LEY 6/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2008

Tasa 07.12. Tasa por servicios en materia de calidad ambiental.

Hecho imponible.

Constituyen el hecho imponible de esta tasa las siguientes actuaciones administrativas:

1. Autorización ambiental integrada.

2. Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y actividades.

3. Informes ambientales.

4. Aprobación del proyecto específico de contaminación atmosférica.

5. Inscripción en el Registro de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

6. Autorización de los organismos de control acreditados de residuos, emisiones al agua, a la atmósfera y suelos contaminados y revisión de la misma.

7. Autorización de emisión de gases de efecto invernadero.

8. Autorización de actividades de producción de residuos.

9. Inscripción en el Registro de actividades de producción de residuos.

10. Autorización de actividades de gestión de residuos.

11. Inscripción en el Registro de actividades de gestión de residuos.

12. Inspección ambiental.

13. Modificación de autorizaciones ambientales integradas.

14. Modificación sustancial o renovación de autorizaciones.

15. Modificación de los datos registrales, que llevará asociada una tarifa del 25% del importe de las inscripciones registrales constitutivas del hecho imponible.

Sujeto pasivo.

Serán sujetos pasivos de las tasas las personas físicas o jurídicas y los entes comprendidos en el artículo 17.2 de esta Ley que soliciten las actuaciones constitutivas del hecho imponible.

Devengo.

Las tasas se devengarán, según la naturaleza del hecho imponible:

1. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

2. Si se trata de la evaluación del impacto ambiental de proyectos y actividades, cuando se produzca la Declaración de Impacto Ambiental o acto por el que finaliza el procedimiento de impacto ambiental, sin perjuicio de que pueda exigirse su depósito previo.

(*) P.E.M.mayor Presupuesto de ejecución material.

P.E.M.mod Presupuesto de Ejecución material modificado.

P.E.M.in Presupuesto de Ejecución material inicial.

(**) n mayor número de focos de emisión a la atmósfera que tiene la instalación.

1. Conservatorios de Música.

2. Escuelas Oficiales de Idiomas.

1. Educación secundaria obligatoria.

2. Bachillerato.

3. Formación profesional.

4. Enseñanzas de régimen especial.

5. Reexpedición (duplicados por causa no imputable al sujeto pasivo).

5.6. Homologación de centros de formación: 300

5.7. Visado de centros de formación: 150

5.8. Homologación y renovación de cursos de formación: 100

5.9. Expedición y renovación de la tarjeta de cualificación de los conductores: 20

5.10. Por derechos de examen para la obtención del certificado de aptitud profesional de los conductores: 27

5.11. Por expedición del certificado de aptitud profesional de los conductores: 27

Tasa 12.06. Tasa por inscripciones y certificaciones del Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus altos cargos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Hecho imponible.

Constituyen el hecho imponible de la tasa:

1. La inscripción en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de La Rioja de las personas que ejerzan como agentes de seguros u operadores de banca-seguros, como corredores de seguros o como corredores de reaseguros.

2. La inscripción de los cargos de administración y de dirección responsables de las actividades de mediación de seguros o de reaseguros de las personas jurídicas inscritas como mediadores de seguros o corredores de reaseguros que, con arreglo a la normativa vigente en materia de mediación de seguros y reaseguros privados, deban ser inscritos.

3. La inscripción de los actos relacionados con los anteriores, siempre que deban ser inscritos de acuerdo con lo exigido en las normas vigentes sobre mediación de seguros y de reaseguros privados.

4. La expedición de certificados relativos a la información incluida en el Registro a que se refiere la letra a anterior.

Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas a cuyo favor se practique la inscripción y los solicitantes de un certificado del referido Registro.

Devengo.

El devengo de la tasa se producirá cuando se presente la solicitud, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Tarifas.

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

1. Inscripción de un agente de seguros vinculado, de un corredor de seguros o de reaseguros, personas físicas, 60 euros.

2. Inscripción de una sociedad de correduría de seguros o de reaseguros, 140 euros.

3. Inscripción de cargos de administración y de dirección responsables de las actividades de mediación de seguros, 10 euros por cada alto cargo.

4. Inscripción de cualquier otro acto inscribible o modificación de los inscritos, 10 euros por cada uno de ellos.

5. Por la expedición de certificados relativos a la información incluida en el mencionado Registro, 10 euros.

No se exigirá tarifa alguna en los supuestos de inscripciones consistentes en la cancelación de la inscripción.

Tasa 19.07. Tasa aplicable a la subcontratación en el sector de la construcción.

Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la adquisición de los libros de subcontratación, así como su diligenciado.

Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa los contratistas que celebren contratos en régimen de subcontratación para la realización de trabajos en obras de construcción.

Devengo.

La tasa se devengará en el momento de proceder a la adquisición del libro debidamente diligenciado.

Tarifa.

Esta tasa tributará conforme a la siguiente tarifa: 4,22 euros.

Tasa 19.08. Tasa por expedición de certificaciones.

Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de certificaciones relativas a todas aquellas materias cuya competencia tiene atribuidas la Dirección General de Trabajo.

Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas y los Entes a que se refiere el artículo 17.2 de la vigente Ley de Tasas y Precios Públicos.

Devengo.

La tasa se devengará en el momento de presentación de la solicitud.

Tarifa.

Esta tasa tributará conforme a la siguiente tarifa: 1,48 euros.

4. Cuando por razones de interés social se establezcan limitaciones a la ejecución de bienes en el marco del procedimiento administrativo de apremio, las mismas tendrán efectos interruptivos de la prescripción del derecho de la Administración al cobro de la deuda mientras se mantengan las circunstancias que las motiven

2. Para el cumplimiento de sus fines generales y objetivos, de acuerdo con las directrices emanadas del Gobierno de La Rioja, y bajo la tutela y dirección de la Consejería de adscripción, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja desarrollará las siguientes funciones:

1. Fomentar la competitividad de las empresas riojanas mediante la implementación de los siguientes ejes estratégicos:

   1. La investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico.

   2. La internacionalización y la promoción exterior.

   3. La excelencia empresarial.

   4. El diseño empresarial.

2. Promover actuaciones y fomentar proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, de acuerdo con las competencias de planificación, dirección, control y evaluaciónatribuidas a la Consejería de adscripción.

3. Apoyo de las iniciativas y proyectos empresariales emprendedores, especialmente los innovadores y los de base tecnológica.

4. Impulso e implantación de líneas de financiación de los proyectos empresariales (capital riesgo, capital semilla, avales, préstamos participativos, bonificación de intereses, redes de "business angels").

5. Promoción de infraestructuras y servicios industriales, ya sea de forma directa o mediante la creación de órganos o entidades.

6. Fomentar la cooperación público-privada para el desarrollo de proyectos y actuaciones de competencia de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.

7. Fomentar la sostenibilidad medioambiental en la gestión y ejecución en todas sus actuaciones y políticas activas de promoción y desarrollo económico.

8. Asesoramiento y prestación de servicios a las empresas para la mejora de su capacidad competitiva.

9. Fomentar las acciones de apoyo al comercio, en especial las relativas al comercio minorista.

10. Informar y promover la participación en los planes, programas, beneficios y ayudas que ofrezcan la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, el Gobierno de La Rioja, el Estado y la Unión Europea para la implantación de proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

11. Promover iniciativas, públicas o privadas, para la creación, desarrollo y diversificación de la actividad económica regional generadora de empleo.

12. Cualesquiera otras que se le encomienden por esta Ley u otras disposiciones que guarden relación con estos fines.

Artículo 6. Régimen de las subvenciones que otorgue.

1. La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja cuenta con potestad para otorgar subvenciones. Los actos relativos a su concesión o denegación son actos administrativos que deberán producirse siguiendo el procedimiento que reglamentariamente se establezca, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.

2. La cuantía global de los créditos presupuestarios que, en su caso, estuvieran previstos en la convocatoria podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.

3. Las bases reguladoras de las subvenciones que otorgue la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja se aprobarán mediante Orden del titular de la Consejería de adscripción, a propuesta del Gerente de la Agencia.

1. El Vicepresidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja será, con carácter nato, el Secretario General Técnico de la Consejería que tenga asignadas las competencias en materia de promoción del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Operaciones de promoción económica y apoyo empresarial.

1. No serán de aplicación las disposiciones de esta Ley a las operaciones financieras de contenido patrimonial de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, siempre que estén vinculadas a sus funciones de promoción económica y apoyo empresarial, incluyendo entre ellas las previstas en el artículo 3.2.d de la Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la constitución, adquisición y enajenación de acciones de sociedades públicas, y las participaciones de sociedades adscritas a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la Comunidad Autónoma de La Rioja, seguiránrigiéndose por la presente Ley.

2. Un Vicepresidente, que será el Consejero con competencias en materia de innovación.

La gestión administrativa de los Planes y Programas se llevará a cabo en la Unidad Técnica de Investigación, con rango orgánico de sección, dependiente de la Consejería con competencias en materia de innovación.

2. De toda visita de inspección se levantará un acta descriptiva de los hechos que pueden ser motivo de irregularidad, acta en la que se hacen constar las alegaciones que formule el responsable de aquéllos en caso de estar presente, y cuando así lo solicite. Estas actas gozarán de presunción de certeza y valor probatorio, sin perjuicio de las demás pruebas que, en defensa de los respectivos intereses, puedan aportar los interesados.

Sin perjuicio de lo anterior, la autorización de vertido podrá ser revocada sin que ello genere ningún derecho de indemnización cuando de manera sistemática se incumplan las condiciones que motivaron su otorgamiento, cuando se haya revocado la licencia o autorización ambiental que permita el desarrollo de la actividad, o cuando ello resulte necesario para atender un requerimiento legal y/o ambiental sobrevenido.

1. Las infracciones enumeradas en los artículos anteriores podrán ser sancionadas de la forma siguiente:

1. Las leves con multa entre 500 y 1.500 euros.

2. Las graves con multa entre 1.501 y 15.000 euros.

3. Las muy graves con multa de entre 15.001 y 120.000 euros, incluida la revocación de la autorización de vertido y clausura de la actividad en su caso.

2. Los desarrollos urbanísticos industriales no contemplados en el apartado anterior que superen los umbrales indicados:

   (P) Población conforme al padrón municipal a 1 de enero de 2006	Umbral industrial (ha)
   P mayor o igual a 50.000 habitantes	10
   P mayor o igual a 2.000 y menor de 50.000	5
   P mayor o igual a 500 y menor de 2.000	2
   P menor de 500	1

2. La obligación de participación referida en el apartado anterior será actualizada conforme al IPC y se establece en:

(*) Estos costes se multiplicarán por un coeficiente de 1,5 en el caso de redes unitarias a las que se incorporen aguas pluviales.

Para la determinación del número de habitantes equivalentes de las nuevas actuaciones indicadas en el apartado anterior, se considerarán los parámetros menos restrictivos de los referidos en los planes generales y que mayor número de habitantes equivalentes resulte.

Actuaciones que vayan a establecer un uso residencial o asimilable: 1 hab-eq por cada 25 m² techo que disponga el planeamiento.

Áreas industriales: 250 hab-eq por ha neta de suelo del sector.

Áreas dotacionales: Deberá ser justificado por el promotor.

El aprovechamiento que sirve de base para el cálculo de la edificabilidad y/o construcción de las distintas actuaciones referidas en el apartado anterior será el dispuesto en el planeamiento más general que permita dicha actuación.

El aprovechamiento que sirve de base para el cálculo se aplicará a toda la superficie objeto de la clasificación o recalificación.

Cuando en los documentos de planeamiento de las áreas industriales se prevean limitaciones a la tipología de las actividades que pueden localizarse en las mismas, y ello tenga influencia en las características de la contaminación generada, el promotor podrá justificar y proponer la adopción de un coeficiente reductor entre 0,5 y 1 a aplicar a los habitantes-equivalentes anteriormente establecidos, coeficiente que habrá de ser aceptado por la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de los Servicios Técnicos del Consorcio de Aguas yResiduos de La Rioja.

El importe resultante de esta participación tendrá a todos los efectos la consideración de coste de urbanización. Este coste no incluye los costes de conexión a colector general que corresponderá ejecutar al promotor de la actuación.

5. Cuando el promotor del desarrollo urbanístico opte por construir una nueva depuradora para el tratamiento de los vertidos que se pretenda ceder a las administraciones públicas competentes para su mantenimiento y explotación, las características de dicha instalación habrán de ser similares a las de las redes de depuradoras públicas. En concreto los criterios de dimensionamiento habrán de ser los establecidos en el apartado 1 anterior, la tipología habrá de responder a las previsiones del Plan Director de Saneamiento y Depuración, y sus características habrán de garantizar que los rendimientos, vida útil y costes de explotación y mantenimiento estén en línea con los de las instalaciones de titularidad pública. A los efectos de comprobar estas cuestiones de forma previa a la construcción de la instalación el promotor podrá solicitar informe del proyecto al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.

1. La responsabilidad por los daños producidos por las especies cinegéticas en todo tipo de terrenos se determinará conforme a lo establecido en la legislación estatal, civil o administrativa, que resulte de aplicación.

A estos efectos, se considerarán titulares de los derechos cinegéticos del terreno:

1. En los terrenos cinegéticos, los titulares de los mismos conforme a los establecido en el Capítulo I del Título III de esta Ley.

2. En los terrenos no cinegéticos, los propietarios en el caso de cercados, vedados voluntarios y zonas no cinegéticas voluntarias, y la Comunidad Autónoma de La Rioja en los vedados no voluntarios y en las zonas no cinegéticas. Se considerarán vedados voluntarios y zonas no cinegéticas voluntarias aquellos que ostenten esta condición por iniciativa o voluntad expresa de sus propietarios.

2. Los titulares de terrenos cinegéticos, en colaboración con los propietarios afectados, deberán adoptar medias preventivas para evitar o minorar los daños a terceros. En aquellos casos en los que la producción agrícola, forestal o ganadera sea perjudicada por la caza, la Consejería competente podrá imponer a los titulares de los terrenos de procedencia de las piezas de caza la adopción de medidas extraordinarias de carácter cinegético para protegerla.

3. Asimismo, incluirá la mitad de la superficie de suelo de los espacios exteriores cubiertos de uso privativo tales como terrazas, miradores, tendederos, galerías u otros hasta un máximo del 10 % de la superficie útil cerrada de la vivienda. Si excede del 10 % de la superficie útil cerrada, la información acerca de la extensión de tales espacios habrá de ofrecerse por separado.

2. Estarán exentos de cumplir el requisito de inscripción en el registro de solicitantes de vivienda protegida, los adquirentes de aquellas viviendas de protección pública cuya regulación así lo disponga expresamente.

3. Estarán exentos de cumplir los requisitos para acceder a viviendas de protección pública quienes adquieran del cónyuge o pareja de hecho inscrita en registro público en el proceso de liquidación de bienes por disolución del matrimonio o de la pareja de hecho.

5. Las viviendas de protección pública que se acojan a las medidas de financiación de los Planes Estatales de Vivienda en los que se fije un plazo de descalificación superior a los veinticinco años, no podrán ser descalificadas hasta que transcurra el plazo señalado al efecto en el Plan Estatal de Vivienda correspondiente.

1. El comprador de la vivienda protegida ha de estar necesariamente inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida dependiente de la Dirección General competente en materia de vivienda del Gobierno de La Rioja y deberá acreditar que reúne todos los requisitos exigidos como comprador de vivienda protegida en el momento de la adquisición de ésta de acuerdo con la normativa aplicable sobre la materia y especialmente las enumeradas en el artículo 45 de esta Ley.

Cuando se trate de promotores para uso propio agrupados en cooperativas, deberán acreditar el cumplimiento de tales requisitos en el momento de solicitar la calificación provisional.

Artículo 55. Visado de los contratos de enajenación y arrendamiento de vivienda protegida.

1. Las transmisiones de propiedad o derechos reales de viviendas protegidas sujetas a limitación de precio de venta y renta deberán ser objeto de autorización de la Consejería competente en materia de vivienda a través del visado administrativo del correspondiente contrato de compraventa, ya se trate de primera o ulterior transmisión. La solicitud del visado, a la que se acompañará el contrato de compraventa, deberá presentarse en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de su formalización.

2. Si la enajenación es onerosa, la solicitud de visado administrativo del contrato expresará el precio y forma de pago proyectados y las demás condiciones esenciales de la transmisión, así como los datos identificativos de los interesados en la adquisición, con referencia expresa al cumplimiento de las condiciones exigidas para acceder a la vivienda protegida y, en especial, la declaración de la inclusión del adquirente en el Registro de solicitantes de vivienda protegida.

3. Los contratos de arrendamiento de viviendas protegidas sujetas a limitaciones de precio de renta deberán obtener un visado de la Consejería competente en materia de vivienda. La solicitud de visado administrativo del contrato expresará el precio y forma de pago proyectados y las demás condiciones esenciales del arrendamiento, así como los datos identificativos de los interesados en el arrendamiento, con referencia expresa al cumplimiento de las condiciones exigidas para acceder a la vivienda protegida y, en especial, la declaración de la inclusión del arrendatario en el Registro de solicitantes de vivienda protegida. La solicitud del visado, a la que se acompañará el contrato de arrendamiento, deberá presentarse en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de su formalización.

4. El plazo de resolución de visado de los contratos de transmisión o arrendamiento de viviendas protegidas será de dos meses desde la presentación de la solicitud, siendo el efecto del silencio administrativo positivo.

1. Se reconoce a la Consejería competente en materia de vivienda la facultad de ejercitar el derecho de tanteo legal sobre las segundas o sucesivas transmisiones de vivienda protegida durante el plazo de dos meses a partir del día siguiente a aquel en que se haya realizado la comunicación de la transmisión de ésta.

La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá ejercer el derecho de tanteo en primeras transmisiones, para evitar un posible fraude en la venta de viviendas protegidas, cuando medie por parte del comprador, denuncia debidamente documentada, de petición de precio superior al legalmente establecido en la adquisición de la vivienda.

1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas con multa en las siguientes cuantías:

1. Con multa de 150 hasta 3.000 euros, las infracciones leves.

2. Con multa de 3.001 hasta 30.000 euros, las infracciones graves.

3. Con multa de 30.001 hasta 300.000 euros, las infracciones muy graves.

Cuando la infracción consista en la venta o compra de suelo destinado por el planeamiento a vivienda protegida, la sanción será una multa de hasta el 20 % del exceso del precio de la transmisión sobre la del precio teórico máximo de acuerdo con la repercusión máxima del suelo y de la urbanización para la construcción de viviendas protegidas.

Estas cuantías podrán ser revisadas y actualizadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Convalidación de concesiones.

1. Los actuales concesionarios de servicios regulares de transporte de viajeros podrán optar entre:

1. Mantener sus vigentes concesiones, en cuyo caso éstas se extinguirán una vez cumplido su plazo concesional actual, sin que los concesionarios disfruten de ninguna clase de preferencia, en su caso, en los posteriores procedimientos concursales.

2. Convalidar sus concesiones por las reguladas en esta Ley, para lo cual deberán presentar una solicitud motivada, manifestando las mejoras que pretenden introducir en el servicio, de la forma que se detalla en el párrafo siguiente de esta disposición transitoria. Las concesiones convalidadas tendrán una duración de entre 10 y 25 años.

   Si en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, no se opta expresamente por la convalidación de concesiones, se entenderá que se ha optado por mantener las concesiones actuales.

3. De acuerdo con lo previsto en el párrafo a anterior las concesiones no convalidadas se extinguirán por el transcurso del plazo por el que fueron otorgadas.

2. La Administración remitirá a los concesionarios que opten por la convalidación de las concesiones propuesta del pliego de condiciones para la prestación del servicio. Éstos, en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la propuesta de la Administración, indicarán las mejoras que pretenden introducir en el servicio, acompañando el correspondiente Estudio económico-financiero.

Las mejoras a valorar por la Administración serán ante todo las siguientes:

1. Renovación del parque.

2. Introducción de innovaciones tecnológicas.

3. Accesibilidad de las personas de movilidad reducida.

4. Implantación de una imagen corporativa en todos los vehículos adscritos a concesiones de servicios regulares.

3. Antes del 31 de diciembre de 2008, la Administración:

1. Estudiará y analizará solicitudes y estudios económico-financieros introduciendo las modificaciones que estime convenientes para el interés público.

2. Adjudicará los títulos concesionales, en cuyo clausulado se integrarán los compromisos asumidos por las empresas.

El plazo anterior establecido en este párrafo podrá prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2009 mediante Resolución del Consejero competente en materia de transportes.

En la tramitación de los expedientes se observará el trámite de audiencia así como el de información pública por un período no inferior a 20 días.

5. Con independencia de la naturaleza jurídica pública o privada de los órganos de gestión, las resoluciones que adopten respecto a las funciones enumeradas en las letras e, f y h del apartado 2 de este artículo podrán ser objeto de impugnación en vía administrativa ante la Consejería competente en materia de calidad Agroalimentaria en la forma que la normativa determine.

Artículo 26. Generalidades.

1. Salvo las excepciones que legalmente se determinen, a partir del momento en que un producto vitivinícola se ponga en circulación en un envase con un volumen nominal de 60 litros o menos, el envase deberá ir etiquetado. Este etiquetado deberá ser conforme a las disposiciones del Reglamento (CEE) número 1493/99 y de las normas que lo desarrollen.

En el caso de envases de volumen superior a 60 litros, cuando estén etiquetados también deberán ser conformes a las expresadas disposiciones.

2. La designación, la presentación y la publicidad de los productos vitivinícolas no deberán ser engañosas ni de tal naturaleza que den lugar a confusiones o induzcan a error a las personas a las que van dirigidas, en particular en lo que respecta al tipo de producto, sus propiedades, el grado alcohólico, el color, el origen o procedencia, la calidad, la variedad de vid, el año de cosecha, el volumen del recipiente y la identidad y calidad de las personas que participen o hayan participado en la elaboración o en la distribución, en particular las del embotellador.

3. El uso de los nombres geográficos de las subzonas, comarcas, términos municipales o pagos pertenecientes al territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y que formen parte de la zona de producción, elaboración, crianza y embotellado descrita en una Denominación de Origen Calificada sólo podrán ser utilizados por los vinos acogidos a la misma.

Los citados nombres geográficos no podrán ser empleados en la designación, presentación o publicidad de los productos de la misma o similar naturaleza que no cumplan los requisitos exigidos por la normativa específica de la correspondiente Denominación de Origen Calificada, aunque tales nombres vayan traducidos a otras lenguas o vayan precedidos de expresiones como tipo, estilo, imitación, u otras similares, ni aun cuando se indique el verdadero origen del producto. Igualmente no podrán emplearse expresiones del tipo embotellado en, envasado en u otras análogas.

4. Los productos cuya designación o presentación no se ajusten a las disposiciones del Reglamento (CEE) número 1493/99 y sus normas de desarrollo, no podrán destinarse a la venta, ser comercializados ni exportarse. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá permitir que el producto se destine a la venta, se comercialice o se exporte, siempre que la designación o la presentación de dicho producto se modifique para cumplir lo previsto en la legislación vigente.

1. A efectos de esta Ley se consideran máquinas de juego los aparatos manuales o automáticos que a cambio de un precio permiten el mero pasatiempo o recreo del jugador o la obtención por éste de un premio, y clasificables en los tipos siguientes:

1. Tipo A o máquinas recreativas. Son las de mero pasatiempo o recreo, que se limitan a conceder al usuario un tiempo de uso o de juego a cambio del precio de la partida, sin que puedan conceder ningún premio, con excepción de la devolución el importe de la partida o la posibilidad de continuar jugando con el importe inicial en función de la habilidad del jugador.

2. Tipo "A1" o máquinas de premios en especie. Son aquellas que, aparte de proporcionar un tiempo de uso o de juego a cambio del precio de la partida, pueden conceder un premio directoen especie o mediante una cantidad de vales, bonos o similares, en función de la habilidad o destreza del jugador.

3. Tipo "B" o máquinas recreativas con premio programado. Son aquellas máquinas que, a cambio del precio de la jugada, conceden al usuario un tiempo de uso y, eventualmente, de acuerdo con el programa de juego, un premio en metálico, cuyo valor no podrá exceder del límite fijado reglamentariamente.

4. Tipo "C" o máquinas de azar. Son las que, de acuerdo con las características y límites que reglamentariamente se establezcan, a cambio de un precio, conceden al usuario un tiempo de uso o y, eventualmente, un premio en metálico de cuantía superior a las máquinas reguladas en el apartado anterior, que dependerá siempre del azar.

5. Tipo "D" o máquinas especiales de juego del bingo. Son aquellas máquinas basadas en las combinaciones del juego del bingo que, a cambio del precio de la partida o jugada, pueden conceder al usuario un tiempo de uso o juego y, eventualmente, un premio en metálico, de acuerdo con una distribución previamente establecida.

6. Aquellas otras máquinas, manuales o automáticas, que permitan la obtención de premios combinando modalidades, elementos o mecanismos de diferentes juegos regulados en esta Ley, y que no estén señaladas en los tipos anteriores, podrán clasificarse como tipo diferenciado y la reglamentación específica determinará su régimen jurídico y ámbito de aplicación.

1. Los establecimientos hosteleros destinados a bares, cafeterías o similares, expresamente autorizados e inscritos en el Registro General del Juego, podrán ser autorizados para la instalación de hasta un máximo de tres máquinas de juego, con el límite de dos máquinas de tipo B en los términos que reglamentariamente se establezcan.

2. La inscripción de los establecimientos tendrá una vigencia de cinco años desde la fecha de su concesión y se renovará automáticamente por períodos sucesivos de igual duración, siempre que los documentos que sirvieron de base para su concesión no hubieran experimentado variación.

3. La autorización de instalación es el documento administrativo que habilita, al titular del establecimiento y a una única empresa operadora, la instalación de máquinas de tipo B y C en un establecimiento debidamente inscrito.

4. La autorización de instalación deberá ser solicitada por el titular del establecimiento o por su representante legal debidamente apoderado al efecto, si bien la solicitud deberá contener las firmas autenticadas por fedatario público de los titulares del establecimiento y de la empresa operadora.

5. La autorización de instalación, que se extenderá por triplicado en impreso normalizado, contendrá al menos el nombre o razón social, domicilio, el número de identificación fiscal, el número de inscripción en el Registro General del Juego de La Rioja tanto del titular del establecimiento como de la empresa operadora, y el nombre comercial y domicilio del establecimiento, así como la fecha y vigencia de autorización.

6. No se admitirá una nueva solicitud de autorización de instalación hasta la extinción de la anterior por alguna de las causas previstas legal o reglamentariamente, ni en tanto no se hubiera obtenido previamente la inscripción de sus titulares en el Registro General del Juego de La Rioja.

7. La autorización de instalación, que se otorgará para un específico establecimiento y una determinada empresa operadora, tendrá una vigencia de cinco años, desde la fecha de su otorgamiento, salvo que se origine la pérdida de validez por las causas previstas.

8. La autorización de instalación podrá ser renovada por períodos sucesivos iguales, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el momento de su solicitud, conforme al procedimiento previsto reglamentariamente.

9. Los cambios de titularidad del establecimiento o de las máquinas que se produzcan durante la vigencia de la autorización de instalación no serán causa de extinción, quedando el nuevo titular subrogado en los derechos y obligaciones contraídas por el anterior.

Una vez efectuada la inscripción en la Sección de Establecimientos del Registro o la transmisión de la autorización de explotación, la autorización de instalación se expedirá con los datos del nuevo titular, conservándose el período de finalización anterior.

10. En caso de que se hubiera producido la revocación automática de la autorización de instalación como consecuencia de la cancelación de la inscripción del establecimiento por la finalización de su período de vigencia, no podrá concederse una nueva autorización de instalación, salvo que tuviere lugar con la misma empresa o bien hubiere transcurrido el período de vigencia de la autorización de instalación revocada.

11. La autorización de instalación se extinguirá en los casos siguientes:

1. Por cumplimiento del período de vigencia.

2. Por mutuo acuerdo de los interesados. El titular del establecimiento y la empresa operadora solicitarán conjuntamente la extinción de la autorización de instalación, cuyas firmas deberán estar autenticadas por fedatario público y en el que ambos titulares, o sus representantes legales, acuerdan el cese de la instalación de máquinas de la empresa.

3. Por renuncia a la autorización de instalación efectuada por el nuevo titular del establecimiento, que comportará la inhabilitación por el período que resta de vigencia.

12. El órgano administrativo competente podrá acordar, previa audiencia de los interesados, la revocación de las autorizaciones de instalación, y deberá cesar en consecuencia la instalación de máquinas, por las siguientes causas:

1. Por la falta comprobada o acreditada de instalación de máquinas durante un período superior a seis meses.

2. Por la revocación de las autorizaciones de explotación.

3. Por la comprobación de falsedades o inexactitudes esenciales en alguno de los datos expresados en la solicitud, transmisión o modificación en la documentación aportada.

4. Por la pérdida sobrevenida de alguno de los requisitos establecidos para su obtención por cualquiera de las partes.

5. Por sanción firme en vía administrativa en materia de juego.

6. Cancelación de la inscripción de los titulares en sus respectivas Secciones del Registro General del Juego de La Rioja.

7. Por sentencia judicial firme que declare la extinción de la autorización de instalación.

8. Por impago total o parcial de los tributos específicos sobre el juego en período voluntario o ausencia de garantía en caso de aplazamiento o recurso.

7. Asimismo, no podrán ser titulares de las autorizaciones necesarias para la organización, explotación e instalación de los juegos y apuestas las personas físicas o jurídicas que no se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias derivadas de los tributos de Hacienda estatal y autonómica, de deudas por otros ingresos de Derecho Público o frente a la Seguridad Social.

2. La organización, gestión, instalación y explotación de juegos o apuestas en aquellos establecimientos específicos de juego que carezcan de la correspondiente autorización administrativa previa o de la inscripción en el Registro General del Juego, o efectuarlas por personas distintas de las autorizadas.

14. Permitir o consentir la organización, celebración y práctica de juegos o apuestas en establecimientos específicos de juego que carezcan de la correspondiente autorización administrativa previa o de la inscripción en el Registro General del Juego, o efectuarlas por personas distintas de las autorizadas, así como la instalación o explotación de máquinas de tipo "B" o "C" sin sus respectivas autorizaciones administrativas.

14. La organización, gestión, instalación o explotación de juegos o apuestas en aquellos establecimientos no específicos de juego que carezcan de la correspondiente autorización administrativa previa o de la inscripción en el Registro General del Juego, o efectuarlas por personas distintas de las autorizadas.

19. La explotación e instalación de máquinas de juego sin premio en metálico que carezcan de sus respectivas autorizaciones administrativas, así como el consentimiento, por parte de los titularesde los locales, de la instalación o funcionamiento de las mismas.

20. Permitir o consentir la organización, celebración y práctica de juegos o apuestas en establecimientos no específicos de juego que carezcan de la correspondiente autorización administrativa previa o de la inscripción en el Registro General del Juego, o efectuarlas por personas distintas de las autorizadas.