JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren, Sabed: Que las Cortes
Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La orientación de la política económica española descansa sobre el
convencimiento de que el crecimiento estable y no inflacionario de la economía y, consecuentemente, la creación de empleo, requieren otorgar un papel
preponderante al buen funcionamiento de los mercados. Junto a ello, la
integración de la economía española en el contexto comunitario y, en concreto,
en la Unión Económica y Monetaria condiciona el margen de actuación del Gobierno
sobre el diseño de la política macroeconómica, fundamentalmente sobre la
política monetaria. En este contexto, cobran especial relevancia las políticas
de corte microeconómico y, en especial, la política de defensa de la competencia.
La Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, nació con el
objetivo de dotar a los poderes públicos de un instrumento eficaz para
garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a
todo ataque contrario al interés público, inspirándose en las normas
comunitarias de política de competencia.
La profundización en el proceso de liberalización de los mercados que afronta la
economía española hace necesario potenciar una política de defensa de la
competencia, que garantice la efectividad del esfuerzo liberalizador, evitando
que el comportamiento de los operadores económicos desvirtúe el adecuado
funcionamiento de los mercados y prive a los consumidores de sus ventajas.
Con este fin, en el Plan de Liberalización aprobado por el Consejo de Ministros
el 21 de febrero de 1997, se fijó como uno de los objetivos prioritarios del
Gobierno la reforma del sistema de defensa de la competencia, objetivo al que
responde la presente Ley, que culmina el proceso de reforma iniciado con el Real
Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas urgentes de liberalización e
incremento de la competencia, en materia de control de concentraciones.
La presente Ley, partiendo de la premisa de que la política de defensa de la
competencia tiene básica y generalmente un carácter horizontal, en la línea de
lo que se ha manifestado en los párrafos anteriores, busca profundizar en los
mecanismos que permitan un eficaz funcionamiento de los mercados, con pleno
respeto a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional que ha
enjuiciado diversos preceptos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, en la medida en
que los aspectos sustantivos de la reforma únicamente se refieren a aspectos
integrantes del régimen jurídico de defensa de la competencia que en su momento,
una vez que se haya procedido conforme indica el alto Tribunal a tramitar y
aprobar la correspondiente Ley que regule los criterios de conexión
determinantes de las atribuciones al Estado y a las Comunidades Autónomas de
competencias en la materia, podrán ser aplicados por unos órganos integrados en
una u otra Administración conforme a lo que se establezca en el citado texto
legal.
Por ello y cumpliendo lo establecido por el Tribunal Constitucional, que declara
entre tanto la validez del sistema actual, se introduce un mandato al Gobierno
para que presente al Congreso de los Diputados un proyecto de ley por el que se
regulen los criterios de conexión determinantes de la atribución al Estado y a
las Comunidades Autónomas de competencias, previstas en el marco legal de
defensa de la competencia, referidas al conocimiento y aplicación de la
normativa estatal relativa a conductas prohibidas y autorizadas.
La Ley busca asimismo dotar de recursos a los órganos encargados de la defensa
de la competencia, ya que en órganos de estas características la escasez de
medios conduce a la imposibilidad práctica de cumplir sus fines. Sin embargo, en
un contexto como el actual de austeridad presupuestaria se pretende que la mayor
dotación de medios no sea sufragada enteramente por el conjunto de los
ciudadanos, para lo cual se establece una tasa por el análisis de las
operaciones de concentración económica.
La actual reforma no altera, en lo esencial, la tipificación de los acuerdos y
prácticas restrictivas de la competencia, manteniéndose los tipos ya
establecidos en la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia. No obstante, la
aprobación con posterioridad a la Ley 16/1989 de la Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia Desleal, aconseja establecer claramente que la actuación de los
órganos de competencia en relación con el artículo 7 de la Ley 16/1989 debe
limitarse a aquellos actos desleales que distorsionen gravemente las condiciones
de competencia en el mercado con grave afectación del interés público, dejando a
los tribunales ordinarios el conocimiento y enjuiciamiento de conductas
desleales de otro tipo.
Al objeto de colaborar con la Administración de Justicia, y posibilitar una más
rápida tramitación de los procesos, el Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá elaborar, a petición de los órganos jurisdiccionales competentes, un
informe no vinculante sobre los efectos que las conductas contrarias a la
presente Ley pudieran tener sobre los mercados, sectores y operadores afectados,
y, concretamente, sobre la procedencia y cuantía de un eventual derecho de
indemnización de los daños y perjuicios irrogados.
Con el fin de beneficiar a los operadores económicos de un procedimiento más
ágil, se prevé la posibilidad de que se autoricen aquellas operaciones que no
pongan en peligro las condiciones de competencia en el mercado, sometidas a
compromisos de las partes. Ello supone introducir en los procedimientos de
defensa de la competencia la posibilidad de terminación convencional prevista
con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En materia de ayudas públicas, la experiencia ha demostrado que el actual
artículo diecinueve de la Ley establece un instrumento poco efectivo de control
de aquellas que distorsionan o puedan distorsionar la competencia. Ello aconseja
completar la iniciativa del Ministro de Economía y Hacienda para que el Tribunal
estudie casos de ayudas, con la posibilidad de que dicho estudio se inicie
también de oficio.
En cuanto al procedimiento sancionador, se introducen reformas concretas,
tendentes a lograr una mayor eficacia de los órganos de defensa de la
competencia.
A tal fin, se limitan las posibilidades de recurso contra cuestiones
incidentales, sin que ello implique un perjuicio de los derechos de las partes,
toda vez que su derecho de defensa podrá desenvolverse con total plenitud en la
fase del procedimiento que se desarrolle ante el Tribunal. La experiencia ha
enseñado que la proliferación de recursos sobre cuestiones incidentales y, a
menudo, poco fundadas, obstaculiza enormemente el procedimiento en detrimento
del interés de los propios administrados.
Se establece el carácter especial del procedimiento de aplicación de la
normativa de defensa de la competencia y, en concreto, del procedimiento
sancionador previsto en la misma. Las normas sobre procedimiento administrativo,
contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sólo serán de aplicación con
carácter supletorio.
Además, se establecen, consecuentemente con la reforma prevista y lo recogido en
otras leyes, las funciones de los órganos de competencia, delimitándolas con
mayor precisión respecto de las encomendadas a otros órganos e instituciones
administrativas, de competencia sectorial.
Por último, se mantiene el estatuto jurídico del Tribunal de Defensa de la
Competencia.
Artículo primero. Modificación del apartado 3 del artículo 1.
Se modifica el apartado 3 del artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que
pasa a tener el siguiente contenido:
"Artículo 1. Conductas prohibidas.
3. Los órganos de defensa de la competencia podrán decidir no iniciar o
sobreseer los procedimientos previstos en esta Ley respecto de conductas que,
por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a
la competencia."
Artículo segundo. Modificación del artículo 2.
Se modifica el artículo 2 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que pasa a tener el
siguiente contenido:
"Artículo 2. Conductas autorizadas por Ley.
1. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en
materia de defensa de la competencia, las prohibiciones del artículo 1 no se
aplicarán a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que resulten
de la aplicación de una ley.
Por el contrario, serán de aplicación a las situaciones de restricción de
competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o
sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas
sin dicho amparo legal.
2. El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá formular propuesta motivada al
Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, para que adopte o
inste a la autoridad pública competente, en su caso, la modificación o supresión
de las situaciones de restricción de la competencia establecidas de acuerdo con
las normas legales."
Artículo tercero. Modificación del apartado 2 del artículo 3.
Se modifica el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que
pasa a tener el siguiente contenido:
"Artículo 3. Supuestos de autorización.
2. Asimismo, se podrán autorizar, siempre en la medida en que se encuentren
justificados por la situación económica general y el interés público, los
acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 1, o categorías de los mismos, que:
a) Tengan por objeto defender y promover las exportaciones, siempre que no
alteren la competencia en el mercado interno y sean compatibles con las
obligaciones que resulten de los Convenios internacionales ratificados por
España, o
b) Produzcan una elevación suficientemente importante del nivel social y
económico de zonas o sectores deprimidos, o
c) Atendiendo a su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera
significativa a la competencia."
Artículo cuarto. Modificación del apartado 1 y adición de dos nuevas letras f) y
g), al apartado 2 del artículo 6.
1. El apartado 1 del artículo 6 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda
modificado en los siguientes términos:
"Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas:
a) De su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.
b) De la situación de dependencia económica en la que puedan encontrarse sus
empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para
el ejercicio de su actividad. Esta situación se presumirá cuando un proveedor
además de los descuentos habituales, debe conceder a su cliente de forma regular
otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares."
2. Se añaden dos nuevas letras f) y g), al apartado 2 del artículo 6 de la Ley
16/1989, de 17 de julio, con el siguiente contenido:
"f) La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial
establecida sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una ante lación
mínima de 6 meses, salvo que se deba a incumplimientos graves de las condiciones
pactadas por el proveedor o en caso de fuerza mayor.
g) Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones
comerciales, precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos
adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en las
condiciones generales de venta que se tengan pactadas."
Artículo quinto. Modificación del artículo 7.
El artículo 7 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, pasa a tener la siguiente
redacción:
"Artículo 7. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales.
1. El Tribunal de Defensa de la Competencia conocerá, en los términos que la
presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de
competencia desleal siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que ese acto de competencia desleal distorsione gravemente las condiciones de
competencia en el mercado.
b) Que esa grave distorsión afecte al interés público.
2. Cuando, a juicio del Servicio de Defensa de la Competencia, no concurran
dichas circunstancias, procederá al archivo de las actuaciones."
Artículo sexto. Adición de nuevos apartados 5 y 6 al artículo 10.
Se añaden dos nuevos apartados, 5 y 6, al artículo 10 de la Ley 16/1989, de 17
de julio, con el siguiente contenido:
"Artículo 10. Multas sancionadoras.
5. No se impondrán multas por infracción del artículo 1 si se hubiera presentado, con anterioridad a la iniciación de una información reservada previa a la
incoación de expediente sancionador, notificación A/B ante los servicios de la
Comisión Europea en aplicación del Reglamento del Consejo de la CEE número 17/62, de 6 de febrero.
6. Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores de este
artículo, si el Tribunal de Defensa de la Competencia apreciara mala fe o grave
temeridad en la actuación de alguna de las partes ante los órganos de defensa de
la competencia, podrá imponerle una multa no superior a 5.000.000 de pesetas o
30.050,61 Euros."
Artículo séptimo. Modificación del artículo 11 de la Ley.
El artículo 11 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los
siguientes términos:
"Artículo 11. Multas coercitivas.
El Tribunal de Defensa de la Competencia, independientemente de las multas
sancionadoras, podrá imponer a las empresas, asociaciones, uniones o
agrupaciones de éstas, y agentes económicos en general, multas coercitivas de 10.
000 a 500.000 pesetas o 60,10 a 3.005,06 Euros al día con el fin de obligarlas:
a) A la cesación de una acción que haya sido declarada prohibida conforme a lo
dispuesto en la Ley.
b) A la remoción de los efectos distorsionadores de las condiciones de
competencia provocados por una infracción.
c) Al cumplimiento de los compromisos adoptados por dichos sujetos en el marco
de un acuerdo de terminación convencional del procedimiento.
d) Al cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.5 de esta Ley."
Artículo octavo. Modificación del artículo 12.
El artículo 12 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los
siguientes términos:
"Artículo 12. Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
1. Prescribirán:
a) A los cuatro años, las infracciones previstas en este texto legal. El término
de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiera cometido la
infracción.
b) A los cuatro años, las sanciones.
2. La prescripción se interrumpe por cualquier acto del Tribunal o del Servicio
de Defensa de la Competencia, con conocimiento formal del interesado, tendente a
la investigación, instrucción o persecución de la infracción.
3. La prescripción también se interrumpe por los actos realizados por los
interesados al objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar los acuerdos
sancionadores."
Artículo noveno. Adición de un nuevo apartado 3 al artículo 13.
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 13 de la Ley 16/1989, de 17 de julio,
con el siguiente contenido:
"3. El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá, cuando le sea requerido por
órgano judicial competente, emitir un informe sobre la procedencia y cuantía de
las indemnizaciones que los autores de las conductas previstas en los artículos
1, 6 y 7 de la presente Ley deban satisfacer a los denunciantes y terceros que
hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas."
Artículo décimo. Modificación del artículo 19.
El artículo 19 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los
siguientes términos:
"Artículo 19. Ayudas públicas.
1. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de los artículos
87 a 89 del Tratado de la Comunidad Europea, de la letra c) del artículo 4 del
Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y del Reglamento Comunidad Europea
número 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo.
2. A los efectos de esta Ley se entiende por ayuda pública las aportaciones de
recursos a operadores económicos y empresas públicas o privadas, así como a
producciones, con cargo a fondos públicos o cualquier otra ventaja concedida por
los poderes o entidades públicas que suponga una reducción de las cargas a las
que deberían hacer frente los operadores económicos y las empresas en
condiciones de mercado o que no lleven implícita una contraprestación en
condiciones de mer cado. También se considerarán ayudas cualesquiera otras
medidas de efecto equivalente al de las anteriores que distorsionen la libre
competencia.
3. El Tribunal de Defensa de la Competencia de oficio, o a instancia del
Ministro de Economía y Hacienda, analizará los criterios de concesión de las
ayudas públicas, en relación con sus efectos sobre las condiciones de
competencia con el fin de emitir un informe que elevará al Consejo de Ministros.
Dicho informe será público. El Consejo de Ministros, a la vista del contenido
del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, decidirá, según los casos, proponer a los poderes públicos la supresión o la modificación de los citados
criterios, así como, en su caso, las demás medidas conducentes al mantenimiento
o al restablecimiento de la competencia. Todo ello sin perjuicio de las
competencias que en esta materia corresponden a la Comisión Europea."
Artículo undécimo. Modificación del artículo 21.
El artículo 21 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado y pasa a
tener la siguiente redacción:
"Artículo 21. Composición.
1. El Tribunal de Defensa de la Competencia está integrado por ocho vocales y un
Presidente nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Economía y
Hacienda, entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido
prestigio.
2. El nombramiento del Presidente y los vocales será por cinco años renovables
por una sola vez. Cada dos años y medio se renovará la mitad de los miembros del
Tribunal.
3. Los vocales del Tribunal tendrán la consideración de altos cargos. Cuando el
nombramiento recaiga en personas al servicio de las Administraciones públicas en
activo, éstas pasarán a la situación de servicios especiales o equivalente.
4. El Tribunal elegirá, entre los vocales, un Vicepresidente. En caso de empate
será elegido el vocal de mayor antigüedad en el cargo y, a igualdad de antigü
edad, el de mayor edad. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en casos de
vacante, ausencia o enfermedad.
5. En tanto no se produzca el nombramiento de Vicepresidente, y en casos de
ausencia del Presidente y el Vicepresidente, ejercerá la Presidencia el vocal de
mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad.
6. El Tribunal estará asistido por un Secretario."
Artículo duodécimo. Modificación del artículo 24.
El artículo 24 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los
siguientes términos:
"Artículo 24. Funcionamiento del Tribunal.
1. El Tribunal de Defensa de la Competencia se entiende válidamente constituido
con la asistencia del Presidente o Vicepresidente y cinco vocales.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes. En
caso de empate decidirá el voto de quien presida.
3. El Tribunal podrá aprobar elaborar un reglamento de régimen interior en el
que regule su organización y funcionamiento interno. Dicho reglamento interno se
publicará en el Boletín Oficial del Estado."
Artículo decimotercero. Modificación del artículo 25.
El artículo 25 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los
siguientes términos:
"Artículo 25. Competencia.
Compete al Tribunal de Defensa de la Competencia:
a) Resolver y dictaminar los asuntos que tiene atribuidos por esta Ley.
b) Autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se
refiere el artículo 1, en los supuestos y con los requisitos previstos en el
artículo 3.
c) Aplicar en España los artículos 85.1 y 86 del Tratado de la Comunidad Europea
y de su Derecho derivado.
d) Informar sobre las operaciones de concentración económica de dimensión
comunitaria que sean remitidos por la Comisión Europea en aplicación de las
normas comunitarias de control de concentraciones por la Comisión.
e) Dictaminar los proyectos de apertura de grandes establecimientos comerciales,
según establece la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista.
f) Interesar la instrucción de expedientes por el Servicio de Defensa de la
Competencia.
g) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le
encomienden las leyes, y en particular las establecidas en el artículo 7 de la
Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de
competiciones y acontecimientos deportivos.
h) Elaborar el informe que, en cuanto a las eventuales indemnizaciones de daños
y perjuicios, prevé el artículo 13 de la presente Ley.
i) Elaborar el informe que, en materia de ayudas públicas, prevé el artículo 19
de esta Ley."
Artículo decimocuarto. Modificación del artículo 26.
El artículo 26 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado como sigue:
"Artículo 26. Funciones consultivas.
1. El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá ser consultado en materia de
competencia por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los distintos
Departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones
locales, las Cámaras de Comercio y las organizaciones empresariales, sindicales
o de consumidores y usuarios.
2. El Tribunal promoverá y realizará estudios y trabajos de investigación en
materia de competencia.
3. El Tribunal informará los proyectos o proposiciones de Ley por los que se
modifique o derogue, total o parcialmente, el presente texto legal, así como los
proyectos de normas reglamentarias que lo desarrollen."
Artículo decimoquinto. Modificación del artículo 27.
Queda modificado el artículo 27 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que pasa a
tener el siguiente contenido:
"Artículo 27. Competencias del Pleno.
Corresponde al Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia:
a) Elaborar su reglamento de régimen interior, en el cual se establecerá su
funcionamiento administrativo y la organización de sus servicios.
b) Elegir de entre sus miembros al Vicepresidente.
c) Resolver sobre las recusaciones, incompatibilidades y correcciones
disciplinarias y apreciar la incapacidad y el incumplimiento grave de sus
funciones por el Presidente, Vicepresidente y vocales.
d) Nombrar y acordar el cese del Secretario.
e) Proponer o, en su caso, informar el proyecto de relación de puestos de
trabajo del personal al servicio del Tribunal.
f) Preparar el anteproyecto de presupuesto general de gastos del Tribunal.
g) Elaborar una memoria anual.
h) Mantener relaciones con otros organismos análogos."
Artículo decimosexto. Modificación del artículo 28.
El artículo 28 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, pasa a tener la siguiente
redacción:
"Artículo 28. Funciones del Presidente.
1. Son funciones del Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia:
a) Convocar el Pleno por propia iniciativa o a petición de, al menos, tres de
los vocales, y presidirlo.
b) Establecer el criterio de distribución de asuntos entre Salas y Secciones.
c) Mantener el buen orden y gobierno del Tribunal.
d) Dar cuenta de las vacantes que se produzcan en el Tribunal.
e) Resolver las cuestiones no asignadas al Pleno del Tribunal.
f) Representarlo en las relaciones con otros órganos públicos.
g) Ejercer funciones de jefatura en relación al personal del Tribunal.
h) Ordenar los gastos del Tribunal.
2. El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente aquellas facultades que
considere convenientes."
Artículo decimoséptimo. Modificación del artículo 31.
El artículo 31 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los
siguientes términos:
"Artículo 31. Funciones del Servicio de Defensa de la Competencia.
Son funciones del Servicio de Defensa de la Competencia:
a) Instruir los expedientes por conductas incluidas en esta Ley.
b) Vigilar la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que se adopten en
aplicación de esta Ley y, en su caso, declarar la prescripción de la acción para
exigir el cumplimiento de las sanciones previstas en el artículo doce de esta
Ley.
c) Llevar el Registro de Defensa de la Competencia.
d) Las de estudio e investigación de los sectores económicos, analizando la
situación y grado de competencia de cada uno de ellos, así como la de posible
existencia de prácticas restrictivas de la competencia. Como consecuencia de los
estudios e investigaciones efectuadas podrá proponer la adopción de medidas
conducentes a la remoción de los obstáculos en que se ampare la restricción.
e) Las de información, asesoramiento y propuesta en materia de acuerdos y
prácticas restrictivas, concentración y asociación de empresas, grado de
competencia en el mercado interior y exterior en relación con el mercado
nacional, y sobre las demás cuestiones relativas a la defensa de la competencia.
f) Las de cooperación, en materia de competencia, con organismos extranjeros e
instituciones internacionales.
g) Llevar a cabo las funciones de colaboración entre la Administración Española
y la Comisión Europea en la aplicación en España de las reglas comunitarias de
la competencia. Estas funciones se realizarán en coordinación con los
Departamentos sectoriales competentes de la Administración pública.
h) Ejercitar las competencias que le atribuyen los artículos 15 al 18 de esta
Ley en materia de control de concentraciones.
i) Promover y acordar la terminación convencional de los procedimientos
tramitados como consecuencia de conductas prohibidas en esta Ley.
j) Informar los anteproyectos de normas que afecten a la competencia.
k) Dirigir informes y/o recomendaciones sobre materias de defensa de la
competencia a cualquiera de los Departamentos ministeriales, Comunidades
Autónomas, Corporaciones locales, Cámaras de Comercio y organizaciones
empresariales, sindicales o de consumidores y usuarios.
l) Estudiar y someter al Gobierno las oportunas propuestas de modificación de la
Ley de Defensa de la Competencia, conforme a los dictados de la experiencia en
la aplicación del Derecho nacional y comunitario."
Artículo decimoctavo. Modificación del artículo 31 bis.
Se modifica el artículo 31 bis de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que pasa a
tener el siguiente contenido:
"Artículo 31 bis. Funciones del Director del Servicio de Defensa de la
Competencia.
1. Corresponde al Director del Servicio de Defensa de la Competencia:
a) Proponer al Ministro de Economía y Hacienda, para su elevación, en su caso,
al Consejo de Ministros, las directrices de política de defensa de la
competencia en el marco de la política económica de aquél.
b) Proponer al Gobierno, la adopción de reglamentos de exención previstos en el
artículo quinto de esta Ley respecto de las categorías de acuerdos, decisiones,
recomendaciones y prácticas a que se refieren los artículos 3.1 y 3.2 de esta
Ley.
c) Aprobar un programa anual de evaluación de las consecuencias de la aplicación
de las reglas de competencia que permita orientar la dedicación de medios, la
evolución de la doctrina y los remedios adoptados.
d) Representar al Servicio de Defensa de la Competencia.
e) Dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado a los reglamentos de
exención del artículo 5 de esta Ley.
f) Decidir sobre la conveniencia de instar la aplicación de lo previsto en el
apartado 3 del artículo 22 del Reglamento Comunitario de Control de
Concentraciones.
g) Ejercitar las competencias que le atribuyen los artículos 15 y 18 de esta Ley.
2. El Director del Servicio de Defensa de la Competencia ostenta la jefatura del
mismo, pudiendo ejercer todas las competencias que la presente Ley atribuye al
Servicio."
Artículo decimonoveno. Modificación del artículo 32.
El artículo 32 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado y pasa a
tener el siguiente contenido:
"Artículo 32. Deberes de colaboración e información.
1. Toda persona natural o jurídica queda sujeta al deber de colaboración con el
Servicio de Defensa de la Competencia, y está obligada a proporcionar a
requerimiento de éste, y en un plazo de diez días, toda clase de datos e
informaciones necesarias para la aplicación de esta Ley.
El plazo de diez días a que se refiere el apartado anterior podrá ampliarse por
el Servicio de Defensa de la Competencia, de oficio o a instancia de la persona
requerida, cuando la dificultad de obtención de datos o informaciones así lo
justifique.
2. El incumplimiento de la obligación establecida en el número anterior será
sancionado por el Director del Servicio con multas coercitivas de 60,10 a 3.005,
06 Euros por cada día de retraso en el cumplimiento del deber de aportación en
plazo de datos e informaciones a que se refiere el apartado anterior.
3. La cesión de datos o antecedentes de naturaleza tributaria se regirá por lo
dispuesto en el artículo 113 de la Ley General Tributaria."
Artículo vigésimo. Modificación del apartado 2 del artículo 33.
Se modifica el apartado 2 del artículo 33 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que
pasa a tener el siguiente contenido:
"Artículo 33. Funciones de investigación e inspección.
2. Los funcionarios, en el curso de las inspecciones, podrán examinar, obtener
copias o realizar extractos de los libros, documentos, incluso de carácter
contable y, si procediera, retenerlos por un plazo máximo de diez días. En el
curso de las inspecciones, los funcionarios podrán, asimismo, solicitar
explicaciones verbales in situ."
Artículo vigésimo primero. Modificación del artículo 34.
El artículo 34 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los
siguientes términos:
"Artículo 34. Investigación domiciliaria.
1. El acceso a los locales podrá realizarse con el consentimiento de sus
ocupantes o mediante mandamiento judicial.
2. Si hubiera existido consentimiento de los ocupantes, el funcionario
habilitado mostrará el oficio y entregará copia en que conste su designación por
el Director del Servicio de Defensa de la Competencia, los sujetos investigados,
los datos, documentos y operaciones que habrán de ser objeto de la inspección,
la fecha en que la actuación deba practicarse y el alcance de la investigación.
3. Cuando haya existido oposición al acceso a los locales o se corra el riesgo
de tal oposición, el Director del Servicio solicitará autorización de entrada en
el domicilio al Juzgado de lo Contencioso-administrativo, y en el oficio se
harán constar los datos previstos en el número anterior, así como los necesarios
para la adecuada identificación de los locales en que se pretende la entrada.
El Juzgado competente resolverá en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
4. De todas las entradas en locales y de la inspección se levantará un acta
firmada por el funcionario autorizado y por uno de sus ocupantes, a la que se
adjuntará, en su caso, la relación de documentos retenidos temporalmente.
5. El funcionario expedirá una copia del acta a nombre de la persona que haya
autorizado la entrada en el local. Si la entrada e inspección se hubieran
realizado en virtud de autorización judicial, el original del acta y los
documentos retenidos, en su caso, se entregarán al Juzgado correspondiente, cuyo
Secretario diligenciará una copia a nombre del funcionario que ha llevado a cabo
la inspección y otra a nombre del ocupante ante el cual se ha realizado la
investigación. También se entregará, en su caso, al funcionario la documentación
retenida.
6. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados para las
finalidades previstas en esta Ley."
Artículo vigésimo segundo. Modificación del artículo 36.
El artículo 36 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los
siguientes términos:
"Artículo 36. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento se inicia por el Servicio de Defensa de la Competencia de
oficio o a instancia de parte interesada.
La denuncia de las conductas prohibidas por esta Ley es pública ; cualquier
persona, interesada o no, puede formularla ante el Servicio, que iniciará
expediente cuando se observen indicios racionales de su existencia.
2. La denuncia se presentará en la forma y con el contenido que
reglamentariamente se determine que, como mínimo, deberá contener:
- Nombre o razón social y domicilio del denunciante y, en el caso de que actúe
por medio de representante, acreditación de la representación y domicilio a
efecto de notificaciones.
- Nombre o razón social y domicilio del/los denunciado/s.
- Hechos de los que se deriva la existencia de infracción y pruebas, en su caso,
de los mismos.
- Intereses legítimos de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 30/1992, para
poder ser considerado interesado en el eventual expediente sancionador.
3. Ante la noticia de la posible existencia de una infracción, el Servicio podrá
proceder a la instrucción de una información reservada antes de resolver la
iniciación de expediente sancionador, incluso con investigación domiciliaria de
las empresas implicadas. Cuando el Servicio considere que no hay indicios de
infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, podrá no iniciar el
procedimiento y acordar el archivo de las actuaciones.
4. En la providencia en que se acuerde la iniciación del expediente se nombrará
un Instructor y, en su caso, un Secretario, lo que se notificará a los
interesados.
5. Iniciado el expediente, se podrá publicar una nota sucinta sobre los extremos
fundamentales del mismo, al objeto de que cualquiera pueda aportar información
en un plazo que no excederá de quince días.
La referida nota podrá publicarse en el Boletín Oficial del Estado y, en su
caso, en cualquier otro medio de difusión que garantice una publicidad
suficiente.
6. El Servicio, por propia iniciativa o a instancia de los interesados, podrá
disponer la acumulación de expedientes cuando entre ellos exista una conexión
directa.
7. El Servicio dará cuenta al Tribunal de Defensa de la Competencia de las
denuncias recibidas, del archivo de las actuaciones, de los acuerdos de
terminación convencional y de las providencias de incoación de expedientes, sean
de oficio o a instancia de parte interesada."
Artículo vigésimo tercero. Adición de un nuevo artículo 36 bis.
Se añade un nuevo artículo, 36 bis, a la Ley 16/1989, de 17 de julio, con el
siguiente contenido:
"Artículo 36 bis. Supuestos de inadmisión y terminación convencional.
1. El Servicio de Defensa de la Competencia podrá:
a) Acordar la no iniciación de los procedimientos derivados de la presunta
realización de las conductas prohibidas por los artículos 1 y 6 que, por su
escasa importancia, no afecten de manera significativa a las condiciones de
competencia.
b) Acordar la no iniciación de los procedimientos derivados de la presunta
realización de las conductas previstas en el artículo 7 de esta Ley cuando
estime que no concurren las circunstancias previstas en dicho artículo.
c) Acordar la terminación convencional de una investigación que se haya iniciado
de oficio o a instancia de parte interesada por posible infracción de los
artículos 1, 6 y 7 de la Ley, siempre que la misma no resulte contraria a lo
dispuesto en esta Ley, y esté encaminada a finalizar las actuaciones
administrativas.
2. En los procedimientos de terminación convencional, el Servicio determinará
quiénes son los interesados en el asunto, con el fin de que puedan ser oídos en
el curso del mismo.
La terminación convencional de los procedimientos no podrá acordarse en aquellos
casos en que resulte contraria al ordenamiento jurídico y resulte perjudicial
para terceros. Tampoco podrá acordarse la terminación convencional una vez
notificado el pliego de concreción de hechos.
Los acuerdos para la terminación convencional de una investigación deberán
establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes,
el ámbito personal, territorial y temporal, el objeto de los compromisos y el
alcance de los mismos. Dichos acuerdos deberán ser adoptados por el Director del
Servicio y los interesados.
Quienes acrediten interés legítimo, y no hubieren tomado parte en los acuerdos
de terminación convencional, podrán interponer contra los mismos el recurso ante
el Tribunal de Defensa de la Competencia previsto en el artículo 47 de esta Ley."
Artículo vigésimo cuarto. Modificación del artículo 37.
El artículo 37 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los
siguientes términos:
"Artículo 37. Instrucción del expediente sancionador.
1. El Servicio de Defensa de la Competencia practicará los actos de instrucción
necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de
responsabilidades.
Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego
de concreción de hechos que se notificará a los presuntos infractores para que,
en un plazo de quince días, puedan contestarlo y, en su caso, proponer las
pruebas que consideren pertinentes y, cerrado el período probatorio, efectuar en
el plazo de diez días su valoración.
Las pruebas propuestas por los presuntos infractores serán recogidas en el
informe del Servicio, expresando su práctica o, en su caso, denegación.
2. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir
alegaciones, que serán tenidas en cuenta por el Servicio al redactar el informe
al que se refiere el número siguiente.
3. El Servicio, una vez instruido el expediente, lo remitirá al Tribunal de
Defensa de la Competencia, acompañándolo de un informe que exprese las conductas
observadas, sus antecedentes, sus autores, los efectos producidos en el mercado,
la calificación que le merezcan los hechos y las responsabilidades que
corresponden a los autores.
4. Cuando, tras la instrucción necesaria, el Servicio considere que no se ha
acreditado la existencia de prácticas prohibidas, redactará la propuesta de
sobreseimiento que se notificará a los interesados para que en el plazo de diez
días hagan las alegaciones oportunas. Posteriormente el Servicio, podrá acordar
el sobreseimiento del expediente con archivo de las actuaciones. Contra dicho
acuerdo podrá interponerse recurso conforme a lo dispuesto por los artículos 47
y 48 de esta Ley."
Artículo vigésimo quinto. Modificación del artículo 38.
El artículo 38 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los
siguientes términos:
"Artículo 38. Instrucción del expediente de autorización.
1. El procedimiento para autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones y
prácticas a que se refiere el artículo 3 se iniciará a instancia de parte
interesada.
2. La solicitud de autorización deberá contener, en todo caso, todos los datos
necesarios para poder apreciar la naturaleza y efectos de la conducta y, en
particular, los datos identificativos de las partes que intervienen, el objeto
de la solicitud y la información sobre el mercado/s afectado/s.
3. Iniciado un expediente para la constatación de la existencia de acuerdos,
decisiones, recomendaciones o prácticas prohibidas en el artículo 1, los
interesados podrán pedir que se declaren autorizados de conformidad con el
artículo 3.
4. En la tramitación de las autorizaciones el Servicio de Defensa de la
Competencia publicará la nota sucinta prevista en el artículo 36.5 de esta Ley,
realizará las indagaciones necesarias, oirá a los interesados y remitirá el
expediente al Tribunal, en el plazo máximo de treinta días, con la calificación
que le merezca.
5. Cuando el Servicio considere que la información suministrada es
manifiestamente insuficiente para calificar la solicitud, requerirá al
solicitante para que facilite los datos e información necesarios en un plazo de
diez días, quedando suspendido el plazo de treinta días hasta tanto sea
cumplimentado el requerimiento.
6. En los supuestos a que se refiere el artículo 3.1 de esta misma Ley será
preceptivo solicitar el informe del Consejo de Consumidores y Usuarios."
Artículo vigésimo sexto. Modificación del apartado 2 del artículo 40.
El apartado 2 del artículo 40 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda
modificado como sigue:
"2. El Tribunal podrá disponer la práctica de cuantas pruebas estime procedentes
siempre que no sean reproducción de las practicadas ante el Servicio de Defensa
de la Competencia, dando intervención a los interesados."
Artículo vigésimo séptimo. Modificación del artículo 47.
Se modifica el artículo 47 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que pasa a tener
la siguiente redacción:
"Artículo 47. Recurso contra los actos dictados por el Servicio de Defensa de la
Competencia.
Los actos del Servicio de Defensa de la Competencia que decidan directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar un
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos, serán recurribles ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia en el plazo de diez días.
No se considerará que existe indefensión por la denegación de práctica de
pruebas solicitadas por parte interesada, siempre que dicha decisión se adopte
mediante resolución debidamente motivada y que las pruebas cuya práctica se
solicite sean manifiestamente improcedentes o innecesarias y, en todo caso,
cuando puedan practicarse ante el Tribunal.
En estos casos, y en todos aquellos en que el recurso interpuesto carezca
manifiestamente de fundamento, el Tribunal podrá declarar su inadmisibilidad en
resolución debidamente motivada."
Queda modificado el apartado 1 del artículo 48 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, en los siguientes términos:
"Artículo 48. Trámites y resolución.
1. El recurso se presentará ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, el
cual ordenará al Servicio de Defensa de la Competencia que le remita el
expediente con su informe en el plazo de cinco días."
Artículo vigésimo noveno. Modificación del artículo 50.
El artículo 50 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los
siguientes términos:
"Artículo 50. Supletoriedad de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los procedimientos administrativos en materia de defensa de la competencia se
regirán por su normativa específica y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común."
Artículo trigésimo. Adición de un nuevo artículo 51 bis.
Se añade un nuevo artículo, 51 bis, a la Ley 16/1989, de 17 de julio, con el
siguiente contenido:
"Artículo 51 bis. Relaciones con otras Administraciones públicas.
1. Los órganos previstos en la presente Ley son los únicos competentes para la
instrucción y resolución de los procedimientos que en ella se regulan en materia
de defensa de la competencia.
En el supuesto de que otras Administraciones públicas, por razón de sus
funciones, pudieran tener conocimiento de hechos que considerasen contrarios a
las previsiones de esta Ley, se limitarán a dar traslado de los mismos, y de la
documentación obrante en su poder, al Servicio de Defensa de la Competencia a
fin de que, si procede, pueda iniciarse la tramitación de los correspondientes
expedientes.
2. El Servicio de Defensa de la Competencia, cuando sea necesario para el
ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la colaboración de los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas.
Con el mismo fin, los servicios competentes de las Comunidades Autónomas podrán
elaborar para su remisión al Servicio de Defensa de la Competencia, y a los
fines previstos en este artículo, informes relativos a la existencia de
prácticas, acuerdos o conductas que consideren contrarios a la presente Ley."
Artículo trigésimo primero. Modificación del artículo 54.
El artículo 54 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los
siguientes términos:
"Artículo 54. Sanciones.
1. Las sanciones impuestas en aplicación de la presente Ley se entenderán sin
perjuicio de otras responsabilidades que en cada caso procedan.
2. La recaudación en vía ejecutiva de las multas se efectuará conforme a lo
previsto en el Reglamento General de Recaudación.
3. El importe de las multas previstas en esta Ley se ingresará en el Tesoro
Público."
Artículo trigésimo segundo. Modificación del artículo 56.
Se modifica el artículo 56 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que pasa a tener
el siguiente contenido:
"Artículo 56. Plazos máximos del procedimiento.
1. El plazo máximo de duración de la fase del procedimiento sancionador que
tiene lugar ante el
Servicio de Defensa de la Competencia será de doce meses a contar desde la
iniciación formal del mismo hasta la remisión del expediente al Tribunal de
Defensa de la Competencia o de la notificación del acuerdo que, de cualquier
otro modo, ponga término al procedimiento tramitado ante el Servicio.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la posible ampliación
del plazo de conformidad con lo establecido en los apartados 5 y 6 del artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En cualquier caso, el plazo a que hace referencia este apartado se interrumpirá
en caso de interposición del recurso administrativo previsto en el artículo 47
de esta Ley, o del planteamiento de cuestiones incidentales en que el artículo
42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevé la
suspensión, así como cuando sea necesaria la coordinación con la Unión Europea o
la cooperación con autoridades de competencia de otros países. En tales casos,
el Servicio deberá dar cuenta de la resolución de interrupción a los interesados.
Transcurrido el plazo previsto en este apartado y, en su caso, el plazo
resultante de un acuerdo de ampliación, sin que el Servicio hubiera remitido el
expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia para su resolución o hubiese
acordado su sobreseimiento, se procederá, de oficio o a instancia de cualquier
interesado, a declarar su caducidad.
2. El Tribunal dictará resolución, y la notificará, en el plazo máximo de doce
meses a contar desde la admisión a trámite del expediente. El plazo se
interrumpirá cuando se planteen cuestiones incidentales en que la Ley prevea la
suspensión, se interpongan recursos y se acuerde la suspensión por el órgano
jurisdiccional competente, se acuerde la práctica de diligencias para mejor
proveer por el Tribunal de Defensa de la Competencia, se deba proceder a cambio
de calificación en los términos del artículo 43.1 de esta Ley o se acuerde la
suspensión por la concurrencia con un procedimiento ante los órganos
comunitarios o con la instrucción de un proceso penal, así como para la
presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas. También en este caso será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurridos treinta días desde el vencimiento del plazo anterior, si el
Tribunal no ha dictado resolución, procederá de oficio o a instancia de
cualquier interesado, a declarar la caducidad del procedimiento."
Artículo trigésimo tercero. Adición de un nuevo artículo 57.
Se añade un nuevo artículo, 57 a la Ley 16/1989, de 17 de julio, con el
siguiente contenido:
"Artículo 57. Tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración.
1. Se crea la tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración,
que se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y por las demás fuentes
normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
2. Constituye el hecho imponible de la tasa la realización del análisis y
estudio de todo proyecto u operación de concentración de empresas que se lleven
a cabo con arreglo al artículo 14 de la presente Ley.
3. No estará sujeta a la tasa la consulta previa prevista en el apartado 5.o del
artículo 15 de esta Ley.
4. Serán sujetos pasivos de las tasas las entidades que resulten obligadas a
notificar la operación de concentración.
5. El devengo de la tasa se producirá cuando el sujeto pasivo presente la
notificación obligatoria prevista en el artículo 15 de esta Ley, por la que se
inicia la actividad o el expediente administrativo, el cual no se tramitará sin
que se haya efectuado el pago correspondiente.
6. La cuantía de la tasa regulada en este precepto será de 500.000 pesetas o 3.
005,06 Euros cuando el volumen de ventas global en España del conjunto de los
partícipes en el acuerdo de concentración sea igual o inferior a 40.000 millones
de pesetas o 240.404.841,75 Euros, de 1.000.000 de pesetas o 6.010,12 Euros,
cuando sea igual o inferior a 80.000 millones de pesetas o 480.809.683,51 Euros
y de 2.000.000 de pesetas o 12.020 Euros cuando el volumen de facturación sea
superior a 80.000 millones de pesetas o 480.809.683,51 Euros.
7. El pago de la tasa se realizará en efectivo, en los términos previstos en la
normativa vigente en materia de recaudación.
8. La gestión de la tasa se llevará a cabo por el Servicio de Defensa de la
Competencia en los términos que se establezcan en las disposiciones
reglamentarias dictadas en desarrollo de la Ley, que podrán prever la obligación
para los sujetos pasivos de practicar operaciones de autoliquidación tributaria."
Disposición adicional primera. Modificación del artículo 1.dos.2.f) de la Ley de
Liberalización de las Telecomunicaciones.
Se modifica el artículo 1.dos.2.f) de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de
Liberalización de las Telecomunicaciones, que pasa a tener la siguiente
redacción:
"Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la pluralidad de oferta de
servicios, el acceso a las redes de telecomunicaciones por los operadores, la
interconexión de las redes y suministro de red en condiciones de red abierta y
la política de precios y comercialización por los operadores de los servicios. A
estos efectos, la Comisión ejercerá las siguientes funciones:
1.º Podrá dictar, sobre las materias indicadas, instrucciones dirigidas a las
entidades que operen en el sector, que serán vinculantes una vez publicadas en
el Boletín Oficial del Estado.
2.º Pondrá en conocimiento del Servicio de Defensa de la Competencia los actos,
acuerdos, prácticas o conductas de los que pudiera tener noticia en el ejercicio
de sus atribuciones y que presenten indicios de resultar contrarios a la Ley
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. A tal fin, la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones comunicará al Servicio de Defensa de la
Competencia todos los elementos de hecho a su alcance y, en su caso, remitirá un
dictamen no vinculante de la calificación que le merecen dichos hechos.
3.º Ejercer la competencia de la Administración General del Estado para
interpretar las cláusulas de los títulos habilitantes para la prestación de
servicios de telecomunicaciones que protejan la libre competencia en el mercado
de las telecomunicaciones y de los servicios a los que se refiere el número 1
del apartado dos de este artículo."
Disposición adicional segunda. Modificación del artículo 1.dos.2.g) de la Ley de
Liberalización de las Telecomunicaciones.
Se modifica el artículo 1.dos.2.g) de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de
Liberalización de las Telecomunicaciones, que pasará a tener la siguiente
redacción:
"g) Ejercer el control sobre los procesos de concentración de empresas, de las
participaciones en el capital y de los acuerdos entre los agentes participantes
en el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios a los que se refiere
el número 1 del apartado dos de este artículo, al objeto de garantizar, cuando
proceda, el cumplimiento del deber de notificación obligatorio al Servicio de
Defensa de la Competencia en los términos establecidos en los artículos 14 y
siguientes de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia."
Disposición adicional tercera. Se modifica el artículo 16 de la Ley 3/1991, de
10 de enero, de Competencia Desleal, que pasa a tener la siguiente redacción:
"Artículo 16. Discriminación y dependencia económica.
1. El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás
condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que medie causa justificada.
2. Se reputa desleal la explotación por parte de una empresa de la situación de
dependencia económica en que puedan encontrarse sus empresas clientes o
proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su
actividad. Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de los
descuentos o condiciones habituales, deba conceder a su cliente de forma regular
otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares.
3. Tendrá asimismo la consideración de desleal:
a) La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial
establecida sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelación
mínima de seis meses, salvo que se deba a incumplimientos graves de las
condiciones pactadas o en caso de fuerza mayor.
b) La obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de
precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y
otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en el contrato de
suministro que se tenga pactado."
Disposición derogatoria única.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Real Decreto 157/1992,
de 21 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, en
materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de
defensa de la competencia y el Real Decreto 1080/1992, de 11 de septiembre,
sobre procedimiento a seguir por los órganos de defensa de la competencia en
concentraciones económicas y forma y contenido de su notificación voluntaria,
seguirán en vigor hasta que el Gobierno apruebe nuevos textos reglamentarios
adaptados a la presente Ley.
Disposición transitoria única.
Los procedimientos en materia de defensa de la competencia iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán con
arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario de la Ley.
1. Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de dieciocho meses dicte las
disposiciones reglamentarias que regulen los procedimientos en materia de
Defensa de la Competencia.
2. Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de un año dicte las
disposiciones reglamentarias de desarrollo de lo previsto en el artículo 57 de
esta Ley en materia de tasas.
Disposición final segunda.
Antes del 1 de octubre del año 2000, el Gobierno presentará en el Congreso de
los Diputados un proyecto de ley por el que se regulan los criterios de conexión
determinantes de la atribución al Estado y a las Comunidades Autónomas de
competencias, previstas en el marco legal de defensa de la competencia,
referidas al conocimiento y aplicación de la normativa estatal relativa a
conductas prohibidas y autorizadas, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Constitucional de 11 de noviembre de 1999.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su completa publicación en
el Boletín Oficial del Estado, a excepción de lo dispuesto en el artículo
trigésimo segundo, en cuanto se refiere al apartado 1 del artículo 56, de la Ley
16/1989, de 17 de julio, que entrará en vigor el 1 de enero del año 2001, y en
lo relativo al apartado 2 del artículo 56 de la misma Ley, ya en vigor desde el
1 de enero de 1998 en virtud de la disposición transitoria duodécima de la Ley
66/1997, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden
y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 28 de diciembre de 1999.
Juan Carlos Rey de España
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ