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Ficha de esta disposición

Título :
Dictamen de la comisión informativa de hacienda y patrimonio de fecha 17 de diciembre de 2010, relativo a propuesta de resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales y precios públicos que han de regir durante el próximo ejercicio 2011
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-SEGOVIA 156
Fecha Disposición :
17/12/2010
Fecha Publicación :
29/12/2010
Órgano Emisor :
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
El Pleno de este Ayuntamiento de Segovia en sesión de 20 de diciembre de 2010 ha adoptado acuerdos disponiendo la desestimación de reclamaciones presentadas y elevando a definitivo el acuerdo provisional de 29 de octubre de 2010 mediante el que fueron aprobadas diversas modificaciones de las actuales Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos, procediéndose a su publicación conforme a lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley de las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE día 9) y a los efectos de su entrada en vigor el 1 de enero de 2011 y a lo previsto en el artículo 19 de la misma, relativo a la interposición de recurso contencioso-administrativo.

«Acuerdo núm. 314.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2010, RELATIVO A PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS QUE HAN DE REGIR DURANTE EL PRÓXIMO EJERCICIO 2011. Fue dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa citada, el cual es del siguiente tenor: "DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO. Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2010. PROPUESTA DE RESOLUCION DE LAS RECLAMACIONES FORMULADAS AL ACUERDO PROVISIONAL DE MODIFICACION Y REVISION DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS QUE HAN DE REGIR DURANTE EL PRÓXIMO EJERCICIO DE 2011.

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2010, en virtud del cual se resolvió aprobar provisionalmente la modificación y revisión de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos que han de regir a partir del 1º de enero de 2011, y, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, someter el mismo, junto con su expediente, a exposición pública "en el tablón de anuncios de la Corporación durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas".

Visto el Informe emitido por la Encargada del Registro General de este Ayuntamiento, en fecha de diciembre de 2010, en el que acredita que el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2010, en virtud del cual se resolvió aprobar provisionalmente la modificación y revisión de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos que han de regir a partir del 1º de enero de 2011, estuvo expuesto al público en el Tablón de Anuncios de esta Corporación, desde el día 30 de octubre hasta el de 15 diciembre, de 2010, ambos inclusive y, por tanto, observando el plazo de exposición de 30 días hábiles como mínimo, previsto en el artículo 17.1 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Visto que el meritadoacuerdo fue publicado, mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, Número 134, de 8 de noviembre de 2010, respetando, igualmente, el plazo de exposición pública de 30 días hábiles, durante el cual estuvo puesto de manifiesto el expediente de referencia para su consulta en las Oficinas municipales de la Sección de Tributos y posibilitar la interposición de las reclamaciones que se estimaran oportunas por los interesados, mediante presentación de escritos ante el Registro General de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento.

Vista la Certificación emitida por la Sra. Vicesecretaria General de este Ayuntamiento, con el Visto Bueno de la AlcaldíaPresidencia, en fecha 16 del corriente mes de diciembre, cuya literalidad dice:

"Que, según datos obrantes en el Libro de Edictos de este Excmo. Ayuntamiento de Segovia, el anuncio del acuerdo plenario de aprobación provisional de la modificación, con efectos a partir de 1 de enero de 2011, de las Ordenanzas Fiscales y Disposiciones de Precios Públicos adoptado por el Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2010, ha permanecido expuesto en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento -Edicto nº 1778/2010- entre los días 30 de octubre y 15 de diciembre de 2010.

De otro lado, y según datos obrantes en el Registro General, resulta que, revisado el Libro General de Entrada, y según su soporte informático, en el plazo de exposición pública a que ha estado sometido el citado expediente de Modificación de las Ordenanzas Fiscales y Disposiciones de Precios Públicos, aprobado en acuerdo Plenario de fecha 29 de octubre de 2010, y publicado en el BOP de Segovia nº 134 de 8 de noviembre de 2010, siendo aquel de treinta días hábiles, comprendido entre los días 9/11/2010 y 15/12/20, ambos inclusive, consta la presentación de los siguientes escritos:

Nº ASIENTO REGISTRAL: 2010046237

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 1/12/2010 12:17

INTERESADO: JAVIER OTONES GIL

EXTRACTO

SOLICITA SE MODIFIQUE Y CATALOGUE DE SEGUNDA CATEGORIA ORDENANZA FISCAL RESPECTO A TARIFAS A APLICAR EN TERRAZAS DE BARES A LA AVDA PADRE CLARET

Nº ASIENTO REGISTRAL: 20100046239

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 1/12/2010 12:19

INTERESADO: ALONSO MORUJO INFANTE

EXTRACTO

SOLICITA SE MODIFIQUE Y CATALOGUE DE SEGUNDA CATEGORIA ORDENANZA FISCAL RESPECTO A TARIFAS A APLICAR EN TERRAZAS DE BARES A LA AVDA PADRE CLARET

Nº ASIENTO REGISTRAL: 20100046576

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 3/12/2010 14:05

INTERESADO: ANGEL VELASCO SANZ

EXTRACTO

PRESENTA ALEGACIONES A MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES Y SOLICITA RECTIFICACION TARIFA REGULADORA MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS CONSTRUCCION.

Asimismo, consta presentación por D. Javier Otones Gil con número de asiento registral2010047531 de fecha 15/12/10 y por D. Alonso MorujoInfante, con número de asiento registral2010047530 de fecha 15/12/10, escritos reiterando alegaciones presentadas con fecha 1 de diciembre de 2010".

Vistas las reclamaciones interpuestas por D. Javier Otones Gil y D. Alonso Moruno Infante, ante el Registro General de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento el día 1 de diciembre de 2010, reiteradas en fecha 15 de diciembre de 2010, con idéntico tenor literal, referidas al artículo 4º, (tarifas y cuotas), Epígrafe 2º, terrazas de bares, de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Utilización Privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal, cuestionándose la actual clasificación de las tarifas de las terrazas de establecimientos hosteleros, en concreto la que afecta a los ubicados en la Avenida Padre Claret, en el tramo a partir del número 8 hasta su confluencia con la calle Soldado Español, y se solicita se modifique y se catalogue a la Avda. Padre Claret, a efectos de tarifas y cuotas, como segunda categoría, que se corresponde con una cuota de 25,95 euros.

Vista la reclamación interpuesta por D. Ángel Velasco Sanz, ante el Registro General de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento el día 3 de diciembre de 2010, referida al artículo 4º, (tarifas y cuotas), Epígrafe 9º, Materiales, maquinaria y otros elementos utilizados en la construcción, de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Utilización Privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal, respecto de la cual señala que la tarifa que se pretende aprobar es por metro cuadrado y mes, a razón de 7,19 euros, entendiendo injusta tal forma ya que si sólo se necesitara ocupar la vía pública por un día o más, pero sin llegar al mes, se obliga a pagar por algo que no se utiliza, solicitando se rectifique dicha tarifa regulándola por metro cuadrado y día y no por metro cuadrado y mes como se pretende aprobar.

Visto el Informe emitido por el Jefe de la Sección de Tributos, en fecha 17 de diciembre de 2010, cuya literalidad dice:

"El artículo 17, apartado 3, de la Ley de las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en relación con la tramitación del procedimiento de aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales de las entidades locales que «finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional».

En el expediente epigrafiadoreferido al acuerdo provisional del Pleno de este Ayuntamiento de 29 de octubre último, el plazo de exposición pública terminó el día 15 del presente mes de diciembre, habiéndose certificado y dado traslado por la Oficina de Registro de los escritos presentados que guardan relación con dicho expediente y trámite, siendo, por su orden de presentación, los suscritos por Don Javier Otones Gil, Don Alonso MorujoInfante y Don Ángel Velasco Sanz, registrados con fechas 1 de diciembre los dos primeros y el día 3 el último citado.

En los escritos presentados se hace mención a las Ordenanzas fiscales «para 2011» o «con efectos de 2011», como expresamente señalan, sin embargo conviene señalar que las precisas y concretas alegaciones que se formulan no se corresponden con las específicas modificaciones de las Ordenanzas fiscales y de precios públicos que con efectos a partir de 1 de enero de 2011 fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno mediante el acuerdo provisional de 29 de octubre pasado, y ello por cuanto dichas modificaciones se limitaron exclusivamente a aplicar un incremento general y lineal del 1,8 por 100 equivalente a la subida del índice oficial de precios (IPC), pero sin que se hayan creado nuevas tarifas ni revisado las ya existentes.

Por otra parte, en ninguno escrito se utiliza el término reclamación, ni siquiera el más genérico de alegaciones. Sin embargo, no cabría ver en tal inconcreción, por sí sola, causa suficiente de inadmisión, y ello de conformidad con lo que se establece para los recursos administrativos en el artículo 110, apartado 2º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de aplicación supletoria al presente procedimiento, disponiendo que «el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter» y, por otra parte, por el principio antiformalistaque debe informar la aplicación práctica del derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 24 de la Constitución, según consolidada doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, debiendo señalar de entre todas sus Sentencias la de 8 de octubre de 1985 (RTC 1985/110) en la que se afirma que «tales exigencias formales, que cumplen por lo general una misión transcendente en la ordenación del proceso, sólo deben causar la grave consecuencia de inadmisióndel recurso, obstaculizando la tutela judicial efectiva, luego de haberse tenido por el juzgador presente, que este derecho fundamental, contiene un mandato positivo que obliga a interpretarlas en su regulación legal en el sentido más favorable para su efectividad, y además, que no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insalvable para la prosecución del proceso»

Así, pues, por el contenido mismo de los escritos, como por las específicas menciones que se hacen a las Ordenanzas fiscales con efectos de 2011, y sin perjuicio de que las alegaciones no guarden la debida correspondencia con las específicas modificaciones acordadas, cabe concluir, en este punto, que en aras de la mayor garantía de seguridad jurídica del acuerdo y del respeto escrupuloso al principio «pro actione», así como del control que ejercen los Tribunales de la discrecionalidad de los poderes públicos en la salvaguardia de los principios de interdición de la arbitrariedad, resulta conveniente ante la duda de que dichos escritos puedan llegar a considerarse como reclamaciones contra el acuerdo municipal que, habiendo sido presentados en plazo, haya de entrarse a conocer sobre el fondo de los mismos, si bien, como ya ha quedado dicho, ninguno de ellos se dirija específicamente al repetido acuerdo plenario provisional.

Por su parte, en lo relativo al requisito de la legitimación para interponer reclamación, el artículo 18, apartado a), de la Ley de las Haciendas Locales, establece en relación a este específico procedimiento de aprobación de ordenanzas fiscales y a los efectos de presentar reclamaciones contra los acuerdos correspondientes, que «tendrán la consideración de interesados

a) Los que tuvieren un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos»

Aplicando el precepto al presente caso, es de señalar que si tenemos en cuenta, por una parte, que ni la ordenanza fiscal reguladora de la tasa objeto de alegaciones denominada «Tasa por Utilizaciones Privativas y Aprovechamientos Especiales del Dominio Público Municipal», ni la normativa aplicable a dicho dominio público contenida en reglamentaciones municipal, autonómica y estatal, exigen especiales requisitos para poder ser titular de una licencia municipal, sino los generales de los requisitos administrativos en la materia y, por otra, el carácter amplio, nunca restrictivo, del que goza en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo el concepto de "interés directo", bastando por citar a este respecto las Sentencias de 19 de noviembre de 1993 (1993/8451), 8 de abril de 1994 (RJ 1994\3016) y 28 de enero de 1999 (RJ 1999/571), y que, en cualquier caso, examinado dicho requisito de condición de interesado con relación a cada uno de los firmantes de los escritos se ha podido comprobar que se cumple convenientemente el mismo, bien de forma general, porque se tenga la condición de vecino del municipio (artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (BOE día 3), de Bases del Régimen Local), bien, de forma directa, por la cualidad de titular de un inmueble, actividad o establecimiento sujeto a la tasa objeto de alegación, puede concluirse que existe en todos ellos la exigible legitimación activa.

En los dos escritos primeros citados, ambos exactamente iguales en su redacción y contenido, presentados el día 1 de diciembre, se cuestiona la actual clasificación de las tarifas de las terrazas de establecimientos hosteleros, en concreto la que afecta a los ubicados en la avenida Padre Clareten el tramo a partir del número 8 hasta su confluencia con la calle Soldado Español (tarifas epígrafe 2º de la Ordenanza fiscal de la Tasa por Utilizaciones Privativas y Aprovechamientos Especiales del Dominio Público Municipal). Dicha tarifa es la máxima, denominada «categoría especial», siendo su importe de 74,85 euros por metro cuadrado y temporada. Es la misma tarifa que se aplica, por ejemplo, a las terrazas de la Plaza Mayor, equiparación que no encuentran justificada los titulares de los establecimientos que presentan estas actuales alegaciones, argumentando una serie de razones de muy diversa índole (ubicación desprotegida, densidad del tráfico, excluidas de eventos culturales y turísticos, etc.), solicitando, en conclusión, el descenso de tarifa a categoría segunda como, por ejemplo, señalan los propios reclamantes, lo es la calle de José Zorrilla, que también cuenta con aparcamiento subterráneo público municipal.

En contestación a dichas alegaciones cabe decir que los antecedentes de dicha clasificación tarifariase remontan al año 2009, ejercicio durante el cual se aprobó la inclusión del tramo en cuestión en la citada categoría especial mediante acuerdo plenario de 27 de octubre.

Ciertamente, por tanto, es fácil concluir que fue en el año anterior 2009, durante la exposición pública del citado acuerdo, cuando deberían haberse presentado oportunamente las alegaciones ahora formuladas, debiendo ser calificadas, ahora, en el expediente del corriente año, de extempóraneas, pues, como queda dicho, mediante el acuerdo plenario de 29 de octubre último no se ha tocado la tarifa en cuestión más allá que las demás tarifas incrementándolas en la subida lineal en la misma proporción del IPC.

En consecuencia, a la vista de lo expuesto, no cabe sino concluir que no resultan procedentes las alegaciones de ambos escritos y, por tanto, puedan desestimarse atendiendo a que

a) por un lado, la adecuada congruencia que debe guardar el proceso en este punto entre lo acordado inicialmente y la aprobación definitiva que deba producirse, de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 15 al 19 de la citada Ley de las Haciendas Locales para la aprobación y modificación de ordenanzas fiscales de las entidades locales. Como afirma el Tribunal Constitucional en su Sentencia número 20/1982, de 5 mayo, Rep. Aranz. RTC 1982\20, «la doctrina sobre la congruencia, que según lo dicho puede en algunas especiales ocasiones determinar una violación del artículo 24 de la Constitución, por inobservancia del derecho de defensa, es perfectamente compatible con el principio tradicional según el cual «iuranovit curia». Los Tribunales no tienen necesidad, ni tampoco obligación, de ajustarse en los razonamientos jurídicos que les sirven para motivar sus fallos a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes y pueden basar sus decisiones en fundamentos jurídicos distintos, pues la tradicional regla encarnada en el aforismo «iuranovit curia» les autoriza para ello o en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1991, Rep. Aranz. RJ 1991\3115, señalando que «como ya ha tenido ocasión de declarar esta Sala, en sentencias de 19 de abril de 1984 (RJ 1984\1965), 20 de octubre de 1986 (RJ 1986\5946) y 4 de diciembre de 1987 (RJ 1987\9179), cuando, como en el presente caso ocurre, la pretensión reconvencionalno planteó una cuestión ajena al tema principal, sobre la que la sentencia recurrida resolvió, no se aprecia indefensión ni incongruencia, y más si se considera que lo establecido sobre una cuestión con aspecto positivo, significa la exclusión de lo negativo y viceversa, y habida cuenta que, como tiene declarado esta Sala en sentencia de 7 de junio de 1990 (RJ 1990\4742), resulta plenamente coherente y ajustada la parte dispositiva de la sentencia, sin generar incongruencia, cuando se acomoda a los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, no concediéndoles más de lo pedido por el demandante, ni menos de lo admitido por el demandado, ni otorgando cosa distinta de lo pretendido, debiendo recordarse, en fin, que sólo se producirá incongruencia, con relevancia constitucional, cuando las resoluciones judiciales alteren de modo decisivo los términos en que se ha desarrollado la contienda, sustrayendo a las partes el verdadero debate contradictorio y produciéndose un fallo o parte dispositiva no adecuado o no ajustado sustancialmente a las recíprocas pretensiones de las partes y b), por otro lado, al principio de autonomía de las Entidades locales que pueden ejercer en la configuración de sus tributos dentro del respeto al principio general de reserva de ley, en particular, la descripción de sus tarifas conforme se señala en la Sentencia del Tribunal Supremo de de 20 febrero 1998, Rep. Aranz. RJ 1998\2267 («el artículo 24, apartado 2, de la Ley 39/1988, confiere a los Ayuntamientos una amplia autonomía para disponer y regular en la correspondiente Ordenanza Fiscal, las cuotas tributarias, bien mediante la aplicación de una tarifa consistente en tantos por ciento que se giran sobre la base imponible, bien mediante cuotas fijas señaladas al efecto, o bien mediante la aplicación conjunta de ambos procedimientos. () El límite legal para el ejercicio de las facultades que los Ayuntamientos tienen, dentro de la autonomía que les confiere la Constitución Española, la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases de Régimen Local, y la Ley 39/1988, de 28 diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se halla en el apartado 1, del artículo 24, de esta última Ley, que dispone que «el importe estimado de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate», de modo que si se respeta dicha cifra global tope, no hay, en principio inconveniente jurídico para que los Ayuntamientos puedan establecer una amplia dispersión de las cuotas, incluso con carácter no proporcional, sino con introducción de algún factor de progresividad. () La Sala manifiesta que el grado de progresividades siempre una decisión política, en este caso de la Corporación Local, de apreciación axiológica, de lo que considera debe ser la justa trascendencia de la capacidad económica, (), apreciación que no puede ser sustituida por la posición subjetiva de la Sala, pero en cambio, sí puede ésta examinar la consistencia interna de la razón de progresividad, acordada por la Corporación, en debido respeto del artículo 9.3 de la Constitución que garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Ahora bien, para llegar la Sala al convencimiento de que la cuota () señalada en la Ordenanza Fiscal correspondiente, es arbitraria, no es suficiente la intuición, ni la apariencia, ni la simple corazonada, es necesario que la parte recurrente pruebe razonadamente, que la cuota especial referida carece de todo fundamento racional y rompe y violenta la propia razón de la progresividad, () En el escrito de alegaciones del recurso de apelación se vierten juicios de valor, por supuesto respetables, pero sin el aporte necesario de datos cuantitativos demostrativos de la falta de justificación de la cuota especial discutida, por ello el recurso debe ser desestimado» En parecidos términos la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2009, Rep. Aranz. RJ 2009\1800, cuando afirma «Nada de ilegal hay en ello, pues el valor de mercado establecido para la utilidad derivada del aprovechamiento es, como dice el art.24.1.a) de la LTHL, una "referencia" que debe tomarse en cuenta para establecer el importe de la tasa que, sin embargo, no tiene por qué coincidir con dicho valor, sino que se fija a partir del mismo haciendo uso de la discrecionalidad política que incumbe a los órganos municipales competentes para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales» Por último, en Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 10 de abril de 2002, Rep. Aranz. JT 2002\1237, se señala que «Se alega () una discriminación de los transportistas en función de la carga que transporten y no del peso de sus vehículos, a lo que hay que decir que el establecimiento de las tasas es competencia de los Ayuntamientos que de acuerdo con la Ley pueden decidir en que casos las establecen y en cuales no, además indirectamente su establecimiento guarda relación con la potestad autoorganizatoria de los mismos»

En cuanto al tercero de los escritos cabe señalar otro tanto, en el sentido de que las alegaciones versan sobre la descripción de la propia tarifa, no de su importe modificado por el tan repetido acuerdo de 29 de octubre pasado. Efectivamente, lo que se cuestiona no es el importe fijado para 2011, sino la forma que adopta la tarifa en cuanto viene establecida por mes o fracción, siendo éste el período mínimo tarifable, incluidos los casos en que el tiempo de ocupación sea inferior al propio mes. Hay que señalar que la tarifa específicamente recurrida es la referida a las ocupaciones mediante materiales e instalaciones de construcción (tarifas epígrafe 9º de la misma citada Ordenanza fiscal).

A estas alegaciones cabe señalar por un lado que la descripción de la tarifa ha venido establecida así desde la aprobación de la repetida Ordenanza fiscal en el año 1998, incluso se configuraba de igual modo ya en años anteriores desde los que se tienen antecedentes. Señalar que durante este largo período de tiempo no se tiene conocimiento de que se haya suscitado el cuestionamiento ahora planteado por el recurrente. Más bien, al contrario, la gestión de la tasa en este tipo de ocupaciones ha sido normal y su aplicación pacífica en este punto. Por otro lado, conviene señalar que la estructura de la tarifa responde a la vinculación que tiene de forma directa con las licencias municipales de ocupación, que se conceden en su inmensa mayoría por períodos de meses, siendo esto así por la vinculación que tienen, a su vez, tales licencias con las actuaciones a las que van ligadas que no son otras que las licencias de obras y, particularmente, las de construcción y rehabilitación, reforma o reparación de edificaciones, cuyos tiempos de realización son prolongados.

En consecuencia, y atendiendo, como ya ha quedado dicho anteriormente para los otros escritos de alegaciones, respecto a la adecuada congruencia y coherencia que deben guardar, primeramente, las propias reclamaciones con el contenido de los acuerdos que se impugnan y, en segundo lugar, los términos de éstos con los acuerdos definitivos que les siguen en el procedimiento específico previsto para este tipo de normas reglamentarias, son los motivos que determinan que las alegaciones no resulten procedentes y, consiguientemente, puedan, igualmente, desestimarse.

Como se afirma en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 30 de noviembre de 2001, Rep. Aranz. JT 2002\262, «formuladas alegaciones () con tal que las mismas tengan conexión lógica con lo que constituye el objeto del procedimiento, las mismas se analizan según se desprende del expediente () Lo que constituye en cambio vicio de procedimiento es el no tener en cuenta esas alegaciones, aunque se hayan formulado en el trámite de información pública, por el órgano competente, () Ciertamente el deber de tener en cuenta los datos aportados en alegaciones por parte de la Administración que ha de resolver no supone en modo alguno que la resolución haya de referirse expresamente a todas y cada una de las alegaciones formuladas. Basta que el texto del acuerdo correspondiente se desprenda que efectivamente fueron tenidas en cuenta bien para aceptarlas bien para rechazarlas»

En definitiva, y en síntesis con lo expuesto, teniendo en cuenta que el objeto del acuerdo plenario de 29 de octubre no es otro, concretamente, que el de elevar las tarifas en el mismo porcentaje que el del incremento del IPC y no la creación o establecimiento de las mismas, y reiterando lo ya manifestado en el primer informe de esta Sección al expediente, de fecha 21 de octubre, con referencia a lo establecido en la normativa aplicable a las tasas municipales en cuanto a la exigencia de cobertura y equilibrio económico de las tarifas, así como de la oportuna justificación o acreditación de todo ello mediante el correspondiente estudio, memoria o informe económico que debe acompañar al expediente, conforme se dispone en los artículos 24 y 25 de la citada Ley de las Haciendas Locales y, supletoriamente, en el artículo 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, procede la adopción de nuevos acuerdos municipales expresos, por una parte, de desestimación plena de las alegaciones contenidas en los escritos y, de otra, de aprobación definitiva de las repetidas modificaciones acordadas provisionalmente.

Por último, y sobre la adopción y publicación del acuerdo definitivo, se debe recordar que, una vez adoptado acuerdo expreso de desestimación de las alegaciones, y a la vista de lo establecido en el ya reproducido al inicio del presente informe, apartado 3º del artículo 17 de la tan repetida Ley de las Haciendas Locales, y, añadiendo ahora, lo dispuesto en el apartado 4º del mismo precepto, en el sentido de que «en todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación»; por su parte el artículo 111 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, establece que «los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de los tributos locales, así como las modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la imposición y ordenación de tributos locales, sin que le sea de aplicación lo previsto en el artículo 70.2 en relación con el 65.2, ambos de la presente Ley», procedería, como ha quedado dicho, la adopción de nuevo e, igualmente, expreso acuerdo municipal, aprobando definitivamente las modificaciones de las Ordenanzas fiscales y de precios públicos acordada provisionalmente en sesión de 29 de octubre último, debiendo tener en cuenta que la publicación en el Boletín oficial de las modificaciones fiscales debe producirse antes del 1 de enero de 2011, fecha prevista para su entrada en vigor.

Debe insistirse en el cumplimiento riguroso, en tiempo y forma, de dicho trámite de publicación, siendo de capital importancia, toda vez que del mismo depende la plena efectividad de las modificaciones, de manera que, de no cumplirse con tal requisito, las mismas podrían verse afectadas de nulidad radical, ello como viene señalando de forma constante y uniforme la doctrina jurisprudencial.

Así tenemos que en Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de mayo de 1998, Rep. Aranz. JT 1998\913, se señala que « el tenor del art.17.4 de la Ley 39/1988 (con independencia de la mayor o menor fortuna del legislador en el empleo de la locución "texto integrado") obliga a publicar tanto el acuerdo definitivo, como el texto íntegro de la ordenanza o sus modificaciones, exigencia ligada a su entrada en vigor»

En Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de julio de 1996, Rep. Aranz. JT 1996\1365, se declara que «distinta consideración merece en cambio la denunciada falta del acuerdo de aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación Municipal, al tratarse del cumplimiento de un requisito formal exigido expresamente en el artículo 17.4 de la LHL () La denunciada omisión, () tipifica uno de los motivos de anulación previstos en el art.48 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto presupone la falta de un requisito formal indispensable para alcanzar su fin»

En Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 18 de julio de 2003, Rep. Aranz. JUR 2003\275585, se afirma que «resulta totalmente intrascendente, en lo que aquí interesa (eficacia temporal de una norma tributaria), la fecha de entrega de la nueva ordenanza número 507 a la Diputación Provincial de () o a la Imprenta de este último ente local. Desde luego, la validez de una norma jurídica no puede quedar supeditada a una discusión sobre las fechas de entrega del acuerdo o norma a publicar en la imprenta de que se trate, o si en el procedimiento material de publicación, impresión o distribución se han producido disfunciones. Esta cuestión se limitaría estrictamente al funcionamiento correcto o incorrecto de un servicio público, pero no puede afectar a la validez y eficacia de una norma tributaria. Una elemental norma de prudencia en la gestión municipal aconseja la remisión de todo acuerdo que requiera legalmente su publicación con la antelación suficiente para que ésta se produzca sin estrechecestemporales, lo contrario supone exponerse a situaciones como la que hoy se analiza (debiendo asumir sus consecuencias). Y por pasiva, remitida la norma o acuerdo de que se trate a la administración encargada de su publicación con la antelación temporal suficiente, de no materializarse esta, la administración remitente podrá exigir la responsabilidad patrimonial oportuna tal y como le faculta el artículo 106 de la Constitución Española, los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de RJAP y PAC y el Real Decreto 429/93. () Centrada ya la cuestión, el requisito de fondo que debe respetar el ayuntamiento de () en la publicación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es que por exigencias del particular devengo de este impuesto y su período impositivo, en relación con la fecha de publicación de la ordenanza que lo regule es que el día 1 de enero de cada ejercicio fiscal de que se trate la ordenanza debe estar publicada y en vigor. En tal sentido se pronuncian los artículos 16, 17 y 75 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales. Sobre este extremo no hay controversia de las partes. () la publicación de una norma en el Boletín Oficial del Estado deja constancia de su existencia y contenido ante la comunidad y ante los órganos y tribunales () como ha reconocido reiterada jurisprudencia de esta Sala (por todas, la Sentencia de 15 noviembre 1983 [RJ 1983 5775]), habiéndose reconocido en la Sentencia de 31 octubre 1979 (RJ 19793910) que para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones de carácter general, deberán de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y entrar en vigor conforme a lo dispuesto en el Código Civil (salvo disposición en contra). Por su parte, otras resoluciones (STS Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, de 30 de noviembre de 1994, rec.cas. núm. 9422/1992 (o la STS 3.ª9, de 27 diciembre 1989 (RJ 1992 10418) advierten que la publicidad de las normas jurídicas escritas es un requisito esencial de su existencia y simple condición de eficacia de las mismas (ex. artículo 9.3 de la Constitución). Esta publicidad se hace efectiva, en general, mediante su inserción en el Boletín Oficial de que se trate, cuyo texto tiene la consideración de oficial y auténtico. () En esencia, lo que se trata es de velar al máximo por el principio de Seguridad Jurídica, fundamento este último del Principio de Publicidad de las Normas como se dijo más arriba»

La Comisión, previa deliberación, visto el Informe emitido por la Jefatura de la Sección de Tributos, más arriba trascrito y que sirve de fundamento a la propuesta de resolución que el presente dictamen contiene, propone, por unanimidad, al órgano municipal competente, Ayuntamiento Pleno, ACUERDE: PRIMERO.- En base a los fundamentos jurídicos contenidos en el Informe emitido por la Sección de Tributos y anteriormente trascrito, DESESTIMAR, plenamente, las alegaciones presentadas por don Javier Otones Gil, don Alonso Moruno Infante y don Ángel Velasco Sanz al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2010, en virtud de cual se resolvió aprobar, provisionalmente, la Modificación y Revisión de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos que han de regir a partir del primero de enero de 2011, y someter el mismo, junto con su expediente, a exposición pública durante el plazo de treinta días hábiles.

SEGUNDO.- APROBAR, DEFINITIVAMENTE, LA MODIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES Y DE PRECIOS PÚBLICOS QUE HAN DE REGIR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2011, ratificando el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2010, en virtud del cual se aprobó, provisionalmente, la meritada Modificación y Revisión. TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el texto íntegro del acuerdo definitivo de Modificación y Revisión de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos, que han de regir a partir del primero de enero de 2011, habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia antes del día 1 de enero de 2011, fecha prevista para su entrada en vigor.

CUARTO.- Asimismo, el Ayuntamiento editará dentro del primer cuatrimestre del ejercicio de 2011 el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos vigentes durante el citado año de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Segovia, 17 de diciembre de 2010. EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO." VOTACIÓN.- No promoviéndose debate, la Presidencia somete la propuesta a votación, en los términos del dictamen más arriba expresados, resultando trece votos a favor, ninguno en contra y el resto, once, abstenciones. ACUERDO.- En consecuencia, con el voto a favor unánime de la mayoría de los asistentes, resulta aprobado el dictamen trascrito, en sus propios términos, acordando la Corporación Municipal: PRIMERO.- En base a los fundamentos jurídicos contenidos en el Informe emitido por la Sección de Tributos y anteriormente trascrito, y que ha de estimarse como integrante del acuerdo que se adopta a efectos de su motivación, DESESTIMAR, PLENAMENTE, LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR DON JAVIER OTONES GIL, DON ALONSO MORUNO INFANTE Y DON ÁNGEL VELASCO SANZ al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2010, en virtud de cual se resolvió aprobar, provisionalmente, la Modificación y Revisión de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos que han de regir a partir del primero de enero de 2011, y someter el mismo, junto con su expediente, a exposición pública durante el plazo de treinta días hábiles. SEGUNDO.- APROBAR, DEFINITIVAMENTE, LA MODIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES Y DE PRECIOS PÚBLICOS QUE HAN DE REGIR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2011, ratificando el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2010, en virtud del cual se aprobó, provisionalmente, la meritada Modificación y Revisión. TERCERO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procederá a LA PUBLICACIÓN EN BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA ANTES DEL DÍA 1 DE ENERO DE 2011, FECHA PREVISTA PARA SU ENTRADA EN VIGOR, DEL TEXTO ÍNTEGRO DEL ACUERDO DEFINITIVO DE MODIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES Y DE PRECIOS PÚBLICOS, QUE HAN DE REGIR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2011. CUARTO.- Asimismo, el Ayuntamiento editará dentro del primer cuatrimestre del ejercicio de 2011 el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos vigentes durante el citado año de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales».

Ver Anexo