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Ficha de esta disposición

Título :
ACUERDO de 5 de abril de 2004, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo de 15 de marzo de 2004, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por el que se aprueba el acuerdo de la Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona, relativo a la modificación de las normas de reparto de los Juzgados del mencionado orden jurisdiccional
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 109/2004
Fecha Disposición :
05/04/2004
Fecha Publicación :
05/05/2004
Órgano Emisor :
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
ACUERDO de 5 de abril de 2004, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo de 15 de marzo de 2004, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por el que se aprueba el acuerdo de la Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona, relativo a la modificación de las normas de reparto de los Juzgados del mencionado orden jurisdiccional.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 5 de abril de 2004, acordó hacer público el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en su reunión del día 15 de marzo de 2004, en el que se aprueba el acuerdo adoptado por la Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona, celebrada el 8 de enero de 2004, relativo a la modificación de las normas de reparto de los Juzgados del mencionado orden jurisdiccional, del siguiente tenor literal:

«Se distinguen los siguientes grupos de materias:

1. Solicitudes de reconocimiento de derecho a la asistencia jurídica gratuita presentadas antes de la iniciación del proceso, que, en ningún caso se considerarán antecedentes del ulterior escrito de iniciación que se turnará conforme a las normas generales.
2. Impugnaciones de las resoluciones que reconozcan o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita, si el procedimiento no se hubiera iniciado, y que tampoco se considerarán antecedentes del ulterior escrito de iniciación que también se turnará conforme a las normas generales.
3. Solicitudes de adopción de medidas cautelares presentadas antes de la iniciación del proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.o del artículo 136 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
4. Solicitudes de autorización para la entrada en domicilios y restantes lugares en que se requiera autorización de su titular, cualquiera que sea la administración pública demandante y el acto para cuya ejecución forzosa procede la autorización.
Autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
5. Demandas de lesividad y suspensión de acuerdos administrativos.
6. Escritos y demandas de iniciación de procedimientos que tengan por objeto cuestiones de personal, cualquiera que sea la administración pública recurrida o demandada, el órgano autor del acto impugnado y la cuantía del proceso.
7. Escritos y demandas de iniciación de procedimientos que tengan por objeto la gestión, inspección o recaudación de tributos y demás ingresos de derecho público, cualquiera que sea la administración impugnada, la naturaleza del tributo o ingreso y la cuantía del proceso. Se exceptúan los procedimientos correspondientes a materia de Seguridad Social.
8.1 Sanciones en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.
8.2 Sanciones en las restantes materias competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
9. Procedimientos especiales para la protección de derechos fundamentales de la persona, cualquiera que sea la administración pública recurrida, el órgano autor de la actividad impugnada y la cuantía del recurso.
10. Impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales, sean de la Provincial como de la de Zona.
11. Procedimientos correspondientes a materias no incluidas en los números anteriores o posteriores, cualquiera que sea la administración recurrida.
12.1 Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de asistencia sanitaria.
12.2 Responsabilidad patrimonial de la Administración no incluida en el apartado anterior.
13. Extranjería e inadmisión de peticiones de asilo político. 14. Solicitudes de cooperación jurisdiccional.
15. Procedimientos en materia de Seguridad Social cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, excepto aquéllos que se refieran, exclusivamente, a sanciones, a los que se aplicará el apartado 8.2 de este anexo.
El reparto se llevará a cabo atribuyendo a cada uno de los Juzgados de este orden jurisdiccional un asunto de cada una de las materias especificadas, hasta completar el número total de Juzgados, a partir de cuyo momento se realizará nuevamente la misma operación.»

Madrid, 5 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo General del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO