"Primero. Incoar el procedimiento administrativo de Reestablecimiento del orden Jurídico Perturbado en relación con la infracción urbanística por colocación de porche sobre solana en Ctra. General del Norte, TF-152,124, vivienda A-105 (Residencial El Molino) cuya propiedad pertenece a D.ª María Isabel del Toro Santana y D. Juan Eduardo Navarro González, siendo estos los presuntos responsables de una infracción administrativa tipificada en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b.
Segundo. Requerir a los presuntos infractores para que durante la tramitación del procedimiento, proceda a corregir la situación ilegal creada (mediante el ajuste de las obras a la normativa vigente) como consecuencia de la presunta comisión de la infracción, solicitando en el plazo de tres meses la legalización de las mismas conforme con lo dispuesto en el artículo 177.3 del Decreto Legislativo 1/2000, advirtiéndole que en el caso en que no proceda a la solicitud de la correspondiente legalización se acordará la imposición de hasta diez multas coercitivas impuestas por períodos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del cinco por ciento del coste de las obras y, en todo caso y como mínimo, de "100.000 pesetas" (600 euros), tal y como viene dispuesto en el artículo 176.4.
Tercero. Indicar a D.ª María Isabel del Toro Santana y D. Juan Eduardo Navarro González que deberán ajustar las citadas obras, realizadas sin el correspondiente título habilitante, a la normativa vigente en materia de condiciones de habitabilidad."
Lo que se hace público a efectos de notificación al interesado al no haberse podido practicar la notificación personalmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, significándole que contra el presente acto de trámite no cabe recurso alguno, si bien las alegaciones al mismo serán tomadas en consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En la Villa de El Sauzal, a 6 de febrero de 2012.
El Alcalde-Presidente, Mariano Pérez Hernández.