Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre judici verbal (exp. 449/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjat de Primera Instància núm. 42 de Barcelona
Juzgado de Primera Instancia nº 42 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 10 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549442

FAX: 935549542

E-MAIL: instancia42.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario - 250.1.2) 449/2016

Sección: C

Sobre: Juicio verbal precario

Parte demandante/ejecutante: BBVA RMBS 2 FONDO TITULIZACION ACTIVOS

Procurador: Francisco Ruiz Castel

Abogado: SANTI VENTALLO GARCIA (valija BBVA 6260)

Parte demandada/ejecutada: JOSE LUIS CALDERON Y DEMAS IGNORADOS OCUPANTES C/ QUEIXANS, 26 SEMISOT.

Procurador: Samuel Dominguez Tejada

Abogado: Isabel Marti Ferriz

Sergio Brunet Santos Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 42 de Barcelona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada DEMAS IGNORADOS OCUPANTES C/ QUEIXANS, 26 SEMISOT. y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la Sentencia dictada en este procedimiento por medio de este edicto.

 

SENTENCIA Nº 184/2016

Magistrada: Nuria Garanto Solana

Lugar: Barcelona

Fecha: veintidós de julio de dos mil dieciséis.

Vistos por Doña Nuria Garanto Solana, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 42 de Barcelona, los autos de juicio verbal por precario registrados con el número 449/2016, seguidos a instancia de la entidad BBVA RMBS 2 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don Francesc Ruiz Castel, y dirigida por el Letrado Don Santi Ventalló García, contra Don José Luis Calderón, representado por el Procurador de los Tribunales Don Samuel Domínguez Tejada, y defendido por la Letrada Doña Isabel Martí Férriz, y contra los ignorados ocupantes de la vivienda sita en C/ Queixans, nº 26, semisótano, de Barcelona, en rebeldía, ha dictado sentencia en base a los siguientes

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Por la parte actora se presentó demanda de desahucio por precario contra los demandados, solicitando se dictara sentencia declarando haber lugar al desahucio de la parte demandada de la finca objeto de autos, condenándoles a dejarla libre y expedita a disposición de la parte actora con imposición asimismo de las costas. Refiere que la entidad actora es propietaria de la vivienda sita en C/ Queixans, nº 26, semisótano, de Barcelona, y que dicha finca viene siendo ocupada por Don José Luis Calderón y por personas desconocidas sin que ostenten título o justificación válida en derecho que dé cobertura a su posesión, ni satisfagan renta ni merced alguna a la entidad actora por razón de la posesión de la finca.

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a los demandados con traslado del escrito de demanda a los efectos de que procedieran a su contestación en el plazo de diez días. Emplazados que fueron los demandados, compareció Don José Luis Calderón oponiéndose a la demanda invocando falta de legitimación activa de la entidad actora por cuanto consideraba que la misma no acreditaba ser la propietaria de la finca referida en autos. Además invocó falta de legitimación pasiva al no determinarse la persona concreta ni el inmueble concreto de la supuesta ocupación en concepto de precario, pues en el juicio de desahucio por precario la legitimación pasiva corresponde única y exclusivamente a quien se encuentre en la posesión real y efectiva de la finca. Y por último alegaba la existencia de un contrato de arrendamiento que legitimaba la posesión de la vivienda de autos y que dijo haber suscrito con una persona que se identificó como propietaria. Los demandados ignorados ocupantes de la finca sita en de la vivienda sita en C/ Queixans, nº 26, semisótano, de Barcelona, no comparecieron en el plazo conferido por lo que fueron declarados en rebeldía procesal.

Habiendo renunciado las partes a la celebración de vista que inicialmente habían solicitado, quedaron los presentes autos preparados para dictar sentencia.

 

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 



PRIMERO.- Constituyendo la esencia del precario (así SSTS 22 de octubre de 1987, 23 de mayo de 1989 o 31 de diciembre de 1992) el uso y disfrute de una cosa ajena sin que medie renta o merced ni otra razón que la mera condescendencia o liberalidad del poseedor real de cuya voluntad depende, mediante la oportuna acción de desahucio, el poner término en cualquier momento a esta situación de hecho, habiendo experimentado el concepto del precario una evolución doctrinal que va desde la mera caracterización de la situación fáctica de precario como mera posesión tolerada en el disfrute de la cosa ajena sin pago de merced o renta (SSTS 29 de marzo de 1955, 29 de octubre de 1956 o 7 de noviembre de 1958), hasta la llamada situación en precario por posesión degenerada, que comprende la mera situación de uso, tenencia o disfrute de la cosa por aquel que carece de título o posesión jurídica válida, bien porque no la haya tenido nunca, bien porque perdió lo que tuvo en su día, por la existencia de otro pretendiente de mejor derecho, o cuando el título que puede invocar sea ineficaz para enervar el mas cualificado que ostenta el actor (SSTS 27 de octubre de 1967, 8 de noviembre de 1968).

Así lo señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª) de fecha 18 de febrero de 2016 al referir: "... el Tribunal Supremo se haya pronunciado en varias ocasiones al respecto, constatándose que la Sala Primera ha resuelto según una concepción de precario que permite ampliar la denominada concepción estricta que venía manteniéndose por algunos tribunales (así, SSTS de 6 de noviembre de 2008, 13 de octubre y 11 de noviembre de 2010, 6 de octubre y 27 de julio de 2011, entre otras; así, la paradigmática STS 30-6-2009 define el concepto de "precario en sentido amplio, como omnicomprensivo de las situaciones de posesión tolerada o sin título, y de las en que el título invocado resulta ineficaz para enervar el de quien reclama la restitución"), llegando a adoptar el TS un acuerdo por mayoría en reunión celebrada el día 17 de enero de 2012, en el sentido de que el artículo 250.2 LEC no sólo alude a aquellos supuestos en los que se ha cedido el inmueble a título gratuito, sin pago de merced - concepto de desahucio del Digesto-, sino también a aquellos otros en los que el demandado se halla en posesión de la finca sin título o con título inicialmente válido pero devenido ineficaz -concepto de precario elaborado por la jurisprudencia antes de la promulgación de la LEC de 2000 (Sentencia de 14 de enero de 2013). Se justifica ampliamente el cambio de criterio en la Sentencia de fecha 26 de marzo de 2012 entre otras. De hecho, la doctrina ha puesto de relieve que el artículo 250.1.2 de la vigente Ley procesal no conceptúa el precario y omite referencias a la mera liberalidad (e incluso las ocupaciones sin o contra el consentimiento de la propiedad), pareciendo que, en términos puramente terminológicos, ciñe la situación de precariedad a los casos en que la finca es cedida en tal concepto; rechazando ese concepto estricto y diciendo que no ha de modificarse el concepto ya existente por vía jurisprudencial del precario, ni ha de otorgarse a la expresión "cedida en precario" mayor extensión que la de ser una simple utilización del lenguaje sin mayores pretensiones que las de indicar que el procedimiento va dirigido a sustanciar las pretensiones de desahucio por precario .

(...) Con ello, el precario constituye la tenencia o disfrute de cosa ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho distinta de la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real, de cuya voluntad depende poner término a dicha tenencia; concepto de creación jurisprudencial a partir de los términos del derogado artículo 1.565.3 de la LEC de 1.881, que no se reduce a la noción estricta del precario en el Derecho Romano, sino que amplía los límites del mismo a otros supuestos de posesión sin título, además de la posesión concedida por liberalidad del titular, como la posesión tolerada (que no tiene su origen en un acto de concesión graciosa) y la posesión ilegítima o sin título para poseer, bien porque no ha existido nunca o por haber perdido vigencia (situación en precario de "posesión degenerada"), teniendo todos estos supuestos en común, la posibilidad de que el titular del derecho pueda recuperar a su voluntad el completo señorío sobre la cosa (SSTS de 31.1.1995 y de 29.2.2000) de forma que, lo que se puede discutir y resolver es acerca del derecho a poseer.

Se incluyen pues, no solamente los supuestos en que se detenta una cosa con la tolerancia o por cuenta de su dueño, sino también todos aquellos en que la tenencia del demandado no se apoya en ningún título y presenta caracteres de abusiva, mereciendo ese calificativo, para todos los efectos civiles, la situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo, y por tanto la falta de título que justifique el goce de la posesión."

 

SEGUNDO.- Para el presente supuesto del estudio de la demanda y de la documentación acompañada a la misma, se estima suficientemente acreditada la causa de pedir de la parte actora, consistente en la petición de desalojo de la parte demandada de la finca de la que es propietaria la entidad actora y que los demandados vienen ocupando sin autorización de dicha entidad. La legitimación activa de la entidad BBVA RMBS 2 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, S.A., aparece debidamente acreditada en autos en cuanto dicha entidad aparece como titular registral de la finca por la que se procede en demanda, teniendo inscrito en el Registro de la Propiedad el pleno dominio de dicho inmueble por título de adjudicación por ejecución de hipoteca, lo que constituye a favor de dicha entidad la posesión real que para el ejercicio de la acción de desahucio es indispensable. Por tanto la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el demandado comparecido Don José Luis Calderón debe ser desestimada.

Igualmente debe ser desestimada la excepción de falta de legitimación pasiva. En principio el demandado Sr. José Luis Calderón reconoce estar en posesión del inmueble referido en autos, alegando ostentar título que le legitima para ello, por lo que puede ser sujeto pasivo de la acción ejercitada, debiéndose analizar precisamente si el referido demandado ha acreditado suficientemente el título que dice ostentar.

Sobre la posibilidad de demandar en un procedimiento de desahucio por precario a los Ignorados ocupantes del inmueble objeto del desahucio, citar la SAP de Barcelona (Sección 13ª) de fecha 7 de octubre de 2015 que refiere:

"Ciertamente existen dificultades, más aparentes que reales, para la determinación de la legitimación pasiva, a la que forzosamente ha de llegarse mediante una interpretación finalística y racional de las reglas de personación e intervención, pues la indeterminación de poseedores en el tiempo no puede impedir, por la propia naturaleza recuperatoria de la acción que se ejercita dirigirla no solo ( y simplemente) frente a quienes aparecen como poseedores actuales, sino (máxime cuando la identidad de aquellos no se conoce ni se puede conocer, o se trata se ocupaciones temporales o distintas personas para actividades diferentes) también frente a los "ignorados ocupantes " o expresión similar, que podrán identificarse durante el curso del procedimiento; tal posibilidad deriva del mismo art. 437 LEC, cuando al establecerse los datos a consignar en la demanda alude expresamente a "los datos y circunstancias de identificación de actor y demandado...", sin exigir sus nombres y apellidos, lo cual ya venía siendo reconocido por el TS (así las SS. de 15.11.1974, 1.3.1991,....: basta cualquier circunstancia pe permita su identificación, aquí, el hecho de la ocupación efectiva respecto del objeto del pleito); en todo caso, caben diligencias preliminares ex art. 256.1 LEC, que, según lo expuesto, resultarán poco efectivas (podrán no ser los mismos ocupantes en el momento de la citación)."

La parte demandada comparecida, Don José Luis Calderón, manifestó ser ocupante de la vivienda refiriendo que ocupaba el citado inmueble en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito con una persona que la parte no identifica en su demanda y que, según refiere, se identificó como propietario de la finca. La parte demandada no aporta prueba alguna de la existencia de tal contrato de arrendamiento, ni identifica al arrendador, ni presenta documento contractual alguno, ni recibos en su poder que justifiquen el pago de la renta que dice la parte demandada que ha ido satisfaciendo. Por tanto el demandado comparecido ni aquellos otros posibles ignorados ocupantes del citado inmueble no acreditan certeramente la existencia de título alguno que legitime la posesión de la finca referida en autos. Por lo que la acción de desahucio ejercitada por la parte actora ha de ser estimada condenando a los demandados a poner a disposición de la parte actora la finca de autos, bajo apercibimiento de lanzamiento si así no lo verifican.

 

TERCERO.- Conforme lo previsto en el artículo 394 LEC, con expresa condena en costas a la parte demandada.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás generales y de pertinente aplicación, en nombre de S.M. El Rey, y por la autoridad que me confiere la Constitución aprobada por el Pueblo Español,

 

FALLO



Que estimando como estimo la demanda instada por la entidad BBVA RMBS 2 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don Francesc Ruiz Castel, contra Don José Luís Calderón, representado por el Procurador de los Tribunales Don Samuel Domínguez Tejada, y contra los Ignorados ocupantes de la vivienda sita en C/ Queixans, nº 26, semisótano, de Barcelona, en rebeldía, debo condenar y condeno a los citados demandados a que dejen a la libre disposición de la parte actora la finca ubicada en C/ Queixans, nº 26, semisótano, de Barcelona, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo verifican en el plazo legal. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación. En el escrito de interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

Dicho recurso precisa para su admisión a trámite la constitución de un depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado. No admitiéndose a trámite recurso alguno cuyo depósito no haya sido constituido al ser interpuesto el recurso de apelación, todo ello según disposición adicional decimoquinta de la LO 1/2009, de 3 de Noviembre (que complementa la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la LO 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial).

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

 

Barcelona, 21 de noviembre de 2016

 

El letrado de la Administración de justicia