Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
LEY 21/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
21/2001
Boletín Oficial :
BOE 22/2002
Fecha Disposición :
28/12/2001
Fecha Publicación :
25/01/2002
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Sumario:

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

PREÁMBULO

Por quinta vez consecutiva, la primera fue en el año 1997 se presenta, junto con la Ley de Presupuestos de la Generalidad para el próximo ejercicio, una Ley de medidas fiscales y administrativas que, en conexión con el presupuesto y complementando algunas de sus disposiciones, constituye el instrumento normativo necesario para aplicar determinadas disposiciones de la Ley de Presupuestos tanto en el ámbito fiscal como en otros sectores de la actividad de la Generalidad.

La Ley se estructura en dos títulos: El primero está dedicado a las medidas fiscales y el segundo, a las medidas administrativas. En su conjunto, la regulación afecta a un total de 63 artículos, a los que hay que añadir las disposiciones adicionales, las disposiciones transitorias, las disposiciones derogatorias y las disposiciones finales.

El título I, que incluye, como se ha indicado, las medidas fiscales, se divide en cinco capítulos. En el primero, respecto de los impuestos directos, se establece por primera vez, entre las deducciones en la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la relativa a los donativos a favor de fundaciones o asociaciones que tengan por finalidad el fomento de la lengua catalana, siempre y cuando figuren en el censo de estas entidades que elabora el Departamento de Cultura. Completa el capítulo I la regulación relativa al impuesto sobre sucesiones y donaciones, en la que hay que remarcar como novedad en la normativa de la Generalidad el establecimiento de la tarifa y del cuadro de tramos de patrimonio preexistente y de los coeficientes aplicables para la determinación de la cuota tributaria del impuesto. En cuanto a las reducciones de la base imponible, se mantienen los mismos supuestos que dan derecho a aplicarlo, si bien hay que destacar, por un lado, el incremento de un 10 % de los importes de las reducciones por parentesco y, por otro, la distinción de dos cuantías de la reducción a la que tienen derecho los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, según el grado de minusvalidez.

El capítulo II del título I está dedicado a los impuestos indirectos y, más concretamente, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La regulación se extiende a la fijación de los tipos de gravamen en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas aplicables en la adquisición de la vivienda habitual por familias numerosas y por minusválidos, los cuales, en ambos casos, se establecen en el 5 %. En la modalidad de actos jurídicos documentados y, en concreto, en cuanto a la tributación de los documentos notariales por la cuota gradual, se aprueban dos tipos de gravamen específicos: El 0,1 % aplicable a los documentos de adquisición de viviendas protegidas y de otorgamiento del correspondiente préstamo hipotecario, y el 1,5 % aplicable a los documentos en que se haya renunciado a la exención en el impuesto sobre el valor añadido, y una tarifa por tramos de base imponible aplicable al resto de documentos notariales, con tipos de gravamen que van del 0,5 al 1 %.

El capítulo III, relativo a la tributación sobre el juego, establece las cuotas fijas de las máquinas recreativas y de azar, que son objeto de un incremento general del 2 %, excepto las máquinas de tipo B, para las cuales el incremento superior es consecuencia del cambio del importe máximo de la partida, que pasa de 25 pesetas a 20 céntimos de euro (33 pesetas).

El capítulo IV incluye la regulación de los tributos propios de la Generalidad. En primer término, por lo que concierne a la Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua, destaca, por una parte, el incremento de 1,5 a 2 del coeficiente aplicable a los usos domésticos, en el caso de consumos superiores a 12 metros cúbicos/mes y, por otra, la supresión de la deducción en el canon del agua de los importes satisfechos en concepto de canon de derivación. En segundo lugar, el capítulo contiene una amplia regulación sobre tasas de la Generalidad. En concreto, entre las tasas de nueva creación, destacan la tasa por los servicios prestados por el Cuerpo de Mozos de Escuadra, las del Consejo Catalán de la Producción Integrada, las de la Agencia Catalana del Agua y las del Departamento de Enseñanza concernientes a la inscripción en las pruebas para la obtención de determinados títulos. Por otra parte, la Ley hace una refundición del título VII, que regula las tasas del Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Otras tasas, pertenecientes a los Departamentos de Presidencia, de Economía y Finanzas, de Cultura, de Industria, Comercio y Turismo y de Medio Ambiente, son objeto de modificación, a la vez que la Ley suprime cuatro tasas correspondientes a los Departamentos de Sanidad y Seguridad Social, de Enseñanza, de Cultura y de Industria, Comercio y Turismo.

Para terminar el título I, el capítulo V incluye dos normas vinculadas con la introducción del euro en el ámbito tributario: La primera, sobre los actos administrativos de naturaleza tributaria, y la segunda, sobre el régimen de admisión de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

El título II de la Ley incluye las medidas administrativas y se divide en cuatro capítulos. Las medidas que establecen conciernen a las finanzas y el patrimonio de la Generalidad (capítulo I), al sector público (capítulo II), al personal al servicio de la Generalidad (capítulo III) y, finalmente, a varios ámbitos y sectores de la actividad administrativa (capítulo IV).

El primer capítulo se abre con tres modificaciones del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. La primera afecta al plazo de prescripción de los derechos de la Generalidad; la segunda, a la tramitación de gastos plurianuales derivados de normas con rango de Ley o convenios; la tercera, la más extensa, afecta a la regulación de las subvenciones, que, por primera vez, incorpora, como normativa propia, el régimen de las infracciones y las sanciones. También dentro de este capítulo se incluyen tres disposiciones en materia de contratación administrativa: Las dos primeras constituyen sendas modificaciones puntuales de una regulación preexistente hecha por la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro, las cuales posibilitan la creación de juntas de contratación para la adjudicación de los contratos menores; la tercera consiste en habilitar la financiación de obras públicas mediante la concesión de dominio público. En el ámbito patrimonial, la Ley incorpora determinadas modificaciones de la Ley 11/1981, de 7 de diciembre, de patrimonio de la Generalidad, en relación con los expedientes de enajenación y cesión de bienes, y de la Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua, y aun la modificación de otras disposiciones de rango legal en materia de seguros.

El segundo capítulo del título II incluye una serie de medidas sobre el sector público de la Generalidad y se abre con una modificación puntual del Estatuto de la empresa pública catalana relativa a la participación en sociedades mercantiles públicas. El resto de medidas afectan a diferentes entidades y organismos. En cuanto al Instituto Catalán de Finanzas, la Ley modifica varias disposiciones de su Ley reguladora concretando y ampliando algunas de sus funciones y reformando su estructura directiva. Con relación al Instituto Catalán del Crédito Agrario, amplía también sus funciones. Crea el Consejo Catalán de la Producción Integrada y regula su estatuto básico. Modifica puntualmente los objetos de actuación del Instituto Catalán del Suelo, de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña y de la Entidad Autónoma de Organización de Espectáculos y Fiestas, que pasará a denominarse Entidad Autónoma de Difusión Cultural, y modifica el régimen de tarifas de Puertos de Cataluña.

El tercer capítulo del título II introduce algunas medidas en materia de personal. Concretamente, incorpora el derecho al permiso y a la reducción de jornada para el caso de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier motivo, deban permanecer hospitalizados después del parto; regula la garantía retributiva de los funcionarios de carrera que hayan ocupado cargos ejecutivos en el sector público; amplía la plantilla del Cuerpo de Abogados de la Generalidad; establece varias condiciones de acceso a plazas de los Cuerpos de Bomberos y de Mozos de Escuadra, y precisa el régimen de incompatibilidades del Cuerpo de Interventores y de las Escalas de Inspectores Tributarios y de Inspectores Financieros.

El cuarto y último capítulo del título II, bajo la rúbrica genérica de Otras medidas, incluye un conjunto de disposiciones que afectan a los sectores y ámbitos de actuación administrativa siguientes: Pesca marítima, infraestructuras hidráulicas, comercio, juego, carreteras y autopistas, licencias urbanísticas, vivienda, ordenación farmacéutica y comunidades catalanas en el exterior.

Completan la regulación de la Ley, las disposiciones adicionales y transitorias, la disposición derogatoria y las disposiciones finales. Entre estas últimas destaca la que incluye varias autorizaciones para la refundición de las leyes de finanzas públicas de Cataluña, del Estatuto de la empresa pública catalana, del patrimonio de la Generalidad y del Instituto Catalán de Finanzas.

TÍTULO I.
MEDIDAS FISCALES.

CAPÍTULO I.
IMPUESTOS DIRECTOS.

SECCIÓN I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

Artículo 1. Deducciones en la cuota.

1. En la parte correspondiente a la comunidad autónoma de la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas, puede aplicarse, junto con la reducción porcentual que corresponda sobre el importe total de las deducciones de la cuota establecidas por la Ley del Estado reguladora del impuesto, una deducción por donativos a favor de fundaciones o asociaciones que tengan por finalidad el fomento de la lengua catalana y que figuren en el censo de estas entidades que elabora el Departamento de Cultura.

El importe de la deducción se fija en el 15 % de las cantidades dadas, con el límite máximo del 10 % de la cuota íntegra autonómica.

2. Esta deducción queda condicionada a la justificación documental adecuada y suficiente de los presupuestos de hecho y de los requisitos que determinen su aplicabilidad. En particular, las entidades beneficiarias de estos donativos deben remitir a la Dirección General de Tributos del Departamento de Economía y Finanzas, dentro del primer trimestre de cada año, una relación de las personas físicas que han efectuado donativos durante el año anterior, con la indicación de las cantidades dadas por cada una de ellas.

3. Deducciones en la cuota por el nacimiento o adopción de un hijo. En la parte correspondiente a la comunidad autónoma de la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas se puede aplicar, junto con la reducción porcentual que corresponda sobre el importe total de las deducciones de la cuota establecidas por la Ley del Estado reguladora del impuesto, una deducción por nacimiento o adopción de un hijo en los términos siguientes:

  1. En la declaración conjunta de los progenitores: 300.

  2. En la declaración individual, deducción de cada uno de los progenitores: 150.

SECCIÓN II. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.

Artículo 2. Reducciones de la base imponible.

Artículo 3. Tarifa.

Artículo 4. Cuota tributaria.

CAPÍTULO II.
IMPUESTOS INDIRECTOS.

SECCIÓN ÚNICA. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.

Artículo 5. Tipos de gravamen en la adquisición de la vivienda habitual por familias numerosas.

1. El tipo impositivo aplicable a la transmisión de un inmueble que deba constituir la vivienda habitual de una familia numerosa es del 5 %, siempre y cuando se cumplan simultáneamente los requisitos siguientes:

  1. El sujeto pasivo debe ser miembro de la familia numerosa.

  2. La suma de las bases imponibles totales, menos los mínimos personales y familiares, correspondientes a los miembros de la familia numerosa en la última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas no debe exceder de 30.000 euros. Esta cantidad debe incrementarse en 12.000 euros por cada hijo que exceda del número de hijos que la legislación vigente exige como mínimo para que una familia tenga la condición legal de numerosa.

2.A los efectos de la aplicación del tipo impositivo fijado por el apartado 1:

  1. Son familias numerosas las que define la Ley 25/1971, de 19 de junio, de protección a la familia numerosa, teniendo en cuenta las modificaciones que de este concepto han introducido las leyes del Estado 42/1994, de 30 de diciembre, y 8/1998, de 14 de abril.

  2. Se considera vivienda habitual aquella que se ajusta a la definición y a los requisitos establecidos por la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Artículo 6. Tipos de gravamen en la adquisición de la vivienda habitual para minusválidos.

1. El tipo impositivo aplicable a la transmisión de un inmueble que deba constituir la vivienda habitual del contribuyente que tenga la consideración legal de persona con disminución física, psíquica o sensorial es del 5 %. También se aplica este tipo impositivo cuando la circunstancia de minusvalidez mencionada concurra en alguno de los miembros de la unidad familiar del contribuyente.

2. Es un requisito para la aplicación de este tipo que la suma de las bases imponibles totales, menos los mínimos personales y familiares, correspondientes a los miembros de la unidad familiar en la última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas no exceda los 30.000 euros.

3. A los efectos de la aplicación de este tipo impositivo:

  1. Se consideran personas con disminución las que tengan la consideración legal de persona con minusvalidez en grado igual o superior al 65 %, de acuerdo con el baremo que determina el artículo 148 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

  2. Se considera vivienda habitual aquella que se ajusta a la definición y a los requisitos establecidos por la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

  3. Asimismo, el concepto de unidad familiar es el que define la normativa aplicable al impuesto sobre la renta de las personas físicas.

4. En el momento de presentar el documento de liquidación del impuesto, el contribuyente debe aportar la justificación documental adecuada y suficiente de la condición y el grado de minusvalidez, así como del cumplimiento del requisito establecido por el apartado 2 de este artículo.

Artículo 7. Tipos de gravamen de los documentos notariales.

Los documentos notariales a que hace referencia el artículo 31.2 del texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, del 24 de septiembre, tributan según los siguientes tipos de gravamen:

  1. El 0,1%, en el caso de documentos de adquisición de viviendas declaradas protegidas, así como de los documentos del préstamo hipotecario otorgado para su adquisición.

  2. El 1,8%, en el caso de documentos en los que se haya renunciado a la exención en el IVA conforme a lo dispuesto por el artículo 20.2 de la Ley del Estado 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.

  3. El 0,1%, en el caso de documentos que formalicen la constitución y la modificación de derechos reales en favor de una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en Cataluña.

  4. El 0,5%, en el caso de documentos que formalicen la constitución y la modificación de préstamos hipotecarios otorgados en favor de contribuyentes de treinta y dos años o menos o con una discapacidad acreditada igual o superior al 33%, para la adquisición de su vivienda habitual, siempre que la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar en su última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas no exceda de 30.000 euros.

  5. El 1,5%, en el caso de otros documentos.

CAPÍTULO III.
TRIBUTACIÓN SOBRE EL JUEGO.

SECCIÓN ÚNICA. CUOTAS FIJAS.

Artículo 8. Cuotas fijas de las máquinas recreativas y de azar.

1. La cuota aplicable, en los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para el juego, debe determinarse en función de la clasificación de las máquinas que establece el Reglamento de máquinas recreativas y de azar, aprobado por el Decreto 23/2005, de 22 de febrero. De acuerdo con esta clasificación, son aplicables las siguientes cuotas:

  1. Las máquinas de tipo B o recreativas con premio: 914 euros trimestrales. Si se trata de máquinas o aparatos automáticos de tipo B en que pueden intervenir dos jugadores o más de forma simultánea, siempre que el juego de cada jugador o jugadora sea independiente del de los demás jugadores, son aplicables las cuotas trimestrales siguientes:

    • Máquinas o aparatos de dos jugadores: el importe que resulte de multiplicar por 2 la cuota general que fija la presente letra.

    • Máquinas o aparatos de tres jugadores o más: 1.828 euros, más el resultado de multiplicar por 570 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.

  2. Las máquinas de tipo C o de azar: se establece una cuota trimestral de 1.316 euros. Si se trata de máquinas o aparatos automáticos de tipo C en que pueden intervenir dos jugadores o más de forma simultánea, siempre que el juego de cada jugador o jugadora sea independiente del de los otros jugadores, son aplicables las siguientes cuotas trimestrales:

    • Máquinas o aparatos de dos jugadores: el importe que resulte de multiplicar por dos la cuota general que fija la presente letra.

    • Máquinas o aparatos de tres jugadores o más: 2.632 euros, más el resultado de multiplicar por 395 el número máximo de jugadores autorizados.

2. La cuota tributaria de 914 euros a que se refiere el apartado 1.a, en el caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro autorizado para la partida de máquinas de tipo B o recreativas con premio, debe incrementarse en 17 euros por cada 5 céntimos de euro en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 20 céntimos de euro.

CAPÍTULO IV.
TRIBUTOS PROPIOS.

SECCIÓN I. CANON DEL AGUA.

Artículo 9. Modificación de la Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua.

1. Se añade un apartado tercero al artículo 38 de la Ley 6/1999, con el texto siguiente:

3. El pago de intereses y la amortización de créditos se pueden garantizar a cargo de la recaudación que se obtendrá con el canon del agua.

2. Se modifica el apartado 2.b del artículo 44 de la Ley 6/1999, que pasa a redactarse de la manera siguiente:

2. En los supuestos de usos domésticos de agua, en el caso de viviendas, el tipo se afecta de los coeficientes siguientes, en función del tramo de consumo mensual del abonado al cual se aplican:

  1. Consumo mensual igual o inferior a 12 metros cúbicos: 1.

  2. Consumo mensual superior a 12 metros cúbicos: 2.

3. Se añade un nuevo párrafo al apartado 4 del artículo 47 de la Ley 6/1999, con la redacción siguiente:

La determinación del grado de contaminación se efectúa por medición directa de la carga contaminante y según la declaración de uso y contaminación del agua que el sujeto pasivo del tributo queda obligado a presentar.

No obstante, cuando la falta de presentación de la declaración mencionada en el párrafo anterior, o bien su presentación de manera incompleta o acreditadamente fraudulenta, no permitan a la Agencia Catalana del Agua disponer de todos los datos necesarios para la determinación del tipo específico, éste se fija de manera indirecta, pudiendo utilizar cualquier dato o antecedente relevante para su determinación, o bien datos de otros establecimientos del sector al cual pertenezca el establecimiento.

4. Se modifica el apartado 9 del artículo 47 de la Ley 6/1999, que pasa a redactarse de la manera siguiente:

9. Por otra parte, en el caso del uso del agua efectuado por centrales térmicas, con un consumo anual de agua superior a 1.000 hectómetros cúbicos, se aplica, sobre la modalidad de tarifación por volumen, el coeficiente 0,00053.

5. Se suprime la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1999, relativa a la deducción del canon de derivación establecido por la Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona.

6. Se modifica la disposición adicional undécima de la Ley 6/1999, que pasa a redactarse de la manera siguiente:

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ley, excepto el régimen fiscal establecido por el título V, las aguas minerales y termales, que se regulan por su legislación específica.

7. Se añaden dos nuevos apartados a la disposición transitoria quinta de la Ley 6/1999, con la redacción siguiente:

2. Las deudas por el concepto de canon de saneamiento, incremento de tarifa de saneamiento, canon de infraestructura hidráulica y canon de regulación vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley se siguen rigiendo por su normativa específica.

No obstante lo que determina el apartado 2, en los actos de liquidación correspondientes a usos de agua efectuados por centrales térmicas con un consumo anual de agua superior a 1.000 hectómetros cúbicos que se conviertan en firmes después de la entrada en vigor de esta Ley se aplica el coeficiente 0,00046 sobre la modalidad de tarifación por volumen.

SECCIÓN II. TASAS.

Artículo 10. Modificación del título I de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 11. Modificación del título II de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 12. Modificación del título III de la Ley 15/1997 de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 13. Modificación del título IV de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 14. Modificación del título V de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 15. Modificación del título VI de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 16. Modificación del título VII de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 17. Modificación del título IX de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 18. Modificación del título XII de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 19. Modificación del título XIV de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 20. Incorporación de una nueva disposición adicional a la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.

CAPÍTULO V.
NORMAS RELATIVAS A LA INTRODUCCIÓN DEL EURO EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO.

Artículo 21. Actos administrativos de naturaleza tributaria.

1. Todos los actos administrativos de naturaleza tributaria que se dictan han de usar la unidad de cuenta euro de acuerdo con lo que disponen los artículos 3 y 23 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

2. En caso de que se detecten errores en el proceso de conversión a euros de un instrumento jurídico que toma como valor de referencia la peseta, prevalece este valor y se debe efectuar de oficio su conversión de acuerdo con lo que establece la normativa relativa al euro.

Artículo 22. Régimen de admisión de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

No es admisible ninguna declaración o autoliquidación tributaria que no esté expresada en la unidad de cuenta del sistema monetario, el euro, a menos que se trate de la presentación de autoliquidaciones tributarias del impuesto sobre el patrimonio (modelo 714) correspondientes al ejercicio 2000, o anteriores. No obstante, deben admitirse los documentos notariales, judiciales y administrativos que estén expresados en pesetas, sin perjuicio que la liquidación que se dicte o la autoliquidación que se efectúe se deba de expresar en euros.

TÍTULO II.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.

CAPÍTULO I.
MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS FINANZAS Y EL PATRIMONIO DE LA GENERALIDAD.

SECCIÓN I. MODIFICACIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE FINANZAS PÚBLICAS DE CATALUÑA, APROBADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 9/1994, DE 13 DE JULIO.

Artículo 23. Modificación del apartado 1 del artículo 15 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio.

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 15 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, que queda redactado de la manera siguiente:

1. Si las leyes reguladoras de los diferentes recursos financieros no lo disponen de otro modo, los derechos de la Generalidad al reconocimiento y a la liquidación de los créditos a su favor prescriben cuando cumplan cuatro años desde la fecha en que pudo ejercerlos. No puede tampoco exigir su cobro pasados cuatro años del reconocimiento o la liquidación.

Artículo 24. Modificación de la letra b del apartado 2 del artículo 36 del texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio.

2. Se modifica la letra b del apartado 2 del artículo 36 del texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, que queda redactada de la manera siguiente:

  1. Transferencias corrientes derivadas de normas de rango de ley o de convenios o de contratos programa que amparen actuaciones de alcance plurianual.

Artículo 25. Modificaciones del capítulo IX del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio.

1. Se añade una nueva letra f al apartado 5 del artículo 92 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, con la redacción siguiente:

  1. En el supuesto de ayudas de Estado o subvenciones a empresas susceptibles de tener esta consideración y para dar cumplimiento a la normativa de la Unión Europea, se han de especificar, en la convocatoria, las diversas finalidades a las cuales va dirigida de acuerdo con la tipología que se fije mediante una Orden del Consejero o Consejera de Economía y Finanzas. Se debe de hacer una reserva presupuestaria para cada una de las finalidades especificadas o para cada conjunto de finalidades que sigan los criterios de agrupación establecidos en la Orden.

2. Se modifica la regla cuarta del artículo 94 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, que queda redactada de la manera siguiente:

  • Cuarta. Excepcionalmente, si, de acuerdo con la propuesta motivada del secretario o secretaria general o del órgano competente del departamento, o bien del órgano asimilado en la estructura de las entidades autónomas, se acredita la imposibilidad de promover la concurrencia pública por las especificidades del subvencionado o de las actividades a desarrollar, se pueden conceder directamente, a instancia de parte, por resolución del consejero o consejera correspondiente, subvenciones innominadas o genéricas. Si el importe es superior a 300.000 euros o el que determine la ley de presupuestos, es necesaria la autorización previa del Gobierno. La resolución de concesión debe concretar el objeto, el término y la forma de justificación de la aplicación del fondo, la posibilidad de anticipos, las garantías, si proceden, y la obligación de suministrar información a efectos de control.

3. Se modifica la regla séptima del artículo 94 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, que queda redactada de la manera siguiente:

  • Séptima. Los entes concedentes han de dar publicidad a las subvenciones otorgadas mediante su exposición en el tablón de anuncios designado en la convocatoria. Cuando se trata de subvenciones por un importe superior a 6.000 euros, se deben de publicar en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya", indicando el beneficiario, la cantidad concedida, las finalidades de la subvención y el crédito presupuestario que se han imputado. Lo que establece este apartado no es aplicable a las subvenciones nominativas.

4. Se modifica el apartado 1 del artículo 97 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, que queda redactado de la manera siguiente:

1. La Intervención General de la Generalidad, de acuerdo con la normativa aplicable y, en particular, con lo que dispone el artículo 71 y de acuerdo con los planes de control aprobados por el consejero o consejera de Economía y Finanzas, debe controlar las subvenciones públicas afectadas por esta Ley para asegurar el cumplimiento de sus finalidades y de las disposiciones legales aplicables a las finanzas de la Generalidad. El personal que, ocupando puestos de trabajo en la Intervención General, desarrolle las funciones de control mencionadas tiene, a todos los efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad, y las autoridades públicas les deben de prestar la protección y el auxilio que aquellos requieran. Así mismo, las actas y las diligencias extendidas por el mencionado personal en el marco de los respectivos procedimientos, tienen la consideración de documentos públicos y son prueba de los hechos que les motiven, excepto que se acredite lo contrario.

El procedimiento de control se rige por la normativa propia de los procedimientos administrativos. En cualquier caso, su duración no puede ultrapasar el plazo de un año, contado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de inicio; a este efecto no son computables las dilaciones notificadas imputables al administrado, ni las derivadas de causa de fuerza mayor o del cumplimiento del ordenamiento jurídico. El mencionado plazo se puede prorrogar motivadamente por otro equivalente.

5. Se modifica el apartado 2 del artículo 97 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, y se le adjunta un apartado 2 bis, con el siguiente texto:

2. El control debe de afectar las entidades colaboradoras, los beneficiarios y las terceras personas relacionadas con el objeto de la subvención, que quedan obligadas a facilitar el ejercicio de las funciones que corresponden a la Intervención General, y, en particular, debe de afectar:

  1. La documentación justificativa y los antecedentes que se crean necesarios para comprobar la aplicación de la subvención y la posibilidad de obtener una copia de ella.

  2. La ampliación del control a las personas físicas o jurídicas que intervengan en la justificación de los fondos públicos percibidos con respeto estricto de sus derechos fundamentales.

  3. El acceso a locales o al domicilio de la persona física o jurídica beneficiaria, con la autorización previa de ésta o, en su defecto, con la del órgano judicial competente.

2 bis. En el supuesto de que se produzca resistencia al control, la Intervención General debe realizar lo que establece el apartado 3. A estos efectos, se debe de considerar resistencia al control toda conducta del sujeto controlado tendente a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de control, y en particular:

  1. La no presentación o la presentación parcial, por causa injustificada, de la información requerida por la Intervención General. Se considera no presentada la información si en el plazo de diez días desde el requerimiento no se presenta o se presenta parcialmente y, reiterada la solicitud, no se obtiene en un nuevo plazo de igual duración.

  2. La negativa indebida a permitir la entrada o la permanencia en fincas y locales.

  3. Las coacciones o la falta de la debida consideración al personal que efectúa el control.

6. Se modifica el apartado 3 del artículo 97 del texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, que queda redactado de la manera siguiente:

3. Una vez realizados los controles, la Intervención General debe de elevar al órgano concedente un informe que incluya los resultados de los mismos. Si se acredita que la persona beneficiaria ha incurrido en alguno de los supuestos definidos por el artículo 99, incluyéndose la resistencia al control, el informe debe de proponer el inicio del procedimiento de revocación, a fin de obtener el reintegro total o parcial de la subvención. Con esta finalidad, la Intervención General puede proponer también al órgano concedente o a la Tesorería la adopción de la medida cautelar establecida por el artículo 98.2. En el supuesto de resistencia al control de cualquiera de los sujetos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, la Intervención General debe de proponer, además de la revocación, el inicio del procedimiento sancionador de acuerdo con lo que establece el artículo 101. Una vez efectuadas las propuestas, el órgano concedente ha de iniciar los expedientes correspondientes, de los cuales debe de formar parte el informe a que se refiere el apartado 3, excepto que, por el hecho de discrepar de éste o de la propuesta, se acoge al procedimiento establecido por el artículo 67. Si, como resultado del expediente de revocación, la propuesta de resolución difiere de la efectuada por la Intervención General, es necesario darle audiencia antes de la resolución del expediente, sin perjuicio del derecho de audiencia que igualmente corresponde a las personas beneficiarias, a las entidades colaboradoras y, en general, a cualquier sujeto afectado por la mencionada propuesta.

7. Se modifica la letra d del artículo 99 del texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, que queda redactado de la manera siguiente:

  1. El incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención, incluyendo la obstrucción o resistencia a las actuaciones de control o la resistencia a permitirlas, de manera que se impida comprobar el devengo de tener que realizar el objeto de la subvención.

8. Se añade una nueva Sección quinta al capítulo IX del texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, con la redacción siguiente:

SECCIÓN V.
DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES

Artículo 101.

1. Son infracciones administrativas en materia de subvenciones:

  1. De los beneficiarios:

    • Primero. La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para hacer su concesión u ocultando datos que hubieran impedido o dificultado su concesión.

    • Segundo. La destinación de las cantidades percibidas, parcialmente o totalmente, con finalidades diferentes para las cuales fue concedida la subvención.

    • Tercero. El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaciones impuestas para la concesión de la subvención.

    • Cuarto. La negativa a permitir las actuaciones de inspección, comprobación y control a efectuar por el ente concedente o la entidad colaboradora, en su caso, o bien por la Intervención General y los demás órganos de control, o la obstrucción de aquellas actuaciones.

    • Quinto. La falta de comunicación al ente concedente o a la entidad colaboradora, en su caso, de la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier administración pública, y tambien la modificación de cualquier circunstancia que haya servido como fundamento para la concesión de la subvención.

    • Sexto. La falta de justificación, en todo o en parte, de la aplicación de los fondos percibidos o la justificación fuera del plazo establecido para acreditar la realización del objeto de la subvención.

    • Séptimo. La falta de devengo ante la Administración concedente o la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones impuestas para la concesión de la subvención.

  2. De las entidades colaboradoras:

    • Primero. La falta de entrega a los beneficiarios de los fondos recibidos, de acuerdo con los criterios establecidos por las normas reguladoras de las subvenciones.

    • Segundo. La negativa a permitir las actuaciones de comprobación y de control que, respecto a la gestión de los fondos percibidos, puedan efectuar el ente concedente o los órganos de control, o la obstrucción de estas actuaciones.

    • Tercero. La falta de verificación, en su caso, del cumplimento de las condiciones determinadas en la concesión de la subvención.

    • Cuarto. La falta de justificación ante el ente concedente de la aplicación de los fondos percibidos o la falta de entrega de la justificación presentada a los beneficiarios.

  3. De terceras personas relacionadas con el objeto de la subvención: La negativa a permitir las actuaciones de comprobación y de control que, respecto a la acreditación de la realización del objeto de la subvención, puedan efectuar los órganos de control, o la obstrucción de estas actuaciones.

2. Las infracciones administrativas tipificadas por el apartado 1 pueden ser muy graves, graves y leves, de acuerdo con la clasificación siguiente:

  1. Tienen la consideración de infracciones muy graves, en el caso de los beneficiarios, las definidas por los puntos primero, segundo y tercero de la letra a del apartado 1. En el caso de la entidad colaboradora, la infracción definida por el punto primero de la letra b del apartado 1. Tanto para el beneficiario como para la entidad colaboradora, la reincidencia, en el espacio de tres años, en la comisión de una infracción grave tiene la consideración de infracción muy grave cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

  2. Tienen la consideración de infracciones graves, en el caso de los beneficiarios, las definidas por los puntos cuarto y quinto de la letra a del apartado 1. En el caso de una entidad colaboradora, las definidas por los puntos segundo y tercero de la letra b del apartado 1. En el caso de un tercero, la definida por la letra c del apartado 1. Tanto para el beneficiario y para la entidad colaboradora como para un tercero, la reincidencia, en el espacio de tres años, en la comisión de una infracción leve tiene la consideración de infracción grave cuando así haya sido declarado por resolución firme en la vía administrativa.

  3. Tienen la consideración de infracciones leves, en el caso de los beneficiarios, las definidas por los puntos sexto y séptimo de la letra a del apartado 1. En el caso de entidades colaboradoras, las definidas por el punto cuarto de la letra b del apartado 1.

3. Son responsables de las infracciones los beneficiarios o beneficiarias, las entidades colaboradoras y los terceros que realicen las conductas tipificadas por este artículo.

4. Las infracciones muy graves prescriben a los cinco años, las graves a los tres años y las leves al año. El plazo de prescripción empieza a contarse desde el día en que se haya cometido la infracción.

Artículo 102.

1. Las infracciones administrativas se sancionan de acuerdo con la clasificación siguiente:

  1. Infracciones muy graves:

    • Primero. Multa del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida o aplicada o, en el caso de una entidad colaboradora, de los fondos recibidos. En el caso de un tercero, multa hasta la cantidad obtenida por el beneficiario.

    • Segundo. Pérdida por el beneficiario, la entidad colaboradora y los terceros, del derecho a obtener subvenciones de la Generalidad, de sus entidades autónomas y de su sector público durante el período de tres a cinco años, y también durante el mismo período, pérdida del derecho a ser designados entidad colaboradora.

    • Tercero. Prohibición durante el período de tres a cinco años de contratar con la Administración de la Generalidad, sus entidades autónomas y su sector público.

  2. Infracciones graves:

    • Primero. Multa de hasta el doble de la cantidad indebidamente obtenida o, en el caso de una entidad colaboradora, de los fondos recibidos. En el caso de un tercero, multa de hasta la cantidad obtenida por el beneficiario.

    • Segundo. Pérdida por el beneficiario, la entidad colaboradora y los terceros, del derecho a obtener subvenciones de la Generalidad, de sus entidades autónomas y de su sector público durante el período de un año a tres años, y también, durante el mismo período, pérdida del derecho a ser designados entidad colaboradora.

    • Tercero. Prohibición durante el período de uno a tres años para contratar con la Administración de la Generalidad, sus entidades autónomas y su sector público.

  3. Infracciones leves:

    • Primero. Multa de una cantidad igual a la percibida indebidamente o a la del importe de la cantidad no justificada o, en caso de una entidad colaboradora, de los fondos percibidos.

    • Segundo. Pérdida por el beneficiario, la entidad colaboradora y los terceros, del derecho de obtener subvenciones de la Generalidad, de sus entidades autónomas y de su sector público durante el período de un año, y también, durante el mismo período, pérdida del derecho a ser designados entidad colaboradora.

    • Tercero. Prohibición durante el período de un año para contratar con la Administración de la Generalidad, sus entidades autónomas y su sector público.

2. Para la imposición de las sanciones anteriores hay que atender a:

  1. La existencia de intencionalidad o reiteración.

  2. La naturaleza de los perjuicios causados.

3. Las sanciones establecidas son independientes de la exigencia al infractor de la obligación de reintegro establecida por esta Ley.

4. Las sanciones impuestas por las infracciones muy graves prescriben a los cuatro años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las impuestas por infracciones leves al año. El plazo de prescripción comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea firme la resolución por la que se impone la sanción.

5. Las resoluciones en firme por las cuales se imponen sanciones deben notificarse y, si procede, publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat, en las condiciones y en los supuestos establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 103.

La responsabilidad subsidiaria de la obligación de las sanciones establecidas por esta Ley se rige por lo que establece el artículo 100.3 de la misma.

Artículo 104.

1. El procedimiento para la imposición de las sanciones establecidas por esta Ley se debe tramitar de acuerdo con lo que dispone la normativa general del procedimiento sancionador aplicable a la Administración de la Generalidad.

2. Son órganos competentes para iniciar el procedimiento sancionador los que hayan formulado las propuestas de resolución de concesión de subvenciones. Es competente para la resolución del procedimiento sancionador, en las infracciones leves y graves, el consejero o consejera titular del departamento que haya concedido la subvención o al que esté adscrito el ente concedente. La resolución de las infracciones muy graves es competencia del Gobierno de la Generalidad.

Artículo 105.

1. En el caso de ayudas financiadas con cargo a los fondos comunitarios, el régimen de infracciones y sanciones es lo establecido por la reglamentación comunitaria específica. Con carácter subsidiario, son aplicables las normas establecidas por esta Ley.

2. Las sanciones impuestas en aplicación de los preceptos de la normativa comunitaria, cuando así se establece, son imputables a los fondos estructurales correspondientes.

SECCIÓN II. MODIFICACIONES DE LA LEY 25/1998, DE 31 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y DE ADAPTACIÓN AL EURO.

Artículo 26. Modificación del artículo 22 de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre.

Artículo 27. Modificación del artículo 23 de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre.

SECCIÓN III. FINANCIACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

Artículo 28. Financiación de obras públicas mediante la concesión de dominio público.

1. La construcción y la conservación de obras públicas que, por su naturaleza y características, no puedan ser susceptibles de explotación económica, puede ser objeto de un contrato de ejecución o mantenimiento de obra pública, para lo cual hay que establecer, como contraprestación total o parcial, una concesión de dominio público sobre la zona de servicios o área de influencia en la cual se integra la obra.

2. La parte del costo de las obras que, en su caso, no quede compensada con el derecho de explotación de la zona de servicios o área de influencia, puede ser objeto de un pago aplazado hasta el máximo de diez años desde la finalización de las obras.

3. La preparación del contrato, las formas y los procedimientos de selección de los contratistas, incluida la adjudicación, y el régimen jurídico de ejecución de las obras son los que la legislación de contratos de las administraciones públicas establece para los contratos de obras.

SECCIÓN IV. MEDIDAS PATRIMONIALES.

Artículo 29. Modificaciones de la Ley 11/1981, de 7 de diciembre, de patrimonio de la Generalidad.

1. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17 de la Ley 11/1981, de 7 de diciembre, de patrimonio de la Generalidad, con la redacción siguiente:

3. Para concurrir en las subastas, los licitadores han de constituir, antes de la apertura de la subasta, una garantía equivalente al 25% de la cantidad fijada como tipo de licitación, en la Caja General de Depósitos de la Generalidad, a disposición del consejero o consejera de Economía y Finanzas. Igualmente, en el supuesto de alienación directa, antes de la aprobación de la alienación, el interesado debe de haber depositado en concepto de garantía, en la Caja General de Depósitos de la Generalidad, a disposición del consejero o consejera de Economía y Finanzas, el 25% del precio de venta determinado por tasación pericial. Si, por causa o causas imputables al interesado, no se llegara a formalizar la alienación, el depósito constituido se aplica al Tesoro de la Generalidad en concepto de penalidad. Los depósitos se pueden constituir en cualquiera de las formas establecidas reglamentariamente. Si los depósitos se constituyen en metálico, en caso de formalizarse la alienación, éstos toman la consideración de cantidad librada a cuenta del precio a satisfacer por el adquirente. Las alienaciones de bienes procedentes de herencias intestadas se rigen por su normativa específica.

2. Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 19 de la Ley 11/1981, de 7 de diciembre, de patrimonio de la Generalidad con la redacción siguiente:

2. No obstante lo establecido en el artículo 17.3, cuando la alienación directa de bienes muebles sea procedente no se requiere el establecimiento de ninguna garantía.

3. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 19 de la Ley 11/1981, de 7 de diciembre, de patrimonio de la Generalidad, con la redacción siguiente:

3. El Departamento de Economía y Finanzas puede acordar la cesión gratuita de bienes muebles para fines de utilidad pública o de interés social, a favor de instituciones o de corporaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro.

4. Se modifica el artículo 21 de la Ley 11/1981, de 7 de diciembre, que queda redactado de la manera siguiente:

1. Mediante decreto, el Gobierno, a propuesta del Departamento de Economía y Finanzas, puede ceder gratuitamente el dominio de bienes patrimoniales inmuebles de la Generalidad a favor de otras administraciones o instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro que hayan de utilizarlos para fines de utilidad pública o de interés social. En los mismos términos y condiciones, el Gobierno, mediante acuerdo, puede ceder gratuitamente el uso de bienes patrimoniales inmuebles de la Generalidad.

2. Las cesiones autorizadas por el apartado 1 requieren la iniciación y la tramitación del expediente correspondiente por la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad. En este expediente, tiene que figurar la descripción física y jurídica de los bienes, la tasación pericial correspondiente y el informe de la dicha Dirección General, en donde conste que el bien a ceder no es necesario para la Generalidad y que queda justificada la adecuación de los bienes al uso y a las finalidades que condicionen la cesión.

3. El decreto o el acuerdo de cesión siempre debe de consignar el uso concreto y las finalidades a las que las entidades cesionarias deben de destinar los bienes, el plazo para cumplir los fines y para que se destinen los bienes, y debe de establecer el derecho de reversión automática de pleno derecho al patrimonio de la Generalidad para el caso en que los bienes cedidos no se destinen al uso previsto o dejen de ser destinados en los plazos fijados.

4. El derecho de reversión a que se refiere el apartado 3 produce plenos efectos en el mismo momento en que se acredite, mediante acta notarial notificada en forma, que los bienes cedidos no se destinen a las finalidades previstas. El derecho de reversión recae sobre los bienes propiamente cedidos, y también sobre las construcciones, las instalaciones y las mejoras con todas sus pertenencias y accesiones existentes sobre los mismos, sin que el ente cesionario tenga ningún derecho a ser indemnizado, y sin perjuicio del derecho de la Generalidad de Cataluña a recibir, habiéndose hecho la tasación pericial, el valor de los daños y del detrimento causados en los bienes que son objeto de reversión.

5. El acuerdo de cesión de uso o la publicación en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" del decreto de cesión del dominio, lleva implícita la desafectación de los bienes objeto de cesión sin ningún otro requisito.

Artículo 30. Modificaciones de la Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua.

1. Se añade en los apartados 2 y 3 al artículo 14 de la Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua, con la redacción siguiente:

2. Como medio de protección de las instalaciones de las redes básicas de abastecimiento, se establece una zona de servidumbre afecta al servicio público de las conducciones y otros elementos subterráneos que forman parte de ella consistente en una franja de diez metros de anchura medida de forma horizontal y centrada sobre el eje de las instalaciones lineales, dentro de la cual las actividades y los usos del suelo quedan sometidos a las limitaciones siguientes:

  1. La prohibición de edificar o instalar en ella construcciones permanentes.

  2. La necesidad de obtener la autorización de la entidad titular o gestora del servicio para efectuar en ella movimientos de tierras o bien obras en la superficie o el subsuelo.

  3. El acceso libre y permanente del personal propio o designado por la entidad titular o gestora del servicio para llevar a cabo en él las tareas necesarias de vigilancia, mantenimiento, reparación, amojonamiento y renovación de las instalaciones, y también el depósito de materiales.

  4. La sumisión de cualesquiera otras actividades y operaciones a la autorización previa de la entidad titular o gestora del servicio, que debe de considerar su compatibilidad con la seguridad de las instalaciones y con la garantía de la continuidad del mismo servicio.

3. La entidad titular o gestora del servicio público de las instalaciones de las redes básicas de abastecimiento puede acordar o promover la expropiación forzosa de los derechos y las facultades sobre bienes de titularidad privada que resulten afectados por la definición de la zona de servidumbre establecida por el apartado 2, en relación con las instalaciones actualmente existentes. Con esta finalidad, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se entienden implícitas en la aprobación definitiva de los planes o proyectos correspondientes, según lo que establece el artículo 17.2 de la Ley de expropiación forzosa.

Artículo 31. Modificaciones de varias normas legales en materia de seguros de contratación obligatoria.

1. Se modifica el apartado 3 del artículo 4 de la Ley 38/1991, de 30 de diciembre, de instalaciones destinadas a actividades con niños y jóvenes, que queda redactado de la siguiente manera:

3. El titular de la autorización tiene la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil general para cubrir los riesgos derivados de la utilización de la instalación delante de usuarios y terceros, con unos límites mínimos de 150.253,03 euros por víctima y 1.202.024,21 euros por siniestro. La Generalidad puede actualizar anualmente estos límites, mediante la ley de presupuestos.

2. Se modifica el artículo 15 de la Ley 17/1997, de 24 de diciembre, de medidas administrativas y de organización, modificado por la Ley 25/1998, de 31 de diciembre y por la Ley 4/2000, de 26 de mayo, que queda redactado de la manera siguiente:

Artículo 15. Licencia de pesca.

Para el ejercicio de la pesca recreativa, los pescadores deben de tener la pertinente licencia, que debe ir acompañada del DNI o el NIF.

3. Se modifica el apartado 4 del artículo 3 de la Ley 10/1999, de 30 de julio, sobre la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos, que queda redactado de la siguiente manera:

4. Como condición indispensable para la tenencia y la posterior inclusión en el registro a que hace referencia el apartado 1, los propietarios de perros potencialmente peligrosos han de contratar una póliza de seguros de responsabilidad civil derivada de los daños que pueda ocasionar el perro con un mínimo de 150.253,03 euros por siniestro. En la póliza contratada debe de constar el número de identificación del perro. La Generalidad puede actualizar anualmente este límite, mediante la ley de presupuestos.

Artículo 32. Cesión de dominio a Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.

Se autoriza al Gobierno a ceder gratuitamente a Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña el dominio de bienes patrimoniales de la Generalidad para que sean destinados a la explotación ferroviaria durante un plazo de treinta años. El incumplimiento de esta obligación dentro del plazo establecido comporta la resolución de la cesión y los bienes cedidos deben de revertir en la Generalidad, la cual tiene el derecho de recibir el valor de los daños y detrimentos sufridos por los bienes objeto de reversión.

CAPÍTULO II.
MEDIDAS SOBRE EL SECTOR PÚBLICO.

SECCIÓN I. MODIFICACIONES DE LA LEY 4/1985, DE 29 DE MARZO, DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA PÚBLICA CATALANA.

Artículo 33. Modificaciones del artículo 35 de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública catalana.

1. Se modifica el punto 10 del artículo 35 de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, que queda redactado de la manera siguiente:

10. Cualquier variación de capital de las sociedades mercantiles en que la Generalidad, o cualquiera de las entidades a que se refiere el artículo 1, o la Corporación Catalana de Radio y Televisión, o el Servicio Catalán de la Salud tenga una participación directa o indirecta mayoritaria necesita la aprobación del Gobierno para formalizarla. Previamente, se precisa el informe de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad, que debe de emitirlo en el plazo máximo de quince días.

2. Se modifica el punto 11 del artículo 35 de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, que queda redactado de la manera siguiente:

11. Antes de la adopción del acuerdo a que se refieren los apartados 3, 4, 6, 7 y 9 de este artículo, se necesita el informe favorable del Departamento de Economía y Finanzas. Este requisito es exigible no tan sólo para las operaciones que hagan las entidades a las cuales se refiere el artículo 35.1, individualmente consideradas, sino también cuando actúen en el marco de corporaciones, uniones de empresas y entidades similares en que éstas estén incluidas y en los supuestos en que sean las mencionadas corporaciones, uniones y entidades similares las que hagan estas operaciones.

SECCIÓN II. INSTITUTO CATALÁN DE FINANZAS.

Artículo 34. Modificaciones de la Ley 2/1985, de 14 de enero, del Instituto Catalán de Finanzas.

1. Se modifica el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, del Instituto Catalán de Finanzas que queda redactado de la manera siguiente:

2. Con esta finalidad el Instituto ha de velar por la coordinación de su actividad con la de los órganos y las instituciones estatales y comunitarias responsables de la política económica y monetaria.

2. Se modifica el artículo 4 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, que queda redactado de la manera siguiente:

1. Para cumplir sus funciones, el Instituto Catalán de Finanzas puede utilizar los instrumentos de derecho público y de derecho privado adecuados y firmar convenios de colaboración, conciertos y protocolos de actuación con cualquier administración pública y cualquier ente o institución público o privado. La firma de estos convenios, conciertos y protocolos de actuación corresponde al consejero o consejera de Economía y Finanzas.

2. Las operaciones que, en cumplimiento de su actividad, realice el Instituto con personas físicas y con entidades jurídicas se deben de someter a las normas de derecho privado, en las condiciones establecidas por el artículo 11.

3. Se modifica el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, que queda redactado de la manera siguiente:

3. Los créditos y los avales que se concedan a las empresas privadas se deben de destinar a construir nuevas instalaciones, a ampliar o modificar las existentes, a adquirir maquinaria u otros medios de producción o de prestación de servicios, a potenciar su actividad productiva actual o futura, mediante la adquisición o la subscripción de acciones o participaciones de entidades mercantiles directamente o indirectamente relacionadas con aquélla o a construir obras públicas; en este último caso deben de tener la garantía de las certificaciones libradas por la Administración. Cuando se deban destinar a otras finalidades se precisa la autorización del Gobierno.

4. Se modifica el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, que queda redactado de la manera siguiente:

5. El Instituto Catalán de Finanzas concede sus créditos y avales para actividades que se deben realizar en Cataluña y para actividades que se desarrollan fuera de este territorio, pero, en este último caso, la empresa o el beneficiario afectado debe de tener su sede social en Cataluña. En la tramitación de los créditos y los avales relacionados con operaciones que se efectúen fuera de Cataluña, el Instituto ha de valorar, a los efectos de la conveniencia de estas autorizaciones, entre otras, el mantenimiento de la actividad en Cataluña de la empresa o beneficiario solicitante y los efectos positivos que para la economía catalana pueda tener la actividad a desarrollar.

5. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 12 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, con la redacción siguiente:

3. En el marco de la normativa mercantil y en los términos y las condiciones que se establezcan reglamentariamente, el Instituto Catalán de Finanzas puede constituir sociedades con la finalidad de agrupar las participaciones financieras y patrimoniales que pertenecen a la Administración de la Generalidad y a los entes que dependen de ella, las cuales sociedades pueden igualmente participar en fondos de cualquier tipo, ya sean mobiliarios o inmobiliarios, y también, en sociedades y fondos de garantía, y sociedades o fondos de capital-riesgo. Así mismo, aquellas sociedades pueden adquirir participaciones en otras sociedades mercantiles, ya sean éstas públicas o privadas. Por acuerdo del Gobierno se deben de determinar los ámbitos económicos en los que preferentemente se debe de actuar o participar por medio de los mencionados entes.

6. Se suprime el artículo 13 de la Ley 2/1985, de 14 de enero.

7. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 18 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, que quedan redactados de la manera siguiente:

2. El presidente o presidenta de la Junta de Gobierno es nombrado y separado libremente por el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, y le corresponde la representación ordinaria de la entidad en el orden judicial y en el extrajudicial. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del presidente o presidenta son ejercidas por el consejero delegado o consejera delegada del Instituto.

3. Integran la Junta como vocales natos el consejero delegado o consejera delegada y el director o directora general del Instituto, el secretario o secretaria de Promoción Económica y los directores generales de Presupuestos y Tesoro y de Política Financiera del Departamento de Economía y Finanzas. Estos vocales cesan como miembros de la Junta en el momento en que son separados de los cargos respectivos.

8. Se modifica el artículo 19 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, que queda redactado de la manera siguiente:

Son competencias de la Junta de Gobierno:

  1. Elevar a aprobación del Gobierno, mediante el Departamento de Economía y Finanzas, las directrices de actuación del Instituto.

  2. Elevar a aprobación del Gobierno, mediante el Departamento de Economía y Finanzas, las propuestas de presupuesto, la memoria, el balance y las cuentas de la entidad y las propuestas de aplicación de resultados.

  3. Proponer al Departamento de Economía y Finanzas la aprobación de las condiciones generales de los créditos y de los avales que concede el Instituto.

  4. Aprobar los contratos y las operaciones que firma el Instituto.

  5. Decidir sobre el ejercicio de los derechos patrimoniales y económicos del Instituto, sobre las acciones judiciales que le corresponden y sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

  6. Tomar acuerdos y dar instrucciones generales sobre todas las cuestiones relacionadas con la organización, el funcionamiento y las relaciones jurídicas del Instituto.

  7. Conocer la gestión del director o directora general y emitir opinión de ella.

  8. Emitir los informes que, mediante el Departamento de Economía y Finanzas, le piden el Gobierno o los departamentos.

9. Se modifica el artículo 21 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, que queda redactado de la manera siguiente:

1. La Junta de Gobierno puede constituir una o más comisiones ejecutivas y delegar en ellas todas o algunas de las competencias a que hace referencia el artículo 19.4 y 6.

2. La Junta de Gobierno puede delegar también estas facultades en el Director o Directora general, el cual ha de dar cuenta del ejercicio de las funciones delegadas mediante el Consejero delegado o Consejera delegada.

3. Con dependencia directa de la Junta de Gobierno, hay un consejero delegado el cual, con las funciones establecidas por esta Ley, coordina la ejecución de los acuerdos y las directrices de la Junta y la ejecución de las funciones que hayan sido delegadas por la Junta en las comisiones ejecutivas y en el director o directora general, cuyos resultados ha de dar cuenta a la Junta.

10. Se modifica el artículo 23 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, que queda redactado de la manera siguiente:

1. El consejero delegado o consejera delegada es nombrado y separado libremente por el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas.

2. Son funciones del consejero delegado o consejera delegada:

  1. La dirección y el control de la ejecución material de los acuerdos y de las directrices de actuación aprobados por la Junta.

  2. La coordinación y el control del ejercicio de las funciones delegadas por la Junta en las comisiones ejecutivas y en el director general.

  3. El control y el seguimiento de la gestión de las participaciones en empresas de que sea titular el Instituto.

  4. La preparación y la redacción de los documentos a que se refieren los apartados a, b y c del artículo 19.

  5. El ejercicio de las facultades que le sean delegadas por la Junta.

11. Se modifica el artículo 24 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, que queda redactado de la manera siguiente:

1. El director o directora generales nombrado y separado libremente por el Gobierno a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas.

2. Corresponde al director o directora general:

  1. La ejecución material de los acuerdos de la Junta de Gobierno, de acuerdo con las instrucciones de coordinación del consejero delegado.

  2. La organización de los servicios del Instituto, de acuerdo con las directrices aprobadas por la Junta.

12. Se modifica el apartado 3 del artículo 25 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, que queda redactado de la manera siguiente:

3. El subdirector o subdirectora general o los subdirectores generales cesan en el cargo si lo hace el director o directora general que los propuso. También pueden cesar por renuncia aceptada por la Junta de Gobierno o por acuerdo de ésta.

13. Se modifica el artículo 26 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, que queda redactado de la manera siguiente:

1. Los cargos de consejero delegado o consejera delegada, de director o directora general, de subdirector o subdirectora general y de vocal de la Junta de Gobierno están sujetos al régimen de incompatibilidades establecido por la legislación vigente.

2. Pueden formar parte de la Junta de Gobierno altos cargos de la Generalidad, los cuales no tienen derecho a retribución, excepto las dietas que se acuerden.

14. Se modifica el artículo 27 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, del Instituto Catalán de Finanzas, que queda redactado de la manera siguiente:

1. El Consejo Asesor del Instituto Catalán de Finanzas está compuesto por 15 vocales, de los que 10 tienen carácter electivo y el resto lo son por razón de su cargo.

2. Del número total de vocales electivos, 5 son designados por el Gobierno entre personas de competencia reconocida, procedentes del ámbito financiero, económico, social o universitario, y los otros 5 son designados por el Parlamento entre personas de la misma procedencia. A tal efecto, cada grupo parlamentario debe designar un vocal.

3. No obstante lo establecido en el apartado 2 de este artículo, en el caso de que el número de grupos parlamentarios representados en el Parlamento fuese superior o inferior a 5, debe incrementarse o reducirse, respectivamente, el número de los representantes parlamentarios, y a tal efecto se entiende como incrementado o reducido en el mismo número el total de vocales del Consejo Asesor.

4. Los 5 vocales por razón del cargo son el consejero o consejera de Economía y Finanzas, que actúa como presidente o presidenta; el secretario o secretaria general del Departamento de Economía y Finanzas; el secretario o secretaria de Programación Económica; el director o directora general de Política Financiera, y el consejero delegado o consejera delegada del Instituto.

5. Los consejeros electivos son nombrados por un período de cinco años, no renovables. En todo caso, son causas de finalización del mandato:

  1. La finalización del período para el que fueron designados,

  2. La defunción,

  3. La renuncia expresa, comunicada por escrito al consejero o consejera de Economía y Finanzas o al presidente o presidenta del Parlamento.

6. En caso de vacante sobrevenida como consecuencia de lo dispuesto en las letras b y c del apartado 5, el Gobierno o, si procede, el grupo parlamentario correspondiente deben designar, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, un nuevo miembro, cuyo mandato termina en la fecha en que habría terminado el mandato del vocal sustituido.

7. El secretario o secretaria del Consejo Asesor, que no tiene derecho a voto, es el de la Junta de Gobierno.

8. El Consejo Asesor puede constituir comisiones para el estudio de cuestiones determinadas.

15. Se modifica el apartado 2 del artículo 30 de la Ley 2/1985, de 14 de enero, que queda redactado de la manera siguiente:

2. Emite también los informes que la Junta de Gobierno, el Consejero delegado o Consejera delegada o el Director o Directora general le pidan.

SECCIÓN III. INSTITUTO CATALÁN DEL CRÉDITO AGRARIO.

Artículo 35. Modificaciones de la Ley 4/1984, de 24 de febrero, del Instituto Catalán del Crédito Agrario.

1. Se añade un nuevo párrafo al artículo 1 de la Ley 4/1984, de 24 de febrero, con la redacción siguiente:

Las operaciones a que se refiere este artículo se podrán desarrollar en Cataluña o fuera de su ámbito territorial, pero en este último caso la empresa o el beneficiario afectado ha de tener la sede social en Cataluña. En la tramitación de los créditos y los avales relacionados con operaciones que se efectúen fuera de Cataluña, el Instituto valora, entre otros, a efectos de conveniencia de estas autorizaciones, el mantenimiento de la actividad en Cataluña de la empresa o el beneficiario solicitante y los efectos positivos que para la economía catalana pueda tener la actividad a desarrollar.

2. Se añade una nueva letra i bis en el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 4/1984, de 24 de febrero, con la redacción siguiente:

I bis. El Instituto Catalán del Crédito Agrario puede igualmente conceder préstamos o avales a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que desarrollen actividades relacionadas directamente o indirectamente con el medio rural, y su explotación económica.

3. Se añade una nueva letra i al artículo 16 de la Ley 4/1984, de 24 de febrero, con la redacción siguiente:

  1. Un fondo que el Instituto Catalán del Crédito Agrario debe de dotar con cargo a los excedentes anuales a afrontar para cubrir el mayor riesgo por la aplicación de recursos públicos para afrontar la morosidad producida y prevista en el ejercicio de sus funciones.

SECCIÓN IV. EL CONSEJO CATALÁN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA INTEGRADA.

Artículo 36. Creación y funciones del Consejo Catalán de la Producción Integrada.

1. Se crea el Consejo Catalán de la Producción Integrada, corporación de derecho público con personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar por el cumplimiento de las funciones derivadas del régimen jurídico aplicable a la producción agraria integrada.

2. A los efectos de esta Ley, se entiende por producción integrada el sistema agrícola de producción de alimentos obtenidos mediante métodos de producción en los cuales se aplica una combinación armónica de factores biológicos, agronómicos, químicos y biotecnológicos, con la finalidad de optimizar la calidad del producto con un máximo respeto por el medio ambiente.

3. El Consejo Catalán de la Producción Integrada ajusta su actividad al derecho privado con carácter general, excepto en la actuación derivada de la inscripción en los registros establecidos por la normativa vigente y en las funciones de supervisión y de acreditación del cumplimiento del sistema de control y del régimen sancionador establecido por el artículo 38.

4. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca puede delegar en el Consejo el ejercicio de otras funciones públicas necesarias para el cumplimiento de sus finalidades y ejerce sobre el Consejo la tutela administrativa.

5. Los actos del Consejo sujetos al derecho administrativo son objeto de recurso, en el plazo y con los requisitos que establecen las normas del procedimiento administrativo.

6. Se faculta al Gobierno para hacer las adaptaciones necesarias de la normativa vigente reguladora de la producción agraria integrada.

Artículo 37. Tasas del Consejo Catalán de la Producción Integrada.

1. Por la prestación de los servicios inherentes al sistema de control de la producción integrada, los operadores que quieran acogerse a este sistema de producción quedan obligados al pago de las tasas que regula la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.

2. Las tasas del Consejo tienen carácter finalista, por lo cual, de acuerdo con lo que establece el artículo 3 de la mencionada Ley, los ingresos derivados de las tasas quedan afectados al financiamiento del coste de los servicios prestados por el Consejo Catalán de la Producción Integrada.

Artículo 38. Régimen sancionador.

1. Tiene la consideración de infracción administrativa el incumplimiento de las normas relativas a la producción, la elaboración, la conservación, el almacenamiento, el envasado, la transformación, la comercialización y la importación de los productos amparados por el sistema de producción agraria integrada.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con la tipificación siguiente:

  1. Son infracciones leves las actuaciones o las omisiones de carácter administrativo que no implican ninguna variación en el método de producción agraria integrada y las que no pueden ser calificadas como graves o muy graves.

  2. Son infracciones graves las derivadas de la falta de control propio o de precaución exigible en la actividad, las instalaciones o los procesos de producción o elaboración y transformación, y también la reincidencia en la comisión de infracciones leves durante el período de un año.

  3. Son infracciones muy graves las que implican prescindir totalmente del método de producción agraria integrada y de la indicación de éste en los productos agrarios alimenticios y también la reincidencia en la comisión de infracciones graves durante el período de un año.

3. Las infracciones están sancionadas con las siguientes multas, las cuales se deben incrementar hasta el total del beneficio obtenido por el infractor, en el caso que no hubiera habido:

  1. Las infracciones leves, multa de hasta 300 euros.

  2. Las infracciones graves, multa de 301 euros a 6.000 euros y retirada del derecho a la utilización de la indicación del método de producción agraria integrada en toda la producción del operador infractor durante un período de tres meses a un año.

  3. Las infracciones muy graves, multa de 6.001 euros a 30.000 euros y retirada del derecho de utilización de la indicación del método de producción agraria integrada en toda la producción del operador infractor durante un período mínimo de un año y máximo de cinco. En caso de reincidencia en la comisión de infracciones muy graves en el período de dos años, el infractor debe de ser dado de baja de oficio del registro correspondiente.

4. Las sanciones graves y muy graves pueden ir acompañadas del decomiso de la mercadería o el producto afectado por la infracción. En este caso, los gastos que se originen deben de ser asumidos por el infractor.

5. Las sanciones se deben de graduar de acuerdo con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción teniendo en cuenta el volumen de producción o de ventas afectadas, el efecto perjudicial que la infracción haya producido sobre los precios o sobre los mismos sectores implicados, el número de consumidores o usuarios afectados y, en general, los daños y los perjuicios producidos.

6. Los ingresos derivados de la imposición de las sanciones quedan afectados a la financiación del coste de los servicios prestados por el Consejo Catalán de la Producción Agraria Integrada.

7. Son competentes para la imposición de las sanciones los órganos siguientes:

  1. El presidente o presidenta del Consejo Catalán de la Producción Agraria Integrada.

  2. El consejero o consejera titular del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, en caso de imposición de sanciones de cuantía superior a las muy graves, por razón del beneficio más grande obtenido por el infractor.

SECCIÓN V. INSTITUTO CATALÁN DEL SUELO.

Artículo 39. Modificación de la Ley 4/1980, de 16 de diciembre, de creación del Instituto Catalán del Suelo.

Se modifica el apartado 5 del artículo 1 de la Ley 4/1980, de 16 de diciembre, de creación del Instituto Catalán del Suelo, modificado por el artículo 27 de la Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactado de la manera siguiente:

5. El objetivo del Instituto Catalán del Suelo es la promoción de suelo urbanizado, el fomento de la vivienda y la gestión de equipamientos públicos, con la finalidad de atender necesidades colectivas, remodelaciones urbanas, creación de espacios libres y zonas verdes, dotaciones y equipamientos.

SECCIÓN VI. FERROCARRILES DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA.

Artículo 40. Modificación del objeto social de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.

1. Constituye el objeto de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña:

  1. La explotación, la gestión y la administración de líneas de ferrocarriles (incluyendo en ellas las líneas transferidas a la Generalidad, las que, en virtud de la legislación vigente, le sean transferidas a partir de ahora, u otras que en el futuro la Generalidad pueda legalmente establecer o asumir, de servicios de transporte que puedan ser auxiliares, complementarios, alternativos o substitutivos del ferrocarril, y también de cualquier otro medio de transporte que se establezca como propio o de terceros encargado por la Generalidad.

  2. La construcción y, si procede, la administración y la gestión de infraestructuras ferroviarias que sean competencia de la Generalidad y que expresamente le atribuya el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, y también su ampliación, renovación, modificación, supresión y levantamiento, sin perjuicio de las funciones encomendadas al Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.

  3. La construcción de obras e instalaciones, su ampliación, renovación o mejora y su explotación, tanto las relacionadas con el transporte como las relacionadas con la promoción urbanística, los servicios turísticos, deportivos, de tiempo libre u ocio.

  4. La prestación de servicios de ingeniería, de asesoramiento técnico y, en general, de asistencia técnica o de otros servicios de asesoramiento empresarial generados por su propia gestión.

  5. La construcción y la explotación de infraestructuras y la prestación de servicios de telecomunicación o de otros vinculados o relacionados con infraestructuras ferroviarias.

  6. La promoción urbanística y la prestación, la gestión, la explotación y la comercialización de servicios turísticos, deportivos, de tiempo libre u ocio.

2. Para cumplir con su objeto, Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña puede actuar directamente o por medio de la constitución de sociedades, empresas, u otros tipos de entidades, o participando en ello directamente o indirectamente, o con cualquier otra forma de colaboración empresarial.

3. Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña puede realizar todos los actos de gestión y disposición para cumplir con su objetivo, y todas las actividades mercantiles, industriales y de servicios, de investigación y de transferencia de tecnología que sean necesarias.

SECCIÓN VII. PUERTOS DE CATALUÑA.

Artículo 41. Modificaciones del artículo 10 de la Ley 17/1996, de 27 de diciembre, por la cual se fijan los precios públicos que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público.

Se incrementan en un 10,23 % las cuantías de las tarifas establecidas por el punto a de la tarifa C1, por el punto primero de la tarifa C2, por el punto b de la tarifa A1, por el punto b de la tarifa A2 y por el punto b de la tarifa A3 del artículo 10 de la Ley 17/1996, de 27 de diciembre, por la cual se fijan los precios públicos que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público.

Artículo 42. Modificaciones del anexo I de la Ley 5/1998, de 17 de abril, de Puertos de Cataluña.

1. Se incrementan en un 3 % las tarifas establecidas por los apartados siguientes:

  • Apartado 3.1.4 de la tarifa G-1.

  • Apartado 3.2.4 de la tarifa G-2.

  • Letra a del apartado 3.3.4 de la tarifa G-3.

  • Apartado 3.5.4 de la tarifa G-5.

  • Punto 1 del apartado 4.1.4 de la tarifa E-1.

  • Punto 3 del apartado 4.1.4 de la tarifa E-1.

  • Punto 1 del apartado 4.2.4 de la tarifa E-2.

  • Apartado 4.4.4 de la tarifa E-4.

  • Apartado 4.5.4 de la tarifa E-5.

2. Se reducen las cuantías de la tarifa G-3, establecidas por la letra b del apartado 3.3.4, en cuanto a las mercaderías de los grupos segundo, tercero, cuarto y quinto, que quedan establecidas en 1,09 euros, 1,69 euros, 2,45 euros y 3,42 euros por tonelada métrica, respectivamente.

3. Se incrementa la tarifa E-1, establecida por el punto 2 del apartado 4.1.4, relativa a la utilización de la báscula, que se establece en 3,31 euros pesada (personal incluido).

4. Se incrementa la tarifa E-4, establecida en la letra a del apartado 4.4.4, relativa a la rampa de botadura, que se establece en 6 euros por operación.

5. Se añade un nuevo apartado al punto 1 del apartado 4.1.4 (tarifa E-1):

Hora de grúa de más de 12 toneladas: 90,15 euros.

6. Se suprime el punto utensilios de pesca del punto 1 del apartado 4.2.4 (tarifa E-2).

SECCIÓN VIII. ENTIDAD AUTÓNOMA DE ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS Y FIESTAS.

Artículo 43. Nueva denominación de la Entidad Autónoma de Organización de Espectáculos y Fiestas.

La Entidad Autónoma de Organización de Espectáculos y Fiestas pasa a denominarse Entidad Autónoma de Difusión Cultural. Todas las referencias a la mencionada entidad que constan en la Ley 8/1981, de 2 de noviembre y en toda otra legislación vigente quedan substituidas por la nueva denominación.

Artículo 44. Modificaciones de la Ley 8/1981, de 2 de noviembre, que crea la Entidad Autónoma de Organización de Espectáculos y Fiestas.

1. Se modifica el artículo 3 de la Ley 8/1981, de 2 de noviembre, el cual pasa a tener la redacción siguiente:

Artículo 3.

La Entidad Autónoma de Difusión Cultural tiene por función organizar espectáculos, actuaciones, exposiciones y acontecimientos en el campo de la música, la danza, las artes plásticas, la creación artística y la cultura popular y tradicional, y de llevar a cabo otras actividades culturales programadas en ejecución de las políticas establecidas por los órganos competentes del Departamento de Cultura.

2. Se modifica el apartado 2 del artículo 6 de la Ley 8/1981, de 2 de noviembre, el cual pasa a tener la siguiente redacción:

2. La composición del Consejo de Administración de debe de establecer por reglamento.

CAPÍTULO III.
MEDIDAS EN MATERIA DE PERSONAL.

SECCIÓN I . MODIFICACIONES DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/1997, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL CUAL SE APRUEBA LA REFUNDICIÓN EN UN TEXTO ÚNICO DE LOS PRECEPTOS DE DETERMINADOS TEXTOS LEGALES VIGENTES EN CATALUÑA EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA.

Artículo 45. Modificaciones del texto único de la Ley de la función pública de la Administración de la Generalidad aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre.

1. Se añaden dos nuevos apartados al artículo 82 del texto único de la Ley de la función pública de la Administración de la Generalidad, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, con el redactado siguiente:

En el supuesto de que la situación de servicios especiales se haya otorgado a funcionarios de la Administración de la Generalidad o de las entidades locales por ser diputado o diputada al Parlamento de Cataluña, diputado o diputada al Congreso, o senador o senadora o por nombramiento mediante decreto del Gobierno para ocupar puestos con rango orgánico igual o superior a director general, el tiempo transcurrido en el ejercicio de estos cargos computa a los efectos de la consolidación de grado personal, en la forma, los plazos y las condiciones establecidos por la normativa de la función pública, respecto al nivel superior de clasificación dentro del grupo al cual pertenece el funcionario titular de los mencionados puestos.

Las disposiciones del apartado de este artículo también son aplicables a los funcionarios que han ejercido cargos ejecutivos en los entes públicos a los cuales hacen referencia las letras a y b del artículo 1 de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública catalana.

2. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 97 del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, con la redacción siguiente:

6. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier motivo, deban de permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tienen derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tienen derecho a una reducción de la jornada de trabajo, hasta el máximo de dos horas, con percepción de las retribuciones íntegras. Mediante reglamento, se debe regular la reducción de jornada por estos motivos.

En estos supuestos, el permiso de maternidad se puede computar, a instancia de la madre o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de este cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de descanso obligatorio para la madre.

Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 97 del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, con la redacción siguiente:

7. Deben tenerse en cuenta las necesidades especiales de los empleados públicos de las administraciones de Cataluña que tienen hijos con discapacitación psíquica, física o sensorial, a los cuales debe garantizarse, como mínimo, más flexibilidad horaria, que les permita conciliar los horarios de los centros de educación especial u otros centros donde reciba atención el hijo discapacitado con los horarios de los propios puestos de trabajo, teniendo en cuenta la situación del domicilio familiar.

7 bis. Al efecto de lo determinado por el apartado 7, los trabajadores públicos con hijos discapacitados gozan de dos horas de flexibilidad horaria diaria. También se puede otorgar un permiso retribuido para asistir a reuniones de coordinación ordinaria con finalidades psicopedagógicas con el centro de educación especial o de atención precoz donde reciba tratamiento el hijo o bien para acompañar a éste si debe recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario.

7 ter. En el supuesto de que dos personas generen el mismo derecho por un sujeto causante, sólo una de ellas podrá disfrutar del mismo.

Artículo 46. De adición de un nuevo apartado a la disposición adicional undécima del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública.

Se añade un nuevo apartado 3 a la disposición adicional undécima del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, con el texto siguiente:

3. Las garantías retributivas establecidas por el apartado anterior también son aplicables, en los mismos términos, a los funcionarios de carrera que ejercen o hayan ejercido durante más de dos años seguidos o tres con interrupciones un cargo de carácter ejecutivo mediante un nombramiento por decreto del Gobierno, en los entes públicos a que hacen referencia las letras a y b del artículo 1 de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública catalana.

SECCIÓN II. CUERPO DE ABOGADOS.

Artículo 47. Modificación de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

Se modifica el primer inciso del apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley 7/1996, de 5 de julio, que queda redactada de la manera siguiente:

Segunda.

1. La plantilla de abogados de la Generalidad se fija en un máximo de ciento treinta plazas.

SECCIÓN III. MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/1994, DE 4 DE MAYO, DE REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE CATALUÑA.

Artículo 48. Adición de una disposición transitoria décima a la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos de Cataluña.

Se añade una disposición transitoria décima a la Ley 5/1994, de 4 de mayo, con la redacción siguiente:

Décima.

En la primera convocatoria para el acceso por promoción interna a la categoría de caporal de la escala técnica desde la categoría de bombero de primera no es exigible, excepcionalmente, la antigüedad mínima de tres años en la categoría inmediatamente inferior.

SECCIÓN IV. MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/1994, DE 11 DE JULIO, DE LA POLICÍA DE LA GENERALIDAD-MOZOS DE ESCUADRA.

Artículo 49. Modificación del artículo 22 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra.

SECCIÓN V. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE DETERMINADOS CUERPOS Y ESCALAS.

Artículo 50. Régimen de incompatibilidades de determinados cuerpos y escales.

Los miembros del cuerpo de interventores de la Generalidad y los miembros de las escalas de inspectores financieros y de inspectores tributarios dentro del Cuerpo Superior de Administración de la Generalidad, han de desarrollar sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, con incompatibilidad respecto a cualquier otra actividad profesional. De este régimen se exceptúan las actividades compatibles que establece el capítulo II de la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Generalidad, las de profesor universitario asociado a tiempo parcial y las tareas docentes a tiempo parcial en el ámbito privado.

CAPÍTULO IV.
OTRAS MEDIDAS.

SECCIÓN I. MEDIDAS EN MATERIA DE PESCA MARÍTIMA.

Artículo 51. Modificaciones del título V de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, de pesca marítima de Cataluña.

1. Se modifica el inciso segundo de la letra a del apartado 1 del artículo 20 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:

El ejercicio del marisqueo o pesca sin llevar los artes señalizados o con más artes de los permitidos.

2. Se modifica la letra d del apartado 1 del artículo 20 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:

  1. En materia de actividades náuticas y subacuáticas de recreo.

3. Se añaden dos párrafos a la letra e del apartado 1 del artículo 20 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, con la redacción siguiente:

  • Cargar productos pesqueros fuera de los sitios o puertos fijados a este efecto.

  • El retraso o cualquier incumplimiento de las preceptivas obligaciones de información a las administraciones públicas, que son preceptivas.

4. Se modifica el párrafo segundo de la letra a del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:

  • Poseer, antes de su primera venta, especies pesqueras o marisqueras de talla o peso antirreglamentario.

  • Extraer moluscos y otros invertebrados marinos no autorizados o prohibidos según las diferentes zonas declaradas del litoral Catalán.

5. Se modifica el párrafo tercero de la letra a del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:

Pescar o mariscar en fondos prohibidos, en época o zona de veda o prohibida.

6. Se modifica el párrafo duodécimo de la letra a del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:

La utilización o la tenencia de artes, aperos o útiles antirreglamentarios o prohibidos.

7. Se añaden tres párrafos a la letra a del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, con la redacción siguiente:

  • Pescar al arrastre o mariscar con rastrillo de cadenas y jaulas en zonas de algas.

  • Destruir las zonas de herbazales de fanerógamas, sus bancos de arena u otras zonas declaradas de protección pesquera debidamente señalizados.

  • Arrancar o destruir las señales de delimitación de los espacios de protección pesquera.

  • Pescar con artes de arrastre o de cercamiento en zonas de arrecifes artificiales.

8. Se modifica la letra d del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, que queda redactada de la manera siguiente:

  1. En materia de actividades náuticas y subacuáticas de recreo.

9. Se añaden tres párrafos a la letra e del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, con la redacción siguiente:

  • El ejercicio de actividades profesionales pesqueras sin estar en posesión de la titulación que acredita la capacitación y la formación profesional náutico-pesquera.

  • La realización de operaciones de construcción o modernización de barcos pesqueros incumpliendo la normativa vigente.

  • El incumplimiento de los descansos de pesca establecidos por la normativa vigente.

10. Se suprimen los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto de la letra a del apartado 3 del artículo 20.

11. Se modifica la letra b del apartado 3 del artículo 20 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, de pesca marítima de Cataluña, que queda redactada de la manera siguiente:

  1. En materia de actividades náuticas y subacuáticas de recreo.

12. Se modifica el artículo 21 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:

Artículo 21.

1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Generalidad de Cataluña ejerce la inspección de las actividades que son competencia de la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos.

2. Para el ejercicio de la función inspectora de las materias consignadas por el apartado 1, es imprescindible disponer de una habilitación personal otorgada por la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca según se establezca por vía reglamentaria.

13. Se modifica el número 1 del apartado 1 del artículo 22 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:

Infracciones leves:

  • Apercibimiento o multa de 60 a 300 euros.

14. Se modifica el número 2 del apartado 1 del artículo 22 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:

Infracciones graves:

  • Multa de 301 a 60.000 euros.

15. Se modifica el número 3 del apartado 1 del artículo 22 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:

Infracciones muy graves:

  • Multa de 60.001 a 300.000 euros.

16. Se añade la letra e al apartado 2 del artículo 22 de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, con la redacción siguiente:

  1. Decomiso de artes, útiles y aperos.

17. Se añade la letra e al artículo 22.bis de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, con la redacción siguiente:

  1. Características biológicas, la talla, el peso en kilogramos de las especies ilícitas objeto de infracción.

SECCIÓN II. MEDIDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.

Artículo 52. Modificaciones de la Ley 5/1990, de 9 de marzo, de infraestructuras hidráulicas de Cataluña.

1. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 26 de la Ley 5/1990, de 9 de marzo, y se le añade un apartado 4, que quedan redactados de la manera siguiente:

1. El importe de la contribución económica de los beneficiarios, sea cual sea su modalidad, se debe de acordar para cada caso y debe de ser:

  1. El 40 % del coste total de inversión, en el caso de mejora de regadíos existentes.

  2. El 30 % del coste total de inversión, en el caso de regadíos de nueva implantación o de ampliación de zonas regables.

  3. El 30 % del coste total de inversión en el caso de obras de mejora de regadíos existentes en que el ahorro de agua se produce como consecuencia de las dichas obras y los remanentes hídricos quedan a disposición de la Agencia Catalana del Agua, que debe de hacer su gestión.

  4. El 20 % del coste total de la inversión, en la mejora de regadíos existentes con dotación de regadíos nombrados de soporte. Se entienden como "regadíos de soporte" los regadíos que tengan una dotación máxima por hectárea y año de 3.500 m³. Excepcionalmente, el Gobierno puede incrementar esta dotación en aquellos casos en que no haya un cambio substancial de los cultivos actuales.

  5. En el caso de actuaciones de mejora de regadíos existentes y de ampliación de zonas regables ejecutadas simultáneamente en el tiempo y para un mismo beneficiario, es aplicable la ponderación de los porcentajes que se derivan para cada actuación. No obstante, el Gobierno puede, excepcionalmente, modificar esta ponderación.

  6. El 30 % del coste total de inversión, en el caso de mejora de regadíos existentes que se realice por el procedimiento de concentración parcelaria, y el 15 % del coste total de inversión, en la mejora de regadíos existentes con dotación de regadíos dichos de soporte que se realice por el procedimiento de concentración parcelaria. Se entienden por "regadíos de soporte" los regadíos que tengan una dotación máxima por hectárea y año de 3.500 m³. Excepcionalmente, el Gobierno puede incrementar esta dotación en los casos en que no haya un cambio substancial de los cultivos actuales.

2. En el presupuesto total de las inversiones se debe de incluir el coste de los trabajos, los estudios y los proyectos previos a la ejecución de las obras y tambien el coste de adquisición de los bienes y los derechos necesarios y de restitución, si procede, de las afecciones producidas. El valor de los terrenos aportados por los beneficiarios se deben de deducir, a la vista de la tasación hecha por la Administración, de la aportación económica que se haya acordado.

3. El coste de las obras de mejora de regadíos, de ampliación de las zonas regables y de regadíos de nueva implantación que se abastecen con aguas procedentes de estaciones depuradoras debe de ir el 30 % a cargo de los beneficiarios, excepto que se trate de regadíos de soporte, en cuyo caso la participación debe de ser del 15 %, y el 70 restante a cargo del departamento competente en materia de regadíos. En este caso, cuando se trate de obras de infraestructura para la reutilización y de obras de substitución, la Agencia Catalana del Agua ha de participar conjuntamente con el departamento competente en materia de regadíos en la financiación de los gastos. Excepcionalmente, el Gobierno puede incrementar esta dotación en los casos en que no haya un cambio substancial de los cultivos actuales.

4. Excepcionalmente, el Gobierno, por causas debidamente justificadas derivadas de reparaciones de infraestructuras de regadío afectadas por catástrofes naturales, puede reducir los porcentajes a cargo de los beneficiarios establecidos por los apartados 1, 2 y 3, a propuesta del departamento competente en materia de regadíos o a propuesta conjunta de éste y del competente en materia de aguas, cuando proceda.

2. Se añade un nuevo apartado al artículo 27 de la Ley 5/1990, de 9 de marzo, que queda redactado de la manera siguiente:

Sin perjuicio de lo que dispone este artículo, el Gobierno, en circunstancias debidamente justificadas, puede acordar otros sistemas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de los beneficiarios.

3. Se añade un nuevo párrafo a la disposición transitoria primera de la Ley 5/1990, de 9 de marzo, que queda redactado de la manera siguiente:

El régimen de aportaciones fijado por el artículo 26 para las obras de mejora de regadíos existentes o de ampliación de zonas regables también es aplicable a las actuaciones a realizar en las zonas que antes de la entrada en vigor de esta Ley han sido declaradas de interés nacional, de acuerdo con la legislación vigente en materia de promoción de regadíos; sin perjuicio de las aportaciones económicas que en virtud de aquella declaración, puedan hacer otras administraciones públicas.

4. Se añade un nuevo párrafo a la disposición transitoria segunda de la Ley 5/1990, de 9 de marzo, que queda redactada de la manera siguiente:

No obstante lo que dispone el párrafo anterior, los beneficiarios pueden pedir al departamento competente en materia de regadíos que les sea aplicado el régimen de aportaciones económicas establecido por el artículo 26.

SECCIÓN III. MEDIDAS EN MATERIA DE COMERCIO.

Artículo 53. Modificaciones del capítulo IV del Decreto Legislativo 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, por el cual se aprueba el texto refundido de los preceptos de la Ley 1/1983, de 18 de febrero, y la Ley 23/1991, de 29 de noviembre.

1. Se modifica el apartado 3 de la letra a del artículo 45 del Decreto Legislativo 1/1993, que queda redactado de la manera siguiente:

3. El incumplimiento de la obligación de inscripción en el Registro correspondiente.

2. Se modifica el artículo 48 del Decreto Legislativo 1/1993, de 9 de marzo, de comercio interior, que queda redactado de la manera siguiente:

Artículo 48. Sanciones.

Las infracciones a que se refiere esta Ley se sancionan, con instrucción previa del expediente administrativo correspondiente, de la forma siguiente:

  1. Infracciones leves: multa de una cuantía de hasta 60.000 euros.

  2. Infracciones graves: multa de una cuantía comprendida entre 60.000,01 y 300.500 euros.

  3. Infracciones muy graves: multa de una cuantía comprendida entre 300.500,01 y 600.000 euros, la cual se puede ultrapasar hasta llegar al decuplo del valor de los productos o los servicios objeto de la infracción.

3. Se modifica la letra e del artículo 49 del Decreto Legislativo 1/1993, de 9 de marzo, de comercio interior, que queda redactada de la manera siguiente:

  1. La situación de predominio del infractor en el mercado, aunque no se trate de la primera empresa del sector en el mercado.

4. Se modifica la letra a del apartado 1 del artículo 51 del Decreto Legislativo 1/1993, de 9 de marzo, de comercio interior, que queda redactada de la manera siguiente:

  1. Un año, en los casos de sanciones por infracciones leves.

Artículo 54. Modificaciones de la Ley 17/2000, de 29 de diciembre, de equipamientos comerciales.

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 17/2000, de 29 de diciembre, que queda redactado de la manera siguiente:

1. A las infracciones tipificadas por el artículo 21 se aplican, sin perjuicio de lo que establece el artículo 23, las sanciones siguientes:

  1. Infracciones leves: multa de 6.000 a 60.000 euros.

  2. Infracciones graves: una multa de 60.000,01 a 300.500 euros.

  3. Infracciones muy graves: una multa de 300.500,01 a 600.000 euros.

2. Se modifica el apartado 2 del artículo 23 de la Ley 17/2000, de 29 de diciembre, que queda redactado de la manera siguiente:

2. El órgano competente puede imponer multas coercitivas hasta la cantidad de 3.005 euros por cada requerimiento, si el establecimiento no dispone de la licencia correspondiente.

Artículo 55. Modificación del capítulo XIII de la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y de los usuarios.

Se modifica la letra c del artículo 29 de la Ley 1/1990, de 8 de enero, que queda redactada de la manera siguiente:

  1. Las corporaciones locales, en el ámbito de su competencia según la legislación de régimen local vigente, para la imposición de sanciones hasta un límite máximo de 60.000 euros. Por reglamento se deben de establecer dentro de este ámbito competencial y hasta este límite máximo, las que corresponde imponer a las corporaciones locales según las bases de población y el tipo de infracciones.

SECCIÓN IV. MEDIDAS SOBRE EL RÉGIMEN SANCIONADOR DEL JUEGO.

Artículo 56. Modificación de la Ley 1/1991, de 27 de febrero, reguladora del régimen sancionador en materia de juego.

1. Se modifica el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 1/1991, de 27 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:

2. Cuando un mismo hecho, cometido por un mismo sujeto, puede ser considerado como constitutivo de infracciones administrativas diferentes, sólo se impone la sanción que corresponde al tipo de infracción más grave y las otras infracciones se considerarán como circunstancias agravantes para hacer su graduación, excepto que haya infracción administrativa tributaria.

2. Se modifica la letra c del artículo 3 de la Ley 1/1991, de 27 de febrero, que queda redactada de la manera siguiente:

  1. Incumplir las medidas cautelares adoptadas por la Administración en los procedimientos sancionadores.

3. Se modifica la letra n del artículo 3 de la Ley 1/1991, de 27 de febrero, que queda redactada de la manera siguiente:

  1. Modificar unilateralmente o incumplir cualquiera de las condiciones en función de las cuales han sido concedidas las autorizaciones preceptivas o específicas.

4. Se modifica la letra g del artículo 4 de la Ley 1/1991, de 27 de febrero, que queda redactada de la manera siguiente:

  1. No disponer de registros de visitantes y de personas que tienen prohibido el acceso en los locales autorizados para el juego, o tenerlos incompletos o inexactos, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento.

5. Se modifica el artículo 5 de la Ley 1/1991, de 27 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:

Artículo 5. Infracciones leves.

Tienen la consideración de faltas leves las infracciones que supone el incumplimiento, por acción o por omisión, de las obligaciones, los requisitos o las prohibiciones establecidos por esta Ley y por las normas reglamentarias que la desarrollen y concreten, cuando no estén tipificadas como faltas muy graves o graves.

6. Se modifica el artículo 17 de la Ley 1/1991, de 27 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:

Artículo 17. Régimen de recursos.

1. Contra las resoluciones de los delegados del Gobierno se puede interponer recurso de alzada ante el director o directora general del Juego y de Espectáculos.

2. Contra las resoluciones del director o directora general del Juego y de Espectáculos, excepto en las resolutorias de recurso, se puede interponer recurso de alzada ante el consejero o consejera de interior.

3. Las resoluciones del consejero o consejera de interior y las del Gobierno, que agotan la vía administrativa, pueden ser impugnadas de acuerdo con lo que establece la legislación de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

7. Se añade una disposición adicional tercera a la Ley 1/1991, de 27 de febrero, reguladora del régimen sancionador en materia de juego, con el texto siguiente:

Tercera. Todas las referencias que esta Ley hace al Departamento de Gobernación o al consejero o consejera de Gobernación, se deben entender referidas al Departamento de Interior o al consejero o consejera de interior.

8. Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley 1/1991, de 27 de febrero, reguladora del régimen sancionador en materia de juego, con el texto siguiente:

Cuarta. Se prevé la cesión de datos a las empresas titulares de autorizaciones en materia de casinos y bingos de la base de datos de la Dirección General del Juego y de Espectáculos, relativa a las personas que tienen prohibida la entrada a bingos y casinos, según establecen el artículo 30 del Decreto 147/2000, de 11 de abril, y el artículo 21 del Decreto 204/2001, de 24 de julio.

SECCIÓN V. MEDIDAS EN MATERIA DE CARRETERAS Y AUTOPISTAS.

Artículo 57. Modificaciones de la Ley 7/1993, de 30 de septiembre, de carreteras.

Artículo 58. Sistema de aportaciones públicas para la financiación de autopistas y yías en régimen de con cesión.

1. La Generalidad puede contribuir a financiar la construcción o la explotación de nuevas autopistas, de vías en régimen de concesión y de prolongaciones de las existentes mediante aportaciones públicas cuando concurran singulares exigencias derivadas del fin público o el interés general.

2. A efectos de determinación del importe de la aportación pública, se debe de elaborar, previamente, en cada caso, el correspondiente estudio económico de viabilidad en donde se analicen, entre otros aspectos, las diferentes hipótesis de aportación en relación con el marco económico de referencia de la concesión y su estudio de tráfico.

3. Los pliegos de cláusulas particulares y, si procede, el decreto de adjudicación de la concesión han de determinar:

  1. La aportación máxima, su naturaleza y, si procede, el concepto presupuestario en que se debe de aplicar.

  2. El sistema de cuantificación y determinación de la aportación, de acuerdo con el estudio económico previo, los estudios de tráfico y el plan económico y financiero de la concesión.

  3. En el supuesto de aportación temporal o periódica, la previsión o no previsión de su reembolso total o parcial cuando la cuenta de resultados anuales del concesionario sea positiva o se dé cualquier otra circunstancia que se especifique.

  4. El plazo de percepción, que en ningún caso puede ser superior al plazo de la concesión.

4. La Intervención General de la Generalidad y el Departamento de Economía y Finanzas deben de informar preceptivamente sobre los pliegos de cláusulas particulares y sus modificaciones posteriores, por lo que hace al sistema de aportación y el plazo del mismo.

SECCIÓN VI. LICENCIAS URBANÍSTICAS.

Artículo 59. Control urbanístico municipal previo de determinadas obras ferroviarias.

Las obras de construcción, reparación, conservación, mejora o ampliación de las infraestructuras y las supraestructuras ferroviarias promovidas por la Generalidad, sus entidades autónomas y las entidades de derecho público que están adscritas a la misma no están sujetas a licencia urbanística municipal ni a ningún otro control urbanístico municipal previo, sin perjuicio del informe que puedan emitir sobre la adecuación de las obras al planeamiento urbanístico. Se entiende que el informe es favorable si transcurre un mes desde la recepción de la documentación sin que se haya emitido de manera expresa.

SECCIÓN VII. MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

Artículo 60. Modificación de la Ley 24/1991, de la vivienda.

Se modifica el artículo 39 de la Ley 24/1991, de la vivienda, modificado por la Ley 7/1998, de 8 de junio, que queda redactado de la manera siguiente:

Artículo 39. Composición.

1. La composición del Consejo Asesor de la Vivienda de Cataluña debe de ser determinada por el Gobierno.

2. En el Consejo Asesor de la Vivienda de Cataluña deben de haber representantes, además de la Administración de la Generalidad y de la Administración local, los consumidores y usuarios, los jóvenes, los agentes sociales de carácter sindical, las entidades vecinales, los colectivos profesionales y empresariales vinculados con el sector de la construcción y de la promoción de viviendas y los que intervienen en el tráfico inmobiliario, y las entidades integradas por propietarios de fincas urbanas sujetos a la tutela administrativa de la Generalidad.

3. El presidente del Consejo Asesor de la Vivienda de Cataluña es el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas.

Artículo 61. Modificación de la Ley 13/1996, de 29 de julio, del registro y el depósito de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas y de modificación de la Ley 24/1991, de la vivienda.

1. Se modifica el apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1996, de 29 de julio, que queda redactado de la manera siguiente:

3. Son infracciones leves: el incumplimiento de los requisitos formales que se fijen por reglamento, el incumplimiento de la obligación establecida por el artículo 5 y el depósito de las fianzas fuera del plazo establecido por el artículo 3.1, excepto que se regularice de acuerdo con el artículo 12.bis.

2. Se suprime el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 13/1996, de 29 de julio.

3. Se añade un nuevo artículo 12.bis a la Ley 13/1996, de 29 de julio, con la redacción siguiente:

Artículo 12.bis.

En el supuesto de que las fianzas se depositen fuera del plazo establecido sin requerimiento previo de la Inspección, se aplica un recargo del 10 del importe de la fianza, con exclusión de las sanciones que de otro modo se puedan exigir y de los intereses de demora. Si el depósito de la fianza se efectúa fuera del plazo establecido, después del requerimiento de la Inspección, el recargo es del 20 % del importe de la fianza con exclusión de las sanciones que, de otro modo, se puedan exigir y de los intereses de demora. En ambos supuestos, el importe máximo del recargo es de 300 euros.

SECCIÓN VIII. MEDIDAS EN MATERIA DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA.

Artículo 62. Modificaciones de la Ley 31/1991, de 13 de diciembre, de ordenación farmacéutica de Cataluña.

Se modifica el artículo 6 de la Ley 31/1991, de 31 de diciembre, de ordenación farmacéutica de Cataluña, que queda redactado de la manera siguiente:

La planificación a que se refiere el artículo 5 se debe de ajustar a los criterios siguientes:

  1. Se deben de tomar como base de la planificación las áreas básicas de salud en que, de acuerdo con la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña, se ordena el territorio Catalán, las cuales, a los efectos de esta Ley, se clasifican en:

    • Primero. Áreas básicas urbanas: las áreas cuya delimitación territorial es comprendida en un solo término municipal o las áreas de las que el 90 % de la población reside en un mismo término municipal.

    • Segundo. Áreas básicas de montaña: las áreas comprendidas totalmente en las comarcas de montaña o en las zonas de montaña determinadas por la Ley 2/1983, de 9 de marzo, de alta montaña y los decretos que la desarrollan.

    • Tercero. Áreas básicas rurales y semiurbanas: las áreas no comprendidas en las definiciones anteriores.

  2. Si un área básica entra, a los efectos de esta Ley, tanto la definición de área de montaña, como en la de urbana, ha de prevalecer esta última condición.

  3. En las áreas básicas urbanas, el número de oficinas de farmacia debe de ser, como máximo, de una por cada 4.000 habitantes, por cada área básica, excepto que se ultrapase esta proporción en 2.000 habitantes, supuesto en el cual se puede instalar una oficina de farmacia más en el área básica de salud de que se trate, o excepto que se deba de aplicar lo que establece el apartado 5.

  4. En las áreas básicas de montaña y en las áreas básicas rurales y semiurbanas, el número de oficinas de farmacia debe de ser, como máximo, de una por cada 2.500 habitantes, por cada área básica.

  5. Para el cómputo de los habitantes, se ha de tener en cuenta, en todos los casos, la población del área básica resultante del número de habitantes inscritos en los padrones de los municipios que la integran en el momento de presentar la solicitud, según la certificación librada por los secretarios de los ayuntamientos de los municipios correspondientes, a la cual se debe de sumar el 10 % de los alojamientos turísticos con que cuenta el área básica, entendiendo por "alojamientos turísticos" las viviendas de segunda residencia a computar cuatro plazas por vivienda, las plazas hoteleras y las plazas de camping, debidamente probados, en el primer caso, por cualquiera de los medios admitidos en derecho y, en los dos restantes, por certificación del Departamento de Industria, Comercio y Turismo. El mismo criterio se debe de seguir en todos los supuestos en que esta Ley hace referencia al cómputo de población, tanto si se trata de la referida al área básica como al municipio.

  6. Si un área básica de salud urbana comprende tambien uno o más municipios de comarcas o zonas de montaña, para el cómputo global de las oficinas de farmacia del área, se debe de tener en cuenta la proporción de la población correspondiente a estos municipios, de acuerdo con el criterio poblacional establecido por el apartado 3. En este caso, el número de oficinas de farmacia se obtiene sumando el resultado de dividir por 4.000 el número de habitantes del área básica no comprendidos en el municipio o los municipios de comarcas o zonas de montaña con el resultado de dividir por 2.500 los habitantes del municipio o los municipios de las comarcas o zonas de montaña. Si en un área básica urbana le es aplicable lo que establece esta letra, la fracción de 2.000 habitantes, establecida por la letra a, a partir de la cual se puede abrir una nueva oficina de farmacia, se debe de computar igualmente teniendo en cuenta la proporción general de 4.000 habitantes por oficina de farmacia.

  7. Si, de acuerdo con los criterios establecidos por las letras a, b, c, d, e y f, se autoriza una nueva oficina de farmacia, su emplazamiento debe de respetar las determinaciones siguientes:

    • Primero. En las áreas básicas de salud de montaña y rurales y semiurbanas, la nueva oficina de farmacia se debe de emplazar siguiendo los dos criterios siguientes aplicados por orden de prioridad, cuya aplicación no confiere derechos indemnizatorios:

      1. En el municipio del área en que la proporción habitantes por oficina de farmacia sea superior a 2.500 habitantes, contabilizando la oficina de farmacia solicitada. En caso de que haya más de un municipio en estas condiciones, en el municipio en que la proporción sea superior a la de los otros municipios, contabilizando, si procede, la oficina de farmacia solicitada en cada uno de los municipios.

      2. En un municipio sin oficina de farmacia o en el municipio del área básica en que la proporción de habitantes por oficina de farmacia sea superior a la de los otros municipios que la conforman, contabilizando la oficina de farmacia solicitada en cada uno de los municipios.

    • Segundo. En cualquier caso, el emplazamiento de la nueva oficina de farmacia debe de guardar una distancia de doscientos cincuenta metros de la oficina de farmacia más próxima, sea o no de la misma área básica de salud. Igualmente, las oficinas de farmacia no se pueden establecer a menos de doscientos veinticinco metros de un centro de atención primaria que sea cabecera de área básica. En el supuesto de que la oficina se establezca en un municipio que no dispone de oficina de farmacia, la distancia a guardar respecto al centro de atención primaria debe de ser de ciento veinticinco metros. El procedimiento para medir las distancias se debe de establecer por reglamento.

SECCIÓN IX. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE COMUNIDADES CATALANAS.

Artículo 63. Modificación de la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones con las comunidades catalanas al exterior.

Se modifica la letra c del apartado 1 del artículo 17 de la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, que queda redactado de la forma siguiente:

  1. Hasta 12 representantes de los departamentos de la Generalidad que determine el Gobierno.

SECCIÓN X. MEDIDAS EN MATERIA DE PUERTOS.

Artículo 64. Modificaciones de la Ley 5/1998, de 17 de abril de Puertos de Cataluña.

1. Se modifica el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 5/1998, de 17 de abril, que queda redactado de la siguiente manera:

2. El vicepresidente o vicepresidenta substituye el presidente o presidenta en caso de vacante, ausencia o enfermedad y ejerce las funciones que le son encomendadas o delegadas por el presidente o presidenta.

2. Se modifica el artículo 14 de la Ley 5/1998, de 17 de abril, que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 14. La presidencia y la vicepresidencia.

El presidente o presidenta y el vicepresidente o vicepresidenta del ente son nombrados por el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.

1. Los sujetos pasivos que sean titulares de establecimientos abiertos antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley 16/2000, de 29 de diciembre, deben de presentar durante el mes de junio de 2002 la declaración inicial de datos.

2. Los sujetos pasivos que sean titulares de establecimientos abiertos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001, han de presentar también la declaración inicial de datos el mes de junio de 2002.

3. En los dos supuestos anteriores, se debe de presentar una declaración inicial por cada uno de los establecimientos de los cuales sea titular el sujeto pasivo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Suministro de cartones de bingo con valor facial en euros.

En el caso de cartones de bingo con valor facial fijado en euros que hayan sido librados anticipadamente al sujeto pasivo antes del 1 de enero de 2002, se entiende que el suministro ha tenido lugar en esta fecha.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Censo de entidades de fomento de la lengua catalana.

En el plazo de seis meses, el Departamento de Cultura debe de elaborar el censo de entidades a que se refiere el artículo 1, dicho censo debe de ser objeto de actualización anual.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Tasa por la obtención de la etiqueta ecológica comunitaria.

Los contratos relativos a la utilización de la etiqueta ecológica formalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, se deben de adecuar, en el ejercicio del 2002, en la nueva regulación de la tasa por la obtención de la etiqueta ecológica comunitaria que establecen los apartados 3 y 4 del artículo 19.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Tasas de la Agencia Catalana del Agua.

La exención establecida por el artículo 391 del capítulo VII que es adicionado al título XIV de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, mediante el apartado 8 del artículo 19 de esta Ley, se debe de aplicar retroactivamente a las liquidaciones que hubiera emitido la Junta de Aguas o que haya emitido la Agencia Catalana del Agua en aplicación de los capítulos IV y VIII del título VIII de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, siempre que no hayan ganado firmeza.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Seguros por responsabilidad civil en materia de intervención integral de la Administración ambiental.

Mientras no se apruebe la Directiva Comunitaria que regula la responsabilidad en materia ambiental, no se aplica la letra g del apartado 1 del artículo 22 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Funciones del Instituto Catalán de Finanzas.

El Gobierno debe de dictar las normas de desarrollo y ha de tomar los acuerdos que sean necesarios para dar cumplimiento a lo que dispone el apartado 5 del artículo 34.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Adscripción de la Filmoteca de la Generalidad de Cataluña.

1. La Filmoteca de la Generalidad de Cataluña, hasta ahora adscrita a la Entidad Autónoma de Organización de Espectáculos y Fiestas, se adscribe al Instituto Catalán de las Industrias Culturales.

2. Al personal que, en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, presta servicios en la Entidad Autónoma de Organización de Espectáculos y Fiestas, adscrito básicamente a funciones de preservación, documentación, difusión y gestión, propias de la Filmoteca, le es aplicable la disposición transitoria de la Ley 20/2000, de 29 de diciembre, de creación del Instituto Catalán de las Industrias Culturales.

3. El personal a que se refiere el apartado 2 que tenga la condición de laboral se integra en el Instituto Catalán de las Industrias Culturales por aplicación del mecanismo de sucesión de empresa. A este personal laboral que tenga la condición de fijo se le reconoce a todos los efectos la antigüedad reconocida por la Administración de la Generalidad.

4. El personal a que se refiere el apartado 2 que tenga la condición de funcionario se integrará en el Instituto Catalán de las Industrias Culturales y puede elegir entre las dos opciones de integración que establece el apartado 2 de la disposición transitoria de la Ley 20/2000, de 29 de diciembre. En todo caso, quedan extinguidos los puestos que el mencionado personal ocupaba en la Entidad Autónoma de Organización de Espectáculos y Fiestas. Este personal ha de manifestar, de manera expresa y por escrito, la opción de integración en el Instituto que elige. El plazo para manifestar la opción elegida es de un mes a contar del acabamiento de los trámites a que hace referencia el apartado 5. Las personas que opten por mantener la condición de funcionario o funcionaria pueden modificar en el futuro, sin sujeción a ningún plazo, la opción y acogerse a la integración como personal laboral establecida por el apartado 2.a) de la disposición transitoria de la Ley 20/2000, siempre de acuerdo con las necesidades de la plantilla del Instituto.

5. El Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, el Departamento de Economía y Finanzas y el Departamento de Cultura deben de hacer los trámites necesarios para hacer efectiva la adscripción al Instituto

Catalán de las Industrias Culturales del personal a que hace referencia esta disposición adicional.

6. No obstante lo que establecen los apartados 2, 3, 4 y 5, los derechos derivados del proceso de integración del personal al Instituto Catalán de Industrias Culturales quedan sujetos, si procede, al resultado de los procesos de promoción, provisión y selección pendientes de resolución en la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

7. A los bienes destinados en la Filmoteca les es aplicable la disposición adicional tercera del Decreto 100/2001, de 3 de abril, de aprobación de los Estatutos del Instituto Catalán de las Industrias Culturales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Adscripción de personal a la Entidad Autónoma de Difusión Cultural.

El Departamento de Cultura puede acordar la adscripción en la Entidad Autónoma de Difusión Cultural de personal del departamento adscrito a funciones que, en virtud de esta Ley, asuma dicha Entidad Autónoma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Modificación del artículo 16.2.h de la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico.

Se modifica la letra h del apartado 2 del artículo 16 de la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico, que queda redactada de la manera siguiente:

  1. Autorizaciones de transportes especiales con acompañamiento, de pruebas deportivas, de transportes urgentes, y otras autorizaciones especiales por razón del vehículo o por la utilización de la carretera: 24,24 euros. Esta tarifa se entiende sin perjuicio del abono del coste de la prestación de servicios de seguridad, que debe ir a cargo también del sujeto pasivo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Control financiero permanente.

La fiscalización previa aplicable a cada una de las fases de tramitación administrativa en el ámbito de las sanciones impuestas y tramitadas por el Servicio Catalán de Tráfico en ejercicio de sus competencias puede ser sustituida por el control financiero permanente a cargo de la Intervención General de la Generalidad. A tal efecto, se autoriza al consejero o consejera de Economía y Finanzas para que, a propuesta del interventor o interventora general, desarrolle este precepto determinando su alcance, los procedimientos y la normativa reguladora.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Creación de los órganos de defensa de la competencia de la Generalidad.

1. Se autoriza al Gobierno para que pueda crear y regular los órganos de defensa de la competencia de la Generalidad, dentro del marco jurídico que apruebe el Estado para determinar el régimen de distribución de competencias entre éste y las comunidades autónomas.

2. Los órganos a que se refiere el apartado 1 deben adscribirse al Departamento de Economía y Finanzas. El órgano equivalente al Tribunal de Defensa de la Competencia que se cree debe tener el carácter de organismo público con personalidad jurídica propia, autonomía de gestión y plena independencia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Régimen de comunicación de las ayudas públicas.

Al efecto del cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado, los entes a los que se refiere la Ley 4/1985, de 29 de marzo, de la empresa pública catalana, o los entes que, a pesar de estar regulados por una ley específica, adopten cualquiera de las tipologías definidas por dicha Ley 14/1985, quedan obligados a notificar al Departamento de Economía y Finanzas, en los términos y de acuerdo con la tipología que el consejero o consejera titulares fije por Orden, las actuaciones que hayan llevado a cabo y que, de acuerdo con esta Orden, sean susceptibles de tener esa consideración. El Departamento de Economía y Finanzas, sobre la base de la información obtenida, debe elaborar y mantener una base de datos, la cual no tiene el carácter de registro en los términos previstos por la normativa de procedimiento administrativo y a la que únicamente pueden acceder, en los términos y las condiciones establecidos por el ordenamiento jurídico en materia de ayudas de Estado, los órganos de la Administración del Estado o los de la Unión Europea.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. Afectación de ingresos.

Los ingresos de derecho público no tributario que se deriven del ejercicio de la potestad sancionadora de los órganos de la Administración de la Generalidad y de los entes que dependen de la misma se afectan, en los términos y las condiciones que establezca el consejero o consejera de Economía y Finanzas, al financiamiento de los servicios que ejerzan aquella potestad. Quedan excluidos los expedientes sancionadores propios del ámbito tributario, así como los que tramita el Servicio Catalán del Tráfico.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. Extensión del régimen de autonomía de gestión económica a los servicios educativos del Departamento de Enseñanza.

1. La autonomía de gestión económica se puede aplicar a los centros de recursos pedagógicos, a los campos de aprendizaje, a los equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica, a los centros de recursos educativos para deficientes auditivos, al Centro de Documentación y Experimentación en Ciencias y Tecnología y a otros servicios educativos que se puedan crear en el futuro, y debe ejercerse en los términos que establecen la Ley 4/1988, de 28 de marzo, reguladora de la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios de la Generalidad de Cataluña y la normativa que la desarrolla, con las adaptaciones siguientes:

  1. Las funciones atribuidas al consejo escolar en materia de gestión económica de centros docentes deben ser ejercidas por la comisión de ordenación educativa de la delegación territorial en la que esté adscrito cada servicio educativo y, en su defecto, por el director general de Ordenación e Innovación Educativa.

  2. Las funciones atribuidas al director y al secretario-administrador del centro docente en materia de gestión económica deben ser ejercidas por el director de cada servicio educativo.

  3. Las referencias a los centros docentes hechas por la Ley 4/1988, de 28 de marzo, reguladora de la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios de la Generalidad de Cataluña, y su normativa de desarrollo, se entienden hechas también a los servicios educativos.

2. Por Orden del Departamento de Enseñanza, deben determinarse los servicios educativos que de manera progresiva deben acogerse al régimen de autonomía de gestión económica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA. Régimen de autonomía económica de la Librería Blanquema.

1. Se faculta al Gobierno para establecer que la Librería Blanquerna del Departamento de la Presidencia tenga régimen de autonomía económica.

2. El régimen de autonomía económica a que se refiere el apartado 1 tiene por objeto gestionar todos los ingresos obtenidos como resultado de la gestión de la Librería Blanquerna, así como las transferencias de la Generalidad, de las otros Administraciones públicas o de otras entidades.

3. El órgano responsable de la gestión en régimen de autonomía económica de la Librería Blanquerna debe presentar anualmente al Departamento de la Presidencia la justificación de los ingresos y la cuenta de gestión económica, las cuales quedan a disposición de la Intervención General, de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y, si procede, del Tribunal de Cuentas.

4. Por Decreto del Gobierno se debe determinar la normativa que debe regir la gestión de la Librería Blanquerna.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA.

Las garantías retributivas establecidas por la disposición adicional undécima del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia defunción pública y por la disposición adicional segunda de la Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, son también de aplicación al personal estatutario y al personal docente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA. Control de la utilización de fondos públicos.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno debe adoptar las iniciativas pertinentes para asegurar que las tareas de control de la utilización de fondos públicos que lleva a cabo la Intervención General de la Generalidad se puedan hacer con medios personales específicos, garantizando al mismo tiempo, tanto en lo concerniente a la titulación como a los conocimientos exigidos en el proceso de selección y en el sistema de provisión de los puestos, la debida especialización técnica de este personal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMONOVENA.

1. La cuota del incremento de tarifa de saneamiento y del canon de infraestructura hidráulica pendientes de pago en los supuestos de usos domésticos del agua tiene una deducción del 60 % cuando los sujetos beneficiarios tengan unos ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

2. Se declaran extinguidas las obligaciones fiscales pendientes de pago a la Agencia Catalana del Agua por los mismos conceptos y usos a que se refiere el apartado anterior cuando los sujetos obligados tengan unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA.

Se modifica el apartado 4 del artículo 6 de la Ley 15/1993, de 28 de diciembre, por la que se crea el Centro de Telecomunicaciones de la Generalidad de Cataluña, que queda redactado de la siguiente manera:

El consejero o consejera titular del departamento en el que esté adscrito el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, o la persona que éste designe, es, por razón del cargo, el presidente del Consejo de Administración.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA PRIMERA.

1. Excepcionalmente, el año 2002 los licenciados en derecho a que se refiere la letra a) de la disposición transitoria primera de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, en la redacción dada por el artículo 21 de la Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas, pueden participar en una prueba de promoción interna basada en dos casos prácticos sobre los conocimientos requeridos hasta la fecha para el desarrollo de sus funciones.

2. Las plazas a proveer no deben superar el número de 30.

3. El tribunal debe estar formado por el director del Gabinete Jurídico de la Generalidad, un secretario general, un catedrático de universidad especialista en la materia correspondiente y un abogado jefe de la asesoría jurídica de un departamento de la Generalidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA SEGUNDA.

En aplicación de la presente Ley, el Gobierno ha de promover la homogeneización de las tarifas de abastecimiento en alta, así como la equiparación de los tributos del agua del Camp de Tarragona con los del resto de Cataluña, de forma que el efecto sobre el usuario sea neutro.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA TERCERA.

El Gobierno ha de constituir el Consejo Asesor del Instituto Catalán de Finanzas en el plazo de tres meses.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Procedimiento de control de subvenciones.

Las modificaciones que el artículo 25 de esta Ley hace a los artículos 92, 94, 97 y 99 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, son aplicables a los procedimientos de control que tengan por objeto expedientes de concesión iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2002.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Sanciones en materia de juego.

Los procedimientos sancionadores en materia de juego que se hayan incoado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se hayan incoado por incumplimiento de los mandamientos o las prohibiciones contenidos en las autorizaciones específicas se entienden incluidos en la letra n del artículo 3 de la Ley 1/1991, de 27 de febrero, reguladora del régimen sancionador en materia de juego.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Ordenación farmacéutica.

La modificación del artículo 6 de la Ley 31/1991, de 13 de diciembre, de ordenación farmacéutica de Cataluña, hecha por el artículo 62 de la presente Ley, es de aplicación a los procedimientos pendientes de resolución administrativa en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley y a los procedimientos en que se haya dictado resolución desfavorable al solicitante y ésta no sea firme por la vía administrativa o por la judicial. Las resoluciones adoptadas al amparo de esta disposición transitoria deben tener en cuenta exclusivamente las oficinas de farmacia autorizadas en el momento en que se dicten, respetando en cualquier caso la prioridad temporal de la fecha de presentación de la solicitud de estas farmacias autorizadas y de aquéllas que tienen la solicitud pendiente de resolver.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Afectación de ingresos por sanciones.

Lo establecido en la disposición adicional decimocuarta es aplicable a los expedientes sancionadores que se inicien a partir del 1 de enero de 2002, o a los que concluyan por una resolución dictada a partir de esta fecha, con independencia del momento en que se hayan iniciado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Integraciones en el Cuerpo de Abogados.

1. El plazo para ejercer la facultad atribuida por el apartado 3 de la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad, es de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley y es de aplicación:

  1. A los funcionarios de la Generalidad, licenciados en derecho, que en fecha 1 de enero de 1996 eran catedráticos o profesores de universidad titulares o asociados en facultades de derecho, siempre y cuando en aquella fecha hubiesen impartido en la universidad durante cuatro cursos, como mínimo, alguna de las asignaturas siguientes, directamente relacionadas con las tareas atribuidas al Cuerpo de Abogados de la Generalidad: Derecho civil, derecho mercantil, derecho administrativo, derecho tributario, derecho penal, derecho laboral o derecho constitucional.

  2. A los funcionarios de la Generalidad de Cataluña, licenciados en derecho, que a la entrada en vigor de la Ley 7/1996 prestaban sus servicios como letrados en el Parlamento de Cataluña o en los otros organismos estatutarios, siempre y cuando hayan cumplido, en los mismos, funciones de asesoramiento o representación y defensa jurídica durante dos años consecutivos o tres años alternos, como mínimo, y también los que, reuniendo estos requisitos, hayan cumplido aquellas funciones y se encuentren en la situación de servicios especiales. La experiencia a valorar es la correspondiente a los servicios prestados en la respectiva institución.

  3. A los funcionarios de la Generalidad, licenciados en derecho, de los cuales dependan las asesorías jurídicas generales de los departamentos de la Generalidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4 de la Ley 7/1996, siempre y cuando cumplan los requisitos de antigüedad determinados por la letra b.

2. En todos los casos definidos por el apartado 1, los funcionarios deben desarrollar, efectivamente, como mínimo durante tres años, contaderos desde su incorporación, funciones propias del Cuerpo de Abogados de la Generalidad. En caso de que no se ejerzan estas funciones, el funcionario afectado pierde su derecho a la integración.

3. En todos los supuestos, la integración en el Cuerpo de Abogados de la Generalidad se debe llevar a cabo mediante la convocatoria de un procedimiento cuyo único objetivo debe consistir en proponer el nombramiento de los aspirantes a la integración que cumplan los requisitos establecidos por esta disposición.

4. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno puede hacer uso de la facultad atribuida por la disposición transitoria tercera de la Ley 7/1996.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

1. A la entrada en vigor de esta Ley, quedan derogados:

  1. Los artículos 29 y 30 y los apartados 2 y 3 del artículo 33 de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.

  2. La disposición adicional quinta de la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña.

  3. Los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Ley 8/1981, de 2 de noviembre, que crea la Entidad Autónoma de Organización de Espectáculos y Fiestas.

2. Cuando sea efectiva la disolución del Instituto Catalán del Mediterráneo de Estudios y Cooperación, quedarán automáticamente derogadas la Ley 1/1989, de 16 de febrero, de creación del Instituto Catalán de Estudios Mediterráneos y la Ley 10/1995, de 27 de julio, de modificación del nombre y el ámbito de las funciones del Instituto Catalán de Estudios Mediterráneos.

3. En general, quedan derogadas todas las otras disposiciones de rango igual o inferior que contradigan, se opongan o resulten incompatibles con lo establecido en esta Ley.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Sanciones del Consejo Catalán de Producción Agraria Integrada y del Consejo de Producción Agraria Ecológica.

Se autoriza al Gobierno a actualizar, mediante Decreto, de acuerdo con las variaciones del índice de precios al consumo:

  1. Las cuantías de las sanciones fijadas por el artículo 38 de esta Ley.

  2. Las cuantías de las sanciones fijadas por el artículo 21 de la Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Autorizaciones de refundición de leyes.

1. Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, elabore un nuevo texto refundido de la Ley 10/1982, de 12 de julio, de finanzas públicas de Cataluña, incorporando en el mismo las modificaciones que se introducen mediante esta Ley y las introducidas por las leyes de presupuestos posteriores a la entrada en vigor de su primer texto refundido, aprobado por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, así como por las leyes siguientes:

  • Ley 9/1997, de 23 de junio, sobre la participación de la Generalidad en sociedades mercantiles y civiles y de modificación de las Leyes 11/1981, 10/1982 y 4/1985.

  • Ley 17/1997, de 24 de diciembre, de medidas administrativas y de organización.

  • Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.

  • Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas.

  • Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

La autorización para la refundición incluye también la facultad de regularizar, aclarar y armonizar estas disposiciones. En todos los casos, los importes a que hacen referencia las disposiciones que deben integrar el futuro texto refundido deben ser debidamente convertidos a la unidad monetaria euro.

2. Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, elabore un texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública de Cataluña, incorporando al mismo las modificaciones que se introducen mediante esta Ley y las introducidas por las leyes de presupuestos posteriores a la entrada en vigor de la mencionada Ley, así como por las disposiciones siguientes:

  • Decreto Legislativo 5/1986, de 25 de septiembre, de modificación de la Ley 4/1985, de 29 de marzo.

  • Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, de aprobación del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

  • Ley 9/1997, de 23 de junio, sobre la participación de la Generalidad en sociedades mercantiles y civiles y de modificación de las Leyes 11/1981, 10/1982 y 4/1985.

  • Ley 17/1997, de 24 de diciembre, de medidas administrativas y de organización.

  • Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.

  • Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas.

  • Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

La autorización para la refundición incluye también la facultad de regularizar, aclarar y armonizar estas disposiciones. En todos los casos, los importes a que hacen referencia las disposiciones que deben integrar el futuro texto refundido deben ser debidamente convertidos a la unidad monetaria euro.

3. Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, elabore un texto refundido de la Ley 11/1981, de 7 de diciembre, de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, incorporando en el mismo las modificaciones que se introducen mediante esta Ley y las introducidas por las leyes de presupuestos posteriores a la entrada en vigor de la mencionada Ley, así como por las disposiciones siguientes:

  • Decreto Legislativo 15/1994, de 26 de julio, por el que se adecúa la Ley 11/1981, de 7 de diciembre, de Patrimonio de la Generalidad, a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  • Ley 9/1997, de 23 de junio, sobre la participación de la Generalidad en sociedades mercantiles y civiles y de modificación de las Leyes 11/1981, 10/1982 y 4/1985.

  • Ley 17/1997, de 24 de diciembre, de medidas administrativas y de organización.

  • Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.

  • Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas.

  • Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

La autorización para la refundición incluye también la facultad de regularizar, aclarar y armonizar estas disposiciones. En todo caso, los importes a que hacen referencia las disposiciones que deben integrar el futuro texto refundido deben ser debidamente convertidos a la unidad monetaria euro.

4. Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, elabore un texto refundido de la Ley 2/1985, de 14 de enero, del Instituto Catalán de Finanzas incorporando en el mismo las modificaciones que se introducen mediante esta Ley y las introducidas por las leyes de presupuestos posteriores a la entrada en vigor de la mencionada Ley, así como por las leyes siguientes:

  • Ley 5/1996, de 20 de mayo, de modificación de la Ley 2/1985, de 14 de enero.

  • Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.

  • Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

La autorización para la refundición incluye también la facultad de regularizar, aclarar y armonizar estas disposiciones. En todo caso, los importes a que hacen referencia las disposiciones que deben integrar el futuro texto refundido deben ser debidamente convertidos a la unidad monetaria euro.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Refundición de tarifas portuarias.

Se autoriza al Gobierno a aprobar y publicar un texto refundido de las tarifas portuarias aprobadas por el artículo 10 de la Ley 17/1996, de 27 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público; por el anexo 1 de la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña, que fue adicionado en el mismo por el artículo 31 de la Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas, y posteriormente modificado por los artículos 27 y las disposiciones adicionales tercera y undécima de la Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, y por las aprobadas en esta Ley.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Adaptaciones legislativas en materia de mutualismo.

Dentro del primer semestre del 2002, el Gobierno debe enviar al Parlamento un proyecto de ley que incluya las adaptaciones legales del ordenamiento del mutualismo que sean necesarias para su adecuación a los cambios introducidos por la normativa básica estatal. Estas adaptaciones deben determinar las especificidades legales o reglamentarias que deben cumplir las mutuas de ámbito local y las de pequeña dimensión, así como su proceso de adaptación al nuevo marco normativo.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Disolución del Instituto Catalán del Mediterráneo de Estudios y Cooperación.

Se autoriza al Gobierno para proceder, una vez constituido el consorcio Instituto Catalán del Mediterráneo, a la disolución del Instituto Catalán del Mediterráneo de Estudios y Cooperación. El Decreto de disolución debe disponer que los bienes y los derechos que forman parte del patrimonio de dicho Instituto pasen a integrarse en el patrimonio de dicho consorcio, el cual debe quedar subrogado en todos los derechos y obligaciones del Instituto disuelto.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Refundición de la Ley 5/1990 de 9 de marzo, de infraestructuras hidráulicas de Cataluña.

Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, elabore una refundición del título II de la Ley 5/1990, de 9 de marzo, de infraestructuras hidráulicas de Cataluña, que incorpore las modificaciones que introduce esta Ley y las incorporadas por otras iniciativas legislativas aprobadas. Esta autorización incluye también la facultad de regularizar, aclarar y armonizar estas disposiciones.

DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. Entrada en vigor.

Esta Ley entra en vigor el día 1 de enero de 2002.

 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 28 de diciembre de 2001.

 

Francesc Homs i Ferret,
Consejero de Economía y Finanzas.
Jordi Pujol,
Presidente.

LEY 21/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
Notas:
La sección IV del capítulo III del título II, cuyo contenido se corresponde con el artículo 49 del texto publicado, debe tenerse íntegramente por no puesta y vacía de contenido, según Corrección de errores de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada en BOE. núm. 48, de 23 de febrero de 2002.
Artículos 26 y 27:
Derogado por Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
Artículo 57:
Derogado por Decreto Legislativo 2/2009, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de carreteras.
Artículos 2 (apdo. d tercero), 3 y 4:
Redacción según Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas.
Artículo 2(apdo. 1a):
Derogado por Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas.
Artículos 2, 3 y 4:
Derogados por Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Artículo 7 (apdo. e):
Redacción según Decreto-ley 3/2010, de 29 de mayo, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit público. Con efectos a partir de la entrada en vigor de este Decreto-ley.
Artículo 7 (apdos. b y e):
Redacción según Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
Artículos 2 (apdos. a.grupo I, b, d.segundo.d y d.noveno), 3, 5 (apdo. 2.a) y 59:
Redacción según Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Artículo 7:
Redacción según Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas.
Artículo 8:
Redacción según Ley 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras.
Artículos 5 (apdo 1.b), 6 (apdo. 2) y 7:
Redacción según Ley 5/2007, del 4 de julio, medidas fiscales y financieras.
Artículo 2 (apdo. d.tercero):
Redacción según Ley 17/2007, del 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20:
Derogado por Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.
Artículo 2 (apdo. d.tercero, 2 últimos párrafos):
Añadido por Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
Artículo 2 (apdo. d.quinto):
Redacción según Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
Disposición adicional quinta:
Se mantiene de forma expresa la vigencia de esta disposición por Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.
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