1. La propuesta de evaluación de las solicitudes será realizada por la Dirección General de Industria y Tecnología o, en su caso, por las Comunidades Autónomas o entidades colaboradoras a que se refiere el apartado quinto de esta Orden.
2. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Adecuación a las prioridades establecidas en el apartado segundo de la presente Orden.
b) Calidad y viabilidad técnica, económica y financiera.
c) Adaptación alas necesidades y potencialidades de la zona.
3. A lo largo del proceso de evaluación podrá ser recabada cuanta información y documentación complementaria se considere precisa para dicho proceso.
4. Las propuestas de evaluación serán sometidas al análisis del Comité de Gestión y Coordinación, regulado en el punto octavo, epígrafe 2, de esta Orden, que decidirá sobre las mismas.
Octavo. Concesión, de las ayudas.
1. La propuesta de resolución de concesión o denegación de las ayudas se realizará de acuerdo con la evaluación del Comité de Gestión y Coordinación que se regula en el apartado siguiente.
2. El Comité de Gestión y Coordinación estará presidido por el Director general de Industria y Tecnología, y formarán parte de él, como Vocales, el Subdirector general de Promoción y Estrategias Industriales, el Subdirector general de Programas Industriales, el Subdirector general de Ordenación Minera y Minería no Energéticas, el Subdirector general Jefe de la Oficina Presupuestaria, un representante de la Dirección General de Industrias y Tecnologías de la Información, un representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y un funcionario de la Dirección General de Industria y Tecnología, quien actuará como Secretario.
El régimen jurídico del citado Comité será el establecido en el capítulo H del título H de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Previamente a la propuesta de resolución de concesión de las ayudas, una vez que el Comité de Gestión y Coordinación haya emitido su informe, se pondrá en conocimiento del interesado la cuantía de la ayuda, las condiciones y los plazos para la realización de la actuación o proyecto objeto de apoyo, las condiciones y plazos de entrega, las condiciones de reembolso de la ayuda, así como cualquier otra condición técnica o económica que se considere necesaria para el desarrollo de la actuación o proyecto.
El interesado deberá manifestar su aceptación o renuncia en el plazo de quince días hábiles desde la notificación y en el plazo de treinta aportar la documentación requerida en la misma. En caso de que no conteste en los plazos indicados se entenderá que renuncia a la ayuda.
4. Cuando sea procedente el trámite de audiencia, a tenor del artículo 84 de la Ley 30/1992, se concederá a los interesados afectados, un plazo de quince días hábiles para que formulen las alegaciones y presenten la documentación que estimen pertinente, quedando decaídos en su derecho a este trámite si no actúan en el plazo expresado.
5. E1 pago de las ayudas establecidas en la presente Orden vendrá condicionada al cumplimiento por los beneficiarios de sus obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social en los términos fijados por las órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987.
6. La resolución de concesión o denegación de las ayudas se dictará por el Secretario de Estado de Industria y Energía o por el órgano en quien se haya delegado. En la resolución se harán constar todas aquellas condiciones que se consideren necesarias para desarrollar la actividad objeto de la ayuda.
7. La resolución se notificará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro del órgano competente para la tramitación del procedimiento. De acuerdo con lo establecido en el punto 3 de la disposición transitoria primera de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el supuesto de no producirse la resolución en el plazo señalado se entenderá desestimada la solicitud.
8. La resolución pondrá fina la vía administrativa.
Noveno. Justificación, seguimiento y pago de las subvenciones con cedidas.
1. La Dirección General de Industria y Tecnología y, en su caso, las entidades colaboradoras serán las encargadas de llevar a cabo el se guimiento de las subvenciones concedidas a las actuaciones y proyectos, verificando el cumplimiento y efectividad de todas las condiciones y plazos impuestos y entregando a los beneficiarios las ayudas correspondientes.
2. Los beneficiarios podrán disponer de la subvención concedida a través de los pagos parciales que, en su caso, fije la resolución de concesión, de acuerdo al calendario de hitos que se haya determinado en dicha resolución para la ejecución de la actuación o proyecto objeto de la ayuda.
3. Con carácter previo al abono de la subvención correspondiente a cada hito, el beneficiario deberá acreditar que la actividad objeto de la ayuda ha sido efectivamente realizada.
Para ello, el preceptor de la subvención se obliga a poner a disposición de la Dirección General de Industria y Tecnología todos los justificantes de gastos y demás documentos acreditativos de las inversiones realizadas, así como a darle libre acceso a los trabajos que constituyan el desarrollo de la actividad objeto de apoyo.
De cada hito ejecutado de la actividad objeto de la subvención, de conformidad con lo establecido en la resolución de concesión, se procederá a efectuar su recepción definitiva de la misma, a la que se acompañará una valoración final sobre el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto o actuación.
4. En casos razonables y justificados, previa petición del interesado, la subvención concedida podrá ser abonada, parcial o totalmente, con anterioridad a la justificación de la realización de la actuación o proyecto.
Previamente al pago anticipado de las subvención, se requerirá del interesado la aportación del resguardo de constitución de una garantía ante la Caja General de Depósitos, en alguna de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja y con los requisitos establecidos por las mismas, por el importe de la ayuda anticipada e intereses de demora desde el momento de la concesión del anticipo hasta la fecha de finalización del plazo máximo de justificación de la realización del proyecto objeto de apoyo. E1 interés de demora será el previsto en el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria. La garantía será liberada cuando tenga lugar la acreditación de que se ha realizado la actividad origen de la subvención.
Décimo. Justificación, seguimiento y pago de los préstamos concedidos
1. La Dirección General de Industria y Tecnología y, en su caso, las entidades colaboradoras serán las encargadas de llevar a cabo el seguimiento de los préstamos concedidos a las actuaciones y proyectos, verificando el cumplimiento y efectividad de todas las condiciones y plazos impuestos y entregando a los beneficiarios las ayudas correspondientes.
2. Los préstamos concedidos, que tendrán la consideración de anticipos reembolsables, serán abonados con anterioridad a la justificación de la realización de la actuación o proyecto.
Previamente al abono anticipado del préstamo, se requerirá del interesado la aportación del resguardo de constitución de una garantía ante la Caja General de Depósitos, en alguna de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja y con los requisitos establecidos para las mismas, por el importe de la ayuda anticipada y por el importe de los intereses de demora que pudieran producirse desde el momento de la concesión del anticipo hasta la fecha de finalización del plazo máximo de justificación de la realización de la actuación objeto del apoyo. Se considerará interés de demora el previsto en el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria.
La garantía correspondiente al importe de la ayuda será liberada por tramos a medida que se produzca el reembolso del préstamo, mientras que la correspondiente a los intereses de demora lo será cuando tenga lugar la acreditación de que se ha realizado la actividad origen de la ayuda.
3. E1 perceptor del préstamo se obliga a poner a disposición de la Dirección General de Industria y Tecnología todos los justificantes de gastos y demás documentos acreditativos de las inversiones realizadas, así como a darle libre acceso a los trabajos que constituyan el desarrollo de la actividad objeto de apoyo.
Finalizada la ejecución de la actividad, se procederá a la recepción definitiva de la misma, a la que se acompañará una valoración final sobre el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto o actuación.
Undécimo. Reembolso de los préstamos.
1. Las condiciones de reembolso del préstamo concedido a cada actuación o proyecto apoyado se fijará en convenios individuales que se suscribirán con cada uno de los destinatarios.
2. Como norma general, el reembolso de los préstamos se realizará en anualidades de idéntica cuantía, venciendo la primera cinco años después de su concesión. El número de anualidades, sin considerar el período de carencia, será como máximo de diez.
3. En aquellos supuestos en los que la naturaleza del proyecto o la actuación apoyada así lo justifique, las condiciones y plazos del reembolso de los préstamos pueden subordinarse a la consecución de determinados logros y objetivos, pudiendo tener estas ayudas el carácter de préstamos participativos.
4. En casos justificados, y previo informe del Comité de Gestión y Coordinación, se podrán conceder prórrogas en los plazos de reembolsos.
5. Las cantidades a reembolsar por los beneficiarios de los préstamos tendrán la consideración de deudas no tributarias de derecho público y se ingresarán directamente en el Tesoro Público.
El incumplimiento de esta obligación en los plazos establecidos determinará la aplicación de lo dispuesto en el apartado decimotercero de la presente Orden.
Duodécimo. Modificación, de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas, así como la obtención concurrente de otras ayudas otorgadas por otras Administraciones nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. Las modificaciones o alteraciones de las condiciones iniciales relativas a la ejecución de la actuación objeto de la ayuda establecidas en la resolución de concesión que se produzcan por circunstancias ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria podrán dar lugar, previa solicitud motivada de ésta, ala correspondiente modificación del calendario previsto de entrega y, en su caso, de reembolso de las ayudas.
3. En casos justificados, a petición del interesado y previo informe del Comité de Gestión y Coordinación, se podrán conceder prórrogas en los plazos máximos de realización de la actuación o proyecto.
Decimotercero. Incumplimiento.
1. Procederá la revocación de las ayudas, así como el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la ayuda, en los casos y en los términos previstos por el artículo 81.9 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
2. Tendrán consideración de infracciones y serán sancionables las conductas a que se refiere el artículo 82 del vigente texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en los términos establecidos en el mismo.
Decimocuarto. Normativa general. Las ayudas a que se refiere la presente Orden, además de los previsto por la misma, se regirán por lo establecido en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de subvenciones públicas.
Decimoquinto. Convenios con Comunidades Autónomas y "les loca les. Para la ejecución del régimen de ayudas regulado por esta Orden se podrán celebrar convenios de colaboración con Comunidades Autónomas y con entidades locales.
Decimosexto. Entrada en, vigor. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado,

Madrid, 9 de marzo de 2000.
PIQUÉ I CAMPS

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria y Energía.

ANEXOS OMITIDOS