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Ficha de esta disposición

Título :
Incoación de expedientes sancionadores, por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC)
Nº de Disposición :
1/1992
Boletín Oficial :
BOP-ALAVA 91
Fecha Disposición :
01/08/2007
Fecha Publicación :
01/08/2007
Órgano Emisor :
VITORIA-GASTEIZ
Mediante acuerdo de iniciación se resolvió incoar expediente sancionador a las personas que al pie se reseñan, por ocupación de sustancias cuyo consumo en lugares públicos, así como tenencia de las mismas, está tipificado en el artículo 25.1 LOPSC como infracción grave.

De acuerdo con lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común, se realiza la publicación de dichos decretos mediante este anuncio, al haberse intentado sin efecto la notificación al interesado, con las siguientes precisiones:

Primero.- El Alcalde es competente para iniciar y, en su caso, resolver el presente expediente sancionador de conformidad con el Art. 29.2. LOPSC.

Segundo.- Los hechos pueden ser constitutivos de una infracción grave prevista en el artículo 25.1 LOPSC, que califica como tal el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo. De la citada infracción resulta presunto responsable en concepto de autor el citado al pie.

Tercero.- De quedar acreditada la comisión por el inculpado de la referida infracción podría serle impuestas por el órgano competente que corresponda las siguientes sanciones previstas en el Art. 28 de la LOPSC:

- Multa de 300 euros a 600 euros. - Incautación de la sustancia aprehendida. Cuarto.- El interesado tiene derecho a presentar alegaciones y a aportar los documentos que estime convenientes en cualquier momento del procedimiento, a partir de la publicación de la presente resolución. Así mismo, dispone de un plazo de quince días hábiles a contar también desde la publicación de la presente resolución para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse (arts. 3.2. y 16.1 del RD 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadoraRP).

Quinto.- Se designa a D. Juan José Estibález González, Director del Departamento Municipal de Salud y Consumo, instructor del presente expediente.

Sexto.- El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa del presente procedimiento es de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. El vencimiento del referido plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa que ponga fin al procedimiento sin perjuicio de la obligación de la administración de resolver, producirá la caducidad del expediente. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, así como en el caso de que concurran causas de suspensión previstas en el ordenamiento vigente, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución (Arts. 42 y 44.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y del PAC).

Séptimo.- En caso de no efectuar alegaciones en el plazo de quince días, la presente resolución incoatoriapodrá ser considerada propuesta de resolución frente a la que se podrá efectuar, asimismo, alegaciones también en el plazo de quince días (artículos 13.2 y 19.1 RP).

Octavo.- Asimismo se le advierte de la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad en cualquier momento anterior a la resolución, lo que implicará la terminación de procedimiento resolviéndose, en su caso, con la imposición de la sanción que proceda, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes, en virtud de lo dispuesto en los artículos 3 y 13 RP.

Noveno.- Respecto al instructor que tiene encomendada la tramitación del presente expediente podrá promover recusación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y del PAC.

Apellidos y nombre: Haddad, Bilal. DNI: R154954. Boletín denuncia: 7/04677/06. Fecha boletín: 27- 12- 06. Fecha Acuerdo: 20- 07- 07.

Apellidos y nombre: SagredoQuintano, Rubén. DNI: 72755825. Boletín denuncia: 7/04317/06. Fecha boletín: 27- 11- 06. Fecha Acuerdo: 20- 07- 07.

En VitoriaGasteiz, a 13 de julio de 2007.El AlcaldePresidente, PATXI LAZCOZ BAIGORRI.