Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
LEY 8/1987, de 8 de junio, de regulación de los planes y fondos de pensiones
Estado :
Derogada
Nº de Disposición :
8/1987
Boletín Oficial :
BOE 137/1987
Fecha Disposición :
08/06/1987
Fecha Publicación :
09/06/1987
Órgano Emisor :
JEFATURA DEL ESTADO
Juan Carlos I rey de España a todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: que las cortes generales han aprobado y yo vengo en sancionar la
siguiente ley:
En la vigente legislación española no existe una regulación especifica sobre
fondos de pensiones, limitándose nuestro ordenamiento a normas dispersas que
aluden a instituciones de previsión social que contemplan aspectos aislados.
La presente ley viene a corregir esta ausencia, institucionalizando una
modalidad de ahorro de creciente demanda social con regulación y control por la
administración. Con ello se incorpora a nuestra realidad una experiencia
contrastada positivamente en la mayoría de los países desarrollados,
especialmente en las ultimas décadas.
La ley se refiere a planes de pensiones y a fondos de pensiones, por este orden. La razón de dar prelación expositiva a la regulación sistemática de los planes de pensiones radica en la conveniencia de tratar las condiciones contractuales de constitución del ahorro-pensión, previamente al instrumento de inversión de dicho ahorro. Pues en la realidad material, un fondo de pensiones no es sino un medio de instrumentación de un plan de pensiones previo.
Los planes de pensiones se configuran como instituciones de previsión
voluntaria y libre, cuyas prestaciones de carácter privado pueden o no ser
complemento del preceptivo sistema de la seguridad social obligatoria, al que en
ningún caso sustituyen. Armoniza esta caracterización con el Artículo 41 de
nuestro texto constitucional, al proclamar que la asistencia y las prestaciones
complementarias al régimen publico de la seguridad social serán libres.
Luego de establecer una doble topología de planes de pensiones, en razón de los
sujetos constituyentes y de las obligaciones contractuales, se definen como
principios básicos de los planes, los de no discriminación, adscripción
obligatoria a un fondo de pensiones, irrevocabilidad de las aportaciones de la
entidad promotora, instrumentación mediante sistemas de capitalización y
asignación de la titularidad de los recursos afectos al plan, a sus participes y
beneficiarios, delimitándose en tiempo y cuantía los derechos adquiridos por los
participes y autorizándose su movilización al exclusivo efecto de aplicarlos a
un plan distinto.
De otra parte, la supervisión obligatoria de cada plan se encomienda a una
comisión de control que seleccionara al actuario que habrá de dictaminar el
sistema financiero y actuarial y revisar el plan al menos cada tres años.
Desde un enfoque estrictamente financiero los planes de pensiones que regula a
la ley se basan primordialmente en métodos operativos de capitalización,
acumulándose las aportaciones periódicas y sus rendimientos hasta constituir
unas reservas suficientes para generar las prestaciones previstas en el plan.
Da configuración de los fondos de pensiones se sitúa en su modalidad genuina de
fondos externos a las empresas o entidades que los promuevan, adoptando la
naturaleza de patrimonios separados e independientes de estas, carentes de
personalidad jurídica e integrados por los recursos afectos a las finalidades
predeterminadas en los planes de pensiones adscritos.
Dada la trascendencia social de los fondos, la ley establece aquellas
exigencias y controles tendentes a asegurar su desenvolvimiento y a evitar las
situaciones de insolvencia o que amenacen la efectividad de las prestaciones. A
tal efecto y entre otros se introducen requisitos relativos a su administración,
representación por una entidad gestora con el concurso de un depositario y
supervisión por comisiones de control, composición de sus activos y realización
de operaciones, publicación y remisión a la administración de las cuentas
anuales auditadas y sujeción a inspección administrativa, articulándose la
topología de infracciones y el pertinente régimen sancionador.
Sin perjuicio de destacar la finalidad social prioritaria a la que sirven los
fondos de pensiones, consistentes en facilitar el bienestar futuro de la
población retirada, es obligado reconocer la importancia que su implantación
puede y debe implicar en el orden financiero. La experiencia internacional, en
los países donde los fondos de pensiones están arraigados, pone de manifiesto su
efecto estimulante del ahorro a largo plazo. Esta característica es de
significativa relevancia en el caso español, cuyo mercado de capitales adolece
de acusada debilidad. En este sentido, la ley suscita expectativas muy deseables
y entronca con otras iniciativas convergentes en el fortalecimiento del sistema
financiero.
Finalmente, el régimen fiscal previsto traslada el impuesto sobre la renta de
los participes en los planes de pensiones al momento o periodo en que perciban
las prestaciones correspondientes. Para ello se autoriza la deducción en el
citado impuesto, de las aportaciones a los planes realizadas por los participes
o imputadas a ellos por la entidad promotora, deducción que opera en la base
imponible hasta determinados limites y en la cuota por el exceso si lo hubiere.
complementariamente, las prestaciones recibidas por los beneficiarios de los
planes deberán integrarse en sus respectivas bases imponibles.
En cuando a los fondos de pensiones, no soportan presión tributaria alguna,
otorgándoseles el derecho a la devolución de las retenciones sobre los
rendimientos de capital mobiliario que perciban.
Por ultimo, las ley contempla un plazo prudente de transición para que las
actuales instituciones que gestionan planes de pensiones se adapten al nuevo
sistema.

Capitulo primero
Disposiciones generales
Artículo 1. Naturaleza de los planes de pensiones
1. Los planes de pensiones definen el derecho de las personas, a cuyo favor se
constituyen a percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia,
viudedad, orfandad o invalidez, las obligaciones de contribución a los mismos y,
en la medida permitida por la presente ley las reglas de constitución y
funcionamiento del patrimonio que al cumplimiento de los derechos que reconoce
ha de afectarse.
2. Constituidos voluntariamente, sus prestaciones no serán, en ningún caso,
sustitutivas de las preceptivas en el régimen correspondiente de la seguridad
social, teniendo, en consecuencia, carácter privado y complementario o no de
aquellas.
Queda reservada la denominación de , así como sus siglas,
a los planes regulados por este ley.
Artículo 2. Naturaleza de los fondos de pensiones
Los fondos de pensiones son patrimonio creados al exclusivo objeto de dar
cumplimiento a planes de pensiones, cuya gestión, custodia y control se
realizaran de acuerdo con la presente ley.
Artículo 3. Entidades promotoras, participes y beneficiarios
1. Son sujetos constituyentes de los planes de pensiones:
a) El promotor del plan: tiene tal consideración cualquier entidad, corporación, sociedad, empresa, asociación, sindicato o colectivo de cualquier clase que insten a su creación o participen en su desenvolvimiento.
b) Los participes: tienen esta consideración las personas físicas en cuyo
interés se crea el plan, con independencia de que realicen o no aportaciones.
2. Son elementos personales de un plan de pensiones los sujetos constituyentes
y los beneficiarios, entendiéndose por tales las personas físicas con derecho a
la percepción de prestaciones, hayan sido o no participes.
3. Son entidades promotoras de los fondos de pensiones las personas jurídicas
que insten y, en su caso, participen en la constitución de los mismos en los
términos previstos en esta ley.
Artículo 4. Modalidades de planes de pensiones
1. En razón de los sujetos constituyentes, los planes de pensiones sujetos a
esta ley se encuadrarán necesariamente en una de las siguientes modalidades:
a) Sistema de empleo. Corresponde a los planes cuyo promotor es cualquier
entidad, corporación, sociedad o empresa y cuyos participes son sus empleados.
b) Sistema asociado. Corresponde a planes cuyo promotor es cualquier asociación, sindicato, gremio o colectivo, siendo los participes sus asociados y miembros.
c) Sistema individual. Corresponde a planes cuyo promotor son una o varias
entidades de carácter financiero y cuyos participes son cualesquiera personas
físicas, a excepción de las que estén vinculadas a aquellas por relación laboral
y sus parientes, hasta el tercer grado inclusive.
2. En razón de las obligaciones estipuladas, los planes de pensiones se
ajustaran a las modalidades siguientes:
De las prestaciones a percibir por los beneficiarios.
b) Planes de aportación definida, en los que el objeto definido es la cuantía
de las contribuciones de los promotores y, en su caso, de los participes al plan.
c) Planes mixtos, cuyo objeto es, simultáneamente, la cuantía de la prestación
y la cuantía de la contribución.
3. Los planes de los sistemas de empleo y asociados podrán ser de cualquiera de
las tres modalidades anteriores y los del sistema individual solo de la
modalidad de aportación definida.

Capitulo II
Principios y régimen de organización de los planes de pensiones
Artículo 5. Principios básicos de los planes de pensiones
1. Los planes de pensiones deberán cumplir cada uno de los siguientes
principios:
a) No discriminación: debe garantizarse el acceso como participe de un plan a
cualquier persona física que reúna las condiciones de vinculación o de capacidad
de contratación con el promotor que caracterizan cada tipo de contrato.
En particular:
Un plan del sistema empleo será no discriminatorio cuando la totalidad del
personal empleado por el promotor con, por lo menos, dos años de antigüedad,
este acogido o en condiciones de acogerse al citado plan.
Un plan del sistema asociado será no discriminatorio cuando todos los asociados
de la entidad o colectivo promotor puedan acceder al plan en igualdad de
condiciones y de derechos.
Un plan del sistema individual serán no discriminatorio cuando cualquier
persona que manifieste voluntad de adhesión y tenga capacidad de obligarse pueda
hacerlo en los términos contractuales estipulados para cualquiera de los
miembros adheridos.
b) Capitalización: los planes de pensiones se instrumentaran mediante sistemas
financieros y actuariales de capitalización. En consecuencia, las prestaciones
se ajustaran estrictamente al calculo derivado de tales sistemas.
reglamentariamente se definirá la topología de los sistemas de capitalización y
sus condiciones de aplicación, exigiéndose salvo que medie aseguramiento, la
constitución de reservas patrimoniales adicionales para garantizar la viabilidad
del plan.
c) Irrevocabilidad de aportaciones: las aportaciones del promotor de los planes
de pensiones tendrán el carácter de irrevocables.
d) Atribución de derechos: las aportaciones de los participes a los planes de
pensiones determinan para los citados participes los derechos recogidos en el
Artículo 8 de la presente ley.
e) Integración obligatoria: integración obligatoria a un fondo de pensiones, en
los términos fijados por esta ley, de las contribuciones económicas a que los
promotores y participes estuvieran obligados y cualesquiera otros bienes
adscritos a un plan.
2. Exclusivamente los planes de pensiones que cumplan los requisitos contenidos
en esta ley podrán acceder a los regímenes financiero y fiscal previstos en la
misma.
3. Las aportaciones anuales máximas de la unidad familiar a los planes de
pensiones regulados en la presente ley, incluyendo, en su caso, las que los
promotores de dichos planes imputen a los miembros de dicha unidad familiar, no
podrán rebasar en ningún caso la cantidad de 750.000 pesetas.
Artículo 6. Especificaciones de los planes de pensiones.
1. Los planes de pensiones deberán precisar necesariamente los aspectos
siguientes:
a) Determinación del ámbito personal del plan, así como su modalidad a tenor de
lo estipulado en el Artículo 4 de esta ley.
b) Normas para la constitución y funcionamiento de la comisión de control del
plan.
c) Sistema de financiación, de acuerdo con lo dispuesto por esta ley.
d) Adscripción a un fondo de pensiones, constituido o a constituir, según lo
regulado en esta norma.
e) Definición de las prestaciones y normas para determinar su cuantía, con
indicación de si las prestaciones son o no revalorizables y, en su caso, la
forma de revalorización.
f) Derechos y obligaciones de los partícipes y edad y circunstancias que
originan el devengo de las prestaciones.
g) Causas y circunstancias que faculten a los partícipes a modificar o
suspender sus aportaciones y sus derechos y obligaciones en cada caso.
h) Normas relativas a las altas y bajas de los partícipes.
i) Requisitos para la modificación del plan y procedimientos a seguir para la
adopción de acuerdos al respecto.
j) Causas de terminación del plan y normas para su liquidación.
2. Asimismo, deberán prever el procedimiento de transferencia de los derechos
consolidados correspondientes al partícipe que, por cambio de colectivo laboral
o de otra índole, altere su adscripción a un plan de pensiones, de acuerdo con
lo previsto en esta ley.
Artículo 7. La comisión de control del plan de pensiones.
1. El funcionamiento y ejecución de cada plan de pensiones será supervisado por
una comisión de control constituida al efecto.
2. La comisión de control del plan tendrá las siguientes funciones:
a) Supervisar el cumplimiento de las cláusulas del plan en todo lo que se
refiere a los derechos de sus partícipes y beneficiarios.
b) Seleccionar el actuario o actuarios que deban certificar la situación y
dinámica del plan.
c) Nombrar los representantes de la comisión de control del plan en la comisión
de control del fondo de pensiones al que esté adscrito.
d) Proponer y, en su caso, decidir en las demás cuestiones sobre las que la
presente ley le atribuye competencia.
e) Representar judicial y extrajudicialmente los intereses de los partícipes y
beneficiarios del plan ante la entidad gestora del fondo de pensiones.
3. La comisión de control estará formada por representantes del promotor o
promotores, partícipes y beneficiarios, de forma que se garantice la presencia
de todos los interesados, manteniéndose la mayoría absoluta de la representación
de los partícipes.
Cuando en el desarrollo de un plan, éste quedara sin partícipes, la mayoría
absoluta de la representación corresponderá a los beneficiarios.
reglamentariamente, podrán establecerse las condiciones y porcentajes de
representación.

Capitulo III
Régimen financiero de los planes de pensiones
Artículo 8. Aportaciones y prestaciones.
1. Los planes de pensiones se instrumentarán mediante sistemas financieros y
actuariales de capitalización que permitan establecer una equivalencia entre las
aportaciones y las prestaciones futuras a los beneficiarios.
Dichos sistemas financieros y actuariales deberán implicar la constitución de
reservas en las condiciones mínimas que reglamentariamente se determinen.
En todo caso, deberá constituirse un margen de solvencia mediante las reservas
patrimoniales necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
potenciales, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. 2. El plan
podrá prever la contratación de seguros, avales y otras garantías con las
correspondientes entidades financieras para la cobertura de riesgos determinados
o el aseguramiento o garantía de las prestaciones.
3. Las contribuciones o aportaciones se realizarán por el promotor o promotores
y por los partícipes, respectivamente, en los casos y forma que, de conformidad
con la presente ley, establezca el respectivo plan de pensiones, determinándose
y efectuándose las prestaciones según las normas que el mismo contenga.
4. La titularidad de los recursos patrimoniales afectos a cada plan
corresponderá a los partícipes y beneficiarios.
5. De acuerdo con lo previsto en cada plan de pensiones, las prestaciones
podrán ser:
a) Prestación en forma de capital.
b) Prestación en forma de renta, temporal o vitalicia.
c) Prestación en forma de capital-renta.
6. Las contingencias por las que satisfarán las prestaciones anteriores podrán
ser:
a) Jubilación o situación asimilable.
de no ser posible el acceso del beneficiario a tal situación, la prestación
correspondiente sólo podrá ser percibida al cumplir los sesenta años de edad.
b) Invalidez laboral total y permanente para la profesión habitual o absoluta y
permanente para todo trabajo.
c) Muerte del partícipe o beneficiario, que puede generar derecho a una pensión
de viudedad u orfandad.
7. Constituyen derechos consolidados por los partícipes de un plan de pensiones
los siguientes:
a) En los planes de pensiones de aportación definida, la cuota parte que
corresponde al partícipe, determinada en función de las aportaciones,
rendimientos y gastos.
b) En los planes de prestación definida, la reserva que le corresponda de
acuerdo con el sistema actuarial utilizado.
8. Los derechos consolidados de los partícipes sólo se harán efectivos a los
exclusivos efectos de su integración en otro plan de pensiones o, en su caso,
cuando se produzca el hecho que da lugar a la prestación.
9. A instancia de los partícipes deberán expedirse certificados de pertenencia
a los planes de pensiones que, en ningún caso, serán transmisibles.
Artículo 9. Aprobación y revisión de los planes.
1. El promotor de un plan de pensiones, una vez elaborado el proyecto de plan
que incluya las especificaciones contempladas en el Artículo 6 de la presente
norma, recabará dictamen de un actuario sobre la suficiencia del sistema
financiero y actuarial en que se fundamente dicho proyecto.
2. Obtenido el dictamen favorable, el promotor instará a la constitución de una
comisión promotora del plan de pensiones con los potenciales partícipes. Esta
comisión estará formada y operará de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7 para
la comisión de control de un plan de pensiones.
La comisión promotora procederá a la presentación del proyecto del plan de
pensiones ante el fondo de pensiones en que pretenda integrarse.
3. El fondo de pensiones, a la vista del proyecto de plan presentado,
comunicará, en su caso, a la comisión promotora la admisión del proyecto, por
entender, bajo su responsabilidad, que se cumplen los requisitos exigidos en
esta ley.
4. Recibida la comunicación anterior, la comisión promotora instará a la
formalización del plan de pensiones, así como a la constitución de su pertinente
comisión de control, en los plazos y con las condiciones que reglamentariamente
se establezcan.
5. El sistema financiero y actuarial de los planes deberá ser revisado por
actuario y, en su caso, rectificado al menos cada tres años, teniendo en cuenta
la evolución de los salarios, la rentabilidad de las inversiones, las tasas de
mortalidad del colectivo, la supervivencia de los pasivos y las demás
circunstancias concurrentes. Si, como resultado de la revisión, se planteara la
necesidad o conveniencia de introducir variaciones en las aportaciones y
contribuciones en las prestaciones previstas o en ambas, se someterá la cuestión
a la comisión de control del plan para que proponga lo que estime procedente de
conformidad con lo previsto en el Artículo 6.1.i).
Artículo 10. integración en un fondo de pensiones.
1. Para la instrumentación de un plan de pensiones, las contribuciones
económicas a que los promotores y los partícipes del plan estuvieran obligados
se integrarán inmediata y necesariamente en una cuenta de posición del plan en
el fondo de pensiones, con cargo a la cual se atenderá el cumplimiento de las
prestaciones derivadas de la ejecución del plan. Dicha cuenta recogerá asimismo
los rendimientos derivados de las inversiones del fondo de pensiones que, en los
términos de esta ley, se asignen al plan.
2. Reglamentariamente se fijarán las condiciones a que se sujetarán las
relaciones entre el plan y el fondo de pensiones, y en particular las referentes
al traspaso de la cuenta de posición del plan desde un fondo de pensiones a otro, así como a la liquidación del plan.
3. La comisión de control del plan de pensiones supervisará la adecuación del
saldo de la cuenta de posición del plan a los requerimientos del régimen
financiero del mismo.

Capitulo IV
Constitución y régimen de organización de los fondos de pensiones
Artículo 11. Constitución de los fondos de pensiones.
1. Los fondos de pensiones se constituirán, previa autorización administrativa
del ministerio de economía y hacienda, en escritura pública otorgada por la
entidad promotora y se inscribirán en el registro especial administrativo que al
efecto se establezca y en el registro mercantil. Carecerán de personalidad
jurídica y serán administrados y representados conforme a lo dispuesto en esta
ley.
2. La escritura de constitución deberá contener necesariamente las siguientes
menciones:
a) La denominación o razón social y el domicilio de la entidad o entidades
promotoras.
b) La denominación o razón social y el domicilio de las entidades gestora y
depositaria y la identificación de las personas que ejercen la administración y
representación de aquéllas.
c) La denominación del fondo, que deberá ser seguido, en todo caso, de la
expresión "fondo de pensiones".
d) El objeto del fondo conforme a la presente ley.
e) Las normas de funcionamiento que especificarán, al menos:
- el ámbito de actuación del fondo.
- el procedimiento para la elección y renovación y la duración del mandato de
los miembros de la comisión de control del fondo, así como el funcionamiento de
ésta.
- la política de inversiones de los recursos aportados al fondo.
- los criterios de imputación de resultados, de conformidad con lo dispuesto en
la presente ley.
- los sistemas actuariales que pueden utilizarse en la ejecución de los planes
de pensiones.
- la comisión máxima que haya de satisfacerse en la entidad gestora, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 20.4 de esta ley.
- las normas de distribución de los gastos de funcionamiento a que se refiere
el Artículo 14.6 de esta ley.
- los requisitos para la modificación del reglamento y para la sustitución de
las entidades gestora y depositaria. En ningún caso podrá operarse la
sustitución sin el previo acuerdo de la comisión, oídas las subcomisiones, de
control del fondo de pensiones, salvo lo establecido en el Artículo 23 de esta
ley.
- las normas que hayan de regir la disolución y liquidación del fondo.
3. Con carácter previo a la constitución del fondo los promotores deberán
obtener autorización del ministerio de economía y hacienda, a cuyos términos se
acomodara, en su caso, la escritura de constitución. El otorgamiento de la
autorización en ningún caso podrá ser título que cause la responsabilidad de la
administración del estado.
4. Obtenida la autorización administrativa previa en el registro mercantil se
abrirá a cada fondo una hoja de inscripción en la que será primer asiento el
correspondiente a la escritura de constitución y contendrá los extremos que esta
deba expresar, aplicándose las normas que regulan el registro mercantil.
5. Se crearan en el ministerio de economía y hacienda el registro
administrativo de fondos de pensiones y el de entidades gestoras de fondos de
pensiones. Los fondos de pensiones se inscribirán necesariamente en el registro
administrativo, en el que se hará constar la escritura de constitución y las
modificaciones posteriores autorizadas en la forma prevista en este Artículo.
además, se deberá hacer constar el plan o planes de pensiones a que cada fondo
de pensiones este efecto, asi como las sucesivas incidencias que les afecten.
6. Queda reservada la denominación de , asi como sus
siglas, a los constituidos de acuerdo con la presente ley.
7. La inscripción en el registro administrativo exige el previo cumplimiento de
todos los demás requisitos de constitución.
8. Podrán constituirse fondos de pensiones que instrumenten un único plan de
pensiones.
9. Los fondos de pensiones podrán encuadrarse dentro de dos tipos:
a) Fondo abierto, caracterizado por poder canalizar las inversiones de otros
fondos de pensiones.
b) Fondo cerrado, instrumenta exclusivamente las inversiones del plan o planes
de pensiones integrados en el.
10. En los fondos de pensiones que integran planes de pensiones de prestación
definida y en los fondos de pensiones abiertos podrá requerirse la constitución
de un patrimonio inicial mínimo, según niveles fijados reglamentariamente en
razón de las garantías exigidas para su correcto desenvolvimiento financiero.
Artículo 12. Responsabilidad
1. Los acreedores de los fondos de pensiones no podrán hacer efectivos sus
créditos sobre los patrimonios de los promotores de los planes y de los
participes, cuya responsabilidad esta limitada a sus respectivos compromisos de
aportación a sus planes de pensiones adscritos.
2. El patrimonio de los fondos no responderá por las deudas de las entidades
promotora, gestora y depositaria.
Artículo 13. Administración de los fondos de pensiones
Los fondos de pensiones serán administrados con las limitaciones establecidas
en el Artículo 14, por una entidad gestora con el concurso de un depositario y
bajo la supervisión de una comisión de control, en la forma que
reglamentariamente se determine.
Artículo 14. Comisión de control del fondo de pensiones
1. Si el fondo de pensiones instrumenta un único plan de pensiones, la comisión
de control del plan ejercerá las funciones de comisión de control del fondo. Si
un mismo fondo instrumenta diversos planes, la comisión de control del fondo se
formara con representación de todas las comisiones de control de los planes. En
tal caso, se ponderara el voto de los designados por cada plan en atención a su
numero y a la parte de interés económico que el plan tenga en el fondo.
2. Las funciones de la comisión de control del fondo de pensiones son, entre
otras:
a) Supervisión del cumplimiento de los planes adscritos.
b) Control de la observancia de las normas de funcionamiento, del propio fondo
y de los planes.
c) Nombramiento de los expertos cuya actuación este exigida en la presente ley,
sin perjuicio de las facultades previstas dentro de cada plan de pensiones.
d) Propuesta y, en su caso, decisión en las demás cuestiones sobre las que la
presente ley le atribuye competencia.
Podrá recabar de las entidades gestora y depositaria la información que resulte
pertinente para el ejercicio de sus funciones.
e) Representación del fondo, pudiendo delegar en la entidad gestora para el
ejercicio de sus funciones.
f) Examen y aprobación de la actuación de la entidad gestora en cada ejercicio
económico, exigiéndole, en su caso, la responsabilidad prevista en el Artículo
22 de esta ley.
g) Sustitución de la entidad gestora o depositaria, en los términos previstos
en el Artículo 23.
h) Suspensión de la ejecución de actos y acuerdos contrarios a los intereses
del fondo.
i) En su caso, aprobación de la integración en el fondo de nuevos planes de
pensiones.
3. Por de heterogeneidad en los tipos de planes de pensiones adscritos a un mismo fondo o de dimensión de este, podrá arbitrarse la constitución, en el seno de la comisión de control, de subcomisiones que operaran según áreas homogéneas de planes o según modalidades de inversión.
4. El cargo de vocal de una comisión será temporal y gratuito. En las normas de
funcionamiento del fondo se consignara el procedimiento para la elección y
renovación de sus miembros, la duración de su mandato, asi como los casos y
formas en que deba reunirse la mencionada comisión de control del fondo.
5. Una vez elegidos sus miembros designaran entre si quienes hayan de ejercer
la presidencia y la secretaria. La comisión quedara validamente constituida
cuando, debidamente convocados, concurran la mayoria de sus miembros y adoptara
sus acuerdos por mayoria, conforme a lo dispuesto en el apartado 1.
6. Se soportaran por el fondo los gastos de funcionamiento de la comisión de
control.
Artículo 15. Disolución y liquidación 1. Procederá la disolución de los fondos
de pensiones por las causas señaladas en sus normas de funcionamiento, y en los
supuestos previstos en el Artículo 23 de esta ley.
En todo caso, será requisito previo para la disolución de los fondos de
pensiones la garantía individualizada de las prestaciones causadas y, si no
media acuerdo en contrario de los promotores y participes, la continuación de
los planes vigentes a través de otro fondo de pensiones ya constituido o a
constituir.
2. una vez disuelto un fondo de pensiones, se abrirá el periodo de liquidación,
realizándose las correspondientes operaciones conjuntamente por las comisiones
de control del fondo y la gestora de conformidad con lo que establezca el
reglamento de esta ley.

Capitulo V
Régimen financiero de los fondos de pensiones
Artículo 16. inversiones de los fondos de pensiones
1. El activo de los fondos de pensiones, con exclusión de las dotaciones para
el pago de primas en virtud de planes total o parcialmente asegurados, estará
invertido de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y
congruencia de plazos adecuados a sus finalidades.
Reglamentariamente se establecerá el limite mínimo, no inferior al 75 por 100
que se invertirá en activos financieros contratados en mercados organizados
reconocidos oficialmente y de funcionamiento regular abierto al publico o, al
menos, a las entidades financieras, en créditos con garantía hipotecaria y en
inmuebles.
2. Reglamentariamente podrán fijarse porcentajes mínimos o máximos de inversión
en determinadas categorías generales de inversiones en que se materialice el
activo de los fondos de pensiones, con el fin de asegurar su liquidez o
solvencia y sin que, en ningún caso, puedan entrañar obligaciones de invertir en
activos financieros específicos cuya rentabilidad no se adecue a las condiciones
generales de los mercados financieros.
3. La inversión en activos extranjeros se regulara por la legislación
correspondiente, computándose en el porcentaje indicado a su naturaleza.
4. La inversión en títulos emitidos o avalados por una misma entidad no podrá
exceder, en valor nominal, del porcentaje establecido por el gobierno con el
limite máximo del 5 por 100 del total de los títulos en circulación de aquella.
la suma de las mencionadas inversiones en una misma entidad, mas los créditos
otorgados a ella o avalados por la misma, no podrá exceder del porcentaje fijado
por el gobierno, con el limite máximo del 10 por 100 del total de activos
financiados integrados en el fondo de pensiones. El segundo de dichos limites
será tambien de aplicación respecto a los títulos emitidos y créditos recibidos
por entidades diferentes, pero pertenecientes a un mismo grupo. El gobierno
podrá fijar limitaciones especiales a las inversiones de los fondos de pensiones
en activos financieros que figuren en el pasivo de empresas promotoras de los
planes de pensiones adscritos al fondo, de las gestoras o depositarias del fondo, o de las empresas pertenecientes al mismo grupo de aquellas. Las anteriores limitaciones no serán de aplicación a los activos emitidos o avalados por el estado o sus organismos autónomos, las comunidades autónomas, las entidades publicas extranjeras, los organismos financieros internacionales de los que España sea miembro y por aquellos otros que asi resulte de compromisos
internacionales que España pueda asumir.
5. A efectos de esta ley se consideraran pertenecientes a un mismo grupo las
sociedades que constituyan una unidad de decisión porque cualquiera de ellas
controla directa o indirectamente a las demás. Existe control de una sociedad,
dominada, por otra dominante, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) La dominante posea la mayoria de votos o de capital de la dominada.
b) La dominante, en virtud de acuerdos expresos con otros accionistas o socios
cooperadores de la dominada o con la propia dominada, o en virtud de los
estatutos de esta tenga en relación con los órganos de gobierno de la entidad
dominada, derechos iguales a los que ostentaría de tener la mayoria de los
derechos de voto de los accionistas o socios de la dominada.
c) La dominante tenga una participación en el capital de la dominada no
inferior al porcentaje que reglamentariamente el gobierno establezca y esta este
sometida a la dirección única de aquella. Se presume, salvo prueba en contrario,
que existe dirección única cuando al menos la mitad mas uno de los consejeros de
la dominada sean consejeros o altos directivos de la dominante o de otra
dominada por esta.
A los derechos de la dominante se añadirán los que posea a través de otras
entidades dominadas o a través de personas que actúen por cuenta de la entidad
dominante o de otras dominadas.
Cuando la pertenencia a un mismo grupo sea una circunstancia sobrevenida con
posterioridad a la inversión, el fondo deberá regularizar la composición de su
activo en un plazo de un año.
En el caso de fondos de pensiones administrados por una misma entidad gestora o
por distintas entidades gestoras pertenecientes a un mismo grupo de sociedades,
el gobierno podrá disponer que las limitaciones establecidas en el numero 4
anterior se calculen con relación al balance consolidado de dichos fondos.
6. Los tipos de interés de los depósitos de los fondos de pensiones serán
libres.
Artículo 17. Condiciones generales de las operaciones
1. Por los fondos de pensiones se realizaran las operaciones sobre activos
financieros admitidos a cotización en bolsa o en un mercado organizado de los
citados en el numero 1 del Artículo anterior, de forma que incidan de manera
efectiva en los precios con la concurrencia de ofertas y demandas plurales,
salvo que la operación pueda realizarse en condiciones mas favorables para el
fondo que de las resultantes del mercado.
2. En general, los fondos de pensiones no podrán otorgar crédito a los
participes de los planes de pensiones adscritos, salvo en los casos
excepcionales que se señalen reglamentariamente.
3. La adquisición y enajenación de bienes inmuebles deberán ir precedidas
necesariamente de su tasación, realizada en la forma prevista en la ley de
regulación del mercado hipotecario y su legislación complementaria.
4. Las entidades gestora y depositaria de un fondo de pensiones, asi como sus
consejeros y administradores, y los miembros de la comisión de control, no
podrán comprar ni vender para si elementos de los activos del fondo ni
directamente ni por persona o entidad interpuesta. Análoga restricción se
aplicara a la contratación de créditos.
5. Los bienes de los fondos de pensiones solo podrán ser objeto de garantía
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del fondo, en los términos que
se establezcan reglamentariamente.
Artículo 18. Obligaciones frente a tercero las obligaciones frente a tercero no
podrán exceder en ningún caso del 5 por 100 del activo del fondo. No se tendrán
en cuenta a estos efectos los débitos contraídos en la adquisición de elementos
patrimoniales en el periodo que transcurra hasta la liquidación total de la
correspondiente operación, ni los existentes frente a los beneficiarios hasta el
momento del pago de las correspondientes prestaciones.
Artículo 19. Cuentas anuales
1. Dentro del primer cuatrimestre de cada ejercicio económico, las entidades
gestoras de fondos de pensiones deberán:
a) Formular y someter a la aprobación de los órganos competentes las cuentas
anuales de la entidad gestora.
b) Formular el balance, la cuenta de resultados y la memoria explicativa del
ejercicio anterior del fondo o fondos administrados, y someter dichos documentos
a la aprobación de la comisión de control del fondo respectivo.
c) obtener los informes de auditoria a que se refiere el apartado 4 siguiente.
d) Presentar la información citada en los puntos anteriores al ministerio de
economía y hacienda y a las comisiones de control del fondo y de los planes de
pensiones adscritos al fondo, quienes podrán dar a la misma la difusión que
estimen pertinente.
2. Dentro del primer semestre de cada ejercicio económico, las entidades
gestoras deberán publicar, para su difusión general, los documentos mencionados
en el apartado 1.
3. Reglamentariamente se fijaran las normas de valoración de los activos de los
fondos de pensiones, los criterios para la formación de su cuenta de resultados
y el sistema de asignación de los mismos a los planes adscritos al fondo.
4. Los documentos citados en el punto 1, a), deberán ser auditados por expertos
o sociedades de expertos que cumplan los requisitos que se señalen
reglamentariamente. Los informes de auditoria deberán abarcar los aspectos
contables financieros y actuariales, incluyendo un pronunciamiento expreso en lo
relativo al cumplimiento de lo previsto al respecto en esta ley y en su
desarrollo reglamentario.
5. El ministerio de economía y hacienda podrá exigir a las entidades gestoras
de fondos de pensiones la realización de auditorias externas excepcionales, con
el alcance que considere necesario.
6. El ministerio de economía y hacienda establecerá los modelos de balance,
cuenta de resultados y demás estados contables de los fondos de pensiones y de
sus entidades gestoras, asi como los criterios de contabilización y valoración
en cuanto no estén determinados por disposiciones del gobierno.
7. El ministerio de economía y hacienda podrá recabar de las entidades gestoras
y de las depositarias cuantos datos contables y estadísticos, públicos o
reservados, referentes a las mismas y a los fondos de pensiones administrados
por ellas, estén relacionados con sus funciones de inspección y tutela, y
señalara la periodicidad con que dicha información deberá elaborarse y los
plazos máximos para su entrega al ministerio.
8. El ministerio de economía y hacienda dispondrá la publicidad que deba darse,
con carácter agregado o individual, a los datos citados en el apartado 7,
asegurando una información frecuente, rápida y suficiente en favor de las
comisiones de control de los planes de pensiones y de sus participes y
beneficiarios.
9. Las comisiones de control de los planes de pensiones podrán solicitar del
ministerio de economía y hacienda información sobre datos, referentes al fondo
de pensiones al que estén adscritos o a su entidad gestora o depositaria, no
previamente publicados y que estén en poder del ministerio o que este pueda
recabar.
10. Las entidades citadas en el párrafo 2 de este Artículo están sujetas al
cumplimiento de las obligaciones de información previstas en el ordenamiento
jurídico.

Capitulo VI
Entidades gestoras y depositarias de fondos de pensiones Artículo 20. Entidades
gestoras
1. Podrán ser entidades gestoras de fondos de pensiones las sociedades
anónimas que, habiendo obtenido autorización administrativa previa, reúnan los
siguientes requisitos:
a) Tener un capital desembolsado por el siguiente importe:
en todo caso, 100 millones de pesetas.
Adicionalmente, el 1 por 100 del exceso del activo total del fondo sobre 1.000
millones de pesetas.
b) Sus acciones serán nominativas.
c) Tener como objeto social y actividad exclusivos la administración de fondos
de pensiones.
d) No podrán emitir obligaciones ni acudir al crédito y tendrán materializado
su patrimonio en los activos que reglamentariamente se determinen.
e) Deberán estar domiciliadas en España.
f) Deberán inscribirse en el registro administrativo establecido en el numero 5
del Artículo 11 de esta ley.
2. Tambien podrán ser entidades gestoras de fondos de pensiones las entidades
aseguradoras autorizadas para operar en España en los seguros de vida, siempre
que cumplan los requisitos previstos en los apartados a), e) y f) Del numero
anterior.
El limite previsto en el apartado a) Del numero anterior se entenderá aplicable, en su caso, al fondo mutual de las entidades de previsión social.
El acceso de estas entidades a la gestión de fondos de pensiones se hará previa
notificación al ministerio de economía y hacienda.
3. La denominación de entidad gestora de fondos de pensiones queda reservada
exclusivamente a las entidades que cumplan los requisitos previstos en los
números precedentes.
4. Reglamentariamente se determinaran las condiciones en que podrá contratarse
con entidades domiciliadas fuera del territorio nacional la administración de
los activos financieros extranjeros adquiridos conforme a la legislación vigente.
5. Las sociedades gestoras percibirán por su función una comisión de gestión
dentro del limite fijado en las normas de funcionamiento del fondo y que no
excederá del máximo que, como garantía de los intereses de los participes y
beneficiarios de los planes de pensiones, pudiera establecer el gobierno de la
nación.
Artículo 21. Entidades depositarias
1. La custodia y deposito de los valores mobiliarios y demás activos
financieros integrados en los fondos de pensiones corresponderá a un depositario, que ha de ser entidad de deposito domiciliada en España.
2. Además de la función de custodia, ejercerán la de vigilancia de la entidad
gestora ante las entidades promotoras, participes y beneficiarios, debiendo
efectuar únicamente aquellas operaciones acordadas por las entidades gestoras
que se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias.
3. Reglamentariamente se determinaran las condiciones en que pueda realizarse
el deposito de los activos financieros extranjeros a que se refiere el numero 3
del Artículo anterior.
4. En remuneración de sus servicios, los depositarios percibirán de los fondos
las retribuciones que libremente pacten con las entidades gestoras, con la
previa conformidad de la comisión de control del fondo, sin perjuicio de las
limitaciones que puedan establecerse reglamentariamente.
5. Cada fondo de pensiones tendrá un solo depositario.
6. Nadie podrá ser al mismo tiempo gestor y depositario de un fondo de
pensiones, salvo los supuestos que se prevean reglamentariamente en
del Artículo 23 de esta ley.
Artículo 22. Responsabilidad las entidades gestoras y las depositarias actuaran
en interés de los fondos que administren o custodien, siendo responsables frente
a las entidades promotoras, participes y beneficiarios de todos los perjuicios
que se les causaren por el incumplimiento de sus respectivas obligaciones. Ambos
están obligados a exigirse recíprocamente esta responsabilidad en interés de
aquellos.
Artículo 23. Sustitución de las entidades gestora o depositaria
1. La sustitución de las entidades gestora o depositaria procederá:
a) A instancia de la propia entidad, previa presentación de la que haya de
sustituirla. En tal caso será precisa la aprobación por la comisión de control
del fondo y por la entidad gestora o depositaria que continúe en sus funciones,
del proyecto de sustitución que, cumpliendo los requisitos que se señalen en las
normas de funcionamiento del fondo, se proponga a aquellas en la forma y plazo
que reglamentariamente se establezcan. Para proceder a la sustitución de la
entidad gestora será requisito previo la realización y publicidad suficiente de
la auditoria prevista en el Artículo 19 de esta ley y, en su caso, la
constitución por la entidad cesante de las garantías necesarias para cubrir las
responsabilidades de su gestión.
b) Por decisión de la comisión de control del fondo de pensiones, que deberá
designar simultáneamente una entidad dispuesta a hacerse cargo de la gestión o
el deposito. En tanto no se produzca la correspondiente designación, la entidad
afectada continuara en sus funciones.
2. La renuncia unilateral a sus funciones por parte de las entidades gestoras o
depositaria solo surtirá efecto pasado un plazo de dos años contados desde su
notificación fehaciente a la comisión de control del fondo de pensiones y previo
cumplimiento de los requisitos de auditoria, publicidad y garantía a que se
refiere el apartado a) Del numero precedente. Si vencido el plazo no se
designara una entidad sustitutiva, procederá la disolución del fondo de
pensiones.
3. La disolución, el procedimiento concursal de las entidades gestora o
depositaria y su exclusión del registro administrativo producirá el cese en la
gestión o custodia del fondo de la entidad afectada. Si esta fuese la entidad
gestora, la gestión quedara provisionalmente encomendada a la entidad
depositaria. Si la entidad que cesa en sus funciones fuese la depositaria, los
activos financieros y efectivo del fondo serán depositados en el banco de España. En ambos casos se producirá la disolución del fondo si en el plazo de un año no se designa nueva entidad gestora o depositaria.
4. Los cambios que se produzcan en el control de las entidades gestoras y la
sustitución de sus consejeros deberán ser puestos en conocimiento de las
comisiones de control en la forma que reglamentariamente se establezca.

Capitulo VII
Régimen de control administrativo
Artículo 24. inspección administrativa.
1. Corresponde al ministerio de economía y hacienda la inspección de las
entidades gestoras y fondos de pensiones y la vigilancia del cumplimiento de las
normas de esta ley, pudiendo los órganos competentes del mismo recabar de las
entidades gestoras y depositarias y de las comisiones de control toda la
información que sea precisa para comprobar el correcto cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias.
2. Las entidades gestoras deberán facilitar al ministerio de economía y
hacienda información sobre la situación de los fondos de pensiones con la
periodicidad y el contenido que reglamentariamente se establezcan.
3. Cuando, como consecuencia de la actividad inspectora e informativa prevista
en el apartado anterior, el ministerio de economía y hacienda lo estime
conveniente, podrá acordar motivadamente la intervención de las entidades
indicadas, sin perjuicio de las demás medidas cautelares que se puedan acordar
en el procedimiento sancionador.
Artículo 25. infracciones.
1. Las infracciones de las normas de esta ley y sus disposiciones
complementarias serán sancionables en vía administrativa, sin perjuicio de las
responsabilidades de otro orden que pudiera implicar.
2. Las infracciones se clasifican, de acuerdo con su respectiva trascendencia,
en leves, graves y muy graves. La repetición de una misma infracción, sancionada
por resolución firme dentro de un período de tres ejercicios, determinará que se
califique con arreglo a la categoría inmediata superior. No obstante, las
infracciones leves sólo se agravarán cuando la misma infracción se cometa tres
veces en un mismo ejercicio o seis veces dentro del período de tres ejercicios,
mediante sanción por resolución firme.
3. Son infracciones leves los hechos que impliquen meros retrasos en el
cumplimiento de obligaciones de información o el incumplimiento de otras
disposiciones siempre que no pongan en peligro ni afecten directamente a los
derechos de las entidades promotoras, partícipes y beneficiarios. Tienen esta
consideración:
a) El retraso no superior a un mes en la notificación de los cambios relativos
a las entidades gestoras a que se refiere el Artículo 23.4.
b) El exceso de inversión sobre los coeficientes establecidos en el Artículo 16, siempre que tengan carácter transitorio y no excedan del 20 por 100 de los
límites legales.
c) El retraso no superior a quince días en el cumplimiento de los plazos a que
se refiere el Artículo 19.
d) El incumplimiento de las demás obligaciones o prohibiciones establecidas en
las disposiciones administrativas.
4. Son infracciones graves aquellas que impliquen incumplimiento de
obligaciones de información o de otras normas cuando la acción u omisión ponga
en peligro o lesione los derechos de las entidades promotoras, partícipes y
beneficiarios. Tienen esta consideración:
a) El pago a las entidades gestoras de comisiones superiores a los límites
establecidos por norma administrativa o por el reglamento del fondo.
b) La materialización en títulos valores de las participaciones en el fondo,
contraviniendo la prohibición establecida en el Artículo 10.2.
c) La emisión de obligaciones o el recurso al crédito por las entidades
gestoras.
d) La contratación de la administración de activos extranjeros contraviniendo
las normas que se dicten conforme al Artículo 20.3.
e) El incumplimiento por los depositarios de las obligaciones establecidas en
el Artículo 21.
f) La demora superior a un mes en la notificación de los cambios relativos a
las entidades gestoras a que refiere el Artículo 23.4.
g) La falta de revisión de los sistemas actuariales a que se refiere el
Artículo 9 de esta ley.
h) La inversión en proporción superior a la establecida conforme al Artículo 16, siempre que el exceso no supere el 50 por 100 de los límites legales.
i) Contravenir la prohibición establecida de pignorar o constituir garantía
sobre los activos financieros del fondo.
j) La realización de operaciones con incumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 17.
k) La demora superior a quince días en el cumplimiento de los plazos previstos
en el Artículo 19.
5. Son infracciones muy graves las acciones u omisiones, cualquiera que sea su
naturaleza, que lesionen en forma grave los derechos de las entidades promotoras, partícipes y beneficiarios, o incumplan el objeto propio de los fondos de pensiones. Tienen esta consideración:
a) Desarrollar la actividad propia de los fondos de pensiones o de las
entidades gestoras de fondos de pensiones sin haber obtenido la preceptiva
inscripción en los registros administrativos previstos en esta ley.
b) utilizar las denominaciones de "fondos de pensiones" o "entidad gestora de
fondos de pensiones" sin haber obtenido la citada inscripción.
c) La falsedad y omisión en los documentos contables o de información previstos
en esta ley.
d) La falta de realización de la auditoría prevista en el Artículo 19.
e) Confiar la custodia de los valores mobiliarios y demás activos financieros a
entidades distintas de las previstas en el Artículo 21.
f) La inversión en bienes distintos de los autorizados o en proporción superior
a la establecida conforme al Artículo 16, cuando el exceso supere el 50 por 100
de los límites legales.
g) Hipotecar o gravar en cualquier forma los inmuebles que se habían adquirido
libres de cargas a que se refiere el Artículo 17.
h) La resistencia, negativa y obstrucción a la inspección por el ministerio de
economía y hacienda y la negativa a facilitar la información que
reglamentariamente se establezca.
i) La aceptación de aportaciones a un plan, a nombre de un partícipe, por
encima del límite previsto en el Artículo 5.3, salvo que dichas aportaciones
correspondan al traspaso de derechos consolidados.
6. Serán responsables de las diversas infracciones, señaladas en el presente
Artículo, las entidades gestora y depositaria, sus administradores, los miembros
de la comisión de control de los planes y de los fondos de pensiones que las
hubieran cometido o facilitado mediante su proceder.
7. Las infracciones leves prescribirán a los dos años y las graves y las muy
graves a los cinco años, desde la fecha en que se hubieran cometido.
en las infracciones derivadas de una actividad continuada, el tiempo de la
prescripción comenzará a correr desde la fecha de finalización de la actividad o
la del último acto que la infracción se consuma.
Artículo 26. Sanciones.
1. Las sanciones aplicables a las entidades, así como a quienes ostenten cargos
de administración o dirección de aquéllas, como consecuencia de las infracciones
cometidas serán las siguientes:
a) Para las infracciones leves, amonestación privada o multa de hasta 500.000
pesetas.
b) Para las infracciones graves, amonestación pública, multa de hasta 10.000.
000 de pesetas o hasta el 30 por 100 de la infracción, si ésta es cifrable,
suspensión temporal de los administradores y exclusión temporal del registro
especial.
c) Para las infracciones muy graves, multa de hasta 25.000.000 de pesetas o
hasta el 50 por 100 de la infracción, si ésta es cifrable, separación de
administradores y exclusión de la entidad del registro especial. La infracción
muy grave llevará siempre consigo la amonestación pública de los administradores
responsables de la misma.
2. Las sanciones se impondrán a las entidades y también a los administradores y
directores que, con malicia, negligencia grave, abuso de facultades o en
provecho propio directo o indirecto, o de las personas o empresas a las que
estén vinculadas, no realizaren los actos necesarios que fueren de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, consintieren
el incumplimiento por quienes de ellos dependen o adoptaren acuerdo que hicieren
posibles tales infracciones. De las sanciones pecuniarias impuestas a los
administradores responderá subsidiariamente la entidad.
3. Serán órganos competentes para imposición de estas sanciones:
a) El ministro de economía y hacienda, quien podrá delegar la imposición de las
sanciones de amonestación privada y pública y las de multa de hasta 10.000.000
de pesetas.
b) El consejo de ministros, para las sanciones pecuniarias de cuantía superior,
suspensión definitiva de los administradores y exclusión del registro especial.
4. El procedimiento sancionador será el del capítulo ii del título vii de la
ley de procedimiento administrativo. No obstante, la amonestación privada y las
sanciones pecuniarias hasta 500.000 pesetas podrán imponerse en expediente
sumario previa audiencia del interesado. Toda denuncia obligará a acordar la
instrucción de expediente de información reservada, salvo que sea
manifiestamente infundada o de mala fe, sin perjuicio de acordar lo procedente
en este caso.
5. La inobservancia por la unidad familiar del límite de aportación previsto en
el Artículo 5.3 será sancionada con una cantidad equivalente al 75 por 100 del
exceso de tal límite, sin perjuicio de la inmediata retirada del citado exceso
del plan o planes correspondientes.

Capitulo VIII
Régimen fiscal
Artículo 27. Contribuciones y aportaciones a los planes de pensiones.
Las contribuciones a los planes de pensiones que cumplan los requisitos
establecidos en esta ley tendrán el siguiente tratamiento fiscal:
a) Las contribuciones de los promotores de planes de pensiones serán deducibles
en el impuesto personal que grava su renta, si bien es imprescindible que se
impute a cada partícipe del plan de pensiones la parte que le corresponda sobre
las citadas contribuciones quien, a su vez, la integrará en su base imponible
del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
b) El partícipe de un plan de pensiones podrá deducir en la base imponible sus
aportaciones personales, incluyendo, en su caso, la cuantía imputada, con un
límite máximo del 15 por 100 del importe de sus rendimientos netos del trabajo,
empresariales, profesionales o artísticos, según la modalidad del plan al que
esté adscrito, obtenidos en el ejercicio y sin que la deducción rebase el límite
único de 500.000 pesetas anuales. Esta última cuantía opera como límite por
unidad familiar.
c) El exceso de la contribución de cada partícipe imputada o realizada
directamente, que no sea admitido como deducible en base imponible, según lo
previsto en el apartado anterior, gozará de una deducción en la cuota del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, consistente en el 15 por 100 de
su importe, con los límites y requisitos establecidos en el Artículo 29,f) De la
ley 44/1978, de 8 de septiembre, reguladora del impuesto, y en el Artículo 5.3
de la presente ley.
Artículo 28. Prestaciones de los planes de pensiones
1. Las prestaciones recibidas por los
beneficiarios de un plan de pensiones se integraran en su base imponible del
impuesto sobre la renta de las personas fisicas.
2. Cuando estas prestaciones se materialicen en una percepción única por el
capital equivalente, se tratara el importe percibido como renta irregular.
3. En ningún caso las rentas percibidas podrán minorarse en las cuantías
correspondientes a los excesos de las contribuciones sobre los limites de
deducción en la base imponible, según lo indicado en el apartado c) Del Artículo
27.
4. Las prestaciones satisfechas tendrán el tratamiento de rentas de trabajo a
efectos de retenciones, con respecto, en su caso, a lo señalado en el apartado 2
de este Artículo.
Artículo 29.
No atribución de rentas las rentas correspondientes a los planes de pensiones
no serán atribuidas a los participes, quedando, en consecuencia, sin tributación
en el régimen de atribución de renta.
Artículo 30. Tributación de los fondos de pensiones
1. Los fondos de pensiones constituidos
e inscritos según lo requerido por la presente ley, estarán sujetos al impuesto
sobre sociedades a un tipo de gravamen cero teniendo, en consecuencia, derecho a
la devolución de las retenciones que se les practiquen sobre los rendimientos
del capital mobiliario, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 6 de la ley
14/1985, de 29 de mayo
, sobre régimen fiscal de determinados activos financieros.
2. La constitución, disolución y las modificaciones consistentes en aumentos y
disminuciones de los fondos de pensiones regulados por esta ley, gozaran de
exención en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados.

Disposiciones adicionales
Primera. 1. Las contribuciones empresariales o de cualquier otra entidad
realizadas para la cobertura de prestaciones análogas a las previstas en esta
ley, incluidas las pensiones causadas, cuando tales prestaciones no se
encuentren amparadas en la presente norma, exigirán para su deducción en el
impuesto del pagador la imputación fiscal de la totalidad de tales
contribuciones o dotaciones para el sujeto al que se vinculen estas, quien, a su
vez, las integrara en su base imponible del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, con la consideración de rendimiento de trabajo del ejercicio.
en su caso, cuando el sujeto pasivo que recibe la imputación no resulte titular
de los fondos constituidos, podrá aplazarse el pago de la deuda tributaria que
corresponda. Reglamentariamente se determinara la periodificación del pago de la
referida deuda con cargo a rentas efectivamente percibidas. Las prestaciones
derivadas de esos fondos inicialmente constituidos, cuya cuantía coincida con el
importe de tales fondos, no se integraran en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas del preceptor.
En todo caso, se excluye la deducibilidad en la imposición personal del
empresario de cualquier dotación de fondo interno o concepto similar que suponga
el mantenimiento de la titularidad de los recursos constituidos, destinada a la
cobertura de las prestaciones a las que se alude en el presente numero.
2. Las cantidades abonadas con carácter obligatorio a montepíos laborales y
mutualidades, cuando amparen, entre otros, el riesgo de muerte, detracciones por
derechos pasivos y cotizaciones de los colegios de huérfanos o instituciones
similares se deducirán, en su caso, de los rendimientos íntegros obtenidos por
el sujeto pasivo, atendiendo a las mismas limitaciones previstas en el Artículo
27 de esta ley.
Cuando se realicen conjuntamente aportaciones o contribuciones a planes de
pensiones y los pagos previstos en el presente numero, el limite de 500.000
pesetas será único para los dos conceptos.
Segunda. Las peticiones de autorizaciones administrativas contempladas en la
presente ley deberán resolverse, en todo caso, de modo expreso, en el plazo de
seis meses.
La administración recabara la información adicional que precise, quedando
interrumpido el plazo anteriormente señalado hasta la recepción de la
información requerida.

Disposiciones transitorias
Primera. 1. Podrán constituirse en fondos de pensiones regulados por esta ley,
en el plazo de un año desde la entrada en vigor del reglamento de la misma, las
instituciones siguientes:
a) Entidades de previsión social.
b) Fundaciones laborales.
c) otras instituciones de previsión del personal, ajustadas a lo dispuesto en
el Artículo 107 del real decreto 2631/1982, de 15 de octubre, que aprueba el
reglamento del impuesto sobre sociedades.
d) Los fondos constituidos por contribuciones y dotaciones realizadas para la
cobertura de prestaciones análogas a las previstas en esta ley, incluidas las
pensiones causadas, cuando los participes o beneficiarios sean trabajadores o
empleados de la propia empresa.
En tal caso, exclusivamente esas instituciones gozaran de exención en los
impuestos que graven las operaciones necesarias para ello, sin perjuicio de las
deudas tributarias que puedan derivarse de ejercicios anteriores a la entrada en
vigor de la presente norma, y atendiendo a lo previsto en los números siguientes.
2. Los incrementos o disminuciones patrimoniales que puedan surgir como
consecuencia de la integración, prevista en el numero anterior, por la
realización o aportación de los elementos patrimoniales inicialmente afectos a
instituciones de previsión del personal, quedan exentos de la tributación que
corresponda a tales fondos patrimoniales.
Para acceder a este tratamiento fiscal será condición indispensable que los
elementos patrimoniales afectos a las instituciones de previsión de personal se
encuentren en tal situación a 17 de septiembre de 1986.
3. Por las cantidades integradas en los fondos de pensiones no se exigirá
imputación fiscal a los participes, sin perjuicio de la previa delimitación de
sus derechos consolidados, cuando aquellas correspondan a las siguientes
dotaciones o contribuciones:
a) Las realizadas con anterioridad a 17 de septiembre de 1986.
b) Las realizadas entre dicha fecha y la entrada en vigor de esta ley, siempre
que se fundamenten en pactos de fecha fehaciente anterior a 17 de septiembre de
1986, que predeterminen la cuantía asignable individualmente, ya sea fija o
basada en sistemas actuariales.
4. Los planes de pensiones correspondientes a las instituciones amparadas en el
presente régimen transitorio, se adaptaran a los sistemas de capitalización y
demás requerimientos de esta ley en los plazos que autorice el ministerio de
economía y hacienda, mediante la aprobación de los correspondientes planes de
reequilibrio actuarial y financiero. En su caso, tales planes deberán contemplar
explícitamente la transferencia de los elementos patrimoniales a incorporar a
los fondos.
5. Las entidades promotoras de instituciones amparadas en este régimen
transitorio, para hacer frente a las obligaciones contraídas respecto a los
jubilados o beneficiarios con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
reglamento de la presente ley, podrán optar por las siguientes alternativas:
a) Aportar los fondos patrimoniales constituidos, que correspondan a tales
beneficiarios, a un plan de pensiones independiente. Las aportaciones de la
empresa no exigirán imputaciones a los beneficiarios, siendo deducibles en la
imposición personal del empresario.
En este caso, las aportaciones realizadas con anterioridad a la entrada en
vigor del reglamento de la presente ley, que no hayan resultado deducibles en la
imposición personal del promotor, pese a su previo computo como gasto contable,
serán partida deducible en el ejercicio en que los fondos patrimoniales
constituidos se integran en el fondo de pensiones del mencionad o plan de
pensiones.
b) Hacer frente a los pagos anuales de las referidas pensiones resultando gasto
deducible en la imposición del empresario.
c) Concertar un seguro para el pago de tales obligaciones, gozando el pago de
la prima de deducibilidad en el impuesto del pagador, sin imputación a los
beneficiarios.
6. Para el personal activo a la fecha de entrada en vigor de la presente ley,
podrán reconocerse derechos por servicios pasados derivados de compromisos
anteriores a 17 de septiembre de 1986, formalizados en convenio colectivo o
disposición equivalente.
En tal caso, las posteriores aportaciones para la cobertura del valor
actualizado atribuible a tales derechos serán deducibles en la imposición
personal del promotor, cuando se integren en planes de pensiones amparados en
esta ley.
Igualmente, la integración de fondos patrimoniales constituidos con
anterioridad, que no hayan resultado deducibles en la imposición personal del
promotor, pese a su previo computo como gasto contable, serán partida deducible
en el ejercicio en que tales fondos se incorporen al sistema de fondos de
pensiones.
En ambos supuestos no se exigirá la imputación fiscal al participe, sin
perjuicio de la imputación financiera de los derechos consolidados que
correspondan a este.
Reglamentariamente, se delimitaran modalidades de criterios de cuantificación
de los referidos derechos a la fecha de entrada en vigor del reglamento de esta
ley.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos 5 y 6 de esta disposición
transitoria, cualquier dotación o aportación empresarial realizada con
posterioridad a 17 de septiembre de 1986, únicamente resultara deducible en la
imposición personal de la empresa cuando se derive de pactos fehacientes y
previos a la citada fecha, que predeterminen la cuantía exigida y la
periodificación de su cobertura, y se ajuste a lo previsto en las distintas
modalidades admitidas en el real decreto 2631/1982, de 15 de octubre, que
aprueba el reglamento del impuesto sobre sociedades y demás normas concordantes.
Segunda. Durante el tiempo de un año a partir de la entrada en vigor del
reglamento de esta ley, se entenderá de doce meses el plazo que fija la
disposición adicional segunda.

Disposiciones finales
Primera. Los limites fijados por esta ley en materia de régimen fiscal podrán
ser modificados por las leyes de presupuestos generales del estado.
Segunda. Los organismos a que se refiere la disposición adicional
cuadragésima octava de la ley 46/1985, de 27 de diciembre, de presupuestos
generales del estado para 1986, podrán promover planes y fondos de pensiones en
los términos previstos en la presente ley.
Tercera. En el plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de
la presente ley, el gobierno, a propuesta del ministerio de economía y hacienda,
aprobara el reglamento para su ejecución.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden
y hagan guardar esta ley.
Juan Carlos Rey de España
El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez

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