Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
LEY 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios
Estado :
Derogada
Nº de Disposición :
26/1984
Boletín Oficial :
BOE 176/1984
Fecha Disposición :
19/07/1984
Fecha Publicación :
24/07/1984
Órgano Emisor :
JEFATURA DEL ESTADO
FECHA DE CONSOLIDACIÓN: 30/06/02
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente Ley:
El artículo 51 de la Constitución de 27 de diciembre de 1978 establece que los
poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios,
protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los
legítimos Intereses económicos de los mismos. Asimismo promoverán su información
y educación, fomentaran sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que
puedan afectarles.
Con el fin de dar cumplimiento al citado mandato constitucional, la presente Ley, para cuya redacción se han contemplado los principios y directrices vigentes en
esta materia en la Comunidad Económica Europea, aspira a dotar a los
consumidores y usuarios de un instrumento legal de protección y defensa, que no
excluye ni suplanta otras actuaciones y desarrollos normativos derivados de
ámbitos competenciales cercanos o conexos, tales como la legislación mercantil,
penal o procesal y las normas sobre seguridad industrial, higiene y salud
pública, ordenación de la producción y comercio interior.
Los objetivos de la Ley se concretan en:
1. Establecer, sobre bases firmes y directas, los procedimientos eficaces para
la defensa de los consumidores y usuarios.
2. Disponer del marco legal adecuado para favorecer un desarrollo óptimo del
movimiento asociativo en este campo.
3. Declarar los principios, criterios, obligaciones y derechos que configuran la
defensa de los consumidores y usuarios y que, en el ámbito de sus competencias,
habrán de ser tenidos en cuenta por los poderes públicos en las actuaciones y
desarrollos normativos futuros, en el marco de la doctrina sentada por el
Tribunal Constitucional.
CAPITULO PRIMERO
Ámbito de aplicación y derechos de los consumidores
Artículo primero.
1. En desarrollo del artículo 51.1 y 2 de la Constitución, esta Ley tiene por
objeto la defensa de los consumidores y usuarios, lo que, de acuerdo con el
artículo 53.3 de la misma tiene el carácter de principio general informador del
ordenamiento jurídico.
En todo caso la defensa de los consumidores y usuarios se hará en el marco del
sistema económico diseñado en los artículos 38 y 128 de la Constitución y con
sujeción a lo establecido en el artículo 139.
2. A los efectos de esta Ley, son consumidores o usuarios las personas físicas o
jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes
muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera
que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los
producen, facilitan, suministran o expiden.
3. No tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes sin
constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman
bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción,
transformación, comercialización o prestación a terceros.
Artículo segundo.
1. Son derechos básicos de los consumidores y usuarios:
a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
c) La indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos.
d) La información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la
educación y divulgación, para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso,
consumo o disfrute.
e) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración
de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación
de sus intereses, todo ello a través de las asociaciones, agrupaciones o
confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.
f) La presión jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de
inferioridad, subordinación o indefensión.
2. Los derechos de los consumidores y usuarios serán protegidos prioritariamente
cuando guarden relación directa con productos o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.
3. La renuncia previa de los derechos que esta Ley reconoce a los consumidores y
usuarios en la adquisición y utilización de bienes o servicios es nula.
Asimismo son nulos los actos realizados en fraude de esta Ley, de conformidad
con el artículo 6. del Código Civil.
CAPITULO II
Protección de la salud y seguridad
Artículo tercero.
1. Los productos, actividades y servicios puestos en el mercado a disposición de
los consumidores o usuarios, no implicaran riesgos para su salud o seguridad,
salvo los usual o reglamentariamerte admitidos en condiciones normales y
previsibles de utilización.
2. Con carácter general, los riesgos susceptibles de provenir de una utilización
previsible de los bienes y servicios, habida cuenta de su naturaleza y de las
personas a las que van destinados, deben ser puestos en conocimiento previo de
los consumidores o usuarios por medios apropiados, conforme a lo indicado en el
artículo 13. f).
Artículo cuarto.
1. Los reglamentos reguladores de los diferentes productos, actividades o
servicios determinarán al menos:
a) Los conceptos, definiciones, naturaleza, características y clasificaciones.
b) Las condiciones y requisitos de las instalaciones y del personal cualificado
que deba atenderlas.
c) Los procedimientos o tratamientos usuales de fabricación, distribución y
comercialización, permitidos, sujetos a autorización previa o prohibidos.
d) Las listas positivas de aditivos autorizadas y revisadas por el Ministerio de
Sanidad y Consumo.
e) El etiquetado presentación y publicidad.
f) Las condiciones y requisitos técnicos de distribución, almacenamiento,
comercialización, suministro, importación y exportación, sin perjuicio de lo
dispuesto en la legislación arancelaria y en la reguladora del comercio exterior.
g) Los métodos oficiales de análisis, toma de muestras, control de calidad e
inspección.
h) Las garantías, responsabilidades, infracciones y sanciones.
i) El régimen de autorización, registro y revisión.
2. Los fertilizantes, plaguicidas y todos los artículos que en su composición
lleven sustancias tóxicas, cáusticas, corrosivas o abrasivas deberán ir
envasados con las debidas garantías y llevar de forma visible las oportunas
indicaciones que adviertan el riesgo de su manipulación.
3. Los extremos citados podrán ser objeto de codificación mediante normas
comunes o generales, especialmente en materia de aditivos, productos tóxicos,
material envasado, etiquetado, almacenaje, transporte y suministro, tomas de
muestras, métodos de análisis, registro, inspección, responsabilidad y régimen
sancionador.
Artículo quinto.
1. Para la protección de la salud y seguridad física de los consumidores y
usuarios se regulará la importación, producción, transformación, almacenamiento,
transporte, distribución y uso de los bienes y servicios, así como su control,
vigilancia e inspección, en especial para los bienes de primera necesidad.
2. En todo caso, y como garantía de la salud y seguridad de las personas, se
observara:
a) La prohibición de utilizar cualquier aditivo que no figure expresamente
citado en las listas positivas autorizadas y publicadas por el Ministerio de
Sanidad y Consumo y siempre teniendo en cuenta la forma, límites y condiciones
que allí se establezcan. Dichas listas serán permanentemente revisables por
razones de salud pública o interés sanitario, sin que, por tanto, generen ningún
tipo de derecho adquirido.
b) La prohibición de tener o almacenar productos reglamentariamente no
permitidos o prohibidos, en los locales o instalaciones de producción,
transformación, almacenamiento o transporte de alimentos o bebidas.
c) Las exigencias de control de los productos tóxicos o venenosos incluidos los
resultantes de mezclas y otras manipulaciones industriales, de forma que pueda
comprobarse con rapidez y eficacia su origen, distribución, destino y
utilización.
d) La prohibición de venta a domicilio de bebidas y alimentos, sin perjuicio del
reparto, distribución o suministro de los adquiridos o encargados por los
consumidores en establecimientos comerciales autorizados para venta al público.
Reglamentariamente, se regulará el régimen de autorización de ventas directas a
domicilio que vengan siendo tradicionalmente practicadas en determinadas zonas
del territorio nacional.
e) El cumplimiento de la normativa que establezcan las Corporaciones Locales o,
en su caso, las Comunidades Autónomas sobre los casos, modalidades y condiciones
en que podrá efectuarse la venta ambulante de bebidas y alimentos.
f) La prohibición de venta o suministro de alimentos envasados, cuando no conste
en los envases, etiquetas, rótulos, cierres o precintos, el número del Registro
General Sanitario de Alimentos, en la forma reglamentariamente establecida.
g) La obligación de retirar o suspender, mediante procedimientos eficaces
cualquier producto o servicio que no se ajuste a las condiciones y requisitos
exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la
salud o seguridad de las personas.
h) La prohibición de importar artículos que no cumplan lo establecido en la
presente Ley y disposiciones que la desarrollen.
i) Las exigencias de control de los productos manufacturados susceptibles de
afectar a la seguridad física de las personas, prestando a este respecto la
debida atención a los servicios de reparación y mantenimiento.
j) La prohibición de utilizar en la construcción de viviendas y locales de uso
público materiales y demás elementos susceptibles de generar riesgos para la
salud y seguridad de las personas.
k) La obligación de que las especializadas farmacéuticas se presenten envasadas
y cerradas con sistemas apropiados, aportando en sus envases o prospectos
información sobre composición, indicaciones y efectos adversos, modo de empleo y
caducidad de suerte que los profesionales sanitarios sean convenientemente
informados y se garantice la seguridad, especialmente de la infancia, y se
promueva la salud de los ciudadanos.
Artículo sexto.
Los poderes públicos, directamente o en colaboración con las organizaciones de
consumidores o usuarios, organizarán, en el ámbito de sus competencias, campañas
o actuaciones programadas de control de calidad, especialmente en relación con
los siguientes productos y servicios:
a) Los de uso o consumo común, ordinario y generalizado.
b) Los que reflejen una mayor incidencia en los estudios estadísticos o
epidemiológicos.
c) Los que sean objeto de reclamaciones o quejas, de las que razonablemente se
deduzcan las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión a que se
refiere el artículo 23, e).
d) Los que sean objeto de programas específicos de investigación.
e) Aquellos otros que, en razón de su régimen o proceso de producción y
comercialización, puedan ser mas fácilmente objeto de fraude o adulteración.
CAPITULO III
Protección de los intereses económicos y sociales
Artículo séptimo.
Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios
deberán ser respetados en los términos establecidos en esta Ley, aplicándose
además lo previsto en las normas civiles y mercantiles y en las que regulan el
comercio exterior e interior y el régimen de autorización de cada producto o
servicio.
Artículo octavo.
1. La oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o servicios,
se ajustaran a su naturaleza características, condiciones, utilidad o finalidad,
sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sobre publicidad. Su
contenido, las prestaciones propias de cada producto o servicio, y las
condiciones y garantías ofrecidas, serán exigibles por los consumidores o
usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el
documento o comprobante recibido.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el contrato celebrado
contuviese cláusulas mas beneficiosas, éstas prevalecerán sobre el contenido de
la oferta, promoción o publicidad.
3. La oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de productos, actividades
o servicios, será perseguida y sancionada como fraude. Las asociaciones de
consumidores y usuarios, constituidas de acuerdo con lo establecido en esta Ley,
estarán legitimadas para iniciar e intervenir en los procedimientos
administrativos tendentes a hacerla cesar.
Artículo noveno.
La utilización de concursos, sorteos, regalos, vales premio o similares, como
métodos vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes,
productos o servicios, será objeto de regulación específica, fijando los casos,
forma, garantías y efectos correspondientes.
Artículo décimo.
1. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promoción de productos o servicios, y las cláusulas no negociadas individualmente relativas a tales productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a. Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberán hacerse referencia expresa en el documento contractual.
b. Entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de recibo justificante, copia o documento acreditativo de la operación, o en su caso, de presupuesto debidamente explicado.
c. Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.
2. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor.
3. Si las cláusulas tienen el carácter de condiciones generales, conforme a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, quedarán también sometidas a las prescripciones de ésta.
4. Los convenios arbitrales establecidos en la contratación a que se refiere este artículo serán eficaces si, además de reunir los requisitos que para su validez exigen las leyes, resultan claros y explícitos. La negativa del consumidor o usuario a someterse a un sistema arbitral distinto del previsto en el artículo 31 de esta Ley no podrá impedir por sí misma la celebración del contrato principal.
5. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que utilicen las empresas públicas o concesionarias de servicios públicos, estarán sometidas a la aprobación y control de las Administraciones públicas competentes, cuando así se disponga como requisito de validez y con independencia de la consulta prevista en el artículo 22 de esta Ley. Todo ello sin perjuicio de su sometimiento a las disposiciones generales de esta Ley.
6. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones públicas, no autorizarán ni inscribirán aquellos contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales.
Los Notarios, los Corredores de Comercio y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones públicas, informarán a los consumidores en los asuntos propios de su especialidad y competencia.
Artículo 10 bis.
1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso se considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional primera de la presente Ley.
El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de este artículo al resto del contrato.
El profesional que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba.
El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa.
2. Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones y estipulaciones en las que se aprecie el carácter abusivo. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil. A estos efectos el Juez que declara la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor o usuario. Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá declarar la ineficacia del contrato.
3. Las normas de protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas serán aplicables, cualquiera que sea la Ley que las partes hayan elegido para regir el contrato, en los términos previstos en el artículo 5 del Convenio de Roma de 1980, sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales.
Artículo undécimo.
1. El régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia o
devolución que se establezca en los contratos deberá permitir que el consumidor
o usuario se asegure de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o
finalidad del producto o servicio pueda reclamar con eficacia en caso de error,
defecto o deterioro; pueda hacer efectivas las garantías de calidad o nivel de
prestación, y obtener la devolución equitativa del precio de mercado del
producto o servicio, total o parcialmente, en caso de incumplimiento.
2. En relación con los bienes de naturaleza duradera, el productor o
suministrador deberá entregar una garantía que, formalizada por escrito,
expresara necesariamente:
a) El objeto sobre el que recaiga la garantía.
b) El garante.
c) El titular de la garantía.
d) Los derechos del titular de la garantía.
e) El plazo de duración de la garantía.
3. Durante el período de vigencia de la garantía, el titular de la misma tendrá
derecho como mínimo a:
a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios y de
los daños y perjuicios por ellos ocasionados.
b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el
objeto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso a que estuviese
destinado, el titular de la garantía tendrá derecho a la sustitución del objeto
adquirido por otro de idénticas características o a la devolución del precio
pagado.
4. Queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las
reparaciones y cargar por mano de obra, traslado o visita cantidades superiores
a los costes medios estimados en cada sector, debiendo diferenciarse en la
factura los distintos conceptos. La lista de precios de los repuestos deberá
estar a disposición del público.
5. En los bienes de naturaleza duradera, el consumidor o usuario tendrá derecho
a un adecuado servicio técnico, y a la existencia de repuestos durante un plazo
determinado.
Artículo duodécimo.
No se podrá hacer obligatoria la comparecencia personal del consumidor o usuario
para realizar cobros, pagos o trámites similares.
CAPITULO IV
Derecho a la Información
Artículo decimotercero.
1. Los bienes, productos y, en su caso, los servicios puestos a disposición de
los consumidores y usuarios deberán incorporar, llevar consigo o permitir de
forma cierta y objetiva una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus
características esenciales, y al menos sobre las siguientes:
a) Origen, naturaleza, composición y finalidad.
b) Aditivos autorizados que, en su caso, lleven incorporados.
c) Calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial si la tienen.
d) Precio completo o presupuesto, en su caso, y condiciones jurídicas y
económicas de adquisición o utilización, indicando con claridad y de manera
diferenciada el precio del producto o servicio y el importe de los incrementos o
descuentos, en su caso, y de los costes adicionales por servicios, accesorios,
financiación, aplazamiento o similares.
e) Fecha de producción o suministro, plazo recomendado para el uso o consumo o
fecha de caducidad.
f) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y
riesgos previsibles.
2. Las exigencias concretas en esta materia se determinarán en los Reglamentos
de etiquetado, presentación y publicidad de los productos o servicios, en las
reglamentaciones o normativas especiales aplicables en cada caso, para
garantizar siempre el derecho de los consumidores y usuarios a una información
cierta, eficaz, veraz y objetiva. En el caso de viviendas cuya primera
transmisión se efectúe después de la entrada en vigor de esta Ley, se facilitara
además al comprador una documentación completa suscrita por el vendedor, en la
que se defina, en planta a escala, la vivienda y el trazado de todas sus
instalaciones, así como los materiales empleados en su construcción, en especial
aquellos a los que el usuario no tenga acceso directo.
Artículo decimocuarto.
1. Las oficinas y servicios de información al consumidor o usuario tendrán las
siguientes funciones:
a) La información, ayuda y orientación a los consumidores y usuarios para el
adecuado ejercicio de sus derechos.
b) La indicación de las direcciones y principales funciones de otros centros,
públicos o privados, de interés para el consumidor o usuario.
c) La recepción, registro y acuse de recibo de quejas y reclamaciones de los
consumidores o usuarios y su remisión a las Entidades u Organismos
correspondientes.
d) En general la atención, defensa y protección de los consumidores y usuarios,
de acuerdo con lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
2. Las oficinas de información de titularidad pública, sin perjuicio de las que
verifiquen las organizaciones de consumidores y usuarios podrán realizar tareas
de educación y formación en materia de consumo y apoyar y servir de sede al
sistema arbitral previsto en el artículo 31.
3. Queda prohibida toda forma de publicidad expresa o encubierta en las oficinas
de información.
Artículo decimoquinto.
De acuerdo con su ámbito y su carácter general o especializado, las oficinas de
información al consumidor o usuario de titularidad pública podrán recabar
información directamente de los Organismos públicos.
Tendrán obligación de facilitar a los consumidores y usuarios, como mínimo, los
siguientes datos:
1. Referencia sobre la autorización y registro de productos o servicios.
2. Productos o servicios que se encuentran suspendidos, retirados o prohibidos
expresamente por su riesgo o peligrosidad para la salud o seguridad de las
personas.
3. Sanciones firmes, impuestas por infracciones relacionadas con los derechos de
los consumidores y usuarios. Esta información se facilitará en los casos, forma
y plazos que reglamentariamente se establezca.
4. Regulación de precios y condiciones de los productos y servicios de uso o
consumo común, ordinario y generalizado.
Artículo decimosexto.
1. Las oficinas de información al consumidor o usuario de titularidad pública
podrán facilitar los resultados de los estudios, ensayos, análisis o controles
de calidad realizados, conforme a las normas que reglamentariamente se
determinen, en Centros públicos o privados oficialmente reconocidos, y dichos
resultados podrán ser reproducidos en los medios de comunicación en los
siguientes casos:
a) Cuando, previa iniciativa de la Administración, exista conformidad expresa de
la persona, Empresa o Entidad que suministra los correspondientes productos o
servicios.
b) Cuando dichos resultados hayan servido de base a los supuestos 2 y 3 del
artículo 15.
c) Cuando reflejen defectos o excesos que superen los índices o márgenes de
tolerancia reglamentariamente establecidos y se haya facilitado su comprobación
como garantía para los interesados o éstos hayan renunciado a la misma.
d) Cuando reflejen datos sobre composición, calidad, presentación, etc., dentro
de los índices o márgenes de tolerancia reglamentariamente establecidos.
e) Cuando se trate de campañas o actuaciones programadas de control de calidad y
se hagan constar sus condiciones de amplitud, extensión, precisión, comprobación
y objetividad.
2. En los supuestos a que se refieren las letras a), c) y d) del apartado
anterior, la Administración titular de la oficina de información al consumidor
oirá, antes de autorizar la publicación de los resultados de los estudios,
ensayos, análisis o controles de calidad, y por plazo de diez días, a los
fabricantes o productores implicados.
Artículo decimoséptimo.
Los medios de comunicación social de titularidad pública dedicarán espacios y
programas, no publicitarios, a la información y educación de los consumidores o
usuarios. En tales espacios y programas, de acuerdo con su contenido y finalidad, se facilitara el acceso o participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios y demás grupos o sectores interesados, en la forma que
reglamentariamente se determine por los poderes públicos competentes en la
materia.
CAPITULO V
Derecho a la educación y formación en materia de consumo
Artículo decimoctavo.
1. La educación y formación de los consumidores y usuarios tendrá como objetivos:
a) Promover la mayor libertad y racionalidad en el consumo de bienes y la
utilización de servicios.
b) Facilitar la comprensión y utilización de la información a que se refleje el
capítulo IV.
c) Difundir el conocimiento de los derechos y deberes del consumidor o usuario y
las formas más adecuadas para ejercerlos.
d) Fomentar la prevención de riesgos que puedan derivarse del consumo de
productos o de la utilización de servicios.
e) Adecuar las pautas de consumo a una utilización racional de los recursos
naturales.
f) Iniciar y potenciar la formación de los educadores en este campo
2. Para la consecución de los objetivos previstos en el número anterior, el
sistema educativo incorporará los contenidos en materia de consumo adecuados a
la formación de los alumnos.
3. Artículo decimonoveno.
Se fomentará la formación continuada del personal de los Organismos,
Corporaciones y Entidades, públicos y privados, relacionados con la aplicación
de esta Ley, especialmente de quienes desarrollen funciones de ordenación,
inspección, control de calidad e información.
CAPITULO VI
Derecho de representación, consulta y participación
Artículo Vigésimo.
1. Las Asociaciones de consumidores y usuarios se constituirán con arreglo a la
Ley de Asociaciones y tendrán como finalidad la defensa de los intereses,
incluyendo la información y educación de los consumidores y usuarios, bien sea
con carácter general, bien en relación con productos o servicios determinados
podrán ser declaradas de utilidad pública, integrarse en agrupaciones y
federaciones de idénticos fines, percibir ayudas y subvenciones, representar a
sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos,
de la asociación o de los intereses generales de los consumidores y usuarios, y
disfrutaran del beneficio de justicia gratuita en los casos a que se refiere el
artículo 2., 2. Su organización y funcionamiento serán democráticos.
2. También se considerarán Asociaciones de consumidores y usuarios las Entidades
constituidas por consumidores con arreglo a la legislación cooperativa, entre
cuyos fines figure, necesariamente, la educación y formación de sus socios y
estén obligados a constituir un fondo con tal objeto, según su legislación
específica.
3. Para poder gozar de cualquier beneficio que les otorgue la presente Ley y
disposiciones reglamentarias y concordantes deberán figurar inscritas en un
libro registro, que se llevará en el Ministerio de Sanidad y Consumo, y reunir
las condiciones y requisitos que reglamentariamente se establezcan para cada
tipo de beneficio.
En la determinación reglamentaria de las condiciones y requisitos se tendrán en
cuenta, entre otros, criterios de implantación territorial, número de asociados
y programas de actividades a desarrollar.
Artículo vigésimo primero.
No podrán disfrutar de los beneficios reconocidos en esta Ley las Asociaciones
en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Incluir como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro.
b) Percibir ayudas o subvenciones de las Empresas o agrupaciones de Empresas que
suministran bienes, productos o servicios a los consumidores o usuarios.
c) Realizar publicidad comercial o no meramente informativa de bienes, productos
o servicios.
d) Dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de los
consumidores o usuarios, salvo lo previsto en el segundo párrafo del artículo
anterior.
e) Actuar con manifiesta temeridad, judicialmente apreciada.
Artículo vigésimo segundo.
1. Las Asociaciones de consumidores y usuarios serán oídas, en consulta, en el
procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general relativas
a materias que afecten directamente a los consumidores o usuarios.
2. Será preceptiva su audiencia en los siguientes casos:
a) Reglamentos de aplicación de esta Ley.
b) Reglamentaciones sobre productos o servicios de uso y consumo.
c) Ordenación del mercado interior y disciplina del mercado.
d) Precios y tarifas de servicios, en cuanto afecten directamente a los
consumidores o usuarios, y se encuentren legalmente sujetos a control de las
Administraciones públicas.
e) Condiciones generales de los contratos de Empresas que prestan servicios
públicos en régimen de monopolio.
f) En los casos en que una Ley así lo establezca.
3. Las Asociaciones empresariales serán oídas en consulta en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones de carácter general relativas a materias que
les afecten directamente.
Será preceptiva su audiencia en los supuestos contenidos en los apartados a), b), c) y f) del apartado anterior.
4. Se entenderá cumplido dicho trámite preceptivo de audiencia cuando las
Asociaciones citadas se encuentren representadas en los órganos colegiados que
participen en la elaboración de la disposición. En los demás casos, la
notificación o comunicación se dirigirá a la federación o agrupación empresarial
correspondiente y al Consejo a que se refiere el número siguiente.
5. Como órgano de representación y consulta a nivel nacional, el Gobierno
determinará la composición y funciones de un Consejo, integrado por
representantes de las Asociaciones a que se refiere el artículo 20.
6. La Administración fomentará la colaboración entre organizaciones de
consumidores y de empresarios.
CAPITULO VII
Situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión
Artículo vigésimo tercero.
Los poderes públicos y, concretamente, los órganos y servicios de las
Administraciones públicas competentes en materia de consumo, adoptaran o
promoverán las medidas adecuadas para suplir o equilibrar las situaciones de
inferioridad, subordinación o indefensión en que pueda encontrarse, individual o
colectivamente, el consumidor o usuario. Sin perjuicio de las que en cada caso
procedan, se promoverán las siguientes:
a) Organización y funcionamiento de las oficinas y servicios de información a
que se refiere el artículo 14.
b) Campañas de orientación del consumo, generales o selectivas, dirigidas a las
zonas geográficas o grupos sociales más afectados.
c) Campañas o actuaciones programadas de control de calidad, con mención expresa
de las personas, Empresas o Entidades que previa y voluntariamente, se hayan
incorporado.
d) Análisis comparativo de los términos, condiciones, garantías, repuestos y
servicios de mantenimiento o reparación de los bienes o servicios de consumo
duradero, todo ello de acuerdo con la regulación correspondiente sobre práctica
de tales análisis que garantice los derechos de las partes afectadas.
e) Análisis de las reclamaciones o quejas y, en general, de todas aquellas
actuaciones de personas o Entidades, públicas o privadas, que impliquen:
1. Obligaciones innecesarias o abusivas de cumplimentar impresos, verificar
cálculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente.
2. Trámites documentos o mediaciones sin utilidad para el consumidor o usuario o
u costes desproporcionados.
3. Esperas, permanencias excesivas o circunstancias lesivas para la dignidad de
las personas.
4. Limitaciones abusivas de controles, garantías, repuestos o reparaciones.
5. Dudas razonables sobre la calidad o idoneidad del producto o servicio.
6. Otros supuestos similares.
Los resultados de estos estudios o análisis podrán ser hechos públicos, conforme
a lo establecido en el capítulo IV.
f) Otorgamiento de premios, menciones o recompensas a las personas, Empresas o
Entidades que se distingan en el respeto, defensa y ayuda al consumidor,
faciliten los controles de calidad y eviten obligaciones, trámites y costes
innecesarios.
Los poderes públicos asimismo velarán por la exactitud en el peso y medida de los bienes y productos, la transparencia de los precios y las condiciones de los servicios postventa de los bienes duraderos.

Artículo vigésimo cuarto.
En los supuestos más graves de ignorancia, negligencia o fraude que determinen
una agresión indiscriminada a los consumidores o usuarios, el Gobierno podrá
constituir un órgano excepcional que con participación de representantes de las
Comunidades Autónomas afectadas, asumirá con carácter temporal, los poderes
administrativos que se le encomienden para garantizar la salud y seguridad de
las personas, sus intereses económicos, sociales y humanos, la reparación de los
daños sufridos. La exigencia de responsabilidades y la publicación de los
resultados.
CAPITULO VIII
Garantías y responsabilidades
Artículo vigésimo quinto.
El consumidor y el usuario tienen derecho a ser indemnizados por los daños y
perjuicios demostrados que el consumo de bienes o la utilización de productos o
servicios les irroguen salvo que aquellos daños y perjuicios estén causados por
su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder civilmente.
Artículo vigésimo sexto.
Las acciones u omisiones de quienes producen, importan, suministran o facilitan
productos o servicios a los consumidores o usuarios, determinantes de daños o
perjuicios a los mismos, darán lugar a la responsabilidad de aquellos, a menos
que conste o se acredite que se han cumplido debidamente las exigencias y
requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias
que exige h naturaleza del producto, servicio o actividad.
Artículo vigésimo séptimo.
1. Con carácter general, y sin perjuicio de lo que resulte más favorable al
consumidor o usuario, en virtud de otras disposiciones o acuerdos convencionales, regirán los siguientes criterios en materia de responsabilidad:
a) El fabricante, importador, vendedor o suministrador de productos o servicios
a los consumidores o usuarios, responde del origen identidad e idoneidad de los
mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los
regulan.
b) En el caso de productos a granel responde el tenedor de los mismos, sin
perjuicio de que se pueda identificar y probar la responsabilidad del anterior
tenedor o proveedor.
c) En el supuesto de productos envasados, etiquetados y cerrados con cierre
íntegro, responde la firma o razón social que figure en su etiqueta,
presentación o publicidad. Podrá eximirse de esa responsabilidad probando su
falsificación o incorrecta manipulación por terceros, que serán los responsables.
2. Si a la producción de daños concurrieren varias personas, responderán
solidariamente ante los perjudicados. El que pagare al perjudicado tendrá
derecho a repetir de los otros responsables, según su participación en la
causación de los daños.
Artículo vigésimo octavo.
1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, se responderá de los
daños originados en el correcto uso y consumo de bienes y servicios, cuando por
su propia naturaleza o estar así reglamentariamente establecido, incluyan
necesariamente la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia o
seguridad, en condiciones objetivas de determinación y supongan controles
técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas
condiciones al consumidor o usuario.
2. En todo caso, se consideran sometidos a este régimen de responsabilidad los
productos alimenticios, los de higiene y limpieza, cosméticos, especialidades y
productos farmacéuticos, servicios sanitarios, de gas y electricidad,
electrodomésticos y ascensores, medios de transporte, vehículos a motor y
juguetes y productos dirigidos a los niños.
3. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las
responsabilidades derivadas de este artículo tendrán como límite la cuantía de
500 millones de pesetas. Esta cantidad deberá ser revisada y actualizada
periódicamente por el Gobierno, teniendo en cuenta la variación de los índices
de precios al consumo.
Artículo vigésimo noveno.
1. El consumidor o usuario tiene derecho a una compensación, sobre la cuantía de
la indemnización, por los daños contractuales y extracontractuales durante el
tiempo que transcurra desde la declaración judicial de responsabilidad hasta su
pago efectivo.
2. Dicha compensación se determinará según lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Artículo trigésimo.
El Gobierno, previa audiencia de los sectores interesados y de las Asociaciones
de consumidores y usuarios, adoptará las medidas o iniciativas necesarias para
establecer un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía que cubran, para
sectores determinados los riesgos de intoxicación, lesión o muerte derivados del
mal estado de los productos, servicios o actividades a que se refiere el
artículo 28.
Artículo trigésimo primero.
1. Previa audiencia de los sectores interesados y de las Asociaciones de
consumidores y usuarios, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin
formalidades especiales atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo
para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios,
siempre que no concurra intoxicación, lesión o muerte, ni existan indicios
racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y
de la judicial de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la
Constitución.
2. El sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá
constar expresamente por escrito.
3. Los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los
sectores integrados, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las
Administraciones públicas dentro del ámbito de sus competencias.
CAPITULO IX
Infracciones y sanciones
Artículo trigésimo segundo.
1. Las infracciones en materia de consumo serán objeto de las sanciones
administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente sin
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan
concurrir.
2. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la
tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado
por los mismos hechos, y en su caso, la eficacia de los actos administrativos de
imposición de sanción. Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas
para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendrán en tanto la
autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas.
Artículo trigésimo tercero.
En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función
de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás
responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
Artículo trigésimo cuarto.
Se consideran infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios:
1. El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o
prohibiciones de naturaleza sanitaria.
2. Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la
salud de los consumidores o usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada,
ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad,
servicio o instalación de que se trate.
3 El incumplimiento o transgresión de los requerimientos previos que
concretamente formulen las autoridades sanitarias para situaciones específicas,
al objeto de evitar contaminaciones o circunstancias nocivas de otro tipo que
puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública.
4. La alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de
consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento; alteración
de su composición o calidad, incumplimiento de las condiciones que correspondan
a su naturaleza o la garantía, arreglo o reparación de bienes duraderos y en
general cualquier situación que induzca a engaño o confusión o que impida
reconocer la verdadera naturaleza del producto o servicio.
5. El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición
injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades
mínimas o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un
incremento de los precios o márgenes comerciales.
6. El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o
tipificación, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios.
7. El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o
puedan suponer un riesgo para el usuario o consumidor.
8. La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de
información, vigilancia o inspección.
9. La introducción de cláusulas abusivas en los contratos.
Artículo trigésimo quinto.
Las infracciones se calificaran como leves, graves y muy graves, atendiendo a
los criterios de riesgo para la salud, posición en el mercado del infractor,
cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la
alteración social producida, generalización de la infracción y la reincidencia.
Artículo trigésimo sexto.
1. Las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios serán
sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduación:
- Infracciones leves, hasta 500.000 pesetas.
- Infracciones graves, hasta 2.500.000 pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad
hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la
infracción.
- Infracciones muy graves, hasta 100.000.000 de pesetas, pudiendo rebasar dicha
cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios
objeto de la infracción.
2. En los supuestos de infracciones muy graves, el Consejo de Ministros podrá
acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un
plazo máximo de cinco años. En tal caso, será de aplicación lo prevenido en el
artículo 57,4 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de los Trabajadores.
3. Las cuantías señaladas anteriormente deberán ser revisadas y actualizadas
periódicamente por el Gobierno, teniendo en cuenta la variación de los índices
de precios al consumo.
Artículo trigésimo séptimo.
No tendrán carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos.
instalaciones o servicios que no cuenten con las autorizaciones o registros
sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se
rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de
sanidad, higiene o seguridad, ni la retirada del mercado precautoria o
definitiva de productos o servicios por las mismas razones.
Artículo trigésimo octavo.
La autoridad a que corresponda resolver el expediente podrá acordar, como
sanción accesoria, el decomiso de la mercancía adulterada, deteriorada,
falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgo para el
consumidor.
Los gastos de transporte distribución, destrucción, etc., de la mercancía
señalada en el párrafo anterior, serán por cuenta del infractor.
CAPITULO X
Competencias
Artículo trigésimo noveno.
Corresponderá a la Administración del Estado promover y desarrollar la
protección y defensa de los consumidores y usuarios, especialmente en los
siguientes aspectos:
1. Elaborar y aprobar el Reglamento General de esta Ley, las Reglamentaciones
Técnico-Sanitarias, los Reglamentos sobre etiquetado, presentación y publicidad.
La ordenación sobre aditivos y las demás disposiciones de general aplicación en
todo el territorio español. Asimismo, la aprobación o propuesta, en su caso, de
las disposiciones que regulen los productos a que se refiere el artículo 5., 1.
El Reglamento General de la Ley determinará, en todo caso, los productos o
servicios a que se refieren los artículos 2., 2 y 5., 1, de esta Ley, los casos,
plazos y formas de publicidad de las sanciones, el régimen sancionador, los
supuestos de concurrencia de dos o más Administraciones públicas y la
colaboración y coordinación entre las mismas.
Lo dispuesto en este número se entiende sin perjuicio de las potestades
normativas que corresponden a las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
respectivos Estatutos.
2. Apoyar y, en su caso, subvencionar las asociaciones de consumidores y
usuarios.
3. Apoyar la actuación de las autoridades y corporaciones locales y de las
Comunidades Autónomas, especialmente en los casos a que se refieren los
apartados 3 y 5 del artículo 41.
4. Promover la actuación de las demás Administraciones públicas y. en caso de
necesidad o urgencia, adoptar cuantas medidas sean convenientes para proteger y
defender los derechos de los consumidores o usuarios, especialmente en lo que
hace referencia a su salud y seguridad.
5. Ejercer la potestad sancionadora con el alcance que se de termine en sus
normas reguladoras.
6. En general, adoptar en el ámbito de sus competencias cuantas medidas sean
necesarias para el debido cumplimiento de lo establecido en esta Ley.
Artículo cuadragésimo.
Corresponderá a las Comunidades Autónomas promover y desarrollar la protección y
defensa de los consumidores o usuarios, de acuerdo con lo establecido en sus
respectivos Estatutos y, en su caso, en las correspondientes Leyes Orgánicas
complementarias de transferencia de competencias.
Artículo cuadragésimo primero.
Corresponderá a las autoridades y Corporaciones locales promover y desarrollar
la protección y defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito de sus
competencias y de acuerdo con la legislación estatal y, en su caso, de las
Comunidades Autónomas, y especialmente en los siguientes aspectos:
1. La información y educación de los consumidores y usuarios, estableciendo las
oficinas y servicios correspondientes, de acuerdo con las necesidades de cada
localidad.
2. La inspección de los productos y servicios a que se refiere el artículo 2., 2, para comprobar su origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de precios etiquetado, presentación y publicidad y los demás
requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene,
sanidad y seguridad.
3. La realización directa de la inspección técnica o técnico-sanitaria y de los
correspondientes controles y análisis, en la medida en que cuenten con medios
para su realización, o promoviendo, colaborando o facilitando su realización por
otras Entidades y Organismos.
4. Apoyar y fomentar las asociaciones de consumidores y usuarios.
5. Adoptar las medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en los
supuestos de crisis o emergencias que afecten a la salud o seguridad de los
consumidores o usuarios.
6. Ejercer la potestad sancionadora con el alcance que se determine en sus
normas reguladoras.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Cláusulas abusivas.
A los efectos previstos en el artículo 10 bis, tendrán el carácter de abusivas al menos las cláusulas o estipulaciones siguientes:
I. Vinculación del contrato a la voluntad del profesional.
1. Las cláusulas que reserven al profesional que contrata con el consumidor un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar una oferta contractual o satisfacer la prestación debida, así como las que prevean la prórroga automática de un contrato de duración determinada si el consumidor no se manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de manera efectiva al consumidor manifestar su voluntad de no prorrogarlo.
2. La reserva a favor del profesional de facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato sin motivos válidos especificados en el mismo, así como la de resolver anticipadamente un contrato con plazo determinado si al consumidor no se le reconoce la misma facultad o la de resolver en un plazo desproporcionadamente breve o sin previa notificación con antelación razonable un contrato por tiempo indefinido, salvo por incumplimiento del contrato o por motivos graves que alteren las circunstancias que motivaron la celebración del mismo.
En los contratos referidos a servicios financieros lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios se reserve la facultad de modificar sin previo aviso el tipo de interés adeudado por el consumidor o al consumidor, así como el importe de otros gastos relacionados con los servicios financieros, cuando aquellos se encuentren adaptados a un índice, siempre que se trate de índices legales y se describa el modo de variación del tipo, o en otros casos de razón válida, a condición de que el profesional esté obligado a informar de ello en el más breve plazo a los otros contratantes y éstos puedan resolver inmediatamente el contrato. Igualmente podrán modificarse unilateralmente las condiciones de un contrato de duración indeterminada, siempre que el prestador de servicios financieros esté obligado a informar al consumidor con antelación razonable y éste tenga la facultad de resolver el contrato, o, en su caso, rescindir unilateralmente sin previo aviso en el supuesto de razón válida, a condición de que el profesional informe de ello inmediatamente a los demás contratantes.
3. La vinculación incondicionada del consumidor al contrato aun cuando el profesional no hubiera cumplido con sus obligaciones, o la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor que no cumpla sus obligaciones.
4. La supeditación a una condición cuya realización dependa únicamente de la voluntad del profesional para el cumplimiento de las prestaciones, cuando al consumidor se le haya exigido un compromiso firme.
5. La consignación de fechas de entrega meramente indicativas condicionadas a la voluntad del profesional.
6. La exclusión o limitación de la obligación del profesional de respetar los acuerdos o compromisos adquiridos por sus mandatarios o representantes o supeditar sus compromisos al cumplimiento de determinadas formalidades.
7. La estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio, o la facultad del profesional para aumentar el precio final sobre el convenido, sin que en ambos casos existan razones objetivas o sin reconocer al consumidor el derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare muy superior al inicialmente estipulado.
Lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la adaptación de precios a un índice, siempre que sean legales y que en ellos se describa explícitamente el modo de variación del precio.
8. La concesión al profesional del derecho a determinar si el bien o servicio se ajusta a lo estipulado en el contrato.
II. Privación de derechos básicos del consumidor.
1. La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del consumidor por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del profesional.
En particular las cláusulas que modifiquen, en perjuicio del consumidor, las normas legales sobre vicios ocultos, salvo que se limiten a reemplazar la obligación de saneamiento por la de reparación o sustitución de la cosa objeto del contrato, siempre que no conlleve dicha reparación o sustitución gasto alguno para el consumidor y no excluyan o limiten los derechos de éste a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por los vicios y al saneamiento conforme a las normas legales en el caso de que la reparación o sustitución no fueran posibles o resultasen insatisfactorias.
2. La exclusión o limitación de responsabilidad del profesional en el cumplimiento del contrato, por los daños o por la muerte o lesiones causados al consumidor debidos a una acción u omisión por parte de aquél, o la liberación de responsabilidad por cesión del contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si puede engendrar merma de las garantías de éste.
3. La privación o restricción al consumidor de las facultades de compensación de créditos, así como de la de retención o consignación.
4. La limitación o exclusión de forma inadecuada de la facultad del consumidor de resolver el contrato por incumplimiento del profesional.
5. La imposición de renuncias a la entrega de documento acreditativo de la operación.
6. La imposición de renuncias o limitación de los derechos del consumidor.
III. Falta de reciprocidad.
1. La imposición de obligaciones al consumidor para el cumplimiento de todos sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el profesional no hubiere cumplido los suyos.
2. La retención de cantidades abonadas por el consumidor por renuncia, sin contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el profesional.
3. La autorización al profesional para rescindir el contrato discrecionalmente, si al consumidor no se le reconoce la misma facultad, o la posibilidad de que aquél se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando sea él mismo quien rescinda el contrato.
IV. Sobre garantías.
1. La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido. Se presumirá que no existe desproporción en los contratos de financiación o de garantías pactadas por entidades financieras que se ajusten a su normativa específica.
2. La imposición de la carga de la pruebe en perjuicio del consumidor en los casos en que debería corresponder a la otra parte contratante.
V. Otras.
1. Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato.
2. La transmisión al consumidor de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables.
3. La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por Ley imperativa corresponda al profesional. En particular, en la primera venta de viviendas, la estipulación de que el comprador ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al vendedor (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación).
4. La imposición al consumidor de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados.
5. Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación.
6. La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del productor o suministrador, con reenvío automático a procedimientos administrativos o judiciales de reclamación.
7. La sumisión a arbitrajes distintos del de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un supuesto específico.
8. La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor, al lugar del cumplimiento de la obligación o aquél en que se encuentre el bien si fuera inmueble, así como los de renuncia o transacción respecto al derecho del consumidor a la elección de fedatario competente según la Ley para autorizar el documento público en que inicial o ulteriormente haya de formalizarse el contrato.
9. La sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde el consumidor emita su declaración negocial o donde el profesional desarrolle la actividad dirigida a la promoción de contratos de igual o similar naturaleza.
10. La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corriente superen los límites que se contienen en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo.
Las cláusulas abusivas referidas a la modificación unilateral de los contratos y resolución anticipada de los de duración indefinida, y al incremento del precio de bienes y servicios, no se aplicarán a los contratos relativos a valores, con independencia de su forma de representación, instrumentos financieros y otros productos y servicios cuyo precio esté vinculado a una cotización, índice bursátil o un tipo del mercado financiero que el profesional no controle, ni a los contratos de compraventa de divisas, cheques de viaje, o giros postales internacionales en divisas.
Se entenderá por profesional, a los efectos de esta disposición adicional, la persona física o jurídica que actúa dentro de su actividad profesional, ya sea pública o privada.
Siete. Se añade una disposición adicional segunda con la siguiente redacción:
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Ámbito de aplicación.
Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación a todo tipo de contratos en los que intervengan consumidores, con las condiciones y requisitos en ella establecidos, a falta de normativa sectorial específica, que en cualquier caso respetará el nivel de protección del consumidor previsto en aquélla.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley,
el Ministerio de Sanidad y Consumo promoverá, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, un plan para el tratamiento informático del Registro
General Sanitario de Alimentos y de los demás registros sanitarios y datos de
interés general para la defensa del consumidor o usuario.
Segunda.- A efectos de lo establecido en el capítulo IX, será de aplicación el
Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, sin perjuicio de sus ulteriores
modificaciones o adaptaciones por el Gobierno.
Tercera.- Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, el
Gobierno adaptara la estructura organizativa y las competencias del Instituto
Nacional del Consumo y de los restantes órganos de la Administración del Estado
con competencia en la materia, al contenido de la misma.
Cuarta.- El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de
esta Ley, aprobará el Reglamento o Reglamentos necesarios para su aplicación y
desarrollo.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en esta
Ley.
Por tanto.
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 19 de julio de 1984. -Juan Carlos Rey de España- El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez.

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