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Ficha de esta disposición

Título :
CONFLICTO de jurisdicción número 3/2002-M suscitado entre, por una parte, el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril, don Javier Ramos Arenas y don Francisco Bustos Alonso, y por la otra el Juzgado Togado Militar número 23 de Almería
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 280/2002
Fecha Disposición :
22/11/2002
Fecha Publicación :
22/11/2002
Órgano Emisor :
TRIBUNAL SUPREMO
CONFLICTO de jurisdicción número 3/2002-M suscitado entre, por una parte, el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril, don Javier Ramos Arenas y don, Francisco Bustos Alonso, y por la otra el Juzgado Togado Militar número 23 de Almería.

La Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo constituida por su Presidente y los Excmos. Sres. Magistrados anteriormente citados, dotados de la potestad jurisdiccional reconocida en la Constitución, dicta la siguiente sentencia:

En la Villa de Madrid, a dieciséis de octubre de dos mil dos.
Conflicto de Jurisdicción suscitado entre, por una parte, el Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción número 3 de Motril, en actuaciones del juicio de faltas número 381/2001, seguidas por los hechos ocurridos el 26 de agosto de 2001 entre don Javier Ramos Arenas, soldado del Ejército del Aire, y don Francisco Bustos Alonso, cabo del mismo Ejército, y, por la otra, el Juzgado Togado Militar número 23 de Almería, en el sumario número 23/06/2001, siendo Ponente el Excmo. Sr. José Luis Calvo Cabello, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes de hecho

Primero. En relación con los hechos ocurridos el 26 de agosto de 2001 entre don Francisco Bustos Alonso y don Francisco Javier Ramos Arenas, cuando ambos se encontraban en un pub de Salobreña (Granada), el Juzgado de Instrucción número 3 de Motril y el Juzgado Togado Militar Territorial número 23 acordaron instruir sendos procedimientos.
El primero, al que el Juzgado de Guardia le había remitido el atestado instruido a consecuencia de la denuncia presentada el 26 de agosto de 2001 por don Francisco Javier Ramos, soldado del mismo Ejército, acordó incoar juicio de faltas, al que le correspondió el número 381/2001.
El segundo, que había recibido el parte militar formulado el 27 de agosto de 2001 por don Francisco Bustos Alonso, cabo del Ejército del Aire, acordó la formación del sumario número 23/06/01.
Segundo. El 6 de noviembre de 2001, el Juzgado Togado Militar Territorial número 23 acordó requerir de inhibición al Juzgado de Instrucción número 3 de Motril por entender que la condición militar de ambos intervinientes y el maltrato inferido por uno de ellos, el soldado, al otro, el cabo, fundamentan la competencia de la Jurisdicción militar, de conformidad con los artículos 117 de la Constitución y 3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.
Tercero. Por auto de 29 de abril de 2002, el Juzgado de Instrucción número 3 de Motril rechazó la inhibición interesada por entender que al tratarse de una riña en un establecimiento público sin que ningún indicio aparente a la posible existencia de un delito militar, no es competente la jurisdicción militar.
Cuarto. Por auto de 22 de mayo de 2002, el Juzgado Togado Militar Territorial número 23 acordó plantear conflicto de jurisdicción y remitir las actuaciones a esta Sala, lo que también hizo, cuando le fue comunicado el planteamiento del conflicto, el Juzgado de Instrucción número 3 de Motril.
Quinto. Recibidas las actuaciones, la Sala acordó por providencia de 6 de septiembre de 2002 la formación del rollo correspondiente y dar vista por plazo de quince días al Fiscal Togado y al Fiscal Jefe de la Sala de lo Penal de este Tribunal Supremo, los cuales informaron mediante escritos respectivos de los siguientes 20 y 23 de septiembre en el sentido de que
la competencia le corresponde al Juzgado Togado Militar Territorial número 23 de Almería.
Sexto. Por providencia de 10 de septiembre de 2002, la Sala señaló el día 15 de octubre siguiente, a las once horas, para la resolución del conflicto.

Fundamentos de Derecho

Primero. -A los únicos efectos de determinar el órgano competente, procede fijar los siguientes hechos:
El 26 de agosto de 2001, don Francisco Bustos Alonso trabajaba como camarero en el pub "El Límite", de Salobreña (Granada). Alrededor de las cinco horas,
Don Francisco Javier Ramos Arenas, que se encontraba allí como cliente con unos amigos, le pidió dos botellines de agua, que se llevó sin pagar. Poco después hablaron sobre el pago, no llegaron a un acuerdo, discutieron e intercambiaron golpes e insultos.
Don Francisco Bustos Alonso resultó ser cabo 1.° del Ejército del Aire, y don Francisco Javier Ramos Arenas, soldado del mismo Ejército, estando ambos destinados en el Acuartelamiento EVA número 9, Escuadrón de Vigilancia, de Motril (Granada).

Segundo.-Conforme al artículo 11 7.5.° de la Constitución -y de su contenido debe partirse para resolver los conflictos de jurisdicción entre la jurisdicción ordinaria y la militar- el ejercicio de la jurisdicción militar se limita al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio. Por ello, la tipificación de conductas constitutivas de delito militar, que figuran en el libro H del Código penal militar, queda básicamente centrada, como el legislador puntualiza en el preámbulo del Código penal militar, en los delitos exclusiva o propiamente militares.
Tercero. El conocimiento de los supuestos en que el hecho sea susceptible de ser subsumido en el Código penal y en el Código penal militar se atribuye, según dispone el artículo 12.10 de la L. O. 4/1987, a la jurisdicción militar, si bien esta norma, como la Sala de Conflictos tiene declarado en sentencia de 12 de julio de 2002, debe ser interpretada conforme al principio constitucional antedicho, por lo que en cualquier caso ha de determinarse si el acto de que se trata ha afectado realmente, o al menos puesto en peligro, el bien jurídico militar que la concreta norma del Código penal militar trata de proteger.
Cuarto. En aplicación de lo expuesto, la competencia no puede ser atribuida a la Jurisdicción militar, pues no puede sostenerse que la disciplina, que es el bien jurídico que tratan de proteger los artículos 99.3 y 104 del Código penal militar, donde serían subsumibles las acciones realizadas por don Francisco Bustos Alonso y don Francisco Javier Ramos Arenas, resultara afectada en ninguno de los términos dichos.
Como resulta del primer fundamento de esta resolución, ninguna duda cabe de que en la fecha de los hechos don Francisco Bustos Alonso era cabo del Ejército del Aire, y don Francisco Javier Ramos Arenas, soldado del mismo Ejército. También resulta de las actuaciones remitidas a esta Sala que ambos estaban destinados en el mismo acuartelamiento, el EVA número 9 de Motril. Estas son las únicas circunstancias propias del ámbito militar que pueden afirmarse con certeza a tenor de tales actuaciones. El Fiscal Togado de forma expresa y el Juzgado Togado Militar número 23 de forma implícita sostienen que don Francisco Bustos Alonso y don Francisco Javier Ramos Arenas se conocían recíprocamente a causa del destino común que tenían. Pero esta circunstancia no puede tenerse como cierta a la vista de las primeras declaraciones que uno y otro prestaron, pues en el atestado instruido por la Guardia Civil del Puesto de Salobreña el 26 de agosto de 2001, don Francisco Bustos Alonso dijo que conocía a don Francisco Javier Ramos solamente del instituto, y éste dijo que conocía al primero de jugar al fútbol-sala, no estando seguro de que fueran compañeros del Ejército. En consecuencia, a pesar de considerar cierto que cada uno de los intervinientes en el incidente era militar y que la relación existente entre ellos era jerárquica, la competencia debe ser atribuida a la Jurisdicción ordinaria, porque al no poder establecerse como cierto que esas circunstancias fueran conocidas al menos por uno de ellos, se impone concluir, como se ha anticipado, que la disciplina no fue -no podía serlo- ni siquiera puesta en peligro.
Quinto. Es más, aunque con base en el destino común de ambos, el EVA número 9 de Motril, se presumiera que cada uno conocía la condición militar del otro, o al menos que uno era conocedor de la del otro, el conflicto se resolvería también atribuyendo la competencia a la Jurisdicción ordinaria por dos razones. La primera es que cuando se agredieron verbal y físicamente (estas agresiones se afirman -conviene recordarlo a los únicos efectos de resolver el conflicto), la condición militar de ambos y, en consecuencia, la relación jerárquica existente entre ellos, pese a ser conocidas (hipotéticamente conocidas), no habrían estado presentes, ya que ambos actuaban con otra condición distinta: Don Francisco Bustos Alonso lo hacia como camarero en un pub y don Francisco Javier Ramos Arenas como cliente. Sobre la relación militar, aunque conocida, se había superpuesto otra, la propia que se da entre un camarero y un cliente, siendo con ocasión de esta cuando surgió el altercado, respecto al que, por lo tanto, la disciplina quedó absolutamente ajena. La segunda razón es que tampoco consta que alguno de los dos intervinientes se aprovechara de la ocasión para ofender al otro en cuanto militar. En esta hipótesis que se analiza cabría argumentar, pese a que la relación militar habría quedado únicamente latente, que la disciplina resultó afectada porque alguno de los dos contendientes aprovechó la única relación que estaba activa, la propia de camarero-cliente, para ofender al otro en su condición de militar. Pero no existe dato alguno que permita inferir razonablemente tal comportamiento (en su informe el Fiscal Togado no descarta la existencia de un comportamiento de esa naturaleza, pero como el que afirma -don Francisco Javier Ramos Arenas habría actuado contra don Francisco Bustos Alonso en venganza por haber dado parte de él con ocasión de hechos anteriores carece de cualquier dato que lo sustente con la solidez exigible, tal afirmación sólo puede ser entendida, como por otro lado se dice en el informe mencionado, únicamente en términos de probabilidad).
En consecuencia fallamos:
La Sala acuerda dirimir el presente Conflicto de Jurisdicción en favor de la Jurisdicción ordinaria, declarando la competencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Motril.

Remítase testimonio de esta Resolución a los correspondientes Juzgados a los efectos pertinentes.
Así por esta nuestra Sentencia, que deberá publicarse en el "Boletín Oficial del Estado", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Presidente Excmo. Sr.: Don Francisco José Hernando Santiago; Magistrados Excmos. Sres.: Don José Luis Calvo Cabello; don Agustín Corrales Elizondo; don Cándido Conde-Pumpido Tourón; don Andrés Martínez Arrieta.