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Ficha de esta disposición

Título :
EDICTO relativo al Procedimiento Impugnación Resoluciones de Justicia Gratuita 0000253/2010
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOCYL 187
Fecha Disposición :
27/09/2010
Fecha Publicación :
27/09/2010
Órgano Emisor :
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 9 DE LEON
N.I.G.: 24089 42 1 2010 0002565. Procedimiento: Impugnación Resoluciones Justicia Gratuita 0000253/2010. Sobre: Otras materias. De: D.ª Melba Marina Carabali Vasquez. Contra: Comisión Asistencia Jurídica Gratuita.

AUTO N.° 209/10

León, a 1 de marzo de 2010.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se dictó resolución en fecha 28 de enero de 2010, por la que se desestimaba la petición de asistencia jurídica gratuita formulada por Melba Marina Carabali Vasquez, en base, a que de las comprobaciones efectuadas se desprende que su real capacidad económica revela que dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la Ley, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley 1/1996 de 10 de enero.

Segundo. Que por D.ª Melba Marina Carabali Vasquez, se presentó escrito de impugnación de la resolución de la Comisión de asistencia jurídica gratuita, el cual, junto a la fotocopia del expediente administrativo y certificación de la resolución recaída, fue remitida a este Juzgado.

Tercero. Que recibido el expediente, se citó de comparecencia a la impugnante y al Sr. Abogado del Estado para el día 1 de marzo de 2010 a las 13:00 horas, remitiendo el Sr. Abogado del Estado escrito por el que se oponía a la concesión de la justicia gratuita solicitada, en base a las alegaciones contenidas en su escrito, y solicitando la confirmación de la resolución de la Comisión de Asistencia Justicia Gratuita, proponiendo como prueba, la documental ya unida a los autos, compareciendo el indicado día, exclusivamente, la Sra. Carabali Vasquez, y abierto el acto, se afirmó y ratificó en la impugnación formulada, y aportando prueba documental, y tras ser admitida la prueba propuesta, quedaron los autos sobre la mesa para dictar la oportuna resolución, quedando todo ello grabado en soporte audiovisual.

Cuarto. Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Que establece el Art. 3.1 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita que «se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos, y por unidad familiar no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud», señalando el n.º 2 Apt. b) que «constituyen unidad familiar la formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior», es decir, los hijos menores no emancipados, estableciendo finalmente el Art. 4 de la Ley antedicha que «a efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar se tendrá en cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica La circunstancia de ser el solicitante propietario de la vivienda en que reside habitualmente, no constituirá obstáculo por sí misma para el reconocimiento del derecho, siempre que aquella no sea suntuaria».

Segundo. Que siendo la causa de denegación de la asistencia jurídica gratuita, motivos económicos, habrá que señalar, que conforme al Art. 3.1 de la Ley 1/1996, debemos atender al año que se formula la solicitud, y según consta al documento obrante al folio 10, la misma se efectuó en fecha 9-12-09, es decir, en el año 2009, e igualmente, para estimar o no la impugnación, deberemos tener en cuenta, si la impugnante y/o su unidad familiar, tienen o no recursos e ingresos económicos que superen o no anualmente computados por todos los conceptos el doble del salario mínimo interprofesional, bien entendido, respecto a éste, que el Real Decreto-Ley 3/2004 de 25 de junio, estableció en su artículo 1 que el salario mínimo interprofesional se desvincularía, a partir de la entrada en vigor de dicho Real Decreto-Ley, de otros efectos o finalidades distintas que las estrictamente laborables y crea un indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para que pudiera utilizarse como indicador o referencia del nivel de renta que sirviera para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, sustituyendo en esa función al salario mínimo interprofesional, cuya cuantía se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Asimismo el Art. 2.3 del Real Decreto-Ley antedicho establece, que a partir de la entrada en vigor del mismo, las referencias al salario mínimo interprofesional contenidas en las normas vigentes del Estado, cualquiera que sea su rango, se entenderán referidas al IPREM, salvo las señaladas en el Art. 1 del Real Decreto-Ley antedicho, y en consecuencia, la referencia al salario mínimo interprofesional contenida en el Art. 3 de la Ley 1/1996 de 10 de enero sobre Asistencia Jurídica Gratuita debe ser sustituida por el IPREM.

Tercero. Que el IPREM señalado para el año 2009, es de 527,24 mensuales y 7.381,33 anuales según Ley 2/2008 de 23 de diciembre (disposición adicional 28), por consecuencia, el doble de dicho IPREM a los efectos antedichos sería 14.762,66 , y a este respecto, la impugnante constituirá unidad familiar con su hija menor, de 13 años de edad, teniendo como ingresos la pensión de viudedad con un importe mensual de 272,61 /mensuales durante el año 2009 (folio 27), que por 14 pagas nos da la cantidad de 3.816,54 , a lo que se añadiría los 14,14 que aparecen a dicho documento, como paga única por diferencia de la inflación real y prevista durante el año 2008, asimismo, desde Septiembre de 2009, la impugnante trabaja para la Sra. Celada Martínez (folios 18,21 y 40), percibiendo 728,10 /mensuales, por lo que hasta diciembre de 2009, percibió 2.912,40 , añadiéndose a ello, que conforme depuso la propia Sra. Carabali Vasquez, también se le abonó la mitad de dicha cantidad mensual en Navidad, como extra, es decir, 364,05 , por lo cual, la suma de todos estos emolumentos ascendería a 7.107,13 , añadiéndose a ello, que la impugnante es propietaria de la vivienda sita en la Carretera León-Collanzo n.º 29, 1.º C de la localidad de Villaquilambre, con respecto a la cual, según depuso, ésta pagando hipoteca, sobre unos 300 /mensuales, y habiendo procedido a arrendar dicha vivienda en septiembre de 2009 (folios 28 a 31), por haberse trasladado la hoy impugnante a León, a una vivienda de alquiler junto a sus tres hijos, y por las necesidades familiares tanto de ella como de los hijos, pretendiendo con ese arrendamiento, pagar parte de la hipoteca y de la vivienda de alquiler, de ahí, que a pesar que la vivienda hipotecada de su propiedad, no sea el lugar donde reside, ello hay que entenderlo en su justo sentido, dígase, que a pesar que no se reside en la vivienda de la que se es propietaria, no por ello, se debe entender que la misma es suntuaria, sino que por el contrario, dadas las necesidades de la familia, la impugnante trasladó su residencia de la vivienda en propiedad en Villaquilambre a una vivienda alquilada en León, procediendo al alquiler de la vivienda de Villaquilambre, para así, compensar los gastos de su alquiler, y en la medida de lo posible, aplicar la cantidad que obtiene al pago de la hipoteca, con lo cual, siendo perfectamente entendible que la impugnante viva de alquiler en León, por las necesidades de sus hijos e incluso las suyas propias dado el trabajo que desarrolla, no se puede decir, que la vivienda de Villaquilambre tenga carácter suntuario, sino más bien, que con cargo al alquiler de la misma, se trata de compensar el alquiler de la vivienda de León, con lo cual, la situación vendría a ser idéntica, es decir, que si se viviera en Villaquilambre se pagaría la hipoteca, y viviéndose en León, con la renta del piso de Villaquilambre se compensaría la renta del piso de León, y se seguiría pagando la hipoteca, por lo tanto, entiende este Juzgador, que el alquiler del piso de Villaquilambre no es un capricho de la impugnante, sino precisamente, para procurarse una mayor liquidez en orden a la atención de las necesidades familiares, que la llevaron a desplazarse a vivir a León en régimen de alquiler, y por lo tanto, no puede impedir dicha circunstancia, la concesión de la justicia gratuita solicitada, en el caso, de no superar los recursos de la impugnante, el doble del IPREM, eso sí, habrá que computar las rentas que efectivamente haya percibido la impugnante por tal arrendamiento, y que ella señala, que sólo percibió la de septiembre por importe de 350 y de octubre de 200 , es decir 550 , sin que haya recibido nada de las rentas de noviembre y diciembre de 2009, extremo éste, de no habérsele abonado la renta de noviembre y diciembre de 2009, que se estima, «ab initio», y a los efectos del presente procedimiento, como cierto, pues precisamente la solicitud de justicia gratuita es de fecha 9-12-09 para interponer un procedimiento de desahucio y reclamación de rentas (folio 13), por consiguiente, sumando esta cantidad de 550 , a las cantidades anteriores, nos daría, que el importe total de los ingresos acreditados de la impugnante en el año 2009 serían 7.657,13 , cantidad ésta, inferior al doble del IPREM al que nos hemos referido, sin que nos conste, de la resolución denegatoria de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, qué datos y/o elementos se tuvieron en cuenta para estimar que la impugnante dispone de medios económicos superiores al límite fijado por la Ley, y al no proporcionársenos dichos datos, es imposible, tras la impugnación realizada, contrastar los mismos, pues debió la Comisión, en su resolución desestimatoria, hacer constar, qué datos revelaban que la impugnante disponía de medios económicos superiores al doble del IPREM, para así, poder ser contrastados los mismos, con la prueba que se practicase en el presente procedimiento, y con base a ella, estimar, si efectivamente esos datos llevaban a la conclusión desestimatoria que adoptó la Comisión, sin embargo, careciendo de los mismos, conforme antes hemos dicho, de la prueba practicada, nos lleva a estimar, conforme a la argumentación precedente, que los ingresos y recursos de la impugnante no exceden del doble del IPREM, al no existir acreditación de lo contrario, ni prueba que ello advere, y por consecuencia, nos llevará, en base a los Arts. 119 y 24 de la Constitución, a la revocación de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita adoptada en su reunión de fecha 27 de enero de 2010, en su expediente 262/10, y por consiguiente, se concede la asistencia jurídica gratuita solicitada a la impugnante, debiéndose librar oficio a los Ilmos. Colegios de Abogados y Procuradores de esta ciudad de León, a fin que designen Abogado y Procurador, que defienda y represente a Melba Marina Carabali Vasquez en la demanda que pretende interponer de desahucio y reclamación de rentas.

Vista la argumentación precedente, y los preceptos legales citados y sus concordantes.

PARTE DISPOSITIVA

SE ACUERDA: Que debo estimar y estimo la impugnación efectuada por Melba Marina Carabali Vasquez a la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de fecha 28 de enero de 2010, adoptada en la reunión de fecha 27 de enero de 2010, en su expediente 262/10, y en su consecuencia, se concede el derecho de asistencia jurídica gratuita a la misma, debiéndose librar oficio a los Ilmos. Colegios de Abogados y Procuradores a fin de que designen a la Sra. Carabali Vásquez, profesionales que la defiendan y representen en la demanda que pretende entablar por desahucio y reclamación de rentas.

Comuníquese la presente resolución a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita mediante remisión de testimonio de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, llevándose el original al libro de su razón, dejando testimonio en autos, haciéndolas saber que contra la presente resolución no cabe recurso.

Así lo acuerda, manda y firma D. Luis Ángel Ortega de Castro, Magistrado-Juez de Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de León y su Partido Judicial. Doy fe.

Publicación: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Diligencia: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.