Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificación de desestimación de recurso de reposición por obras realizadas en el inmueble sito en calle Ceuta, núm. 61 - 4.º C
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOME 4813
Fecha Publicación :
03/05/2011
Órgano Emisor :
CONSEJERIA DE FOMENTO
1221.- Habiéndose intentado notificar la desestimación de recurso de reposición a D. MIGUEL GONZALEZ RAMOS, por obras realizadas en el inmueble sito en CALLE CEUTA, 61 4 C, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha 04-04-2011 registrado con el nº 804, en el correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

Asunto: Informe recurso de alzada Expediente de protección de la legalidad urbanística.

Situación: Calle Ceuta, 61, 4º C.

Obras: Construcción de habitación en cubierta.

Promotora: D. Miguel González Ramos.

Visto expediente de referencia e informe de la Consejería de Fomento que a continuación se transcribe:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, adjunto se remite a la Presidencia de la Ciudad, por ser el órgano competente para su resolución, el expediente de referencia, con el presenta informe de la Consejeria, -que fue el órgano que dictó el acto impugnado-, en el que se incluye el informe de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, que a continuación se transcribe:

En relación con el expediente de protección de la legalidad urbanística de referencia, por quien suscribe se informa lo siguiente:

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.

El recurso se interpone el 28/02/11, contra la Orden del Consejero de Fomento nº 104, de 18/01/11, notificada el 28/01/11, en la que se ordena la demolición de las obras referenciadas, por lo que se interpone en plazo. En cuanto al resto de criterios de admisibilidad, aparecen acreditados los requisitos formales y materiales establecidos en la legislación sustantiva y de procedimiento aplicables.

ANTECEDENTES.

Como antecedentes inmediatos que deben tenerse en cuenta para la correcta resolución de este recurso, se deben citar los siguientes:

- Con fecha 24/09/10, se denuncia por la Policía Urbanística, previo requerimiento de la Consejería de Fomento, que en la dirección reseñada se observa que se ha construido una habitación de obra de aproximadamente 4,50 x 3,00 metros, identificando como propietario a D. Miguel González Ramos.

- Por Orden nº 2376 de 07/10/10, del Consejero de Fomento se ordena suspender las obras y advertir al interesado que dispone del plazo de dos meses para proceder a la legalización de la obra. Presentándose el 09/11/10 alegaciones por parte del interesado, alegando que la obra se había realizado hacía más de cinco años, aportando hoja de presupuesto de fecha 05/07/2005. Debemos señalar que no consta, a fecha de hoy, en los archivos y registros de esta Consejería, que se haya presentado solicitud de la preceptiva licencia de obras.

- Por Orden nº 104 de 18/01/11, del Consejero de Fomento, se acuerda ordenar, a costa del interesado, la demolición de las siguientes obras: "habitación de construcción de 4,50 x 3,00 metros en cubierta" debiendo reponer las obras a su estado original en el inmueble referenciado.

- Con fecha 28/02/11, se presenta por el interesado recurso de alzada contra la citada Orden nº 104, en el que se alega:

Único.- Que como ya puso de manifiesto, la obra se realizó hace más de cinco años, hecho que se intenta acreditar adjuntando, junto al presupuesto ya aportado, declaraciones juradas por varios vecinos (cinco), por lo que procede acordar la prescripción de la acción de la Administración y la nulidad de pleno derecho de la Orden dictada por la Consejería de Fomento, al haber transcurrido el plazo establecido en el art. 185 del TRLS de 1976.

Vistos los antecedentes y las alegaciones efectuadas de parte, procede analizarlas y contestarlas de conformidad con los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.- Acreditación de la comisión de la infracción.

Con sujeción al art. 178 del TR de la Ley del Suelo aprobado por RD 1346/1976, de 9 de abril, art. 1 de Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por RD 2187/1978, de 23 de junio y Norma 53 y 354 de nuestro PGOU están sujetos a previa licencia los actos objeto del procedimiento de reposición de legalidad, en el que se dicta la Orden contra la que se interpone el recurso de alzada.

Además, debemos recordar como ya se señaló, las obras son disconformes, en todo, con el planeamiento vigente (como se determina en el informe de 11/11/10 emitido por técnico de esta Consejería).

Segundo.- Adecuación del procedimiento.

Se ha seguido en todo momento el procedimiento legal para este tipo de expedientes. Así, acreditada la existencia de una obra ilegal (informe de la Policía Local de 24/09/10), de conformidad con el art. 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística, cuando se tenga conocimiento de construcciones ilegales, el Alcalde (en este caso el Consejero) dispondrá de la suspensión inmediata de las obras, concediéndose un plazo de dos meses a los promotores de las mismas para solicitar la oportuna licencia. Transcurrido este plazo sin solicitarla, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a que diera lugar. Procediéndose igualmente en el caso de que la licencia sea desestimada.

En términos análogos el art. 184 del TR/76 Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, sobre obras en construcción, según el cual si el interesado no solicita la licencia en el plazo de dos meses, se acordará la demolición de las obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar. Tercero.- Estudio de las alegaciones.

Aduce el interesado la caducidad del derecho de la Administración a exigir el restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada, al haber transcurrido más de cuatro años desde la total terminación de las obras, pues las mismas se acometieron según el interesado hace más de cinco años, y para acreditar este extremo se hace alusión al presupuesto realizado por "Construcciones Chaoui", de fecha 05/07/05, ya aportado en fase de alegaciones (09/11/10) y la declaración jurada de cinco vecinos del inmueble en el que se ubican las obras.

En relación a esta cuestión debemos señalar que efectivamente el plazo de caducidad de la acción administrativa es de cuatro años, tal y como señala el artículo 185 del TRLS de 1976 modificado por el artículo 9 del RD Ley 16/1981, de 16 de octubre; no obstante la cuestión fundamental estriba en determinar el día inicial del cómputo, entendiéndose por tal el de la terminación total de las obras, tal y como señala el propio artículo.

Dicho esto y de conformidad con jurisprudencia más que reiterada, sirva de ejemplo la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de Diciembre de 1.991, se declara expresamente que en estos supuestos la carga de la prueba de la prescripción no la soporta la Administración sino el administrado que voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad y que por tanto ha creado la dificultad para el conocimiento del "dies a quo" en el plazo que se examina, por ello el principio de la buena fe, plenamente operante en el campo procesal impide, que el que crea una situación de ilegalidad pueda obtener ventaja de las dificultades probatorias originadas por esa ilegalidad.

En este caso como únicas pruebas se aportan unas meras declaraciones juradas de conocimiento por parte de cinco vecinos (testificales), así como un presupuesto, esto es, no se trata, si quiera de una factura, por lo que el mero presupuesto emitido por una empresa, en modo alguno certifica el comienzo de unas obras y muchísimo menos puede acreditar la finalización de las mismas, fecha a partir de la cual debe empezar a computarse la prescripción de la infracción (tal y como exige el artículo 185 de TRLS de 1976:..desde la total terminación de las obras..).

En relación con lo anterior y en términos de la STSJ MADRID 13/02/07 según la cual: ..no puede olvidarse que se trata de un supuesto de realización de una actividad ilícita, la de la realización de unas obras sin licencia, y de dicha actividad ilícita no puede obtenerse ninguna ventaja, toda vez que lo que se busca es la restauración de la legalidad urbanística, que solo quedará enervada cuando quede acreditado fuera de toda duda que desde que se terminaron totalmente las obras hasta que se notificó el requerimiento de legalización han trascurrido mas de cuatro años..escritos que contienen manifestaciones.. que declaran expresamente haber comprobado la finalización de las obras por el tiempo alegado por el recurrente.. La resolución municipal originaria.. consideró que tales pruebas, exclusivamente testificales, carecían de fuerza suficiente para acreditar tal hecho.A la vista de todo ello, considera el Juzgador que la Resolución municipal ha de reputarse acertada y que la valoración probatoria que efectúa ha de reputarse igualmente ajustada a Derecho. Las pruebas testificales.. por sí solas carecen del rigor y fuerza necesarios a los fines que pretende la demanda. No puede admitirse que unas simples manifestaciones.., en este u otro procedimiento Administrativo, enerven sin más la fuerza de una acción de tan singular importancia para el interés general como lo es la de restablecimiento de la legalidad urbanística.

Por todo lo anterior y a modo de conclusión esta Administración, con fundamento en la doctrina jurisprudencial expuesta y con base en el interés general que prima en este tipo de expedientes (STSJ Madrid 13/02/2007) así como en el principio de libre apreciación de la prueba y valoración conjunta, en modo alguno puede admitir la caducidad de acción administrativa a exigir la reposición urbanística alegada por la recurrente. Toda vez que no se ha probado suficientemente por el interesado la finalización total de las obras y por ende el transcurso de los cuatro años. Cuarto.- Legitimación de la Orden de demolición.

Por último teniendo en cuenta que la orden de restablecimiento de la legalidad urbanística no es una decisión discrecional de la Administración sino que, una vez se haya constatado la ejecución de las obras sin licencia y haya transcurrido el mencionado plazo de dos meses sin solicitarla, y máxime cuando las obras son en todo disconformes con el planeamiento vigente, resulta obligado ordenar la demolición. Así se desprende del art. 52 del RDU por el que en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal. Las sanciones por las infracciones urbanísticas que se aprecien se impondrán con independencia de dichas medidas.

CONCLUSIONES

En conclusión, salvo mejor criterio, por esta Dirección, se propone:

UNO.- Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto contra la Orden referenciada, en base a las razones aducidas en el cuerpo de este escrito.

Confirmando en todo la orden recurrida, por la que se ordenó la demolición de las obras ilegales, conllevando con ello la reposición del inmueble afectado a su estado original.

DOS.- Advertir al interesado, que con independencia del resultado de este expediente, se tramitará expediente sancionador por infracción urbanística, consistente en realizar las obras sin contar con la preceptiva licencia, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 225 y siguientes de la T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y concordantes del RDU.

A la vista de lo informado por la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo se propone la desestimación del Recurso de Alzada, no obstante la Presidencia resolverá lo que estime procedente

Y de conformidad con el mismo, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.-Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto contra la Orden referenciada, en base a las razones aducidas en el cuerpo de este escrito. Confirmando en todo la orden recurrida, por la que se ordenó la demolición de las obras ilegales, conllevando con ello la reposición del inmueble afectado a su estado original.

SEGUNDO.- Advertir al interesado, que con independencia del resultado de este expediente, se tramitará expediente sancionador por infracción urbanística, consistente en realizar las obras sin contar con la preceptiva licencia, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 225 y siguientes de la T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y concordantes del RDU.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso si asi lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 26 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.