Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
LEY 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
21/2005
Boletín Oficial :
BOE 33/2006
Fecha Disposición :
29/12/2005
Fecha Publicación :
08/02/2006
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Sumario:

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras.

Preámbulo

La presente Ley de medidas financieras mantiene el criterio utilizado a partir de la Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, de incorporar los preceptos que, con vocación de permanencia, estén directamente relacionados con el ingreso y el gasto o con la administración del patrimonio de la Generalidad de Cataluña, considerado este como parte integrante de la hacienda de la Generalidad. Es por ello que la presente ley se limita a efectuar aquellas modificaciones estrictamente necesarias y que requieren una norma como esta y no una temporal como la Ley de presupuestos, especialmente cuando se modifican los elementos esenciales de las figuras tributarias.

El texto legal se estructura en dos títulos: el primero, dedicado a las medidas fiscales, y el segundo, dedicado a las medidas relativas al régimen jurídico de las finanzas públicas. En conjunto, la presente Ley contiene veinte artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

El título I recoge las medidas fiscales y está dividido en dos capítulos: el primero contiene las normas relacionadas con los tributos propios, y el segundo, las correspondientes a los tributos cedidos.

Los preceptos incluidos en el capítulo I se refieren a tres figuras impositivas propias de la Generalidad. En la sección primera, dedicada al gravamen de protección civil, se modifica la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña, con el incremento de los tipos impositivos del impuesto, incremento que surte efecto a partir del 1 de enero de 2006.

La sección segunda recoge las modificaciones efectuadas en el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña. Concretamente, en cuanto al canon del agua, las modificaciones se enmarcan en las políticas de fomento del uso racional del agua, la sostenibilidad y la recuperación de los costes de los servicios. Destaca, por una parte, el incremento del coeficiente, que pasa de 4 a 5 y que afecta a los tipos impositivos correspondientes a los usos considerados suntuarios, o sea, aquellos en que el consumo mensual por vivienda es superior a 18 metros cúbicos. Por su parte, se añade un nuevo supuesto de ampliación adicional de 3 metros cúbicos mensuales del tramo de volumen de consumo de agua por cada persona del hogar con un grado de disminución superior al 75 %, reconocido por una resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales.

La sección tercera del capítulo I contiene las medidas relacionadas con las tasas que recauda la Generalidad. Debe destacarse que no se crea ninguna tasa nueva y que, en algún caso, se suprimen algunas, como por ejemplo la tasa por la selección de solicitudes de viviendas de protección oficial, gestionada por el Departamento de Bienestar y Familia. Se añaden, entre otras cosas, nuevos hechos imponibles en la regulación de la tasa que grava los servicios prestados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca en materia de pesca marítima. Por su parte, con el fin de recoger en un texto único todas las tasas vigentes, destaca la introducción en la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, de las tasas del Servicio Catalán de Tráfico, hasta el momento reguladas por la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico. Las demás modificaciones obedecen a necesidades de reordenación de hechos imponibles, desglose de cuotas, aclaración de conceptos e incremento de cuantías. En este ámbito, destaca la introducción de nuevos supuestos de exención, como por ejemplo el que se establece, para las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, en la tasa para la inscripción a las convocatorias para la selección del personal de la Generalidad. Otras modificaciones, como por ejemplo las relativas a determinadas tasas gestionadas por el Departamento de Salud, destinan los ingresos a actuaciones para mejorar el control sanitario y la protección de la salud. La finalidad es disponer de más recursos para llevar a cabo las tareas dedicadas a la prevención y el control que la Administración, para evitar o minimizar el riesgo para la salud, realiza en este ámbito.

El capítulo II recoge dos preceptos relativos a la tributación del juego. Con relación a la tributación de las máquinas recreativas y de azar, se incrementan las cuotas en el 3% y se excluyen de tributación las llamadas máquinas con premio en especie. Por su parte, se regula por primera vez como norma propia de la Generalidad el tipo impositivo correspondiente a las apuestas que se realizan dentro del ámbito territorial de Cataluña y se incorpora la tributación de las llamadas apuestas de contrapartida.

El título II, que se divide en cuatro capítulos, incluye las medidas relativas al régimen jurídico de las finanzas públicas. El primer capítulo afecta al texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, aprobado por el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, y contiene una modificación de esta norma que, de forma reiterada, se incorporaba en las sucesivas leyes de presupuestos de la Generalidad, con el fin de dotarla ahora de vigencia indefinida. Con esta medida se pretende dar más agilidad y transparencia tanto a la tramitación de la disolución y liquidación de sociedades como a la enajenación de títulos, sin que eso comporte ninguna falta de información a estamentos superiores.

El capítulo II modifica tres preceptos del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de diciembre. Por una parte, se prevé la posibilidad de formalizar, por medio de un documento administrativo, no únicamente las cesiones gratuitas de bienes inmuebles en las que la Generalidad actúa como ente cedente, sino también las cesiones gratuitas de bienes inmuebles en las que la Generalidad es el ente cesionario. Por otra parte, este capítulo incorpora a la normativa sobre el patrimonio de la Generalidad lo que ya recogían los apartados 1 y 2 de la disposición adicional tercera de la Ley 11/2004, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2005, y da así un carácter de perdurabilidad a su contenido.

El capítulo III modifica un precepto de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras, relativo a la destinación del importe de las sanciones económicas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, que recauda el Departamento de Trabajo e Industria, como consecuencia de los pactos que resultan del Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía catalana, firmado por el Gobierno, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales el 16 de febrero de 2005.

Finalmente, el capítulo IV modifica el artículo 31 y la disposición adicional segunda de la Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones, con relación a el uso de los procedimientos para la presentación al Protectorado de documentos informáticos.

La disposición adicional primera establece el sistema para la obtención de los certificados tributarios para recibir subvenciones o ayudas. La segunda pretende dar continuidad a la disposición adicional tercera de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que autorizó a los titulares de los departamentos y a los de las entidades gestoras de servicios sociales a suscribir convenios de alcance plurianual por un plazo de tres años. Además, para facilitar la tramitación de los acuerdos plurianuales que establece la disposición adicional segunda de la presente Ley, se incorporan los contenidos básicos de los actos que desarrollaban dicha disposición adicional tercera de la Ley 31/2002. La disposición adicional tercera de la presente Ley declara la empresa Administració, Promoció i Gestió, SA, como entidad colaboradora de la Generalidad. La cuarta introduce una reducción, a favor de agricultores profesionales, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones con relación al régimen de pago único del 2006. La quinta permite la presentación de solicitudes de indemnización con relación a los supuestos determinados por la Ley del Estado 46/1997, de 15 de octubre, de amnistía.

La disposición final primera autoriza al Gobierno a refundir la Ley 15/1997 y las disposiciones que la modifican. La segunda señala la entrada en vigor general de la presente Ley.

El anteproyecto de la presente Ley fue sometido a la consideración del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, el cual, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2.1.a.primero de la Ley 7/2005, de 8 de junio, debe emitir un dictamen con carácter preceptivo no vinculante sobre los anteproyectos de ley que regulan materias socioeconómicas, laborales y de ocupación de competencia de la Generalidad. A la vista de este dictamen, se introdujeron en el texto del anteproyecto varias modificaciones relativas al ámbito de la tributación del agua.

TÍTULO I.
MEDIDAS FISCALES.

CAPÍTULO I.
TRIBUTOS PROPIOS.

SECCIÓN I. GRAVAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL.

Artículo 1. Tipos de gravamen.

Los tipos de gravamen que fija el artículo 59.1 de la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña, se elevan hasta la cantidad que resulte de aplicar el coeficiente 1,032 a la cuantía exigida en el año 2005.

SECCIÓN II. CANON DEL AGUA.

Artículo 2. Modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña.

1. Se modifica la letra c del apartado 2 del artículo 64 del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, que queda redactado del siguiente modo:

  1. Los destinados a la prestación gratuita, por parte de las administraciones que sean titulares de los mismos, de los servicios de alimentación de fuentes públicas y monumentales, limpiezas de calles y riegos de parques, jardines y campos deportivos públicos, así como los demás servicios que se establezcan por reglamento y que se incorporen al contrato programa entre la Generalidad y la Agencia Catalana del Agua.

2. Se modifica la letra b del apartado 2 del artículo 69 del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

  1. Consumo mensual superior a 18 metros cúbicos: 5.

3. Se modifica el apartado 3 del artículo 69 del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

En el caso de que el número de personas que viven en una vivienda sea superior a tres, el volumen correspondiente al primer tramo se determina a partir de la dotación básica, incrementada en tres metros cúbicos por persona adicional. Asimismo, el consumo a partir del cual debe aplicarse el coeficiente 5 es el resultado de considerar 200 litros por el número de personas que viven en la vivienda y por día, de acuerdo con la tabla siguiente:

Base imponible mensual (m³)

Personas 1r tramo 2n tramo 3r tramo
0 - 3 10 > 10 18 > 18
4 13 > 13 24 > 24
5 16 > 16 30 > 30
6 19 > 19 36 > 36
7 22 > 22 42 > 42
n 3n+1 > 3n+1 6n > 6n

4. Se añade un párrafo al apartado 3 del artículo 69 del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:

Aparte de lo establecido por los párrafos anteriores, disfrutan de una ampliación de 3 metros cúbicos mensuales adicionales las personas con un grado de disminución superior al 75 %, reconocido por una resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales.

5. Se modifica el apartado 7 del artículo 72 del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

Ka: es el coeficiente de vertido a sistema. Con relación a los vertidos efectuados a redes de alcantarillado, colectores generales y emisarios correspondientes a sistemas públicos de saneamiento, el tipo de gravamen específico, determinado en función de la carga contaminante vertida, queda afectado por los coeficientes siguientes:

  • Coeficiente 1,5, siempre que el tipo de gravamen específico sea inferior al aplicable, con carácter general, para los usos industriales. El nuevo valor resultante de la aplicación de este coeficiente no puede superar el tipo que fija el primer párrafo del artículo 72.1 para los usos industriales.

  • Coeficiente 1,4, siempre que el tipo de gravamen específico sea superior al aplicable, con carácter general, para los usos industriales.

6. Se modifica el apartado 2 del artículo 78 del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

Las personas beneficiadas por las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas son sujetos pasivos del canon de regulación. Las personas beneficiadas por otras obras o actuaciones hidráulicas específicas, incluidas las de corrección del deterioro del dominio público hidráulico producido por el uso, son sujetos pasivos de la tarifa de utilización del agua.

Tienen la consideración de personas beneficiadas por la obra o actuación hidráulica tanto sus usuarios directos como los que lo sean de aprovechamientos de agua efectuados dentro del ámbito territorial delimitado por la norma que regule o establezca la aplicación de la tarifa. El importe de la tarifa de utilización debe incorporarse, en todo caso, al cálculo de los conceptos de recuperación de costes que sean aprobados con posterioridad, ya sea con el mismo objeto y ámbito territorial o ampliando su alcance.

7. Se modifica la disposición adicional quinta del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:

El tipo de gravamen aplicable a los usos domésticos y asimilables, establecido por el artículo 69, se afecta del coeficiente 0,85 en el ámbito territorial de la parte catalana de las cuencas de los ríos Ebro, Cenia y Garona, así como de las rieras que desaguan en el mar entre el barranco del Codolar y la desembocadura del río Cenia.

8. Se modifica la disposición adicional sexta del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:

El tipo de gravamen general, establecido por el artículo 71, para los usos industriales y asimilables, agrícolas y ganaderos se afecta del coeficiente 0,5 en el ámbito territorial de la parte catalana de las cuencas de los ríos Ebro, Cenia y Garona, así como de las rieras que desaguan en el mar entre el barranco del Codolar y la desembocadura del río Cenia.

9. Se añade una disposición adicional, la novena, al texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA.

1. La tarifa de utilización de agua a la que se refiere el artículo 78.2 es aplicable a los usuarios de aprovechamientos de agua beneficiados por las actuaciones públicas de producción, protección y mejora de la regulación del agua en el acuífero del Bajo Tordera, en los supuestos y en las condiciones que establece la presente disposición.

2. Quedan obligados al pago de la tarifa los titulares y usuarios de aprovechamientos de aguas efectuados dentro del ámbito del acuífero del Bajo Tordera, de acuerdo con la definición que da de los mismos el Decreto 328/1988, de 11 de octubre, por el que se establecen normas de protección y adicionales en materia de procedimiento con relación a varios acuíferos de Cataluña, incluidas las captaciones de agua procedente de instalaciones de producción y tratamiento.

3. La tarifa, en los términos que establece el apartado 1, es exigible a partir del 1 de enero de 2006 y debe liquidarse con periodicidad trimestral.

4. La base imponible es el volumen de agua captada del medio en el ámbito del acuífero del Bajo Tordera, o el procedente de la obra hidráulica específica, en el período de liquidación. Se determina, preferentemente, por el sistema de estimación directa si se dispone de un sistema de medición y, en caso contrario, de acuerdo con el caudal nominal fijado por el título que ampara el aprovechamiento.

5. El tipo de la tarifa de utilización se fija en 0,2139 euros por metro cúbico. En los supuestos de aprovechamientos de agua del medio, este tipo se afecta de los coeficientes que se detallan a continuación, en función del uso del agua:

  1. Abastecimiento de poblaciones, uso de agua industrial y demás actividades económicas: 0,5.

  2. Riego agrícola: 0,1.

6. Los aprovechamientos de agua regenerada procedentes de sistemas públicos de saneamiento tienen una bonificación del 100% de la cuota.

7. Los usuarios de aprovechamientos de agua captada del medio de un volumen anual inferior a 7.000 metros cúbicos disfrutan de las siguientes bonificaciones de la cuota:

  1. Hasta 3.000 m³/año: 100%.

  2. A partir de m³ (3.001)/año: 50%.

La bonificación de la cuota es el resultado de la siguiente ponderación:

   [m³ (3.000) x 100% + m³ (3.001) x 50%] / [m³ (3.000) + m³ (3.001)]   

donde m³ (3000) = volumen considerado hasta 3000 m³, y

m³ (3001) = volumen superior a 3.000 m³ y hasta 7.000 m³.

8. La cuota de la tarifa de utilización aplicable a los usos industriales y de riego agrícola y a los correspondientes a otras actividades económicas, salvo el abastecimiento de poblaciones, se afecta de los siguientes coeficientes de implantación, en los períodos que se indican:

Coeficiente aplicable según los usos

Año Usos industriales y otras actividades económicas Usos de riego agrícola
2006 0,50 0,00
2007 0,75 0,50
2008 1,00 1,00

9. Los órganos competentes de la administración hidráulica deben establecer, con la participación de las entidades representativas de los sujetos obligados a la tarifa de utilización, los programas de información sobre las obras y actuaciones hidráulicas para la mejora del acuífero y sobre sus efectos.

10. Los recursos generados por la contribución de los usuarios de agua para riego agrícola, en el ámbito territorial de aplicación de la presente disposición, deben destinarse, con carácter preferente, con el límite que el Gobierno fije para cada ejercicio, a actuaciones de mejora y protección de los recursos de agua del acuífero.

10. Se añade una disposición adicional, la décima, al texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA.

Los caudales procedentes de la instalación de tratamiento de agua marina del delta del Tordera deben destinarse, sin perjuicio de la planificación hidrológica, al abastecimiento de la población de los municipios y ámbitos de suministro que se indican a continuación, con las dotaciones que, a falta de lo que se establezca por convenio, asimismo se expresan:

Municipio de Blanes: 2 hm³/año;

Municipios del Alto Maresme (Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, Arenys de Mar y Arenys de Munt): 5,5 hm³/año;

Abastecimiento efectuado por el Consorcio de la Costa Brava: 2,5 hm³/año.

Estas dotaciones forman parte, en todos los casos, en los términos de la disposición adicional novena, de la base imponible de la tarifa de utilización del agua que se establece en el mismo.

11. Se añade una disposición adicional, la undécima, al texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA.

En los usos industriales de agua correspondientes a actividades incluidas en la división 05.02 de la sección B y en las secciones C, D y E de la CCAE-93, con aplicación individualizada del canon del agua, el tipo de gravamen general se afecta del coeficiente 0,95 para los sujetos pasivos que acrediten para cada establecimiento una mejora de la eficiencia en el uso del agua, determinada según un sistema cuantitativo, tomando como referencia el estándar de uso, o bien que acrediten la eficiencia o mejora de esta según un sistema cualitativo basado en la obtención de un sistema de gestión ambiental ISO 14001 o EMAS.

La mejora de la eficiencia o la eficiencia misma se acreditan si el consumo unitario de agua del establecimiento es igual o inferior al estándar de uso declarado, o bien si se desprende de los datos contenidos en las sucesivas actualizaciones o renovaciones del sistema de gestión ambiental previstas en la normativa técnica o sectorial vigente, incluida la normativa en materia de caudales de mantenimiento.

Un decreto debe fijar la metodología para la determinación del estándar en el uso del agua, el sistema cualitativo de determinación de la eficiencia en el uso del agua y los plazos, sistema y efectos relativos a su declaración, de acuerdo con la presente disposición.

12. Se añade una disposición adicional, la duodécima, al texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA.

El Gobierno debe impulsar, en los términos establecidos por la legislación general de aguas, la constitución y el inicio de las funciones de la comunidad de usuarios de los acuíferos de la cuenca del Tordera y debe velar por la incorporación plena y la representación adecuada de los usuarios de los aprovechamientos de agua para usos de riego agrícola y de los usuarios de los aprovechamientos de agua para otros usos.

13. Se añade una disposición adicional, la decimotercera, al texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA.

El Gobierno debe establecer, con la coparticipación de los sectores interesados, un plan de eficiencia del uso de agua para riego agrícola que considere los volúmenes asignables para cada tipo de cultivo y ámbito territorial, su origen como recurso y los programas de mejora propuestos en cada caso.

SECCIÓN III. TASAS.

Artículo 3. Modificación del título I de la Ley 15/1997.

Artículo 4. Modificación del título III de la Ley 15/1997.

Artículo 5. Modificación del título V de la Ley 15/1997.

Artículo 6. Modificación del título VI de la Ley 15/1997.

Artículo 7. Modificación del título VII de la Ley 15/1997.

Artículo 8. Modificación del título VIII de la Ley 15/1997.

Artículo 9. Modificación del título IX de la Ley 15/1997.

Artículo 10. Modificación del título XIII de la Ley 15/1997.

Artículo 11. Modificación del título XIV de la Ley 15/1997.

CAPÍTULO II.
TRIBUTOS CEDIDOS.

SECCIÓN ÚNICA. TRIBUTACIÓN SOBRE EL JUEGO.

Artículo 12. Máquinas recreativas y de azar.

Se modifica, con efecto a partir del 1 de enero de 2006, el artículo 8 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 8. Cuotas fijas de las máquinas recreativas y de azar.

1. La cuota aplicable, en los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para el juego, debe determinarse en función de la clasificación de las máquinas que establece el Reglamento de máquinas recreativas y de azar, aprobado por el Decreto 23/2005, de 22 de febrero. De acuerdo con esta clasificación, son aplicables las siguientes cuotas:

  1. Las máquinas de tipo B o recreativas con premio: 914 euros trimestrales. Si se trata de máquinas o aparatos automáticos de tipo B en que pueden intervenir dos jugadores o más de forma simultánea, siempre que el juego de cada jugador o jugadora sea independiente del de los demás jugadores, son aplicables las cuotas trimestrales siguientes:

    • Máquinas o aparatos de dos jugadores: el importe que resulte de multiplicar por 2 la cuota general que fija la presente letra.

    • Máquinas o aparatos de tres jugadores o más: 1.828 euros, más el resultado de multiplicar por 570 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.

  2. Las máquinas de tipo C o de azar: se establece una cuota trimestral de 1.316 euros. Si se trata de máquinas o aparatos automáticos de tipo C en que pueden intervenir dos jugadores o más de forma simultánea, siempre que el juego de cada jugador o jugadora sea independiente del de los otros jugadores, son aplicables las siguientes cuotas trimestrales:

    • Máquinas o aparatos de dos jugadores: el importe que resulte de multiplicar por dos la cuota general que fija la presente letra.

    • Máquinas o aparatos de tres jugadores o más: 2.632 euros, más el resultado de multiplicar por 395 el número máximo de jugadores autorizados.

2. La cuota tributaria de 914 euros a que se refiere el apartado 1.a, en el caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro autorizado para la partida de máquinas de tipo B o recreativas con premio, debe incrementarse en 17 euros por cada 5 céntimos de euro en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 20 céntimos de euro.

Artículo 13. Base imponible y tipos tributarios de las apuestas.

1. La base imponible de las apuestas es constituida por el importe total de los billetes o resguardos de participación vendidos, sea cual sea el medio por el que se realicen. Sin embargo, para las apuestas hípicas y sobre acontecimientos deportivos, de competición o de otro carácter previamente determinado, la base imponible está constituida por la diferencia entre la suma total de las cantidades apostadas y el importe de los premios obtenidos por los participantes en el juego.

2. Los tipos tributarios aplicables en las apuestas son los siguientes:

  1. El tipo tributario general es del 13%.

  2. El tipo tributario correspondiente a las apuestas sobre acontecimientos deportivos, de competición o de otro carácter previamente determinado, así como a las apuestas hípicas, es del 10%.

Artículo 14. Deducciones en la cuota del IRPF por donaciones a determinadas entidades.

1. En la parte correspondiente a la comunidad autónoma de la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de les personas físicas, puede aplicarse, junto con la reducción porcentual que corresponda sobre el importe total de las deducciones de la cuota establecidas por la Ley del Estado reguladora del impuesto, una deducción por donativos a favor del Institut d'Estudis Catalans y de fundaciones o asociaciones que tengan por finalidad el fomento de la lengua catalana y que figuren en el censo de estas entidades que elabora el departamento competente en materia de política lingüística. El importe de la deducción se fija en el 15% de las cantidades donadas, con el límite máximo del 10% de la cuota íntegra autonómica.

2. También son objeto de la deducción los donativos que se hagan a favor de centros de investigación adscritos a universidades catalanas y los promovidos o participados por la Generalidad, que tengan por objeto el fomento de la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológicos. El importe de la deducción se fija, en este caso, en el 25% de las cantidades donadas, con el límite máximo del 10% de la cuota íntegra autonómica.

3. Las deducciones establecidas por este artículo quedan condicionadas a la justificación documental adecuada y suficiente de los presupuestos de hecho y de los requisitos que determinan su aplicabilidad. En particular, las entidades beneficiarias de estos donativos deben enviar a la Agencia Tributaria de Cataluña, dentro de los primeros veinte días de cada año, una relación de las personas físicas que han efectuado donativos durante el año anterior, con la indicación de las cantidades donadas por cada una de estas personas.

4. Mediante una orden del consejero de Economía y Finanzas puede regularse, si procede, el procedimiento y el modelo de envío de la información a que se refiere el apartado 3.

TÍTULO II.
MEDIDAS RELATIVAS AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

CAPÍTULO I.
MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 4/1985.

Artículo 15. Modificación del artículo 36 del texto refundido de la Ley 4/1985.

Se modifica el artículo 36 del texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, que queda redactado del siguiente modo:

Corresponde al Gobierno autorizar la disolución y liquidación de sociedades, así como la enajenación de títulos, incluso cuando comporte la pérdida de posición mayoritaria. El procedimiento para disolver y liquidar la sociedad debe ajustarse a las normas legales aplicables. El Gobierno debe dar cuenta de ello al Parlamento. El procedimiento debe publicarse en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya".

CAPÍTULO II.
MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PATRIMONIO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA.

Artículo 16. Modificación del artículo 12 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña.

Se modifica el artículo 12 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, que queda redactado del siguiente modo:

1. Las adquisiciones de inmuebles y de derechos reales a título de donación de particulares o a título de cesión gratuita de administraciones públicas a favor de la Generalidad deben aceptarse por un acuerdo del Gobierno, a propuesta conjunta del departamento interesado en la aceptación de la donación o cesión y del Departamento de Economía y Finanzas. Una vez formalizada en documento público o documento administrativo la aceptación, deben publicarse los detalles de la adquisición lucrativa en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya". En caso de que el inmueble o el derecho real tenga cargas, el valor global de estas no puede exceder en ningún caso el 50% del valor del bien o del derecho a adquirir. En el caso de que la persona donante o cedente imponga condiciones, el valor global de estas no puede exceder en ningún caso el valor del bien o del derecho a adquirir. En ambos casos, el valor de las cargas, de las condiciones y de los bienes o derechos a ceder se determina por tasación pericial. Los gastos derivados de las condiciones que impone la persona donante o cedente no se consideran gravámenes a tal efecto ni se computan si implican una inversión en el inmueble para destinarlo a utilidad o servicios públicos de la competencia de la Generalidad.

En el caso de reversión de los bienes o derechos cedidos por otras administraciones públicas, la Generalidad puede resarcirse del importe de las actuaciones que se hayan llevado a cabo con relación a los mismos y que sean consecuencia de las condiciones impuestas por la persona cedente.

2. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o de derechos reales sobre estos bienes deben formalizarse en un documento administrativo, que es título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad, si quien cede es otra administración pública o un organismo o entidad vinculados a la Administración.

3. La aceptación de bienes muebles y de dinero, ofrecidos por personas físicas o jurídicas, corresponde a la persona titular del departamento al que se hayan ofrecido, que debe destinarlos a lo que determina el ofrecimiento o la donación. Este departamento debe publicar los detalles de la adquisición lucrativa en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya".

4. La aceptación de herencias siempre debe entenderse que se hace a beneficio de inventario.

Artículo 17. Modificación del artículo 18 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña.

Se modifica el apartado 1 del artículo 18 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

1. La aprobación de los expedientes de enajenación de los bienes inmuebles no afectados al uso general o al servicio público corresponde al consejero o consejera de Economía y Finanzas si el valor del bien, según tasación pericial, es inferior a 6.010.121,04 euros, y al Gobierno, a propuesta del Departamento de Economía y Finanzas, si el valor del bien, también según tasación pericial, es igual o superior dicha cifra.

Asimismo, corresponde al Gobierno aprobar la enajenación directa de bienes inmuebles, sea cual sea su valor, que deban continuarse utilizando temporalmente para la prestación de servicios. El acuerdo de enajenación de estos inmuebles puede autorizar la formalización de contratos de arrendamiento o el arrendamiento financiero de los inmuebles.

Debe darse cuenta al Parlamento de los expedientes de enajenación de bienes inmuebles de valor superior a 12.020.242,09 euros.

Artículo 18. Modificación del artículo 22 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña.

Se añade un apartado, el 6, al artículo 22 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, con el siguiente texto:

6. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o de derechos reales sobre estos bienes deben formalizarse en un documento administrativo, que es título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad, si quien cede es otra administración pública o un organismo o una entidad vinculados con la Administración.

CAPÍTULO III.
MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/2004.

Artículo 19. Modificación del artículo 23 de la Ley 12/2004.

Se modifica el artículo 23 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras, que queda redactado del siguiente modo:

El importe de las sanciones económicas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales recaudadas por el Departamento de Trabajo e Industria debe destinarse a las actuaciones preventivas que programa dicho departamento, competente en la ejecución de políticas en prevención de riesgos laborales, por una cantidad igual al exceso ingresado sobre la cantidad prevista en el presupuesto.

CAPÍTULO IV.
MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/2001.

Artículo 20. Modificación del artículo 31 de la Ley 5/2001.

Se modifica el apartado 1 del artículo 31 de la Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones, que queda redactado del siguiente modo:

1. La presentación de las cuentas al Protectorado debe hacerse en el plazo de treinta días a contar de su aprobación, por medio de los documentos informáticos garantizados con las correspondientes firmas electrónicas reconocidas. Los documentos informáticos deben entregarse al Protectorado en soporte digital o por vía telemática, de acuerdo con los formularios y condiciones que determine una orden del consejero o consejera del departamento que ejerce las funciones del Protectorado. En supuestos excepcionales, el Protectorado puede habilitar mecanismos alternativos para la presentación de las cuentas.

Artículo 21. Modificación de la disposición adicional segunda de la Ley 5/2001.

Se modifica la disposición adicional segunda de la Ley 5/2001, que queda redactada del siguiente modo:

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

Una orden del consejero o consejera del departamento que ejerce las funciones del Protectorado debe establecer el sistema para que las fundaciones puedan presentar los actos inscribibles en el Registro de Fundaciones por procedimientos telemáticos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

1. En las subvenciones y las ayudas que concede la Generalidad, el requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Generalidad y de las obligaciones con la Seguridad Social se acredita mediante una declaración responsable del beneficiario o beneficiaria en el momento de la solicitud y aceptación de la subvención o ayuda y mediante la presentación de las certificaciones positivas emitidas por los órganos competentes en el momento del pago de la subvención o la ayuda.

2. Por orden del consejero o consejera de Economía y Finanzas, y a propuesta del titular del departamento correspondiente, deben determinarse las subvenciones o las ayudas que por razón del volumen previsto de beneficiarios o por su naturaleza quedan exceptuadas de la presentación de las certificaciones positivas acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

3. Si la Administración de la Generalidad, sobre la base de los convenios interadministrativos firmados con los organismos competentes, dispone de esta información, previamente al pago de la correspondiente subvención o ayuda, debe comprobar de oficio si el beneficiario o beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En este caso, no es necesario que el beneficiario o beneficiaria aporte los certificados correspondientes.

4. La firma de la solicitud de la subvención por el beneficiario o beneficiaria implica la autorización a la Administración de la Generalidad para dicha función de comprobación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Subvenciones a servicios prestados por entidades de economía social o del tercer sector.

1. Se autoriza a los titulares de los departamentos y a los de las entidades gestoras de servicios sociales, en los términos que establecen el capítulo IX del Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y los preceptos básicos de la Ley del Estado 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, a suscribir convenios plurianuales, por un plazo máximo de tres años, en función de su planificación, con entidades de economía social o del tercer sector.

2. La tramitación de los convenios, que van a cargo del capítulo IV del presupuesto del departamento respectivo, dentro de los límites fijados por las leyes de presupuestos respectivas, requiere la aprobación previa del acuerdo de plurianualidad correspondiente, una orden de convocatoria y los informes favorables del Departamento de Economía y Finanzas y de la Intervención General. Sin embargo, las actuaciones que se acuerden por medio de los convenios que establece la presente disposición adicional tan solo afectan a los fondos aportados directamente por la Administración de la Generalidad.

3. El objeto de los convenios debe ser la financiación de los servicios relacionados con la economía social y la gestión de los servicios sociales especializados que presten las entidades sin finalidad de lucro siguientes:

  1. Las que cumplan objetivos de economía social, entendiendo por estos los que estén directamente relacionados con las actividades dirigidas a las finalidades siguientes:

    • Primera. A la formación de personas en situación de desempleo o demandantes de primer trabajo, con el objetivo de favorecer su acceso a un trabajo.

    • Segunda. Al reciclaje del personal laboral, con el objetivo de mejorar su prestación de servicios y de favorecer su promoción profesional.

    • Tercera. A la reinserción de personas con riesgo de exclusión social.

  2. Las que gestionen servicios sociales de atención especializada, en los ámbitos de la familia, la infancia y adolescencia, las personas con disminución, la gente de la tercera edad, la inmigración, los toxicómanos y las personas incapacitadas, así como las personas con problemática derivada de enfermedad mental, las personas afectadas por el VIH o por el sida y las personas víctimas de violencia doméstica.

  3. Las que se dediquen a la formación en valores cívicos y a la promoción del voluntariado.

4. Las entidades a que se refiere el apartado 3 deben cumplir las condiciones siguientes:

  1. Tener su sede social en Cataluña.

  2. Tener experiencia acreditada en la prestación de los servicios a subvencionar, de acuerdo con los requisitos siguientes:

    • Primero. Tener como mínimo tres años de antigüedad en la prestación efectiva de los servicios que se subvencionan.

    • Segundo. No haber sido objeto de ninguna resolución firme de carácter sancionador con relación a la prestación del servicio que se subvenciona, o bien haber estado objeto y haber prescrito la sanción.

    • Tercero. No haber sido objeto de ninguna resolución firme en vía administrativa por la que se haya requerido el reintegro de la subvención por no haberse aplicado los fondos a la finalidad subvencionada.

  3. No recibir otras subvenciones por la misma finalidad de otras administraciones públicas de modo que las cantidades otorgadas superen el coste de la actividad que debe cumplir la entidad beneficiaria.

5. Los acuerdos de plurianualidad que se aprueben deben establecer:

  1. Que los convenios quedan sin efecto si la entidad subvencionada incumple los requisitos determinantes de la concesión o las obligaciones impuestas, en particular la obligación de justificar la aplicación del fondo, y si se producen irregularidades en la acreditación de las condiciones que establece el apartado 4.

  2. Que se pueden otorgar anticipos por mensualidades hasta el límite que establece el propio acuerdo de plurianualidad en función del objeto de la subvención.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Declaración de la empresa Administració, Promoció i Gestió, SA, como entidad colaboradora de la Generalidad.

Se declara la empresa Administració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa), entidad colaboradora de la Administración de la Generalidad para tramitar, conceder y pagar subvenciones y ayudas públicas que son competencia de la Dirección General de Vivienda, con relación a la gestión de programas que le encomiende el consejero o consejera de Medio Ambiente y Vivienda, en los términos del artículo 91.c del Decreto Legislativo 3/2002, que establece que las empresas públicas pueden convertirse en entidades colaboradoras para actuar en nombre y a cuenta del ente concedente a los efectos relacionados con la subvención y pueden entregar y distribuir los fondos públicos a los beneficiarios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Reducción en el impuesto sobre sucesiones y donaciones por derechos de pago único.

1. Con relación al régimen de pago único regulado por el Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre, por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican varios reglamentos, se puede aplicar, en las transmisiones por causa de muerte, las donaciones y los demás tipos de negocio jurídico gratuito de importes de referencia y de derechos provisionales o definitivos de dicho régimen, a favor de agricultores profesionales, una reducción, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, del 100% del valor neto de los bienes afectos, hasta un límite de 36.000 euros del importe de referencia o del valor de los derechos provisionales o definitivos.

2. La misma reducción a que se refiere el apartado 1 puede aplicarse en el supuesto de que el causahabiente o la causahabiente que resulte adjudicatario aporte su condición de agricultor o agricultora profesional a cualquiera de las personas jurídicas a que se refiere el artículo 6 de la Ley del Estado 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.

3. La reducción solo es aplicable a las transmisiones por causa de muerte, las donaciones y los demás negocios jurídicos a los que se refieren los apartados 1 y 2 que se efectúen antes de que finalice el plazo de solicitud de ayudas del régimen de pago único del año 2006.

4. Se considera agricultor o agricultora profesional, al efecto de lo dispuesto por los apartados 1 y 2, el que se ajusta a la definición y a los requisitos establecidos por la Ley del Estado 19/1995.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Presentación de solicitudes de indemnización con relación a los supuestos determinados por la Ley del Estado 46/1977.

Las personas afectadas por los supuestos determinados por la Ley del Estado 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, que no presentaron una solicitud de indemnización en los plazos fijados al amparo del Decreto 288/2000, de 31 de agosto, y del Decreto 330/2002, de 3 de diciembre, pueden presentarla a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, sin sujeción a plazo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

1. Se derogan los preceptos siguientes:

  1. La Orden de 18 de enero de 1994, de modificación de los créditos presupuestarios en el ámbito del Servicio Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de la Salud.

  2. Los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 y la disposición adicional cuarta de la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico.

  3. Los apartados 5 y 6 del artículo 35 del texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana.

2. Se derogan las disposiciones de rango igual o inferior que contradigan, se opongan o resulten incompatibles con lo establecido por la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Autorización para refundir la Ley 15/1997 y las disposiciones que la modifican.

Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, refunda en un texto único la Ley 15/1997 y las disposiciones que la modifican contenidas en la Ley 17/1997, de 24 de diciembre, de medidas administrativas y de organización; la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro; la Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas; la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas; la Ley 9/2002, de 27 de mayo, de modificación de la Ley 15/1997, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, por la que se introduce una tasa por la obtención y la expedición del título de patrón o patrona de moto náutica; la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas; la Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas; la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras, y la presente Ley, teniendo en cuenta las actualizaciones de los importes de las tasas establecidas por las Leyes de presupuestos para los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Esta refundición debe comprender la regularización, aclaración y armonización de dichas disposiciones.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor

La presente Ley entra en vigor el 1 de enero de 2006.

 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 29 de diciembre de 2005.

 

Pasqual Maragall i Mira,
Presidente de la Generalidad de Cataluña.
Antoni Castells,
Consejero de Economía y Finanzas.

LEY 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras
Notas:
Artículo 14; Disposición adicional primera:
Redacción según Ley 5/2007, del 4 de julio, medidas fiscales y financieras.
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11:
Derogado por Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.
Artículo 14:
Redacción según Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
Artículos 13:
Redacción según Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
Cerrar