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Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se concede autorización administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y se reconoce, en concreto, la utilidad pública de la instalación denominada «Gasoducto de transporte secundario Albolote-Pinos Puente»
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 149/2006
Fecha Disposición :
23/06/2006
Fecha Publicación :
23/06/2006
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Antecedentes de hecho

Primero.-Con fecha 22 de diciembre de 2004, don Enrique Madrid Izquierdo, en nombre y representación de la mercantil «Transportista Sureuropea de Gas, S. A.», con CIF n.º A-84045046, y domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, c/ Orense, 18-8.º, (C.P. 28020), presentó solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación denominada «Gasoducto de transporte secundario Albolote-Pinos Puente», en los términos municipales de Albolote, Atarfe y Pinos Puente, en la provincia de Granada. Con dicha solicitud la compañía peticionaria adjuntó relación concreta e individualizada de los bienes y derechos considerados de necesaria expropiación u ocupación.

Segundo.-La descripción y características de las instalaciones principales a ejecutar son las siguientes:

4.803 metros lineales de tubería de acero de diámetro 8" en calidad API 5L Gr X-42 espesor 5,6 mm y 6.264 metros lineales de tubería de acero diámetro 8" de igual calidad y espesor 7,0 mm.

Estación de Regulación y Medida APB/MPB de (2+1 líneas) × 3.250 Nm3/h de capacidad por línea (G-400).

Estación de Medición APB de capacidad 24.000 Nm3/h (G-250)

Presión de diseño de la instalación: 59 bar relativos.

Longitud: 11.067 m.

Presupuesto total: 2.952.200,74 €.

Tercero.-El expediente ha sido sometido al trámite de información pública mediante publicación del correspondiente anuncio en Boletín Oficial del Estado de 12 de julio de 2005; Boletín Oficial de la Provincia de Granada de 29 de junio de 2005; Diario El Ideal de 8 de julio de 2005 (fe de errores de 11/07/05), y Diario Granada Hoy de 7 de julio de 2005, así como mediante exposición en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Albolote, Atarfe y Pinos Puente, para que en el plazo de 20 días se realizaran las alegaciones que se estimaran procedentes.

Cuarto.-Desde la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa se dio traslado a Transportista Sureuropea de Gas, S. A. de la conformidad, oposición y/o condicionados técnicos emitidos por los organismos y entidades afectados por las instalaciones del proyecto, y que fueron los siguientes:

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, indicando que deberá recabarse la oportuna autorización en caso de que se afecten cauces o zonas de influencia.

Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, manifiesta que las parcelas GR-AT-25, GR-AT-27, GR-AT-20 y GR-AT-18 integran el dominio público viario de la A-92l, por lo que se encuentran sometidas a la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), informa que la parcela 90011 del polígono 12 de Pinos Puente es de dominio público de uso ferroviario por lo que no es posible su expropiación; será necesario cumplir los condicionantes expuestos en la Ley del Sector Ferroviario y las prescripciones técnicas del ADIF.

Junta Central de Usuarios de Aguas del Río Cubillas, alega se ocasionará un perjuicio económico irreparable, además la zona que se pretende afectar está protegida por el Plan Especial de Protección de la Vega de Granada. Propone dos trazados alternativos.

Ayuntamiento de Pinos Puente, solicita suministro a un polígono industrial en construcción en el Pago de Turán y a la zona de Pago Berenguer, así como que se desplace la tubería por encima de la vía de ferrocarril, en la zona verde y de servicios prevista en el Pago de Turán.

Ayuntamiento de Albolote, expone que la escala de los planos aportados no esclarece el trazado y solicita que el contratista presente un aval.

Ayuntamiento de Atarfe, que indica que ha remitido la separata correspondiente a la Delegación Provincial de Cultura por afectar las obras de ejecución a la Zona de Entorno y Zona BIC «Medina Elvira».

Dichos escritos fueron contestados por Transportista Sureuropea de Gas, S. A. poniendo de manifiesto lo siguiente:

En el caso de producirse afección, se procederá a solicitar a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y a ADIF la preceptiva Autorización antes del inicio de los trabajos, añadiendo para ADIF que no se considera la expropiación de dicha parcela sino únicamente su afección por la traza del gasoducto mediante cruce subterráneo.

Respecto a las alegaciones de la Junta Central de Usuarios de Aguas del Río Cubillas, que se impone servidumbre de paso subterráneo de gas y una vez finalizadas las obras, el terreno será restituido a su estado agrícola inicial; la ejecución de las obras se realizará cumpliendo con la Declaración de Impacto Ambiental que en su día se emita; las variantes propuestas ya fueron estudiadas en su día, pero no se obtuvo aprobación por parte de la Demarcación de Carreteras de Granada ni por ADIF.

Respecto a las alegaciones del Ayuntamiento de Pinos Puente, el suministro solicitado se realizará a través de Distribuidora Sureuropea de Gas, S.A.; la modificación del trazado solicitada se encuentra condicionada por el desarrollo de la Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada.

Respecto a las alegaciones del Ayuntamiento de Albolote, que es su intención que el trazado del gasoducto coincida con los viales previstos en el planeamiento urbanístico.

Respecto de las alegaciones del Ayuntamiento de Atarfe, que ha previsto en el Estudio de Impacto Ambiental un Plan de Protección Arqueológica de la zona, que ha sido incluido en la Resolución de 14 /12/2005 de Declaración de Impacto Ambiental a los efectos de su cumplimiento durante la ejecución de las obras.

Quinto.-Durante el período de información pública, se presentaron alegaciones por parte de:

D. Miguel Ignacio Prados Osuna, en representación de la Comunidad de Regantes del Caz de Jotayar de Atarfe-Pinos Puente, que manifiesta su oposición al trazado del gasoducto motivándolo en: a) Que el patrimonio de la Comunidad es inalienable e inajenable por ser una entidad de derecho público; b) La empresa beneficiaria no ha atendido las alternativas que se le han propuesto por la comunidad de regantes y que se pretende afectar a los yacimientos arqueológicos de Medina Elvira; c) Que presentan un proyecto alternativo con dos variantes, una discurre en su totalidad por terrenos de dominio público y la otra por el trazado donde están instaladas las tuberías de la empresa Aguasvira.

A estas alegaciones, Transportista Sureuropea de Gas, S. A. contesta: a) Las acequias afectadas por el proyecto no van a ser objeto de expropiación ni de imposición de servidumbre de paso, no obstante el art. 127 del R. D. 849/1986, de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico, prevé la posibilidad de que las obras del proyecto pueden ser autorizadas con los condicionados técnico que se establezcan; b) Que en la Declaración de Impacto Ambiental positiva publicada en el BOP de Granada de 16/01/2006, se indica que el trazado del gasoducto no podrá afectar al Bien de Interés Cultural Medina Elvira, por lo que Transportista Sureuropea de Gas deberá seguir lo que al respecto se indique desde la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura; c) Que la canalización de este proyecto no puede adaptarse a las distintas formas de los linderos por los que discurre ya que haría el proyecto inviable, que el gasoducto establece una servidumbre subterránea de paso de gas y una vez enterrada la tubería, se restituye el terreno a su estado inicial, quedando apto para su uso agrícola, sin perjuicio del pago del justiprecio correspondiente, y que las alternativas al trazado propuestas ya fueron estudiadas pero tuvieron que ser desechadas bien por motivos técnicos, o por la no obtención de los permisos del Ministerio de Fomento y ADIF.

D. Miguel Ángel Baena Baena, aporta dos alternativas, una basada en un trazado paralelo a la N-432 por el norte y otra entre la N-432 y el FF.CC.

D. Manuel Hinojosa Chica, D. Antonio Ruiz López, D. Fernando Moreno Barrios, D. José Enríquez Gómez, D. Antonio Jesús Box García, D. Francisco Lorca Barranco, D. José Estepa Contreras y D. Manuel Megías Bueno, proponen vías alternativas como el trazado de la red de agua de «Aguasvira».

D. Francisco Marín Castro manifiesta su disconformidad con el trazado por alegar que esta invalidará su finca para el uso agrícola.

D. Gabriel Guzmán López, los herederos de D. José Osuna Ferro, D. José A. Cuadros Molina, D. Juan José Guzmán Zafra, D. José Jimena Martín, Dña. Emilia Guzmán López, D. José Luis Alcalde Gutiérrez, D. Antonio Aviar Martín, Dña. Elisa Lamolda Díaz, D. José María Navarro González, D. Emilio Bolívar Salazar, Dña. Carmen Gutiérrez Molina, Dña. Mercedes Pomares Miranda, D. Manuel Marín Guzmán, D. Antonio García Nievas y D. José Luis Osuna Díaz suscriben la alegación presentada por su Comunidad de Regantes del Caz de Jotayar de Atarfe-Pinos Puente.

D. Aniceto Fernández García, como Administrador único de la entidad Estanterías Metálicas Record, S. L., y Dña. M.ª del Carmen Romero Martínez se oponen a la solicitud. D. Aniceto Fernández García igualmente manifiesta que no puede identificar la finca que se le afecta.

D. Antonio Huertas Capilla hace saber que la finca afectada es su medio de subsistencia por lo que solicita que se busque la forma menos gravosa.

Dña. M.ª del Carmen Martín Pérez y D. José Ramón López Ramírez afirman que la construcción del gasoducto les provoca grandes perjuicios económicos, al tiempo que no consideran lógico el trazado propuesto en base a la especial protección de la Vega de Granada por lo que propone un trazado alternativo.

A estas alegaciones, Transportista Sureuropea de Gas, S. A. contesta: a) las alternativas al trazado propuestas ya fueron estudiadas pero tuvieron que ser desechadas bien por motivos técnicos, o por la no obtención de los permisos del Ministerio de Fomento y ADIF; b) el Proyecto incluye la tramitación de Declaración de Impacto Ambiental; c) el gasoducto establece una servidumbre subterránea de paso de gas y una vez enterrada la tubería, se restituye el terreno a su estado inicial, quedando apto para su uso agrícola, sin perjuicio del pago del justiprecio correspondiente; d) la canalización de este proyecto no puede adaptarse a las distintas formas de los linderos por los que discurre ya que haría el proyecto inviable; e) el presente proyecto esta declarado «ex lege» de utilidad pública (art. 103 de la Ley del Sector de Hidrocarburos); f) se ha presentado un estudio arqueológico de la zona de Bien Cultural mencionada a lo que la Junta de Andalucía ha resuelto que es necesario realizar prospecciones arqueológicas previas al inicio de las obras.

D. Manuel Luzón Guerrero, alega que en su finca se ubica una explotación de vaquería, que la ocupación temporal le produciría un daño irreparable y propone que el trazado se ajuste dentro de la vía de servicio de la A-92.

Transportista Sureuropea de Gas, S. A. manifiesta que es su intención evitar al máximo la ocupación temporal durante las obras, y máxime en una zona del trazado donde la propia vía de servicio (en la que se ubicará la tubería) permita la realización de los trabajos sin necesidad de afectar propiedades privadas.

D.ª Mercedes Jiménez Jaldo, en nombre de su padre fallecido alega que en las fincas afectadas, ubicadas en el municipio de Atarfe, polígono 20, parcelas 13 y 67 y polígono 75043, parcela 04, se encuentran arrendadas a D. Antonio Hidalgo Fernández, las dos primeras y a D. Juan Antonio Carmona Maldonado, la tercera.

Transportista Sureuropea de Gas, S. A. manifiesta que en el pago de la expropiación se incluyen tanto el concepto de servidumbre de paso como el de ocupación temporal, incluyéndose los potenciales daños que pueda sufrir el arrendatario. Por tanto, en la cantidad abonada se incluirán la posible repercusión en la cosecha o uso de las fincas.

D. José Hernández López informa de que tiene un pozo de agua activo en la zona por la que discurre el trazado del gasoducto.

Transportista Sureuropea de Gas, S. A. manifiesta que realizará una leve modificación del gasoducto para evitar la afección a dicho pozo.

D. Antonio Capilla Baena, D. M.ª Angustias Vera Miranda y D. Francisco Martín Pérez indican que el trazado propuesto les perjudicaría seriamente y proponen distintas alternativas. Asimismo D. Antonio Capilla Baena reivindica la titularidad de la finca GR-PP-20, D.ª M.ª Angustias Vera Miranda reivindica la titularidad de la finca GR-PP-18 pero alega que la finca GR-PP-21 no es de su propiedad; D. Francisco Martín Pérez solicita que se mida sobre el terreno los metros que realmente se afectan en su finca.

Transportista Sureuropea de Gas, S. A. contesta: a) el gasoducto es compatible con el uso agrícola de las parcelas, sin perjuicio del abono del justiprecio correspondiente por la afección causada; b) las alternativas al trazado propuestas ya fueron estudiadas pero tuvieron que ser desechadas bien por motivos técnicos, o por la no obtención de los permisos del Ministerio de Fomento y ADIF; c) procede a modificar la titularidad en el sentido indicado por los alegantes; respecto a la finca GR-PP-21, procederá a investigar su titularidad y de no hallarse, se tramitará como desconocido; d) en el momento del levantamiento del acta previa a la ocupación, deberá aportarse por el propietario la documentación acreditativa de la superficie actual de la finca.

D. José María Fernández Fernández informa que las parcelas de su propiedad afectadas por el proyecto fueron vendidas a «Cármenes de Albolote, S. A» y «Josevama Hermanos».

Transportista Sureuropea de Gas, S. A. rectifica la relación de bienes y derechos.

D. José Luis y D.ª Felisa Baena Jiménez manifiestan estar en contra de la expropiación.

Transportista Sureuropea de Gas, S.A. manifiesta que la instalación del gasoducto es compatible con el uso agrícola de la parcela, sin perjuicio del abono del justiprecio por la afección correspondiente.

D. Francisco Capilla Baena manifiesta su disconformidad con el trazado y propone dos trazados alternativos; además afirma que no se puede considerar que el gasoducto sea de utilidad pública.

Transportista Sureuropea de Gas, S. A. manifiesta que el objeto del gasoducto es facilitar la distribución de gas natural para uso doméstico, industrial y comercial en el término municipal de Pinos Puente y su utilidad pública resulta «ex lege» en virtud del artículo 103 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; las alternativas al trazado propuestas ya fueron estudiadas pero tuvieron que ser desechadas bien por motivos técnicos, o por la no obtención de los permisos del Ministerio de Fomento y ADIF.

D. Juan de Dios Fernández Gálvez alega: a) la ocupación de su finca no es necesaria; b) los planos carecen de detalle necesario para la correcta identificación de la finca; c) no aparece identificada la parte de terreno que se pretende ocupar; d) la ocupación temporal pretendida es contraria a nuestro ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia.

Transportista Sureuropea de Gas, S.A. contesta: a) para la ejecución de las obras se precisa una pista de trabajo de 12 metros de ancho, por lo que resulta inevitable ocupar temporalmente una franja de su finca; b) que redacta sus proyectos de acuerdo con la normativa aplicable; c) que la ocupación temporal sí se refleja en los planos parcelarios

Meridional de Gas, S. A. U. alega que ha solicitado Autorización Administrativa para el desarrollo de la distribución en el término municipal de Pinos Puente, partiendo de una red en APA sita en Albolote.

Transportista Sureuropea de Gas, S. A. contesta a) que desconoce que esta empresa haya solicitado la Autorización Administrativa, ya que no existe información pública sobre esta solicitud, b) que el presente proyecto facilita, sin limitación de presión, el desarrollo de gasificación de los núcleos mencionados.

D.ª María Angustias, D. José Antonio, D. José Marcos y D.ª Mercedes Rodríguez Vera, como herederos de D.ª Angustias Vera Miranda, propietaria de la finca GR-PP-18 reiteran el contenido del escrito presentado por su difunta madre donde se proponía un trazado alternativo.

Transportista Sureuropea de Gas, S. A. contesta: a) que procede a corregir en la relación de bienes y derechos afectados la titularidad de la finca reseñada; y b) que las alegaciones presentadas por D.ª Angustias Vera Miranda ya fueron contestadas, de conformidad a lo dispuesto en el art. 79 del R.D. 1434/2002, a la Delegación Provincial.

D. José Lozano Jiménez, manifiesta ser propietario de la finca GR-PP-05, que en la relación de bienes y derechos publicada figuraba a nombre de D.ª Lucía Jiménez López, no está de acuerdo con el proyecto y que el gasoducto atraviesa su finca de lado a lado provocándole un daño irreparable, propone que el gasoducto sea desviado hacia otra zona y por otras fincas.

Transportista Sureuropea de Gas, S. A. contesta: a) que la instalación del gasoducto en su finca no impide que, una vez finalizadas las obras, se pueda continuar la explotación agraria en la totalidad de las fincas afectadas, sin perjuicio del abono del justiprecio correspondiente por la afección causada; y b) que respecto al trazado del gasoducto señalar que el proceso de definición del trazado de un gasoducto no es aleatorio, sino que intervienen una multiplicidad de factores de orden técnico, económico, ambiental y jurídico, el trazado ha de ser lineal en la medida de lo posible, por lo que resulta inviable que el trazado se ajuste a los distintos caminos, cañadas o linderos de todas las fincas de forma que ninguna se vea afectada por la canalización. En cualquier caso el alegante tampoco aporta un trazado alternativo sino que simplemente solicita que sea desviado por otras fincas, por lo que parece que su intención es simplemente que la afección se traslade a terceros, quienes a su vez, ante la falta de motivación de la variación del trazado, tendrían el mismo derecho que el ahora alegante a solicitar que el proyecto no se modificara.

D. Antonio Capilla Baena, manifiesta ser propietario de la finca GR-PP-20, de la que existe arrendatario pero desconoce su nombre y domicilio actual y que anteriormente presento escrito de alegaciones, del que no ha recibido respuesta.

Transportista Sureuropea de Gas, S. A. contesta: a) que las alegaciones formuladas en su día por el interesado ya fueron contestadas, de conformidad a lo dispuesto en el art. 79 del R.D. 1434/2002, a la Delegación Provincial; y b) que respecto del arrendatario, de acuerdo con el art. 4 de la Ley de Expropiación Forzosa, para poder incluirlo en la relación de bienes y derechos afectados deberá solicitarlo, facilitando su nombre y domicilio.

Sexto.-Con fecha 14 de diciembre de 2005, la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía emite Declaración de Impacto Ambiental por la que declara viable el proyecto de Red de Transporte de Gas Natural: Gasoducto de transporte secundario Albolote-Pinos Puente.

Fundamentos de Derecho

Primero.-En la tramitación del expediente se han cumplido los trámites reglamentarios previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, el Reglamento General del Servicio Público de Gases combustibles, aprobado por Decreto 2913/73, de 26 de octubre, el R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre, y la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Segundo.-De conformidad con los Reales Decretos 1091/81, de 24 de abril, y 4164/82, de 29 de diciembre, por los que se transfieren competencias a la Junta de Andalucía en materia de Industria, Energía y Minas, así como el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 11/2004, de 24/04/05, sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 201/2004, de 11/05/04, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y considerando que estas instalaciones afectarán, solamente a la provincia de Granada, esta Delegación en base a lo establecido en la Resolución de 28/01/04, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se delegan competencias en esta materia, dicta la siguiente

Resolución

Otorgar autorización administrativa, aprobar el proyecto de ejecución de instalaciones y declarar en concreto la utilidad pública de la instalación solicitada por Transportista Sureuropea de Gas, S. A. para el proyecto «Gasoducto de transporte secundario Albolote-Pinos Puente», visado por el colegio oficial de ingenieros correspondiente, lo que lleva implícito la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos e implica la urgente ocupación a los efectos del artícu-lo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, con arreglo a las condiciones siguientes:

1. En todo momento deberá cumplirse cuanto se establece en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, así como las normas complementarias; Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, aprobado por Orden de 18 de noviembre de 1974, modificado por Órdenes de 26 de octubre de 1983, 6 de julio de 1984, y 9 de marzo de 1994.

2. El plazo para la puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de doce meses a partir del levantamiento del acta previa a la ocupación de los bienes afectados.

3. Se mantendrán las condiciones y medidas indicadas en la Declaración de Impacto Ambiental, emitida el 14 de diciembre de 2005 por el Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada.

4. La empresa Transportista Sureuropea de Gas, S. A. constituirá en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de esta resolución garantías por valor de 59.044,01 euros, importe correspondiente al 2 % del presupuesto que figura en el expediente conforme a lo dispuesto en el art. 67,3 de la Ley 34/98, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en la Caja General de Depósitos de la Consejería de Economía y Hacienda de Granada a disposición de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, debiéndose remitir a esta Delegación en el plazo máximo de un mes, la constitución de dicha garantía. Este se devolverá al interesado una vez que, formalizada el acta de puesta en servicio de la instalación, el interesado la aporte junto con la solicitud de devolución.

5. Todas aquellas alegaciones formuladas por los interesados a las que no se da respuesta expresa por esta Delegación Provincial en esta Resolución, deben entenderse desestimadas.

6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de tercero e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otras necesarias para la ejecución de las obras de las instalaciones.

7. Acordar la iniciación del procedimiento de expropiación que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y reglamento de desarrollo, respecto a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado y que se concretan en la expropiación del pleno dominio e imposición de las servidumbres que se describen en la relación de afectados que se une como anexo a la presente Resolución.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 18 de mayo de 2006.-El Delegado Provincial, Alejandro Zubeldia Santoyo.

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